Diecisiete de los veinte municipios españoles con una mayor tasa
de infracciones por cada mil habitantes son destinos turísticos que acaparan
los primeros puestos de pernoctaciones, según ha trascendido de los registros
del Instituto Nacional de Estadística (INE) referidos al capítulo titulado
‘Indicadores Urbanos’. Todas ciudades del ‘top 20’ son de las comunidades de
Catalunya, Valencia, Canarias y Baleares, regiones donde se sabe que el turismo
tiene un peso importante en su productividad económica.
De todos modos, se habla de una trampa estadística. Y es que a
la hora de buscar los motivos de por qué los municipios turísticos ocupan las
primeras posiciones de esta tabla, es inevitable mirar el propio cálculo de la
estadística, que “perjudica” a los pequeños municipios que reciben a millones
de turistas en detrimento de las grandes ciudades. En Canarias, prácticamente
en todas las islas, hay numerosos ejemplos de ello.
Y es que hay poblaciones como Benidorm
(Levante) o San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), donde se
cuadruplica su población durante la temporada alta, lo que se traduce
en una mayor
cantidad de infracciones, pero solo se tiene en cuenta su población residente para hacer el cálculo final de la tasa del INE
(infracciones/miles de habitantes). Este mismo fenómeno se produce en mayor o
menor medida en el resto de destinos, llevándolos a ocupar las primeras
posiciones, superando holgadamente la media nacional, que se sitúa en el
50,97 (Este es un viejo problema a duras penas resuelto en nuestro país y ha
dado pie a controversias técnico-políticas que son objeto de duras y casi
siempre insatisfactorias negociaciones, cuyos resultados, a su vez, son plasmados
en normas que, igualmente, no contentan a todos los políticos, sean del signo
que sean, y a los agentes sociales que intervienen en aquéllas).
De hecho, solo El Prat de Llobregat (1ª
posición) y Sant Adrià de Besòs (7ª posición), en la provincia de Barcelona; y
Alfafar (20ª posición), en Valencia, se cuelan entre los primeros puestos sin
ser destinos eminentemente turísticos, aunque se podría considerar que El Prat
sí que tiene una fuerte relación con el sector al acoger el Aeropuerto de
Barcelona, principal puerta de entrada de los viajeros a la ciudad. En la
publicación del INE, aparece Adeje (Tenerife) en sexta posición con una tasa de
97,66 de infracciones penales por mil habitantes. Le siguen Mogán (Gran
Canaria) en undécimo puesto con una tasa del 86,92, seguido de otro municipio
grancanario, San Bartolomé de Tirajana, que aparece en decimosexto lugar con
una tasa de 82,67.
Por el contrario, destaca la ausencia de
algunos municipios con un importante peso turístico como Madrid (que ocupa la
35ª posición con una tasa de 73,32); Pájara, en Fuerteventura (puesto 91, con
58,48); Sevilla (en puesto 25, con 78,43); Arona, en Tenerife (puesto 29 con
76,38); o Torremolinos, en Málaga (puesto 30, con 76,35).
A más turistas, más infracciones, podrá
concluirse, respetando las peculiaridades, las afluencias y las dotaciones
policiales de cada destino. Pero si convenimos en que la seguridad pública es
un bien que hay que proteger y cultivar -acaso sea el mejor activo promocional
de cualquier localidad turística cuyos rectores suelen y quieren presumir de
ciudad abierta, tolerante o cosmopolita-, habrá que afrontar planes y acciones
que robustezcan efectivamente esas apreciaciones. El indicador, sin alarmismos,
es inquietante.
