LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LO PRINCIPAL

La controversia de las cuentas del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz lleva caracterizando la vida municipal desde hace unos cuantos años, bien es verdad que parece interesar a poca gente, a unos contados agentes sociales: su complejidad y su interpretación, unidas a múltiples circunstancias de naturaleza política y estructural, hacen una polémica difícil de entender y de la que derivan de vez en cuando ataques y contrataques de los grupos corporativos que se lanzan los trastos contables en una suerte de singular pugilato para hacer ver quién administra o quién gestiona mejor los recursos. Menguantes, por cierto.

Es difícil encontrar en toda la geografía insular -si nos apuran, regional- un contencioso tan intrincado en el que, durante mucho tiempo -más del deseado-, las consecuencias apuntaron un permanente aura de negativismo que propende a dificultades de supervivencia económico-financiera, mientras escaseaban o no aparecían las alternativas, se agigantaba la realidad de una institución anquilosada cuya proyección mediática desprendía muchas sombras y pocas luces en tanto que la ciudadanía asistía, entre escéptica, indolente e indiferente, a un debate poco productivo desde el punto de vista de la aportación de soluciones.

El malogrado Juan José Acosta, economista, quien fue presidente de la comisión de Hacienda del Ayuntamiento, concejal-delegado y gerente de la sociedad pública Pamarsa, que promovió con denuedo y solvencia hasta donde le fue posible, ofreció, hace ahora treinta años, unas plausibles explicaciones a propósito del superávit que registraba la liquidación del Presupuesto General Ordinario del ejercicio de 1986: veinte millones de pesetas, en números redondos. El programa económico municipal de ese ejercicio se elevó a tres mil trescientos sesenta y siete millones de pesetas. Por segundo año consecutivo, las cuentas arrojaban un saldo favorable pues en 1985 la diferencia positiva se elevó a ciento un millones de pesetas.

En una información publicada por el periódico Jornada, Acosta afirmó que “tanto el déficit como el superávit pueden constituir un síntoma de una gestión deficiente, porque lo que importa a un organismo público es la prestación de servicios a la sociedad”. Para bien, ese sigue siendo un elemento primordial de cualquier discurso político, teñido del color que sea. La población no pondrá mucha atención en las cuentas públicas pero sí repara en las prestaciones que recibe a partir de su financiación con las contribuciones en forma de tasas y tributos. Quiere, además, servicios de calidad, que estén a la altura de esas aportaciones periódicas. No son exigencias desmesuradas: en la sociedad de nuestros días, es lo mínimo que se puede esperar.

Lamentablemente, los niveles han descendido, cuantitativa y cualitativamente. Servicios que en su día fueron punteros y avanzados, con una cobertura bastante estimable, han ido mermando, hecho inducido por el problema estructural al que hemos hecho referencia y por la sucesiva acumulación de factores que han tenido maniatada la capacidad del Ayuntamiento, no ya para invertir -que esa parece borrada de los esquemas- sino para el mantenimiento de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones.

La clave está pues ahí, en la mejor y más equilibrada prestación. Y cuando son necesarias algunas determinaciones para el manejo presupuestario, el objetivo debe ser evitar el incremento del endeudamiento y los desfases que hipotecan. Lo importante es que los administrados no sufran, no sean los perjudicados. Una visión menos cortoplacista y sustanciada de forma más realista es muy recomendable.