SIN TIRAR COHETES

Los acontecimientos de la semana han eclipsado una decisión del pleno del Congreso referida a sendas proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios socialista y vasco, encaminadas a la supresión de aquellos aspectos considerados como más lesivos en el ámbito de la Ley de Seguridad Ciudadana, popular Ley mordaza.

El pleno de las Cortes aprobó ambas iniciativas, hecho ciertamente importante, dado el rechazo político y social que la norma inspiró desde su aprobación por la mayoría absoluta del Partido Popular (PP), además de haber sido recurrida ante el Tribunal Constitucional y cuestionada por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, exdiputada del partido conservador.

Pero aun entrañando el punto de partida para la modificación que se pretende, tampoco hay que tirar cohetes, al menos por ahora, pues la disparidad de los grupos parlamentarios hace temer por una tramitación compleja y hasta contradictoria. Es verdad que el Gobierno sufrió un nuevo revés parlamentario y evidenció su soledad. Ello le obliga a negociar para intentar salvar el cuerpo de la mordaza, pero todavía tiene margen en el fragor de las transacciones políticas, incluso de materias entremezcladas. El caso es que todo indica que la Ley de Seguridad Ciudadana, tal como fue concebida, formará parte de la historia, con más pena que gloria.

Si su elaboración despertó críticas aceradas, la posterior aplicación enervó a muchos actores sociales y amplios sectores de población. Se llegó a hablar de notables limitaciones a las libertades, si no de derechos judiciales, educativos, sanitarios y laborales cercenados. “La ley convertía automáticamente al ciudadano activo en reo sancionable a fin de pacificarnos a todos a las bravas”, llegó a afirmar el diputado socialista, portavoz de su formación en la comisión de Interior, Antonio Trevín. Por su parte, el diputado popular José Alberto Martín-Toledano negaba esa visión: “Este es un debate manipulado y recurrente porque esta ley no solo no ataca a los derechos fundamentales, sino que los protege”, señaló.

Veamos qué sucede con la tramitación. Dependerá del ánimo de consenso con que se trabaje. Lo lógico es que la ley modificada sea respetuosa con los derechos y las libertades que consigna la vigente Constitución, sencillamente para acreditar que la representación política contribuye a la madurez de la sociedad española. Pero reconozcamos que no es una asignatura sencilla.