FRACASO REVOLUCIONARIO

En la primera página de un periódico venezolano de ayer podía leerse que un hospital de Caracas estaba en situación de cierre técnico al quedarse sin antibióticos y sin recativos para exámenes de laboratorio; o que ciento setenta y nueve estaciones telefónicas han sido asaltadas en lo que va de año para ser objeto de hurto y vandalismo que están repercutiendo en la prestación del servicio, principalmente en la red de móviles.

Son dos ejemplos, los más recientes, de hechos noticiosos que ponen de relieve las dificultades de la supervivencia en el país hermano. No parece exagerado decir que está bajo mínimos. Igual otros días hay informaciones de circunstancias o sucesos tan o más graves que, en cualquier caso, la población ha terminado asumiendo y conviviendo en una suerte de prolongación de la pesadilla que dura ya demasiado tiempo sin que se barrunten soluciones en el más que sombrío panorama. A todo hay que acostumbrarse.

Pero los ejemplos surgen en medio de una crisis política, institucional y social -económica, por supuesto- que se agrava por días y por horas hasta extremos inauditos, como es que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se haya hecho literalmente con las riendas competenciales parlamentarias al considerar que la Asamblea Legislativa se encuentra en una situación de desacato, un delito que permanece aún en algunos ordenamientos jurídicos. Habrá que hurgar mucho para encontrar los precedentes, en Venezuela y en otros modelos democráticos. Que un órgano del poder judicial sustituya, de hecho y de derecho, al legislativo que encarna la voluntad de la soberanía popular, es ciertamente insólito.

Se habla de la invalidez de las actuaciones del Parlamento, consecuencia de no haber respetado resoluciones judiciales que señalaban la ilegalidad de la toma de posesión de tres diputados y la constitución de la cámara después de la suspensión de los efectos decidida tras el histórico proceso electoral de diciembre de 2015 que culminó con una severa derrota del régimen. Eso sí, en el colmo de las interpretaciones difíciles de aceptar y que traspasan el cinismo, la Sala Constitucional del TSJ, “para velar por el Estado de Derecho”, garantiza que las competencias parlamentarias sean ejercidas por dicha Sala o por el órgano que ella misma disponga. Después de inaudito e insólito, lo siguiente.

Comoquiera que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia significa, en la práctica, más poder para el presidente de la República, Nicolás Maduro; y que comporta la revisión de la inmunidad de los parlamentarios -calificados como traidores a la patria por Maduro-, no tardaron las reacciones en traducir lo ocurrido como un golpe de Estado. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y otros dirigentes políticos coincidieron en esa interpretación que convierte el escenario político en un totum revolutum ingobernable, en un revoltijo de mala pinta y de solución imprevisible. El mismo Borges ha llegado a decir, casi a la desesperada, que las Fuerzas Armadas, a la vista de lo que está sucediendo, no pueden seguir en silencio, de modo que solicita su intervención para restituir el orden constitucional y sumarse a las protestas hasta la convocatoria de nuevas elecciones legislativas.

Venezuela se hunde de crisis en crisis. Aislada en el ámbito internacional, desesperada por los precios del petróleo -otrora el gran sustento-, agobiada por la inflación galopante, con problemas de abastecimiento e inseguridad ciudadana en niveles que asustan, con una población ya harta e incrédula, la realidad del fracaso de la revolución se impone. La fractura social es evidente: un país a la deriva.