A
la espera de la tramitación y confirmación parlamentaria, el
Gobierno alemán ha tomado la iniciativa y ha aprobado una Ley que
penaliza a redes sociales que no retiren con la debida diligencia los
contenidos considerados ilegales, es decir, las informaciones falsas
o difamatorias y los mensajes de odio.
El
ministro de justicia alemán, Heiko Maas, después de precisar que la
normativa no restringirá la libertad de expresión pues su
aplicación solo será efectiva en publicaciones o emisiones que sean
tipificadas como de odio y cuando se acredite que se trata de
contenidos intencionadamente falsos, apuntó que, “al igual que en
las calles, tampoco hay hueco para la incitación penal en medios
sociales”. Y pone el dedo en la llaga al señalar que “Internet
afecta a la cultura del debate en nuestra sociedad. La radicalización
verbal es, a menudo, una etapa preliminar de la violencia física”.
Los
alemanes saben de lo que están hablando. Recordemos que, teniendo en
cuenta antecedentes históricos -el respeto a la memoria y la
aceptación de no repetir jamás ciertos hechos-, les está prohibido
negar públicamente el holocausto y promover el racismo. A la vista
de la evolución del fenómeno migratorio y de los riesgos que
entraña la amenaza terrorista, saben que los peligros que acechan en
las redes y -quizá menos- en los medios de comunicación, no pueden
quedar impunes. Opiniones radicalizadas, inspiradoras de odio y
exclusión, no deben tener cabida.
De
ahí que la nueva Ley prevea durísimas sanciones económicas para
aquellas redes y stios web donde se publiquen este tipo de contenidos
y no sea retirado en los plazos que establezca la propia normativa y
que van desde veinticuatro horas a siete días. Se trata de poner
punto final a la impunidad. La noticia no debería pasar inadvertida
para ciertos canales emisores de nuestro país donde, además de
disfrutar de una situación claramente irregular y al margen de la
Ley, se ofrecen contenidos y opiniones que, confundidas o
entremezcladas en el vasto campo de las apreciaciones políticas,
transgreden elementales normas de respeto a la privacidad y al honor.
Hay poner coto a tantos desmanes y hacer bueno el dicho: no todo
vale.
El
ministro Maas advierte a los responsables de redes y portales.
Veremos si en instancia europeas el ejemplo cunde y se fijan unas
reglas de juego que todos terminemos aceptando. De momento, para
fortalecer la argumentación de la justificación de la Ley, desvela
que Twitter apenas borra un 1% del contenido denunciado por los
usuarios, en tanto que Facebook ya lo hace en un 39%. Estos
porcentajes pueden ser claramente insuficientes a la vista del grosor
de los mensajes.
Lo
importante es acabar con prácticas reprobables en las que se manejan
falacias, vilipendios y vituperios que solo vienen a probar que la
sociedad está enferma y expuesta a influjos muy negativos que
agravarían su estado por una de las vías más accesibles en
nuestros días: la comunicación en la red.
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