Provocadores insensatos

 

Esta semana ha vuelto a quedar de manifiesto la fragilidad de la libertad de expresión y hasta el funcionamiento de las instituciones democráticas cuando unos pocos desalmados, irresponsables, provocadores y atrevidos abusan, se extralimitan o traspasan las líneas de la normalidad, de la coherencia y hasta del civismo para alterar o impedir el desarrollo cabal de las ruedas de prensa o de las convocatorias mediáticas que, de alguna forma, distorsionan el derecho a recabar y transmitir información veraz.

Hablamos de la interrupción que sufrieron los portavoces del grupo parlamentario ‘Sumar’ por activistas pertenecientes o cercanos a una formación política ultraderechista que, en el curso de una convocatoria formal en pleno Congreso de los Diputados, perturbaron, alteraron y distorsionaron el trabajo de los periodistas que acudieron. Claro: no les interesa la democracia, son enemigos de ella, son antisistema que se aprovechan de principios básicos y, nada, a reventar.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha reiterado su condena a este tipo de actitudes, respaldando el comunicado emitido por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), y espera que, dada la trascendencia pública de los incidentes, se adopten medidas consecuentes, porque “no es admisible -dice la FAPE- que activistas políticos utilicen una acreditación de prensa para torpedear el trabajo de los periodistas que cumplen con el derecho de la información que se les exige por los ciudadanos”. La Federación, por cierto, también destacó la ausencia del Partido Popular (PP) en la condena y lamentó que no se sumaran todos los grupos parlamentarios a la misma. Valoró la FAPE una idea en la que hemos venido insistiendo desde hace mucho tiempo: estos hechos repercuten directa y negativamente en el derecho constitucional a la información que tiene la ciudadanía. A la larga, son lesivos para la convivencia democrática.

El órgano representativo de los periodistas parlamentarios consideró, a raíz de lo sucedido, “su firme propósito de seguir desarrollando el trabajo informativo con respeto a la deontología profesional, con independencia de la ideología personal y la línea editorial de cada medio”. Igualmente, expresó “su rotundo rechazo a quienes amenazan, insultan y señalan en las redes sociales a los y las periodistas que reclaman que no se obstaculice el trabajo informativo en el Parlamento”. La APP reiteró la necesidad de que “las Mesas del Congreso y el Senado tramiten con la máxima urgencia la proposición de ley de reforma del Reglamento de la Cámara Baja, que han firmado la mayoría de los grupos parlamentarios. En ella se establecen las medidas necesarias para evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo, sin que ello conlleve, en absoluto, limitar, restringir o menoscabar el derecho de los medios de comunicación de obtener y difundir información veraz para la ciudadanía”. El texto recoge, por primera vez, unas reglas para desarrollar el trabajo periodístico en función de criterios deontológicos y de respeto. La proposición de reforma del Reglamento de la Cámara incluye, además, la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, del que formarán parte tanto la APP como la FAPE.

El caso es que varios agitadores del derechío radical y extremo bajo el paraguas protector de sus acreditaciones, haciéndose pasar por periodistas, reiteran un comportamiento inaceptable, dedicándose -a saber de qué consignas son seguidores- a crear contenido supuestamente escandaloso para sus plataformas desde las cámaras (no les importa hasta mentar a la madre del difunto Papa Francisco), a la espera de que alguna amiga eche una mano y difunda los hechos para redondear el cuanto peor mejor que tanto anhelan. Lo malo es que la agresividad que exhiben tiene como destinatarios a los diputados y a los mismos informadores que cubren las páginas parlamentarias. Insensatos.