PAÍS ESPECIAL

La percepción sobre la corrupción y el fraude se incrementa más de tres puntos en la última entrega conocida esta misma semana del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los españoles conviven, prácticamente a diario, con las derivadas de esos dos problemas, generadores de informaciones que, paradójicamente, han dejado de impactar, acaso por su abundancia. Ocurre como con otras sociedades -la italiana, por ejemplo-, que se acostumbró a los escándalos y seguía a lo suyo, produciendo y avanzando, aunque los soportes se tambaleasen y fuera mermando, hasta límites de repulsión, la credibilidad de instituciones, gobiernos y políticos en general.

Después, pasa lo que pasa: a pesar de estas percepciones, la intención de voto, al menos confesada, sigue favoreciendo al partido gubernamental que, dicho sea de paso, puede exclamar: cuanto peor, mejor. Estos dos problemas no hacen mella ni estragos en nuestro suelo electoral. Es otro cantar, se dirá, pero el repaso a los antecedentes nos sitúa ante un comportamiento bastante contradictorio. Porque, ¿qué más se necesita para que un partido en el Gobierno sea castigado en las urnas?

En cualquier caso, es positiva esa percepción. Que la ciudadanía se dé cuenta de que esta lacra resulta insoportable e inaguantable. Mejor que la indolencia. Y que entienda que estamos en la fase crucial de algunos procesos judiciales, si bien tanto algunas resoluciones como mecanismos posteriores para dilatarlas o eludir sus efectos, si se trata de ingresar en prisión, han hecho fruncir el ceño y disgustado a miles de ciudadanos de toda condición social. La encuesta del CIS sitúa en el 37,3% de la población encuestada la percepción.

Otros indicadores del sondeo señalan que el paro, con un 72%, sigue siendo la principal desazón; y que hay un porcentaje de españoles que se preocupan más por la protección de datos (75%) que por el avance de la ciencia (63%). Este país, ciertamente, sigue siendo muy especial.