Los
acontecimientos de la semana han eclipsado una decisión del pleno del
Congreso referida a sendas proposiciones de ley presentadas por los
grupos parlamentarios socialista y vasco, encaminadas a la supresión de
aquellos aspectos considerados como más lesivos en el ámbito de la Ley
de Seguridad Ciudadana, popular Ley mordaza.
El pleno de las Cortes aprobó ambas iniciativas, hecho
ciertamente importante, dado el rechazo político y social que la norma
inspiró desde su aprobación por la mayoría absoluta del Partido Popular
(PP), además de haber sido recurrida ante el Tribunal Constitucional y
cuestionada por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, exdiputada
del partido conservador.
Pero aun entrañando el punto de partida para la modificación
que se pretende, tampoco hay que tirar cohetes, al menos por ahora,
pues la disparidad de los grupos parlamentarios hace temer por una
tramitación compleja y hasta contradictoria. Es verdad que el Gobierno
sufrió un nuevo revés parlamentario y evidenció su soledad. Ello le
obliga a negociar para intentar salvar el cuerpo de la mordaza, pero
todavía tiene margen en el fragor de las transacciones políticas,
incluso de materias entremezcladas. El caso es que todo indica que la
Ley de Seguridad Ciudadana, tal como fue concebida, formará parte de la
historia, con más pena que gloria.
Si su elaboración despertó críticas aceradas, la posterior
aplicación enervó a muchos actores sociales y amplios sectores de
población. Se llegó a hablar de notables limitaciones a las libertades,
si no de derechos judiciales, educativos, sanitarios y laborales
cercenados. “La ley convertía automáticamente al ciudadano activo en reo
sancionable a fin de pacificarnos a todos a las bravas”, llegó a
afirmar el diputado socialista, portavoz de su formación en la comisión
de Interior, Antonio Trevín. Por su parte, el diputado popular José
Alberto Martín-Toledano negaba esa visión: “Este es un debate manipulado
y recurrente porque esta ley no solo no ataca a los derechos
fundamentales, sino que los protege”, señaló.
Veamos
qué sucede con la tramitación. Dependerá del ánimo de consenso con que
se trabaje. Lo lógico es que la ley modificada sea respetuosa con los
derechos y las libertades que consigna la vigente Constitución,
sencillamente para acreditar que la representación política contribuye a
la madurez de la sociedad española. Pero reconozcamos que no es una
asignatura sencilla.
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