En
los tiempos convulsos que vive la comunicación, entre noticias
falsas, transmisiones de asesinatos en redes sociales, reprobaciones
públicas a la prensa de todo un presidente de los Estados Unidos
(por extensión, tremebundo mensaje el suyo), absurdos políticos a
cuenta de la participación en tertulias radiofónicas, presiones de
distintos poderes a los profesionales, productos audiovisuales
vulgares o de ínfima calidad y precariedad en el empleo, resulta
evidente la conveniencia de acometer algunas reformas y
transformaciones en el ámbito de la comunicación y las políticas
mediáticas que, teóricamente, deberían sustanciar la propia salud
democrática, quebrantada por patologías diversas y algunas amenazas
no menos inquietantes.
En
España, por ejemplo, a la espera de las decisiones que permitan
afrontar una nueva era en el universo de la Televisión Digital
Terrestre (TDT), seguimos también pendientes de un impulso serio y
bien fundamentado a los denominados medios del tercer sector (TSC)
que son aquellos comunitarios sin ánimo de lucro. Recordemos que
existe una ley reguladora que obliga a configurar un radioespectro
para radios y canales de televisión y que, independientemente de las
demandas de los interesados, alguien, algun organismo, debe velar por
su cumplimiento. Estaríamos ante unos medios cuyo papel, según
resolución aprobada por el Parlamento Europeo (PE), se orienta a
reforzar las identidades de comunidades de intereses específicas, a
la vez que permiten que los miembros de tales comunidades establezcan
vínculos con otros grupos de la sociedad, por lo que desempeñan una
función importante para fomentar la tolerancia y el pluralismo en la
sociedad, en tanto que también contribuyen al diálogo
intercultural.
La
citada resolución señala que los medios del tercer sector de la
comunicación promueven el diálogo intercultural mediante la
educación del público en general, la lucha contra los estereotipos
negativos y la corrección de las ideas divulgadas por los medios de
comunicación de masas respecto de categorías sociales amenazadas de
exclusión, como los refugiados, los inmigrantes, la población
romaní y otras minorías étnicas y religiosas; hace hincapié en
que estos medios son uno de los instrumentos existentes para
facilitar la integración de los migrantes y, asimismo, permitir a
las personas desfavorecidas en la sociedad convertirse en
participantes activos al intervenir en debates importantes para
ellas.
Otros
aspectos importantes recogidos en la resolución del PE apuntan, por
un lado, el papel significativo de estos medios en los programas de
formación con la participación de organizaciones externas,
incluidas las universidades, y miembros de la comunidad no
cualificados, como valioso centro de experiencia laboral; y por otro,
la aportación de conocimientos útiles y transmisibles que la
formación en competencias digitales, de red y editoriales se
adquiere mediante la participación en actividades de comunicación.
Pensemos, efectivamente, en que los medios de comunicación del
tercer sector actúan como catalizador de la creatividad local, al
ofrecer a artistas y emprendedores una plataforma pública para
ensayar ideas y conceptos nuevos.
Por
lo tanto, es hora de proteger y fomentar este tipo de medios. Como
también de crear y poner en funcionamiento una red de medios
municipales participativos que fomenten lo que se conceptúa como
periodismo local y la comunicación de cercanía. La red, en la
teoría, propiciaría desconcentrar el sistema de medios y reducir la
brecha entre ciudadanía e instituciones municipales, es decir,
lograr de verdad hacer efectivo ese principio de cercanía de la
política local, tan invocado en los discursos pero luego maltratado
en la la experiencia de la gestión práctica. Hasta una doble
oportunidad para dinamizar económicamente municipios a los que sigue
golpeando la crisis y funcionar como impulsor de empleo local, se
abre para estos medios y para esta red si es que alguna vez, aunque
haya que aportar ciertas dosis de audacia, llega a funcionar.
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