¿NEUTRALIDAD?

 

Con los profesores ocupados en corregir exámenes y los alumnos apurando sus quehaceres, todos pensando en la playa liberadora o en las cumbres frescas, o sea, en las vacaciones reparadoras, el fin de curso escolar se ve envuelto en Canarias por la controversia que suscita una instrucción de la consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes el Gobierno autónomo, relativa a las actividades extraescolares que se desarrollen en los centros educativos para garantizar “la neutralidad” de las  mismas y “evitar que el odio entre en las aulas”, según manifestó en sede parlamentaria el consejero del ramo, Hipólito Suárez (PP).

La conferencia de un influenciador de extrema derecha, dictada en un instituto, relativa al buen uso de las redes sociales, es el núcleo de la polémica que, por ahora, no alcanza los niveles de aquella “Educación para la ciudadanía” que desquició hace años a no pocos sectores sociales, sindicales y profesionales.

El consejero respondió a una pregunta de la diputada de Nueva Canarias, Carmen Hernández sobre esta instrucción asegurando que en los centros educativos se trabaja en programas como la educación afectivo-sexual. “Mire lo que se hace en los centros educativos, que no está vetado: educación afectivo-sexual, comprender Palestina, diversidad sexogenérica, retos y perspectivas, también prevención en adicciones, educar desde la empatía y la diversidad... “Esto es lo que recogen las instrucciones del curso 2026. Unas instrucciones que ustedes no han criticado”, afeó el consejero a Nueva Canarias.

La diputada de esta formación, Carmen Hernández, que pidió a la consejería que rectifique con esta instrucción, recomendó a Suárez que “se coloque en el lado bueno de la historia” y añadió que “cada vez se parecen más a la extrema derecha”. A su juicio, “no podemos ser neutrales”. “Tenemos que ponernos del lado correcto de la historia: la paz, la solidaridad, el respeto a la vida humana, los derechos humanos, y la escuela tampoco puede ser neutral”.

“Nos preocupa la deriva de su Gobierno”, incidió Hernández, que añadió que es necesario trabajar “a favor de la defensa de la democracia, de los valores constitucionales, de los Derechos Humanos, de la vida digna, de la igualdad de género, de la lucha contra la violencia machista, a favor de los derechos sindicales y de los derechos civiles y que no deje que la censura entre en la escuela”.

El consejero concluyó el debate remarcando que en los centros educativos “de esta tierra lo que sí hay es libertad” y añadió “libertad a la hora de poder trabajar los Derechos Humanos, que creo que nos identifican a todos, todos nos tenemos que identificar con ellos”, dijo mientras mostraba diversos trabajos de centros educativos de Canarias que tenían que ver con la igualdad o contra el racismo, entre otros.

“Y lo que no se puede permitir es que se incorpore a los centros educativos el discurso del odio, de la insolidaridad, del no a la diversidad, de no a la igualdad, de no a las familias, todos sus caracteres. Eso es lo que no se puede permitir en los centros educativos de Canarias. Las instrucciones están para poder llevarse a cabo. Y, lógicamente, que son mejorables, por supuesto, como se mejora todo en esta vida. Pero lo que no cabe en las instrucciones, y se lo digo otra vez, es el odio, no al odio a la Escuela Canaria”, agregó el consejero.

La instrucción de la consejería causante de la controversia versa sobre organización y funcionamiento de los centros no universitarios. La disposición 3.4, en efecto, establece que “no se podrá autorizar la realización de conferencias, charlas, reuniones o eventos que puedan llevarse a cabo por individuos, grupos, organizaciones o colectivos caracterizados por una determinada opción ideológica que no sea neutral y no respete los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en nuestra Constitución en espacios e instalaciones de los recintos escolares”. El asunto ha suscitado críticas entre colectivos y grupos políticos quienes tachan de “censura” la medida introducida por la Administración, bajo el principio de “neutralidad institucional”.

La Consejería aclara que esa instrucción se aplica “sin ningún tipo de incidencia desde este curso que termina y surge para proteger a los equipos directivos y docentes cuando programan o les solicitan impartir charlas o ponencias en centros educativos y que pueden no resultar del contenido que inicialmente esperaban o se expresan desde una parcialidad que puede influir directamente en la percepción de unos determinados temas por parte del alumnado, en una etapa de su desarrollo especialmente sensible”.

Dos opiniones más para contrastar las aristas de esta polémica que no ha subido el tono, a sabiendas de que puede alcanzar niveles preocupantes dado el clima de crispación política, beneficiada por la sucesión de otros temas en el panorama informativo. Que se hable de censura empieza a ser inquietante. Para la Red Feminista de Gran Canaria, un ejemplo,  “se trata de un planteamiento preocupante que abre la puerta a cuestionar y excluir iniciativas sobre igualdad, feminismo, educación afectivo-sexual, diversidad, prevención de las violencias machistas o derechos humanos” y añade que “cuando se utiliza el concepto de “neutralidad” sin definirlo, se corre el riesgo de equiparar la defensa de los derechos humanos con opiniones políticas que los cuestionan”.

“Puede generar censura en los centros educativos, limitar la autonomía del profesorado, dificultar la prevención de las violencias machistas e invisibilizar el trabajo por décadas han desarrollado organizaciones sociales y profesionales especializadas”, agrega el colectivo.

Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC) ya trasladó hace unos días su “más absoluto rechazo” al contenido del punto en cuestión. La organización considera que la Consejería introduce un mecanismo “ambiguo y peligrosamente arbitrario” que puede convertirse en una herramienta de “censura ideológica en la escuela pública.

La organización asegura que lo “verdaderamente preocupante no es que existan ideas diversas en los centros educativos; sino que una Administración pretenda decidir cuáles son aceptables y cuáles deben ser excluidas”.

Además, el sindicato recuerda que “la normativa vigente ya contempla límites suficientes frente a discursos de odio, violencia, racismo o xenofobia”. Por tanto, considera que, “este nuevo apartado no responde a una necesidad jurídica real, sino a una voluntad política de controlar el discurso público dentro de los centros educativos”.

Precisamente, el portavoz de STEC-IC, Iván Morales, aclara que para el sindicato la “gravedad” de la disposición 3.4 de la resolución reside en que si la Administración deja por escrito una instrucción a los centros “ya condiciona y fomenta una autocensura”, y añade que, aunque sean los equipos directos o el Consejo Escolar, es la Consejería, “el jefe directo quien ha impuesto un aviso”.

Con esto, Morales se refiere a que el área en cuestión está gobernada por el Partido Popular y lanza una pregunta: “¿Es el PP un partido neutral?”

En este contexto, el portavoz acusa al actual departamento que tienen ejemplos de haber actuado “de forma no neutral, fomentando su propia ideología en diversos aspectos”.

LA IA, LA VERDAD Y EL FUTURO DEL PERIODISMO EN UNA ENCÍCLICA

 

Tiempos de Papa en viaje apostólico, con su lema, ‘Alzad la mirada’, que, en el fondo, es una invitación a ver más allá de las preocupaciones cotidianas para descubrir la presencia de Dios y abrirse a los demás. Es una llamada a la esperanza y a la contemplación, que anima a salir de uno mismo y redescubrir la unidad, la belleza y la caridad como signos concretos de una vida compartida. En este gesto de alzar la mirada se expresa también la actitud con la que la Iglesia en España acoge la visita del Santo Padre: con el corazón abierto y dispuesto a caminar juntos.

Tiempos de Papa para acercarnos también y reflexionar sobre Magnifica humanitas, título de la primera encíclica de León XIV, un documento de unas doscientas páginas dedicado a la “custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial” y publicado coincidiendo con el 135 aniversario de Rerum novarum.

Una de las primeras advertencias de la encíclica es que la inteligencia artificial puede mejorar la vida de las personas, pero también alterar la calidad de la información, debilitar el juicio humano, concentrar poder en grandes plataformas tecnológicas y transformar la democracia si no se somete a controles públicos y criterios éticos. 

Aunque el texto aborda cuestiones como la guerra, la economía, la educación o la gobernanza tecnológica, varios de sus capítulos se centran directamente en asuntos que afectan al periodismo, la comunicación pública y la construcción de la opinión pública. El Papa sostiene que la IA no debe analizarse únicamente como una innovación técnica, sino como una transformación cultural capaz de modificar la forma en que las sociedades producen conocimiento, toman decisiones y construyen consensos.

Entre los mensajes más relevantes para los medios es la defensa de la verdad como un bien común. León XIV señala que la inteligencia artificial amplifica la capacidad de manipular contenidos, imágenes y vídeos y facilita la difusión de desinformación a gran escala. Según el Pontífice, el riesgo no se limita a la circulación de noticias falsas, sino que afecta a la propia capacidad de las sociedades para distinguir entre hechos y opiniones. La encíclica señala que la democracia necesita una relación leal con la realidad y que la pérdida de interés por la verdad favorece formas de poder basadas en la manipulación y la propaganda.

El documento, según leemos en laboratoriodeperiodismo.org, dedica una atención especial al papel de las plataformas digitales y de los grandes actores tecnológicos. León XIV considera que quienes controlan infraestructuras, algoritmos y datos poseen una capacidad sin precedentes para moldear el imaginario colectivo y determinar qué contenidos alcanzan visibilidad. Esa concentración de poder, afirma, plantea un problema democrático porque permite influir en comportamientos, consumos y opiniones públicas desde posiciones difíciles de supervisar.

En este escenario, el Papa reclama una “ecología de la comunicación”. El concepto incluye medidas regulatorias para aumentar la transparencia de los algoritmos, proteger los datos personales y fortalecer organismos intermedios capaces de favorecer el debate público. Entre ellos menciona expresamente la necesidad de un periodismo riguroso y espacios de discusión donde prevalezcan la verificación de los hechos y la argumentación frente a la reacción inmediata que caracteriza a muchas plataformas digitales.

Atentos porque la encíclica también contiene un reconocimiento explícito al trabajo periodístico. León XIV recuerda que algunos periodistas han desempeñado un papel decisivo al sacar a la luz abusos e injusticias dentro de la propia Iglesia y cita unas palabras de su antecesor Francisco en las que agradecía a los informadores haber dado voz a las víctimas y haber contribuido a revelar situaciones que permanecían ocultas. Al mismo tiempo, sostiene que la transparencia no puede depender exclusivamente de la presión externa de los medios, sino que debe formar parte de la responsabilidad institucional de la Iglesia.

Otro aspecto del contenido de la encíclica es la preocupación generada por el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos de decisión. León XIV considera problemático que cuestiones relacionadas con el empleo, el acceso a servicios o la reputación de las personas queden en manos de sistemas automatizados cuyos criterios son opacos. En una determinada fase, el documento papal alerta sobre el riesgo de que los algoritmos reproduzcan prejuicios, generen exclusión social y diluyan las responsabilidades humanas bajo una apariencia de neutralidad tecnológica.  

La respuesta propuesta por el Pontífice -aquí viene lo bueno- pasa por lo que denomina “desarmar la IA”. Y ojo, que con esa expresión no sugiere o plantea renunciar a la tecnología sino evitar que quede subordinada a lógicas de poder, competencia geopolítica o concentración económica. El objetivo, señala, es impedir de que la Inteligencia Artificial se convierta en un instrumento de dominio y garantizar que permanezca sometida al control democrático, la transparencia y el bien común.

 

Aurelio, alcalde absuelto

 

Si hay algún caso en el que las preguntas del imaginario popular se suceden para expresar quién resarce de los daños, quién paga las horas y fechas de sufrimiento, incertidumbre y penalidades, de exposición mediática y de comentarios sesgados que quieren a toda costa una condena judicial, quién y cómo se despejan las dudas sobre ética, moral e integridad, ese es el de Aurelio Abreu, ex alcalde de Buenavista del Norte y ex vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, y F.B., ex secretario de dicho Ayuntamiento, absueltos de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos de los que fueron acusados en el procedimiento de adjudicación y construcción en el municipio de un centro para personas con discapacidad.

 

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife considera que ni Abreu (veinticinco años como regidor) ni el secretario se lucraron con la adjudicación de las obras, pese a que resultan probadas unas irregularidades sobre la contratación que, en todo caso, según la instancia judicial, no llegan al grado de arbitrariedad e injusticia necesario para constituir un delito penal ni tampoco una apropiación indebida de fondos públicos. Se subraya en la resolución judicial la falta de acreditación de lucro personal por parte de los dos acusados, en aquel momento alcalde y secretario del Ayuntamiento.

 

O sea, Aurelio, que bienvenido al mundo de quienes han desarrollado buena parte su carrera política en esa cada vez más intrincada administración local, preñada de dificultades no solo en la disposición o habilitación de soluciones que superen las trabas económico-financieras sino en administración de recursos, materiales y personales, con la agilidad necesaria para sobrepasar las dificultades y las limitaciones o escasez. Has sufrido, vaya que sí. Tú y los tuyos que han compartido un tortuoso camino. Sabes bien que esto se ha vuelto cada vez más exigente. Benditos sean la vocación y el voluntarismo de entonces cuando creíamos que eran, al menos, una buena parte de las soluciones que eran requeridas. Ya no bastan y de eso tienen que aprender y mucho quienes, teniendo más o menos vocación, piensan dedicarse a la política pero sin hacer de ella un medio de vida. Qué bien suenan, al menos desde la distancia, las dedicaciones parciales que no disminuyen las responsabilidades jurídico-administrativas, de acuerdo, pero hacen ver la realidad de una manera más palmaria y más consecuente. No se trata de atemorizar sino de prevenir.

 

¿Que eso dilata la toma de decisiones? Pues lo que haga falta con tal de dar pasos seguros. Un Estado de derecho debe funcionar mejor, para bien, sobre todo, de los administrados. Entonces, sus representantes, quienes han elegido, deben estar a la altura y valerse con asesoramientos adecuados, principalmente en la fase de estudio y debate. Prevenir mejor que curar, seguro.

 

Aurelio Abreu estará respirando y conviviendo con más tranquilidad. Claro que se ha quitado un peso de encima. Esa absolución acredita que procuró siempre lo mejor para su pueblo y para sus gentes. Cierto que las penas de los informativos mediáticos y de las tertulias pluriopinativas irresponsables -pues no tienen reparos ni testimonios que siquiera apelen a la presunción de inocencia- no se las quita nadie. Dio una lección de resistencia y confianza. Los alcaldes de ahora prefieren el postureo y las redes sociales de (auto)promoción directa. Aurelio, alcalde absuelto.

 

Evasión informativa

 

Conceptuemos evasión informativa como el rechazo creciente hacia las noticias que, hoy en día, se ha convertido en un fenómeno que, según la profesora Ruth Palmer, en un análisis publicado por IE Insights, se está convirtiendo en un problema que trasciende la industria periodística y se da de bruces con la participación política y el funcionamiento democrático. Lo preocupante de la investigación de Palmer es que los jóvenes, las mujeres y los sectores más vulnerables son los grupos que más tienden a evitar la información periodística de forma continuada, “impulsados por la saturación informativa, la desconfianza hacia los medios y la sensación de que las noticias no afectan a su vida cotidiana”, según valoran en foros periodísticos.

En efecto, la citada investigadora sostiene que el fenómeno ya no afecta únicamente al negocio periodístico, sino también a la relación de amplios sectores sociales con la política, la vida pública y los procesos democráticos.

Palmer recuerda que distintos estudios han demostrado la relación entre el consumo de noticias y la participación política, pero señala que, pese a vivir en una época de acceso permanente a la información, el interés por las noticias ha descendido de forma notable y cada vez más personas las consumen menos o las evitan deliberadamente. Según explica, esta evasión prolongada y sistemática de la información periodística aparece con mayor frecuencia entre grupos menos privilegiados o más marginados socialmente, especialmente entre jóvenes, mujeres, personas con menos recursos económicos y ciudadanos poco interesados en la política.

Son varios los factores estructurales que inciden en este comportamiento.  Uno de los más importantes es la percepción de que las noticias son excesivamente negativas. Un vistazo a la actualidad informativa, no solo política, da la razón a la investigadora Palmer cuando señala que la cobertura continua de crisis, conflictos, escándalos y problemas genera cansancio y saturación informativa, agravados además por la exposición constante a contenidos a través de móviles y plataformas digitales. A ello se suma la desconfianza hacia los medios y la sensación de no saber qué fuentes resultan realmente fiables. Es la realidad cotidiana para cualquier consumidor habitual de información.

El análisis también destaca que parte de la audiencia considera que el lenguaje periodístico resulta difícil de entender, especialmente cuando aborda cuestiones políticas o económicas mediante tecnicismos o referencias complejas. Se puede deducir que muchas personas sienten que las noticias no afectan directamente a su vida cotidiana y que gran parte de la agenda pública se percibe como discusiones lejanas entre actores políticos desconectados de sus problemas reales.

En la siguiente síntesis, la profesora Palmer sitúa además este fenómeno en un escenario de creciente polarización política y emocional. Según explica, ya no se trata únicamente de discrepancias ideológicas, sino de una polarización afectiva en la que parte de la ciudadanía percibe al adversario político no solo como alguien equivocado, sino como una amenaza moral. Obsérvese cómo la convulsión que se aprecia en la agitada convivencia de nuestro país, equivale a la aparición de lo que se denomina como como “las tres I”: identidades, ideologías e infraestructuras, es decir, quién es cada persona, cómo interpreta políticamente el mundo y a través de qué canales consume información.

El análisis de Ruth Palmer plantea que “los medios deben reflexionar sobre cómo reconectar con quienes se han alejado del consumo informativo habitual”. La investigadora defiende que explicar de manera clara por qué una decisión política, un escándalo institucional o un cambio económico afecta directamente a la vida de las personas no supone “rebajar” el periodismo, sino hacerlo comprensible y socialmente útil. También apunta que muchos ciudadanos ya no acceden directamente a las cabeceras tradicionales y consumen información principalmente a través de redes sociales, plataformas digitales o formatos alternativos, por lo que considera necesario analizar qué elementos explican el éxito de algunos comunicadores y formatos no periodísticos entre determinadas audiencias.