Se necesitan secretarios

El ministerio de Transformación Digital y Función Pública convocó el pasado año unas mil plazas en toda España para cubrir las diferentes especialidades de la administración local. De ese número, treinta y nueve quedaban reservadas para Canarias, número que, en distintos ámbitos, administrativos y profesionales -también políticos, seguro- se considera insuficiente para atender todas las demandas que se van acumulando en los ochenta y ocho municipios de las islas, además de las que se registren en las respectivas administraciones insulares. Si no hay funcionarios o personal cualificado, ya saben, se dilatan los procedimientos, la tramitación y la toma de decisiones que es tanto como decir que se acumulan las demoras -especialmente en la esfera municipal- para quebrantos y descontentos que se van generalizando.

Secretario, interventor y tesorero o depositario deben seguir siendo -nuestro vínculo con la administración local empieza a ser ya muy lejano y de algunas innovaciones apenas sabemos lo elemental- las tres figuras principales en la estructura o edificio administrativo. En algunos centros, dadas la escasez o las limitaciones, una misma persona ejercía -siquiera provisionalmente, a la espera de proveer u ocupar la plaza- dos de estas funciones a la vez.

La figura del secretario de ayuntamientos, junto con los interventores y tesoreros, pueden entenderse como una especie de contrapoder, que nació en 1924 con el Estatuto Municipal, para hacer frente al caciquismo que había entonces en el país, así como los episodios frecuentes de corrupción que se producían.  Un propósito que generó, de alguna forma, estas figuras que no han cambiado las prioridades e intentan salvaguardar la transparencia en los ejercicios públicos.

Hace unos meses, Marta Prieto, periodista de Radio Club Tenerife, se ocupaba de los problemas que se suscitan en las secretarías de ayuntamientos y obtenía el testimonio de Jordi García, secretario en el de Tacoronte (Tenerife), quien explicaba su trabajo de la siguiente manera: "Asesoramos jurídicamente al equipo de gobierno, como a los concejales del consistorio, con el fin último de que todo lo que se tramite o acuerde por los órganos de gobierno estén ajustados siempre en el plano de la legalidad". O sea, garantizar el cumplimiento de la legalidad en todas las decisiones políticas.  Además, García añadió que otra de las acciones fundamentales que deben de desempeñar los secretarios de ayuntamientos es dar fe pública. Por lo que, cualquier tipo de acuerdo, resolución o decreto que se adopte por parte de las figuras políticas tiene que estar certificado con la firma del secretario local: "Es una garantía de que el acuerdo ha cumplido con los límites legales establecidos".

El problema se agrava con el automático aumento de la carga laboral para los secretarios. Dijo García que “es verdad que en los últimos años se han puesto más esfuerzos en los procesos de estabilización del cuerpo de profesionales para intentar cubrir todas las vacantes que hay en el territorio nacional. Pero, si que es cierto que hay una escasez de habilitados y esto afecta al día a de los ayuntamientos debido a que nuestras funciones requieren de un alto grado de especialización al ser preceptivas y cuando no existe la figura del secretario como tal, suelen asumir este trabajo otros empleados públicos que no tienen la formación que precisa el puesto, entorpeciendo el proceso de decisiones".

O sea, que por mucha nueva tecnología, la burocracia seguirá creciendo. Pero la ley es la ley y hay que cumplirla. Que para eso estamos en un Estado de derecho. 

AUTORREGULACIÓN Y TRANSPARENCIA

 

La central sindical Comisiones Obreras (CC.OO.) convocó hace poco en Madrid unas jornadas sobre desinformación que clausuraban con una mesa redonda titulada Impacto y retos de los medios de comunicación ante la desinformación. Escritores, directores de medios, profesionales y expertos en bulos e intoxicación mediática intercambiaron criterios y opiniones sobre un problema que es primordial afrontar dado el encono que también afecta a los medios y a los periodistas, entre los que el clima se va haciendo difícilmente respirable.

En la mesa redonda se sentaron a debatir, además del periodista Pablo Elorduy, que hacía las veces de moderador, la directora de Público, Virginia Alonso; la directora de La Marea, Magda Bandera; el director de elDiario.es, Ignacio Escolar;  y el director editorial de infolibre.es, Jesús Maraña. Los cuatro abordaron algunas de las problemáticas más graves a las que se enfrenta el periodismo de nuestros días: las campañas masivas de desinformación, los bulos construidos y la proliferación de pseudomedios que amplifican o directamente crean noticias falsas. 

Repasemos, según la versión publicada en infolibre.es, varias apreciaciones de interés formuladas por los intervinientes.

Maraña, por ejemplo, pedía una mayor regulación y autorregulación del sector periodístico. “Cuidado con los que dicen que la mejor ley es la que no existe. Este es un mantra clásico del neoliberalismo que hay que negar, porque claro que hay cosas que se deben legislar”, decía Maraña, recordando a su vez el reciente Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación, con el que la Unión Europea quiere aumentar la transparencia de los medios y la equidad a la hora.

En una línea menos favorable a la regulación se colocó Virginia Alonso, la cual advirtió de los peligros de una legislación reguladora de los medios en manos de gobiernos conservadores o ultras. “Ahora, con un gobierno progresista, podemos decir que estamos en buenas manos, pero en el futuro esas mismas leyes pueden ser utilizadas para guillotinar. Por eso debemos tener mucho cuidado”, explicaba la directora de Público que reivindicó la autorregulación y proponía algunas medidas como la creación de un registro oficial de medios al que, para entrar, se exija el cumplimiento de una serie de requisitos o la exigencia a los periodistas de que se colegien y, cuando incumplan el código deontológico, sean sancionados.

Ante los temores de Alonso del uso espurio que pueden hacer ciertos políticos de la legislación de medios, Ignacio Escolar, también favorable a la regulación, ha respondido que esta debe estar “a prueba de Donald Trump”. “Ahora tenemos una ley de 1966 en vigor, de la época franquista. En el 78 se derogaron varios artículos, pero lo que sigue en vigor es peligroso y, aunque nadie se ha atrevido a usarla, deberíamos tener cuidado. La amenaza está precisamente en que no haya una regulación de prensa bien hecha”, ha recordado el director de elDiario.es

En la información que firma Pablo Mortera Franco (infolibre.es), se alude a una cuestión en la que coincidieron los ponentes y la que nos hemos ocupado en el blog en más de una ocasión:  la actual distribución de la publicidad institucional por parte de algunas corporaciones públicas, en especial ayuntamientos de distinto signo político que riegan con dinero público a medios y pseudomedios que, poco a poco, se van convirtiendo en altavoces o máquinas de propaganda política. Muchos se basan en ‘rankings’ de tráfico que, en opinión de los ponentes, muchas veces están viciados. “Ahora mismo entre el 40 % y 60 % de la audiencia de los medios digitales viene de Google Discover. Esto provoca que tengamos medios que no son de información porque buena parte de su tráfico viene de artículos que no tienen nada que ver con la información”, explicaba Escolar.

Por todo ello, Maraña recalcó en la mesa redonda la necesidad de que todos los medios acepten unas condiciones básicas: “Por ejemplo, hacer público el accionariado del medio, decir de dónde vienen sus ingresos o establecer unos compromisos de lo que supone el periodismo. No solo es transparencia, es también saber que, cuando uno se equivoca, está obligado a rectificar”, ha reivindicado el director editorial de infoLibre.es En una línea parecida, Escolar también estableció unos criterios que, a su juicio, deben cumplir los medios para ser considerados como tales: “Primero tienen que tener una redacción, y ya con eso quitas el 90% de estos pseudomedios, y luego se debería exigir una mínima transparencia, la adhesión a un código deontológico independiente y un mínimo de financiación que venga de los lectores”.

En fin, se trata de superar las penurias y las limitaciones que frenan el buen periodismo o los productos informativos con un mínimo de calidad (y credibilidad). La autorregulación y la transparencia son dos factores determinantes para combatir los vicios y los desvíos en la era de la desinformación. Es indispensable seguir bregando para su materialización. Saldremos ganando todos.

 

Y la democracia, sufriendo

 

Algo lejanos quedan ya los tiempos en que una organización política -puede que de otro carácter también- exigía que cualquier solicitud de ingreso viniera acompañada de la firma de dos o tres avalistas, una forma -principalmente durante la advenediza democracia- de fiscalizar mínimamente las incorporaciones de gente llegada de otras localidades y era cuasi perfecta desconocida en los ámbitos o círculos en donde iba a cohabitar. Poco que ver la identificación o desafección con aquel desaparecido Movimiento cuyo carácter constaba -puede decirse que para los restos- en los registros o archivos de aquel sustrato político preconstitucional.

Aquel “requisito” -y no queda más remedio que entrecomillar el término- se fue flexibilizando hasta prácticamente desaparecer. Se partía de un principio: afiliarse a una organización política era un acto volitivo de una persona mayor edad, se supone que consciente, identificada con los módulos de participación y con postulados programáticos, dispuesta a asumir reglamentos y resoluciones disciplinarias con mayor o menor formación política y con desigual bagaje ideológico. Los partidos necesitaban incrementar sus censos de afiliados. Algunos, a la vista de que la filiación era más bien un freno, crearon la figura del simpatizante, que era un modo de integrarse pero más blando o moderado: se trataba de captar pero sin presionar o exigir. La regulación intrapartidaria de la participación era variable y nunca quedó muy clara a efectos jurídicos. No es que los aparatos de dirección miraran para otro lado pero, ciertamente, se descuidaron, al menos en la organización socialista que es, para nosotros, la más conocida.

Importaba sumar, casi a cualquier precio. Claro, la política ha generado, por muy distintas causas, tal nivel de desafección y de comodidad individual elusiva de responsabilidades que propiciar medidas para intentar congregar a personas que reúnan los requisitos exigibles parecen mecanismos de disuasión.

Pero la gran verdad es que algo tendrán que hacer las direcciones de todos los niveles con tal de superar los evidentes riesgos que supone incorporar a filas a personas que han revelado comportamientos abstrusos e inaceptables, especialmente desde el ángulo ético y no digamos cuando incurren en comisiones delictivas. A las mismas -respetemos, por supuesto, la presunción de inocencia- les da igual actuar con tal de aprovecharse, se prevalen de posiciones relevantes en administraciones públicas para influir o aprovecharse, carecen de escrúpulos. Y por supuesto, no son conscientes del enorme daño que causan a la organización a la que un día accedieron se supone que con la intención de ser útiles e interactuar en beneficio de la colectividad. Habrán comprobado lo fácil que es la generalización injusta y lo pronto que prende un juicio de valor negativo para todos los que decidieron abrazar un ideal político por un comportamiento inapropiado de tres o cuatro los garbanzos negros, que dicen- que no responde a lo que debe aguardarse. Así, esa creencia cada vez más extendida, enriquecerse, aprovecharse en el ejercicio de las políticas públicas. Así, desmoralización, cansancio, rechazo, descrédito, desafección, repulsión…

Y la democracia, sufriendo.  

DECLARACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA DE LA FAPE

 La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha aprobado en la Asamblea General celebrada recientemente en Santiago de Compostela el apoyo a la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de suspender cautelarmente la acreditación de periodistas a dos agitadores sociales por transgredir el reglamento de la Cámara con actuaciones que nada tienen que ver con el periodismo y que perturban la convivencia democrática. Por esa razón, el Congreso aprobó el pasado año la actualización de esta normativa interna con el fin de preservar el ejercicio de los periodistas parlamentarios y acabar con prácticas impropias de un país democrático.

Se trata de una medida que la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), vinculada a la Federación, y la propia FAPE reivindicaban desde hace tiempo, al considerar que estas actuaciones respondían a intereses más próximos a la confrontación partidista que al ejercicio del periodismo. Desde la FAPE entendemos que la actualización del reglamento de la Cámara, y su aprobación, es una victoria para la profesión. No obstante, lamentamos que la resolución parlamentaria no haya sido respaldada por todos los grupos políticos representados en el Congreso y, más aún, que defiendan las actuaciones y el comportamiento de estos agitadores, habiendo llevado incluso a uno de ellos como protagonista destacado del cierre de una campaña electoral.

La FAPE reitera, en este sentido, el grave perjuicio que las actuaciones de las personas sancionadas ocasionan al ecosistema mediático. Amparándose en una mal entendida libertad de expresión, ocupan nuestro espacio, torpedean las ruedas de prensa y boicotean comparecencias faltando al respeto a los compañeros y, sobre todo, a los ciudadanos, a los que tratan de engañar. Sus comportamientos no cumplen con los mínimos estándares de conducta y confunden deliberadamente los papeles de militante e informador.

Esos comportamientos vulneran los principios básicos de la libertad de expresión y el derecho a la información en los que precisamente se escudan para justificarlos. El libre ejercicio del periodismo por el que luchamos no es eso. Nuestra arma es la información veraz, comprendida, contrastada y contextualizada; rigurosa y ajustada a los códigos deontológicos y refractaria a los bulos y la posverdad que circulan por las redes sociales y que, en su mayor parte, responden a estrategias premeditadas.

La Federación desea subrayar que no cuestiona en modo alguno la formulación de preguntas incómodas. La labor periodística exige indagar, fiscalizar a los responsables de la vida pública y plantear cuantas cuestiones resulten necesarias para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz. Ahora bien, ese ejercicio debe desarrollarse siempre dentro de los márgenes del respeto, la convivencia y las normas que rigen los espacios institucionales.

No controlar estos abusos es insultar a la profesión y a sus profesionales, algunos de los cuales han recurrido a la FAPE para pedir amparo ante el acoso recibido por parte de estos instigadores. La última solicitud de estas características la ha hecho la propia APP por sentirse atacada por las personas sancionadas y sus jefes. Esta circunstancia confiere mayor gravedad a la situación, ya que es una asociación, que representa a periodistas de distintas sensibilidades, pero que ejercen bajo estándares éticos, la que hace la petición, y no un solo individuo.

Desde hace tiempo, la FAPE viene advirtiendo del riesgo que la polarización política y la creciente crispación en el espacio público y mediático entrañan para el ejercicio del periodismo, al erosionar la confianza de la ciudadanía en la información y, por tanto, en la credibilidad de sus profesionales. Frente a ello, resulta imprescindible reivindicar el valor de un periodismo honesto, veraz, riguroso, comprometido con el contraste de los hechos, el respeto a los principios deontológicos y el servicio al interés general. En una sociedad democrática, el periodismo es un pilar esencial para la formación de una opinión pública libre, crítica e informada.

Competencias esenciales del periodismo, amenazadas

 

Por si fueran pocos los problemas y las amenazas que pesan sobre el periodismo, un informe elaborado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) acaba de añadir una inquietud considerable: el riesgo de una “atrofia de competencias profesionales”, derivada de la automatización de creciente en las redacciones o en los que queda de ellas. Efectivamente, las herramientas de inteligencia artificial generativa están empezando a alterar capacidades profesionales que, históricamente, definían el oficio periodístico, desde la escritura y la edición hasta la construcción de criterio editorial o la capacidad de investigar y contextualizar información.

El informe se titula IA (Inteligencia Artificial) y periodismo: entre la promesa optimista y la precarización algorítmica. Promete unos contenidos muy atractivos, según se desprende del análisis publicado en laboratoriodeperiodismo.org

Y es que los investigadores bonaerenses plantean dinámicas que atraviesan ya muchas redacciones: periodistas que delegan en sistemas de IA tareas cada vez más centrales del trabajo informativo, empresas que incorporan automatización sin desarrollar políticas editoriales claras y profesionales que utilizan estas herramientas para aumentar la productividad en entornos marcados por la presión económica y el pluriempleo. Algo no, mucho se mueve en estos tres estratos de modo que algunos cambios afectan directamente al núcleo profesional del periodismo. Por ejemplo, las entrevistas realizadas para la investigación muestran que ChatGPT  (una aplicación de chatbot de Inteligencia Artificial generativa desarrollada en noviembre de 2022 por OpenAI. El chatbot es un modelo de lenguaje especializado en el diálogo  que se ajusta con técnicas de aprendizaje supervisadas y de refuerzo. Se usa para generar ideas, redactar borradores, editar textos, resumir documentos, producir titulares o transformar artículos extensos en publicaciones adaptadas para redes sociales.

Y por ahí encontramos los cambios. Los autores del informe consideran que asistimos a una modificación profunda de la lógica tradicional del trabajo periodístico. En lugar de que el periodista construya desde cero el enfoque narrativo y la estructura de una información, cada vez es más frecuente que el proceso parta de un borrador generado algorítmicamente que luego es corregido o “humanizado” por el profesional. El informe advierte de que esa dinámica puede terminar debilitando habilidades que antes se adquirían mediante la práctica sostenida de escribir, editar, contrastar fuentes o interpretar datos complejos.

Es muy interesante la parte dedicada a uno de los entrevistados que resume esa preocupación al señalar que hace años el proceso de traducir, reescribir y editar contenidos suponía también una forma de aprendizaje profesional continuo, mientras que ahora buena parte de esas tareas puede resolverse automáticamente. Según el estudio, “la IA optimiza tiempos y permite producir más contenidos en menos horas, pero al mismo tiempo puede erosionar procesos formativos fundamentales para el desarrollo de criterio periodístico propio”.

La investigación ultimada por la UBA también identifica una transformación más profunda: el desplazamiento progresivo del criterio editorial hacia sistemas algorítmicos. Algunos periodistas entrevistados describen cómo utilizan ChatGPT no solo para escribir o resumir, “sino para ordenar ideas, entender conceptos técnicos o sugerir enfoques temáticos. Los autores sostienen que esto implica que la mediación algorítmica ya no aparece únicamente en fases finales del proceso productivo, sino desde el primer contacto con la información”.

Atención, porque el informe alerta además sobre el impacto que este modelo puede tener en la calidad informativa. La proliferación de contenidos generados a partir de las mismas fuentes y procesados mediante herramientas similares puede favorecer una creciente homogeneización de las noticias. Algunos entrevistados describen un ecosistema donde numerosos medios terminan publicando versiones prácticamente idénticas de un mismo contenido, modificando únicamente algunas palabras o el enfoque superficial del texto.

Los investigadores relacionan este fenómeno con un contexto de precarización laboral que, según sostienen, favorece la adopción acelerada de herramientas de IA. El estudio recuerda que buena parte de los periodistas encuestados trabaja simultáneamente para varios medios y utiliza estas aplicaciones como mecanismo para aumentar la productividad y sostener ingresos insuficientes. En ese escenario, la automatización no libera tiempo para investigaciones más profundas, sino que facilita producir un mayor volumen de piezas informativas en menos tiempo.

El trabajo también señala la ausencia de marcos institucionales claros. Veamos estos datos: el 77,5 % de los periodistas encuestados afirmó que su empresa no había desarrollado políticas específicas sobre el uso de inteligencia artificial y el 70 % indicó que sus medios no habían tomado ninguna medida relacionada con estas tecnologías. Los autores consideran que esta falta de regulación deja decisiones éticas complejas en manos de cada periodista de forma individual, desde los criterios de verificación hasta los límites de la automatización o la transparencia sobre el uso de IA en la producción de contenidos.

El informe concluye, siempre según la versión delaboratoriodeperiodisdmo.org, que el principal desafío no es únicamente tecnológico, sino profesional y estructural: preservar la autonomía editorial, sostener la calidad informativa y evitar que la automatización termine degradando capacidades esenciales del periodismo en un ecosistema cada vez más condicionado por la velocidad, la sobreproducción de contenidos y las lógicas de rentabilidad.

AUDIENCIA DE LA VISITA PAPAL

 

La reciente visita del Papa León XIV a España ha dejado -y seguirá dejando- innumerables testimonios de todo tipo. La cobertura mediática ha sido también muy generosa, correspondiendo al carácter histórico de su estancia.  Barlovento Comunicación ha hecho público un informe de audiencia algunos de cuyos aspectos, por su interés,  consignamos a continuación:

 

El acontecimiento ha contado con una importante cobertura informativa en televisión conretrasmisión de todos los encuentros. En total, 28 cadenas han contado con programas especiales y han acumulado 18,8 millones de espectadores únicos con el 39,6% de la población de España. El registro es de 18,8 millones de espectadores únicos y una cobertura de población del 39,6 %.

 

En el ‘ranking’ de cadenas, Barlovento Comunicación establece una clasificación (lineal+diferido) que encabeza La 1, seguida, a gran distancia por 24 horas y Trece TV. La Televisión Canaria aparece por debajo de Telemadrid pero por encima de TV3 (Cataluya) y Canal Sur.

 

El ‘ranking’ de emisiones lo encabeza el espacio dedicado a la inauguración y misa en la Sagrada Familia de Barcelona, con cinco millones cuatrocientyos diez mil espectadores únicos, un millón setenta y cinco mil de audiencia media y un 12,2 % de cuota de pantalla.

 

El consumo total de televisión tradicional, en el período comprendido de la visita del 6 al 11 de junio (audiencia lineal+diferido), registró treinta y ocho millones noventa y cinco mil espectadores únicos, un 80,1 %, mientras que el total de espectadores únicos diarios se elevó a veintisiete millones trescientos sesenta y nueve mil, o sea, un porcentaje del 57,5 %.

 

Por último, el tiempo de consumo, según los cómputos de Barlovento Comunicación, queda fijado en ciento cincuenta y ocho minutos persona/día y doscientos setenta y tres  minutos en el binomio espectador/día.

 

En este informe, se recoge la cobertura realizada por los programas especiales específicos sobre los distintos actos informativos y eventos religiosos, identificados y catalogados por Fifty5Blue. Por tanto, no se incluyen en el análisis los programas informativos o magazines habituales de las distintas cadenas que también han incluido contenidos sobre el Papa pero no hanvariado el nombre de su cabecera

Guagua turística de doble planta

 

Una nueva guagua turística panorámica, City Sightseeing, es la penúltima atracción que brinda el Puerto de la Cruz, un servicio que recorrerá siete enclaves emblemáticos de la ciudad para robustecer, dicen, la apuesta por un modelo turístico sostenible, accesible y de calidad. La prestación comenzará a recorrer -¿no decían que también tendría una cobertura en todo el valle de La Orotava, es decir La Orotava, Los Realejos y Santa Úrsula?- las calles y avenidas de la localidad portuense el próximo lunes para que los visitantes -dicen- descubran algunos de los principales atractivos patrimoniales, culturales y paisajísticos del municipio “a través de una experiencia turística, innovadora y sostenible”.

Solo la anestesia que parecen haber aplicado a distintos sectores de la sociedad portuense explica que esta novedad tan novedosa esté pasando inadvertida y pocos hayan reparado en las consecuencias de su implantación. El Puerto es, desde hace tiempo, una ciudad atosigada por los problemas de circulación viaria y la escasez de dotacionales de estacionamiento, pese a algunos anuncios hechos sobre actuaciones para superarla. Que ahora aparezca una guagua para mostrar excelencias paisajísticas y monumentales, y que va a circular a velocidad moderada, solo  viene a complicar las cosas. Algún estudio teórico, seguramente, dirá lo contrario.

Lo que llama la atención es el silencio o la pasividad de los agentes sociales. Hay algunos antecedentes en sentido contrario. . Recordemos, por ejemplo, una huelga de taxis en los tiempos que ejercimos responsabilidades institucionales y que duró tres días en protesta por la autorización concedida a una empresa turística local tanto para estacionar en la avenida Colón como para desplazar a los clientes hasta un parque temático de gran proyección ubicado en el otro extremo de la localidad. Entonces, había un sola cooperativa de taxistas. Ahora, si no estamos errados, hay tres. Pero titulares de licencias  y conductores no han dicho nada.

Otro antecedente: en los tiempos de un pacto político para la gobernabilidad del Ayuntamiento, condenado a la quiebra por motivos que no vienen a cuento, le fue concedido un permiso a una empresa que se inventó, ni más ni menos, unos paseos en carruajes o calesa tirados por caballos. Pasada la rechifla, no exenta de protestas y manifestaciones del gremio del taxi, la experiencia resultó un rotundo fracaso.

Y ahora, desde el lunes, desde la guagua panorámica de doble planta, funcionará este servicio -sostenible, dicen- de modo que en un recorrido de aproximadamente sesenta minutos será posible visualizar siete puntos estratégicos y emblemáticos de la ciudad, conectando espacios tan representativos como Lago Martiánez, Jardín Botánico, Loro Parque, Playa Jardín y otros lugares de interés turístico. Los pasajeros podrán disfrutar de vistas privilegiadas desde la cubierta superior del vehículo, situada a más de cuatro metros de altura, así como de un sistema de audioguía disponible en ocho idiomas que permitirá conocer la historia, cultura y singularidades de Puerto de la Cruz.

Con motivo de su lanzamiento, la compañía ofrecerá recorridos gratuitos para residentes en Tenerife desde el 15 hasta el 30 de junio. Dicen en la propaganda que con esta nueva iniciativa -¿cuáles son las otras?- “el Puerto de la Cruz continúa avanzando en su compromiso con la innovación turística, incorporando nuevas herramientas para fortalecer su competitividad y ofrecer experiencias de calidad que contribuyan al desarrollo económico y social del municipio”.

Amén.

Aquella tragedia en directo

 

Las circunstancias quisieron que coincidiéramos en el espacio de RadioTelevisión Canaria (RTVC), ‘Buenos días, Canarias’, durante el que se transmitía la llegada de un cayuco al puerto de La Restinga, en El Hierro, hace poco más de un año. El imprevisible final tenía reservada la carta de la zozobra de la embarcación que, según se supo con posterioridad, procedía de Guinea Conakry, a más de dos mil kilómetros del enclave herreño, con unas ciento cincuenta personas a bordo.

 

Estábamos en plena conexión. Fue una experiencia singular, de esas que se viven con una intensidad fuera de lo común, en vivo y en directo, como suele repetirse hasta en los ‘spots’ promocionales ya en desuso. Pasaban los minutos, la tensión fue creciendo, el cayuco había volcado, cuando ya tocaba los diques del pequeño embarcadero…, a duras penas, con la imagen reflejada en las pantallas interiores, mientras se sobresaltaba -sin que apenas se notara- la ilación del relato de la periodista presentadora y coordinadora, Pilar Rumeu, consciente de la gravedad de la situación y con mucho temple, mascándose la tragedia indeseada, la impotencia en la distancia pero también allí en el Mar de las Calmas, donde gritos, brazos, saltos, lamentos y movimientos a la desesperada convergían en una precipitada y apurada operación de salvamento y rescate, en la que participaban no solo los operarios de Salvamento Marítimo, una unidad Salvamar, sino también voluntarios, cruzrojistas y miembros de clubes de buceo (Si alguien aún dudaba de lo que es la solidaridad activa, allí pudo comprobar cómo los resortes, en tratándose de vidas humanas, funcionaron con diligencia).

 

Se entrecortaba, como es natural, el relato de Eduardo Pulido, redactor de RTVC, y el desespero de los noes de su cámara, Maribel Armas, desbordados ambos ante el suceso cuya magnitud aún se desconocía. Se sabía que ellos estaban allí, que su testimonio era de una gran trascendencia periodística y mediática, que eran notarios afectados por el dolor y la impotencia. Juani Brito, la directora del programa, se movió con su destreza habitual, ultimando esos detalles que, inapreciables, son de gran valor sobre todo en los directos. Y aquel era uno de primerísimo orden. Porque ante todo, fueron periodistas: lo que veían y contaban iba a ser imagen de portada, eran las secuencias de aquello que debían visionar las autoridades y representantes institucionales que se reunían por enésima vez en el lugar de los hechos, en busca de una solución exenta de peligros y de riesgos, una solución a esa tragedia humana que no distingue entre hombres, mujeres y niños, embarazadas y nadadores que apenas flotan o de hecho no saben y que, según se supo, se cobró en La Restinga siete víctimas más. Eran las imágenes y el desespero que debían ver esos comisionados y si alguien las pasa a las autoridades de los países africanos y a las mafias traficantes de seres humanos, aunque dudemos de su dolor, mejor; a ver si las conciencias impulsan otras medidas pues una cosa es intentarlo, a la desesperada, en busca de la tierra de promisión, y otra muy distinta, jugarse la vida.

 

Murieron en la orilla, al cabo de más de dos mil kilómetros de su partida. Su travesía solo sirvió para eso: para morir. Qué cruel y qué triste. La experiencia, a nuestros años, también marcó. Y hoy, con el Papa León XIV por estos lares, tan cerca del escenario del drama, merece ser recordada.

¿NEUTRALIDAD?

 

Con los profesores ocupados en corregir exámenes y los alumnos apurando sus quehaceres, todos pensando en la playa liberadora o en las cumbres frescas, o sea, en las vacaciones reparadoras, el fin de curso escolar se ve envuelto en Canarias por la controversia que suscita una instrucción de la consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes el Gobierno autónomo, relativa a las actividades extraescolares que se desarrollen en los centros educativos para garantizar “la neutralidad” de las  mismas y “evitar que el odio entre en las aulas”, según manifestó en sede parlamentaria el consejero del ramo, Hipólito Suárez (PP).

La conferencia de un influenciador de extrema derecha, dictada en un instituto, relativa al buen uso de las redes sociales, es el núcleo de la polémica que, por ahora, no alcanza los niveles de aquella “Educación para la ciudadanía” que desquició hace años a no pocos sectores sociales, sindicales y profesionales.

El consejero respondió a una pregunta de la diputada de Nueva Canarias, Carmen Hernández sobre esta instrucción asegurando que en los centros educativos se trabaja en programas como la educación afectivo-sexual. “Mire lo que se hace en los centros educativos, que no está vetado: educación afectivo-sexual, comprender Palestina, diversidad sexogenérica, retos y perspectivas, también prevención en adicciones, educar desde la empatía y la diversidad... “Esto es lo que recogen las instrucciones del curso 2026. Unas instrucciones que ustedes no han criticado”, afeó el consejero a Nueva Canarias.

La diputada de esta formación, Carmen Hernández, que pidió a la consejería que rectifique con esta instrucción, recomendó a Suárez que “se coloque en el lado bueno de la historia” y añadió que “cada vez se parecen más a la extrema derecha”. A su juicio, “no podemos ser neutrales”. “Tenemos que ponernos del lado correcto de la historia: la paz, la solidaridad, el respeto a la vida humana, los derechos humanos, y la escuela tampoco puede ser neutral”.

“Nos preocupa la deriva de su Gobierno”, incidió Hernández, que añadió que es necesario trabajar “a favor de la defensa de la democracia, de los valores constitucionales, de los Derechos Humanos, de la vida digna, de la igualdad de género, de la lucha contra la violencia machista, a favor de los derechos sindicales y de los derechos civiles y que no deje que la censura entre en la escuela”.

El consejero concluyó el debate remarcando que en los centros educativos “de esta tierra lo que sí hay es libertad” y añadió “libertad a la hora de poder trabajar los Derechos Humanos, que creo que nos identifican a todos, todos nos tenemos que identificar con ellos”, dijo mientras mostraba diversos trabajos de centros educativos de Canarias que tenían que ver con la igualdad o contra el racismo, entre otros.

“Y lo que no se puede permitir es que se incorpore a los centros educativos el discurso del odio, de la insolidaridad, del no a la diversidad, de no a la igualdad, de no a las familias, todos sus caracteres. Eso es lo que no se puede permitir en los centros educativos de Canarias. Las instrucciones están para poder llevarse a cabo. Y, lógicamente, que son mejorables, por supuesto, como se mejora todo en esta vida. Pero lo que no cabe en las instrucciones, y se lo digo otra vez, es el odio, no al odio a la Escuela Canaria”, agregó el consejero.

La instrucción de la consejería causante de la controversia versa sobre organización y funcionamiento de los centros no universitarios. La disposición 3.4, en efecto, establece que “no se podrá autorizar la realización de conferencias, charlas, reuniones o eventos que puedan llevarse a cabo por individuos, grupos, organizaciones o colectivos caracterizados por una determinada opción ideológica que no sea neutral y no respete los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en nuestra Constitución en espacios e instalaciones de los recintos escolares”. El asunto ha suscitado críticas entre colectivos y grupos políticos quienes tachan de “censura” la medida introducida por la Administración, bajo el principio de “neutralidad institucional”.

La Consejería aclara que esa instrucción se aplica “sin ningún tipo de incidencia desde este curso que termina y surge para proteger a los equipos directivos y docentes cuando programan o les solicitan impartir charlas o ponencias en centros educativos y que pueden no resultar del contenido que inicialmente esperaban o se expresan desde una parcialidad que puede influir directamente en la percepción de unos determinados temas por parte del alumnado, en una etapa de su desarrollo especialmente sensible”.

Dos opiniones más para contrastar las aristas de esta polémica que no ha subido el tono, a sabiendas de que puede alcanzar niveles preocupantes dado el clima de crispación política, beneficiada por la sucesión de otros temas en el panorama informativo. Que se hable de censura empieza a ser inquietante. Para la Red Feminista de Gran Canaria, un ejemplo,  “se trata de un planteamiento preocupante que abre la puerta a cuestionar y excluir iniciativas sobre igualdad, feminismo, educación afectivo-sexual, diversidad, prevención de las violencias machistas o derechos humanos” y añade que “cuando se utiliza el concepto de “neutralidad” sin definirlo, se corre el riesgo de equiparar la defensa de los derechos humanos con opiniones políticas que los cuestionan”.

“Puede generar censura en los centros educativos, limitar la autonomía del profesorado, dificultar la prevención de las violencias machistas e invisibilizar el trabajo por décadas han desarrollado organizaciones sociales y profesionales especializadas”, agrega el colectivo.

Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC) ya trasladó hace unos días su “más absoluto rechazo” al contenido del punto en cuestión. La organización considera que la Consejería introduce un mecanismo “ambiguo y peligrosamente arbitrario” que puede convertirse en una herramienta de “censura ideológica en la escuela pública.

La organización asegura que lo “verdaderamente preocupante no es que existan ideas diversas en los centros educativos; sino que una Administración pretenda decidir cuáles son aceptables y cuáles deben ser excluidas”.

Además, el sindicato recuerda que “la normativa vigente ya contempla límites suficientes frente a discursos de odio, violencia, racismo o xenofobia”. Por tanto, considera que, “este nuevo apartado no responde a una necesidad jurídica real, sino a una voluntad política de controlar el discurso público dentro de los centros educativos”.

Precisamente, el portavoz de STEC-IC, Iván Morales, aclara que para el sindicato la “gravedad” de la disposición 3.4 de la resolución reside en que si la Administración deja por escrito una instrucción a los centros “ya condiciona y fomenta una autocensura”, y añade que, aunque sean los equipos directos o el Consejo Escolar, es la Consejería, “el jefe directo quien ha impuesto un aviso”.

Con esto, Morales se refiere a que el área en cuestión está gobernada por el Partido Popular y lanza una pregunta: “¿Es el PP un partido neutral?”

En este contexto, el portavoz acusa al actual departamento que tienen ejemplos de haber actuado “de forma no neutral, fomentando su propia ideología en diversos aspectos”.

LA IA, LA VERDAD Y EL FUTURO DEL PERIODISMO EN UNA ENCÍCLICA

 

Tiempos de Papa en viaje apostólico, con su lema, ‘Alzad la mirada’, que, en el fondo, es una invitación a ver más allá de las preocupaciones cotidianas para descubrir la presencia de Dios y abrirse a los demás. Es una llamada a la esperanza y a la contemplación, que anima a salir de uno mismo y redescubrir la unidad, la belleza y la caridad como signos concretos de una vida compartida. En este gesto de alzar la mirada se expresa también la actitud con la que la Iglesia en España acoge la visita del Santo Padre: con el corazón abierto y dispuesto a caminar juntos.

Tiempos de Papa para acercarnos también y reflexionar sobre Magnifica humanitas, título de la primera encíclica de León XIV, un documento de unas doscientas páginas dedicado a la “custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial” y publicado coincidiendo con el 135 aniversario de Rerum novarum.

Una de las primeras advertencias de la encíclica es que la inteligencia artificial puede mejorar la vida de las personas, pero también alterar la calidad de la información, debilitar el juicio humano, concentrar poder en grandes plataformas tecnológicas y transformar la democracia si no se somete a controles públicos y criterios éticos. 

Aunque el texto aborda cuestiones como la guerra, la economía, la educación o la gobernanza tecnológica, varios de sus capítulos se centran directamente en asuntos que afectan al periodismo, la comunicación pública y la construcción de la opinión pública. El Papa sostiene que la IA no debe analizarse únicamente como una innovación técnica, sino como una transformación cultural capaz de modificar la forma en que las sociedades producen conocimiento, toman decisiones y construyen consensos.

Entre los mensajes más relevantes para los medios es la defensa de la verdad como un bien común. León XIV señala que la inteligencia artificial amplifica la capacidad de manipular contenidos, imágenes y vídeos y facilita la difusión de desinformación a gran escala. Según el Pontífice, el riesgo no se limita a la circulación de noticias falsas, sino que afecta a la propia capacidad de las sociedades para distinguir entre hechos y opiniones. La encíclica señala que la democracia necesita una relación leal con la realidad y que la pérdida de interés por la verdad favorece formas de poder basadas en la manipulación y la propaganda.

El documento, según leemos en laboratoriodeperiodismo.org, dedica una atención especial al papel de las plataformas digitales y de los grandes actores tecnológicos. León XIV considera que quienes controlan infraestructuras, algoritmos y datos poseen una capacidad sin precedentes para moldear el imaginario colectivo y determinar qué contenidos alcanzan visibilidad. Esa concentración de poder, afirma, plantea un problema democrático porque permite influir en comportamientos, consumos y opiniones públicas desde posiciones difíciles de supervisar.

En este escenario, el Papa reclama una “ecología de la comunicación”. El concepto incluye medidas regulatorias para aumentar la transparencia de los algoritmos, proteger los datos personales y fortalecer organismos intermedios capaces de favorecer el debate público. Entre ellos menciona expresamente la necesidad de un periodismo riguroso y espacios de discusión donde prevalezcan la verificación de los hechos y la argumentación frente a la reacción inmediata que caracteriza a muchas plataformas digitales.

Atentos porque la encíclica también contiene un reconocimiento explícito al trabajo periodístico. León XIV recuerda que algunos periodistas han desempeñado un papel decisivo al sacar a la luz abusos e injusticias dentro de la propia Iglesia y cita unas palabras de su antecesor Francisco en las que agradecía a los informadores haber dado voz a las víctimas y haber contribuido a revelar situaciones que permanecían ocultas. Al mismo tiempo, sostiene que la transparencia no puede depender exclusivamente de la presión externa de los medios, sino que debe formar parte de la responsabilidad institucional de la Iglesia.

Otro aspecto del contenido de la encíclica es la preocupación generada por el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos de decisión. León XIV considera problemático que cuestiones relacionadas con el empleo, el acceso a servicios o la reputación de las personas queden en manos de sistemas automatizados cuyos criterios son opacos. En una determinada fase, el documento papal alerta sobre el riesgo de que los algoritmos reproduzcan prejuicios, generen exclusión social y diluyan las responsabilidades humanas bajo una apariencia de neutralidad tecnológica.  

La respuesta propuesta por el Pontífice -aquí viene lo bueno- pasa por lo que denomina “desarmar la IA”. Y ojo, que con esa expresión no sugiere o plantea renunciar a la tecnología sino evitar que quede subordinada a lógicas de poder, competencia geopolítica o concentración económica. El objetivo, señala, es impedir de que la Inteligencia Artificial se convierta en un instrumento de dominio y garantizar que permanezca sometida al control democrático, la transparencia y el bien común.