PASO AL COSTADO

Es probable que se interprete como la penúltima concesión al bipartidismo pero lo cierto es que, aunque el Partido Popular (PP) no ha dicho la última palabra, todo da a entender que la reforma electoral para su pretendida elección directa de alcaldes quedará aparcada hasta las próximas elecciones autonómicas y locales, a la espera de un clima más apropiado para un consenso que ahora se antoja tardío e imposible de alcanzar.

            Eso es lo que se desprende de una reunión entre representantes del partido gubernamental y del PSOE: excluir de las negociaciones para adoptar medidas de regeneración democrática la modificación de la norma que regula el acceso a la alcaldía, un ventajismo -y hasta una fullería política- que auspiciaban los populares desde que se encendió la luz roja de las encuestas que advierte de posible pérdida de regidores y de gobiernos locales. Si los dirigentes del PP cedieron, después de contrastar el clamor objetor no solo de los grupos políticos sino también de expertos constitucionalistas y otros actores ciudadanos, es que habrán valorado las posibles negativas consecuencias de haber mantenido la posición. Dieron el célebre paso al costado de los argentinos. Ahora confiarán en que haya sido una medida inteligente.

            El asunto pasa a una mesa de partidos que, naturalmente, algo tienen que decir al respecto. Ya se verá si del desarrollo de la misma se colige algún acuerdo pero, tal como han evolucionado las cosas, parece que el único avance será precisamente ese: dejarlas tal como están, a la espera de mejor proveer. A bastantes incógnitas se enfrentan las organizaciones políticas como para echar más picante con una reforma controvertida, en sí misma un hecho sustantivo en materia electoral cuyo enfoque, teniendo en cuenta la incidencia constitucional, requiere de circunstancias muy distintas a las actuales para alcanzar un duradero y estable acuerdo de máximos.

            Hace bien, en cualquier caso, el PP aplazando la solución. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite casi tres mil recursos presentados por ayuntamientos de todo el país en defensa de la autonomía local, un hecho insólito que prueba la contrariedad que ha causado en el municipalismo la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, sobre la que pesan también, por cierto, un par de varapalos del Consejo de Estado. Así las cosas, la decisión, si no hay hechos que fomenten el encono o la bronca, debe propiciar un clima de diálogo que, a la espera de lo que suceda en los comicios de la próxima primavera, vendrá bien a las partes.

            Porque todas estarán de acuerdo en que es necesario reformar el sistema electoral en pos de soluciones más eficaces y consecuentes. Se trata de hacer valer la voluntad de los electores, de acuerdo, pero también de garantizar mecanismos que preserven la proporcionalidad, la cultura de pactos y el funcionamiento de las entidades locales que sirvan para fiscalizar la acción de gobierno, incluida la moción de censura. No sería positivo un exceso de presidencialismo. El sistema precisa de un acuerdo de calado que inserte, por ejemplo, una segunda vuelta en determinados casos de obtención de un porcentaje de votos y que implicaría aún más no solo a los partidos sino a los propios ciudadanos.

            A la espera de lo que resuelva esa mesa de partidos y de la última palabra del PP, todo da entender que la asignatura queda pendiente.