El verano que declina deja una
cruda estela de machismo criminal, agravada, en algunos casos, con el asesinato
de hijos, como si no fueran suficientes el dolor causado y la trascendencia de
la lacra social que significa. Es imposible permanecer insensibles a este
problema, sobre todo, cuando se contrasta que las medidas de prevención están
siendo insuficientes o resultando deficientes e incompletas.
Alguien tenía que tomar la iniciativa para hacer reflexionar
y apelar a la necesidad de mancomunar ideas y esfuerzos con tal de poner freno
y reconducir ese preocupante repunte. Lo hizo el Partido Socialista Obrero
Español que propone un Acuerdo Social, Político e Institucional contra la
violencia de género denominado Una
sociedad libre de violencia contra las mujeres. Veremos el recorrido que
tiene la propuesta; pero, independientemente de las aportaciones que la
enriquezcan o perfeccionen, es cuestión de no dilatar demasiado. Las
circunstancias son acuciantes, la sensación de miedo se extiende y los
agresores se envalentonan a partir de una creencia: hay debilidad y fallan los
mecanismos de respuesta. María Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio
contra la Violencia Doméstica y de Género, ha reconocido que “cada crimen
representa un fracaso del sistema”.
Y no basta, como se ha visto, expresar la consternación en
manifestaciones silenciosas o participar en otros actos de protesta y
repulsión. Está bien, hay que hacerlo; pero se requiere algo más, y algo más
sólido y operativo, para no resignarse a convivir con el problema. De ahí que
aspectos contenidos en la propuesta socialista deban ser plasmados de la forma
más adecuada para tratar de garantizar la triple finalidad de atender, asistir
y proteger a las mujeres que, estando en situación de vulnerabilidad, precisen, junto a descendientes, de una mayor
seguridad.
Por eso, aún admitiendo un cierto fracaso en las políticas
preventivas que hasta la fecha se han venido aplicando y desarrollando, hay que
perseverar hasta lograr la modificación y erradicación de ciertos códigos o
patrones de conducta. Y hay que convencer a las mujeres de que es indispensable
hacer uso de las medidas a su alcance para frenar el problema o impedir que se
consuman los peores resultados. Desde la entrada en vigor de la Ley Integral
contra la violencia de género, solo una de cada tres mujeres asesinadas había
presentado denuncia. Luego, se hace imprescindible poner en marcha, en los
juzgados o donde proceda, el denominado Acompañamiento Judicial Personalizado,
con el fin de hacer accesible y confiable el asesoramiento preciso y hacer más
seguro el procedimiento iniciado. En la propuesta socialista, por cierto, se
habla también de establecer protocolos de intervención específicos para la
atención integral a las mujeres que hayan retirado su denuncia por presunta
violencia de género.
Y hay que insistir, asimismo, en la activación permanente
del denominado Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la violencia de
género para luego poner en marcha otras medidas ejecutivas que prevengan,
protejan y reparen el daño a menores víctimas de este tipo de violencia. Es, si
se quiere, una cuestión de educación y
de civismo, de ahí que esa otra iniciativa de la mencionada propuesta,
consistente en incorporar al currículo en todas las etapas educativas la
formación específica en igualdad, educación afectivo-sexual y prevención de
comportamientos violentos, sea de lo más interesante. Porque esta lucha se gana
no solo con medidas punitivas sino con sensibilidad, ganas, actitudes y
disposiciones que borren, de una vez por todas, esta lacra social que tanto
espanto viene causando.