SE VISLUMBRA EL FUTURO DEL PARQUE SAN FRANCISCO

Dos arquitectos madrileños, Simón Francés y Judith Sastre, con una propuesta titulada ‘Dunkel’, han sido los ganadores del concurso de ideas convocado para saber qué se hace con el parque San Francisco, un recinto multiusos, de excelente emplazamiento en el centro de la ciudad, y que sirvió para casi todo durante unos cuantos años después del incendio que asoló aquella ciudadela y del que milagrosamente se salvó la iglesia del mismo nombre en la que se integra la ermita de San Juan Bautista, una de las primeras edificaciones civiles del municipio.

Ya hemos escrito sobre la pequeña gran historia del parque, cerrado desde hace unos años como consecuencia de su obsolescencia y del incumplimiento de los requisitos de seguridad que se exigen para espectáculos públicos. En el pasado, cuando se contrastó la necesidad de contar con un espacio apropiado para tales espectáculos, especialmente los musicales, hubo algunos intentos de encontrar alternativas y reservar el espacio situado entre las calles Agustín de Bethencourt y San Juan para otros menesteres. Previa remodelación, claro está.

Ahora se ha dado un paso importante que parece decisivo porque tras el concurso de ideas (veinte mil euros para los ganadores) viene el proyecto de edificación cuya redacción ha sido presupuestada en ciento setenta mil euros. Ya veremos lo que se nos dice sobre financiación y plazos de ejecución. El Consorcio Urbanístico para la rehabilitación turística del Puerto de la Cruz ha puesto mucho empeño en esta actuación que, por lo demás, es muy necesaria. La propuesta de los arquitectos ganadores consiste en hacer del parque un auditorio con un aforo máximo de novecientas personas y la sede permanente del Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdhal (MACEW). Parece que aún queda espacio para otras salas de exposición, cafetería y dependencias complementarias.

            La solución, a juicio del jurado, es la que mejor resolvía a la vez los aspectos funcionales y de integración con los valores urbanos e históricos del entorno. Según se ha publicado, se valoró también la economía y la facilidad constructiva del proyecto con el resultado de espacios atractivos, con capacidad de adaptación a futuras variaciones del programa, siendo de fácil mantenimiento.

            Dos aspectos en los que nos permitimos insistir ahora que se ha cubierto esta etapa y antes de que los ganadores comiencen a trabajar en la redacción del proyecto: uno, ver la manera de conservar -e integrar- una esquina, una parte, un trozo del viejo recinto, que sirva de perpetuo recuerdo, a imagen y semejanza de lo que ha sucedido con espacios o estadios que dejaron paso a otras obras modernistas. Y otro, estudiar a fondo la accesibilidad, agotando todas las opciones -se supone que ello encarecerá el proyecto- para dotar de aparcamientos subterráneos.

            Antes de que la actuación esté terminada, por cierto, habrá que ocuparse del modo de gestión del nuevo parque San Francisco. Pero aún queda un poco lejos.

GOLPE DE ESTADO CIVIL Y PUCHERAZO

Fue tajante Cristina Almeida días pasados: hay que defender la política con pasión, como lo hace ella, con ese gracejo andaluz que hace más atrayente el relato de su trayectoria. Sin remilgos también a la hora de reivindicar la ideología como sustrato de cualquier posición que se quiera defender. En tiempos que la política es sinónimo de desafección, en tiempos que hay injustos rechazos generalizados hacia quienes se dedican a ella, cuando se iguala a todos para extender la crítica, hay que agradecer la exposición de Almeida. Sobre todo, porque ayuda a comprender los peligros de una sociedad despolitizada o desmotivada, caldo de cultivo que siempre favorecerá a los conservadores, a quienes, pase lo que pase, da igual los programas que para eso van a ser incumplidos, siempre recibirán el apoyo electoral de los suyos.

            Menos política, menos democracia, menos participación: ésta es la síntesis de quienes como la abogada y política andaluza vislumbran un panorama sombrío si no hay un cuerpo social dispuesto a no entregarse ni a resignarse. Es lo que quieren algunos: ir decidiendo para aburrir, para desencantar, para alejar a la ciudadanía de lo que más puede interesar. Si para eso, tienen que abusar de mayorías parlamentarias con las que fabricar leyes regresivas o emplear fórmulas legítimas pero exentas de todo consenso y de toda consulta, lo hacen también. Todo, con tal de que la política cada vez interese menos, genere enconos cansinos, reduzca cauces de participación y resulte una actividad molesta e indigna. La antipolítica, que dicen algunos.

            Algo de todo esto parece estar sucediendo en Castilla La Mancha donde la reforma de su Estatuto de Autonomía es aprovechada por la presidenta María Dolores de Cospedal para modificar la ley electoral de modo que se reduzca el número de parlamentarios. Es evidente que la democracia y la representatividad se resienten con esa medida.  Ni siquiera la reducción del gasto público con que se quiere justificar esa disminución puede justificarla, mucho menos cuando luego se comprueba que hay otros derroches para favorecer, seguro, clientelismo y enchufismo.

            Sufre el pluralismo democrático. Una cámara de representantes de la soberanía popular, independientemente de las preferencias de los electores ante las urnas, siempre será más rica en cuanto mayor sea la presencia de quienes concurrieron. Habrá más puntos de vista, habrá más oportunidades para conocer capacidades y criterios y habrá más opciones para contrastar de verdad modelos y alternativas. Habrá más posibilidades de cumplir con la misión esencial del legislativo, al tiempo que también resultará más eficaz la acción de fiscalización al ejecutivo.

            Pero de esto no quieren saber nada Cospedal y el PP. En Canarias, donde se viene luchando desde hace tiempo para modificar su propio sistema electoral, sugiriéndose una modificación a la baja de las barreras o porcentajes de votos exigidos en las circunscripciones, el caso de Castilla la Mancha se está siguiendo con interés, entre otras razones por si los precedentes servirán en el futuro para consolidar un bipartidismo o una presencia parlamentaria muy similar a la actual. En las islas se quiere un Parlamento más plural, de ahí que, a la hora de interpretar la iniciativa de la presidenta, algunos dirigentes políticos canarios, como Ramón Trujillo (IUC), haya hablado de “golpe de Estado civil”, y Pedro Quevedo (Coalición Canaria), tras recordar que Cospedal compatibilizó el cobro de tres retribuciones públicas, lo haya hecho con una expresión tan significativa como un “auténtico pucherazo político e institucional”.

            Está claro que se trata de procurar, en orden inverso ahora, más participación, más democracia y más política.

EL PROFESOR ACIRÓN

Como se resiste a decir adiós, Ricardo Acirón Royo seguirá vinculado a tareas docentes en la Universidad de La Laguna cuya facultad de Ciencias de la Información le expresa hoy un reconocimiento coincidiendo con el vigesimoquinto aniversario de su creación y entrada en funcionamiento. Es lo que tienen los periodistas de raza: día tras día leyendo, produciendo textos, investigando, enseñando y dirigiendo. Ricardo ha hecho de todo y es natural que no quiera irse del todo. Admirables su compromiso periodístico, su dedicación y su tesón.

            Leíamos atentamente sus opiniones en el periódico El Día y mucho más aquellas entrevistas, preguntas y respuestas, que publicaba en la última página “por donde desfilaban todos”, según dijo en cierta ocasión, cuando la democracia despuntaba, para expresar sin ambages el pluralismo. Le seguíamos entonces y le conocimos cuando incursionó en Radio Popular de Tenerife, con un programa, ‘El remache’, que, como otros tutelados por el director, José Siverio, ganó algo más que audiencia: credibilidad. Era difícil entonces abrirse paso en la espesura de las ondas, por la competencia y porque era necesario disponer de un gran bagaje profesional para lanzar y consolidar un nuevo producto, máxime en el género de opinión. Acirón, con rigor y mesura, lo logró.

            Fue liquidando etapas, la estrictamente periodística y la radiofónica, pero aportó su sello de seriedad a la televisión que aparecía y se expandía. En una etapa de madurez personal y plenamente volcado en la docencia universitaria, después de haber accedido al doctorado en Ciencias de la Información, anduvo también por los platós de Canal 8, donde dejó su huella profesoral en un permanente análisis de la actualidad, hecho desde el ángulo de la entrevista que alternó con debates y otros espacios.

            Si no estamos equivocados, ese es el último contacto directo, junto a su pertenencia al consejo editorial de La Opinión de Tenerife, el último ejercicio activo de Ricardo Acirón con los medios. Luego, se dedicó de lleno a la docencia en esa facultad que ya tiene veinticinco años y en donde ha prodigado su amor por la vida periodística y por la comunicación.

            Los antecedentes de la enseñanza universitaria, por cierto, hay que situarlos en el desaparecido -ya no tenía razón de ser cuando se creó la facultad- Centro Internacional para las Ciencias de la Comunicación (CICICOM), en el que hicimos varios cursos profesionales y en el que nos obsequió personalmente con la oportunidad de ser ponente en algunas convocatorias.

            La trayectoria de Ricardo Acirón va a ser justamente reconocida en el ámbito universitario. Director de tesis doctorales, autor de varias investigaciones y de unos veinte libros en los que analiza el mundo periodístico, algunos apartados históricos y su evolución en las islas, asume la condición de Profesor Honorario de la universidad lagunera que le permitirá seguir leyendo, produciendo textos, investigando, enseñando y dirigiendo. Ahora con tesis doctorales, con temas de investigación, desarrollo e innovación y con colaboraciones departamentales que seguro seguirán siendo de referencia para alumnos, profesionales y doctorandos.

            Es natural que no quiera irse. Como también lo es que el periodismo siga beneficiándose de su compromiso, de su entrega, de su obra y de su madurez. Gracias, profesor. Y enhorabuena.

LAS INCERTIDUMBRES DE UN NUEVO MODELO

Habrá que estar atentos a la Comisión General de Comunidades Autónomas que se celebra esta semana en el Senado, con participación del Gobierno de la nación. Después de una especie de tregua con el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, la norma reanuda su inevitable controversia con el análisis en la cámara alta de la incidencia que tendrá en el ámbito autonómico, concretamente en lo que respecta a la reasignación de competencias municipales en las autonomías. Todo parece indicar que esta primera gran cita de un debate que se prevé complicado servirá para ir delimitando posiciones no solo en la tramitación de la Ley sino en los modelos que los partidos políticos han concebido para el futuro de una cuestión  esencial en la vida político-administrativa de los españoles.

            Desde que se conoció el texto del anteproyecto, han abundado las críticas, principalmente centradas en que ni clarifica competencias ni evita duplicidades. A ello cabe añadir que, en contra de lo que se quiere, no simplifica la estructura de la administración local y no resuelve los problemas de financiación que tienen los ayuntamientos. Los propios alcaldes del Partido Popular (PP) no parecen contentos, aunque su capacidad de crítica pública esté razonablemente mermada: algunos, en cualquier caso, coinciden a la hora de señalar que estamos ante un serio ataque a la autonomía local. Y el Consejo de Estado, recordemos, emitió un dictamen que ha sido considerado por municipalistas, expertos administrativistas y muchos medios de comunicación como un varapalo a esta particular modificación legislativa del Gobierno para la que el Consejo pide una revisión en profundidad con el fin de proporcionar la debida coherencia en lo que concierne, precisamente, a las competencias y a la racionalización de la estructura organizativa local.

            Los socialistas han alertado de lo que puede ocurrir cuando se plasme la voluntad gubernamental, es decir, que las competencias en materia de salud, educación y servicios sociales sean ejercidas por las Comunidades Autónomas. Esto puede generar, en su opinión, un descontrol administrativo y financiero considerable.

            Independientemente de la fórmula que se adopte para el previsible traspaso de competencias, de consumarse este planteamiento estaríamos ante una clara invasión de aquéllas autonómicas que están debidamente consignadas en los respectivos estatutos de las comunidades. Las consecuencias, por ejemplo, serían que la prestación de los servicios públicos en municipios menores de veinte mil habitantes, además de significar una desaparición de las competencias municipales, es toda una incógnita, máxime si luego, las comunidades autónomas deben llevar a cabo delegaciones de competencias a los municipios. El galimatías se hace evidente en un escenario donde, según se interprete el texto legal, se puede dar la duplicidad en la prestación de un mismo servicio por dos administraciones diferentes.

            Si desde el punto de vista estructural u organizativo, la cosa se presenta complicada, no digamos desde el ángulo financiero. El Gobierno siempre habló de ahorro económico en el modelo que trata de implementar pero el dictamen del Consejo de Estado advirtió que los cambios de estructura no lo justifican. De consumarse los propósitos de la Ley, las comunidades habrán de atender unas competencias y prestar unos servicios para los que cuentan con financiación, es decir, se verán obligadas a replantear recursos presupuestarios, peligrando, lo más probable, su propia estabilidad. ¿Quién resolverá los contenciosos que, inevitablemente, van a producirse? ¿Quién garantiza el cumplimiento de los principios de cooperación interinstitucional? Si la respuesta es el Estado, estaríamos ante un retroceso del modelo autonómico, ante una recentralización que ojalá no perjudique a los ciudadanos como cabe augurar.

            En el Senado, con presencia de gobierno y oposición, y con participación de representantes de las comunidades autónomas, empezará a librarse una pugna de indiscutible importancia para entender el futuro modelo de funcionamiento del estado autonómico. Atentos, pues.

LACRA PREOCUPANTE

La crónica de sucesos se sigue nutriendo de agresiones a mujeres y crímenes que las tienen como víctimas, de modo que estamos lejos de acabar con un problema convertido en lacra: todos los intentos para crear una nueva cultura, para eliminar un comportamiento reprobable e indignante, flaquean cada vez que se produce uno de esos casos espeluznantes en que la mujer, y también en algunos casos sus descendientes, padece la peor parte. Está claro que hay que perseverar en las acciones para crear culturas y códigos de conducta sustancialmente diferentes, que nada tengan que ver con respuestas violentas o soluciones radicales que solo contribuirán a agravar cualquier situación y a fortalecer la imagen negativa de una sociedad que a estas alturas del siglo continúa sufriendo algo más que un déficit social, sobre todo porque no encuentra la manera de enjugarlo.

            Nadie dijo que iba a ser fácil, de acuerdo, pero la lacra no sutura, no es un  hecho aislado, reaparece en cualquier lugar, se ceba con personas vulnerables y en circunstancias caracterizadas a menudo por la debilidad y las carencias. Acaso sea esa la esencia del problema: en el origen de toda violencia machista está la desigualdad, seguro, y es ésta la que hay que erradicar. La desigualdad se ha transformado en un desafío generacional. En ese objetivo, la sociedad debe estar unida, su respuesta tiene que ser contundente con una sólida convicción y con una disponibilidad de recursos que sirvan para poner fin a tan lamentables y penosos episodios.

            Por eso, no es exagerado hablar de una rebelión ética contra la violencia y el machismo criminal. Si a la desigualdad aludida se unen el maltrato y la discriminación hacia las mujeres, nos encontramos con una realidad ante la que no se puede permanecer impasible ni en actitud resignada o conformista. Esa rebelión ética debe tener como divisa el respeto mutuo de modo que sea posible la convivencia en un espacio de libertad y autonomía, que sea ejemplar y en el que los comportamientos violentos no tengan cabida. Si las leyes y las medidas aprobadas o puestas en marcha hasta hoy han sido insuficientes, hay que madurarlas y avanzar en su aspecto cultural y preventivo. Si no, todos los valores y todos los principios éticos, todos los proyectos comunes y todos los esfuerzos en este ámbito saltarán hechos añicos.

            Más de setecientas mujeres asesinadas en nuestro país en los últimos diez años. La cifra es escalofriante. Flaquear en la lucha para acabar con la lacra -está comprobado que hay menos denuncias, luego la violencia queda intramuros- es la peor de las restricciones y de las insensibilidades que se puede transmitir desde las administraciones públicas. La sociedad tiene que estar percibiendo señales claras de lo importante que es prevenir, educar e integrar. Queda la esperanza de que las organizaciones de mujeres y otros agentes sociales que han abrazado esta causa no van a decaer.

EL TREN AVANZA

Habrá que aguardar a la materialización de la fórmula, en principio créditos bancarios concedidos en ventajosas condiciones a los propietarios de establecimientos hoteleros que dispongan de proyecto de remozamiento, pero lo cierto es que resulta difícil encontrar antecedentes de una identificación de empresarios hoteleros con la iniciativa de mejorar y modernizar su oferta como la que se advierte al socaire del Consorcio de Rehabilitación Turística del Puerto de la Cruz, en el que unos cuantos no creían pero que ahora -la coyuntura da la función- aparecen entusiasmados con los avances que se van produciendo: el último tren para relanzar el destino, dijimos desde su creación, aún en tiempos de Rodríguez Zapatero y Joan Mesquida. De verdad, nos alegramos de que se hayan subido los incrédulos.

            Bien. Y a la espera de detalles, se sabe que la rehabilitación hotelera precisa de una inversión de ciento veintitrés millones de euros. Hay treinta anteproyectos elaborados y aglutinados en torno a veintiséis convenios a suscribir con el Consorcio y el Ayuntamiento para el reposicionamiento del destino turístico, el que se conoce como Puerto de la Cruz Experience. La ejecución de estas actuaciones, viable a partir de los créditos a conceder por entidades financieras, servirá para garantizar el funcionamiento de las empresas, incluso para hacer viables nuevos modelos de negocio derivados de las tendencias del mercado. Y hasta para estimular al sector de la construcción. Estamos ante un salto cualitativo importante: a ver si con la realización se pone punto final a un cliché, a un viejo y manido tópico: los hoteles portuenses están obsoletos y no pueden competir en la captación de clientela, están en desventaja frente a los que disponen de instalaciones y prestaciones más vanguardistas.

            Parece que esta es la oportunidad de ir superándolo. De ahí que destaquemos la identificación de un empresariado receloso y renuente durante décadas, acaso porque creyera que la competencia no alcanzaría los niveles que luego exhibió con poderío. Bueno que ese empresariado vaya apreciando resultados, de modo que entienda bien el mensaje: hay que subirse al tren; pero, sobre todo, tras comprobar que la fórmula consorciada es positiva, estaba bien concebida y debe funcionar a poco que se acredite profesionalidad, trabaje con visión de futuro y administre bien sus recursos.

            Algunos ejemplos de primeras actuaciones en un proceso que llamaremos de reconversión deben servir de enganche para los demás. Es el programa Nosolocamas, del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Especializarse en turismo urbano, introducir incentivos en un inmueble que dada del siglo XVIII o alimentar los sueños de deportistas vinculados al mar son motivaciones que deben dar pie a otras innovaciones que, en su conjunto, cualificarán la oferta turística de un destino que lo tiene todo para ser atractivo desde todos los ángulos.

            Un destino diferenciado. Eso es lo que se persigue. Y de momento, el tren avanza.

MENUDA PROTECCIÓN

Tenía que notarse. Debía aparecer su sello inconfundible. Ya está aquí, para abonada controversia, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. No es que haya fallado el Gobierno con su autoritarismo y tal, que sí hay varios ejemplos. Pero faltaba la norma. Y ya ha aparecido, para preocupación general. Como que en algunos sitios de redes sociales ya ha sido bautizada: Ley de vagos y maleantes (II).

Aquel símil de la patada en la puerta, cuando Corcuera era ministro de Interior y el terrorismo golpeaba con saña, se queda corto. En síntesis, ciudadano que proteste, que se atreva a protestar, será considerado, poco menos, enemigo público número uno. Ni escraches ni alteraciones de orden público ni concentraciones ante instituciones o infraestructuras relevantes: las sanciones, para que duela la cosa, pueden alcanzar los seiscientos mil euros.

Hasta el botellón, oiga, acarrea penalización. Qué botellón: ni los mendigos escapan. Los pobres, como si no tuvieran bastante con lo que arrastran, suscitan la contradicción: hasta 750 euros costará la mendicidad en la vía pública.

Algunos estarán contentísimos porque la nueva Ley supera con creces el golpe de timón que añoran cíclicamente. Ahora sí, ahora pedirán que funcione el Estado de derecho. Ya tienen normas a la medida. ¿O será que el Gobierno lo que busca es precisamente eso? O sea, una sociedad anestesiada, maniatada, desmotivada y atemorizada.

Menuda protección.

VILLA, ESE DIRECTOR

Tenemos por norma no meternos con los compañeros de oficio o profesión. Nos lo enseñó un viejo maestro que nos guió, sobre el terreno, en los primeros años de la formación autodidacta. Por mucha razón que hubiera o por muchas ganas que se tuvieran a raíz de alguna publicación. Ni por alusiones, decía aquel director de voz recia y profunda, aún en pleno franquismo. No le iba siquiera el principio de callar y otorgar; prefería que cada quien opinase y luego cargase con una más que probable sensación de aislamiento o desprecio. Era una suerte de "dejen hacer, dejen pasar…" que servía para que se cumpliera lo de no comer carne de perro o lo de bomberos que no deben pisarse la manguera tratándose de la misma profesión. Y era una elegante forma de no hacer caso para que la otra parte se olvidara y no reincidiera. Una forma, en fin, de darse a respetar.


Hemos cumplido razonablemente con esa máxima y queremos seguir fieles a ella pero la trascendencia de lo ocurrido con el director de la radiotelevisión de Castilla La Mancha (RTVCLM), Ignacio Villa, a raíz del tratamiento dispensado a un caso de machismo criminal en una localidad de Guadalajara, hace que la rompamos por considerar inasumibles los planteamientos que hemos podido seguir, especialmente las explicaciones dadas por el periodista, supuesta justificación del tratamiento señalado. Nada que objetar a que el señor Villa profese la ideología que abraza y hasta que presuma de ella si lo desea y se siente así plenamente realizado. Tampoco es cuestión de darle lecciones a tamaña autoridad periodística desde esta humilde tribuna de opinión. Al contrario, solo le invitaríamos a reflexionar sobre lo ocurrido, a que repasara la secuencia e hiciera autocrítica -cuánta falta hace, director, en esta bendita profesión- para intentar concluir que el responsable de un medio público no puede conducirse de esa manera.

Especialmente por su intervención en la comisión parlamentaria correspondiente a raíz de lo sucedido. Sus justificaciones iniciales (impecable, pedagogía, sensibilidad social.., qué barbaridades tan temerarias) al tratamiento dispensado al suceso responden al estilo o la vieja táctica del Partido Popular y de sus gobernantes, que van más allá de argumentar y negar sino que consiste en decir justamente lo contrario de lo que se cuestiona o reprueba: que dicen que la Ley segrega, pues nosotros afirmamos que aglutina; que se van a privatizar los servicios públicos, pues nosotros decimos que los ciudadanos se verán beneficiados con prestaciones de más calidad… Y así sucesivamente.

Pero que, tras las supuestas justificaciones, se desgranaran aquellas expresiones atropelladas e incontroladas, fanfarronadas y bravuconadas, propias de un basilisco, hasta el punto de que el presidente de la comisión le llamara al orden y le pidiera respetuosamente que moderara su lenguaje, reveló que estamos ante un profesional que ha perdido los papeles, un ser desquiciado, un responsable mediático que no es capaz de autocontrolarse ni de medir las consecuencias de una intervención como aquella ni ser consciente de lo que significa comparecer en residencia parlamentaria. Viendo aquella reacción cabe colegir dos cosas: o seguía enrabietado porque la pieza del crimen -cierto, convertida en casquería- le disgustó y era una muesca más en su ya larga carrera de sesgos y desaciertos; o estaba completamente convencido de que no había hecho mal y quería, aunque fuese con una dialéctica dislocada y atrabiliaria, corroborarlo.

Allá Villa con su conciencia y con su deontología particular. Pero que sea consciente de que la violencia de género precisa de un tratamiento mediático no diferente, sino digno. Por respeto a las víctimas y sus allegados, sin necesidad de tener que compararlas. Que repase -no le va a doler sino a ilustrar- el comunicado del comité de empresa de RTVCLM, en el que denuncia un perfil informativo del suceso con estos adjetivos: amarillista, humillante, hiriente, macabro y desagradable. Ni más ni menos. Que estudie desapasionadamente los índices de audiencia del canal para determinar las causas de su galopante pobreza. Que repase también -o igual no le hace falta porque la inspiró él y se trató de una impostura para salir del trance- la intervención de la presidenta de la Comunidad Autónoma en la que anunciaba una televisión plural, sostenible y veraz. Y, en fin, que estudie a los clásicos de la oratoria parlamentaria, que igual se le pega algo de la cortesía en la que basaron su ejercicio y su credibilidad.

Y que nos perdone por haber roto la máxima del viejo maestro. Razones había, desde luego.

FIEBRE CENSURANTE

La abundancia de censuras abunda en la inestabilidad de la política canaria, principalmente en el ámbito de las instituciones locales. Desde que las agitara José Carlos Mauricio, allá por 1991, en el Cabildo de Gran Canaria, para desbancar a Carmelo Artiles, la utilización excesiva de la figura, absolutamente legal y concebida para corregir o mejorar el funcionamiento de los gobiernos y sus órganos, va degenerando y termina por causar repulsión. Una ciudadanía bastante harta de la política, hasta el punto de haber casi agotado el depósito de la credibilidad, tiene que soportar encima los vaivenes de las ambiciones políticas y de los personalismos, los juegos de poder convertidos en caprichos, las incoherencias y los cambios de rumbo en pleno mandato. Lo que supone esto último es también otra de las cargas que hay que sobrellevar.

     Ni siquiera las modificaciones legislativas encaminadas a superar imperfecciones y los intentos de los principales partidos políticos para arrinconar el transfuguismo y su perversa intervención, que ha llegado a adulterar el sentido expresado por la voluntad popular en las urnas, han frenado la fiebre de las censuras que posibilita, téngase presente, las más insospechadas alianzas que ponen al desnudo, por cierto, las incoherencias ideológicas.

     Unos más que otros, casi todos los partidos han padecido las consecuencias de las censuras, a veces en el curso de un mismo mandato. Y eso que la desmemoria juega a favor: donde las dan las toman, pero apenas se esgrime o se habla de revancha. La praxis hizo que en algunas de ellas hubiera episodios insólitos de cargos públicos amenazados, otros escondidos, otros huidos y otros bloqueados. Sin que sea un jeroglífico, con el paso del tiempo se descubren los móviles de la iniciativa y hasta los intereses que la inspiraron.

     Pierden los ciudadanos. Desde casi todos los ángulos, sí. Aunque no se quiera, aunque se fuerce en sentido contrario, la máquina administrativa sufre, cuando menos, una ralentización. Hasta que recupere el ritmo normal, pasa un tiempo y un inevitable proceso de adaptación. Pero la toma de decisiones, entre los rumores, las presiones, las expectativas, las informaciones, las especulaciones, la presentación, la convocatoria y la celebración del pleno donde ha de materializarse el cambio, se resiente. Un cambio de rumbo, vuelta a empezar. Censurantes y censurados dicen tener presente a la sociedad a la que se deben, pero es difícil evitar la crispación. El cisma se hace pueblo y habita en él, con heridas que ojalá suturasen cuanto antes. En eso también sale perdiendo. ¿O es que tras alguna censura de las que se conoce se ha obrado algún milagro?

DUELE EL BOLSILLO (¿AH, SÍ?)

Ha pasado bastante inadvertido el acuerdo adoptado, en su última sesión, por el pleno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, relativo a la supresión de todas las bonificaciones de las ordenanzas fiscales, excepción hecha de las obligatorias por ley. Suele ocurrir. Entre la apatía, la escasa información, los deseos interesados en pasar de puntillas y la desmotivación, más las pocas ganas que se tienen de protestar, hay medidas que, aun significando en la práctica un encarecimiento en el abono de servicios públicos y, por tanto, en determinadas utilidades o condiciones de vida, se despachan sin mayor repercusión que la de una referencia periodística a su aprobación. Ni siquiera el período de exposición pública será aprovechado como se debiera. Duele el bolsillo -¿ah, sí?- pero da igual: luego, cuando ya no haya nada que hacer, vendrán las protestas y los lamentos inútiles. Ni el derecho al pataleo servirá.

            Lo cierto es que, amparándose en un Real Decreto que teóricamente trata de sustentar a entidades locales con problemas financieros (a costa de los contribuyentes, faltaría más), el pleno portuense, con los votos del gobierno (CC+PP) -la oposición, unida, lo hizo en contra- , acordó finiquitar los descuentos que para pensionistas, jubilados y desempleados que ingresaran menos del salario mínimo, llegaban a ser del 50% a la hora de abonar la tasa por la recogida domiciliaria de basuras. Punto final también a las reducciones que se aplicaban a quienes instalaban tecnología para aprovechamiento de la energía solar. Se acabó, asimismo, la reducción del 50% en el Impuesto de vehículos clásicos o dotados con motores eléctricos. Y ya puestos, adiós a las bonificaciones en las inscripciones en la Universidad Popular Municipal ‘Francisco Afonso’ y en la Escuela de Música.

            Pero, del acuerdo eliminatorio del gobierno local, sobresale -y duele, vaya que sí- otro apartado: el que afecta a los precios de acceso al complejo turístico ‘Costa Martiánez’ (Lago). Los naturales y residentes pasarán a pagar un 83% más sobre las tarifas cuya vigencia termina a finales del presente año. En términos absolutos: los mayores de diez años abonan 3 euros. La entrada, con esta medida de CC+PP, pasará a costar 5,50. De esta forma, se acaba una compensación histórica: cuando la playa Martiánez fue arrebatada al pueblo para construir el complejo -con el paso del tiempo, un sostén indiscutible de la economía local-, las últimas corporaciones preconstitucionales decidieron rebajar el importe del acceso a las instalaciones a los naturales y residentes que lo acreditasen. Los ayuntamientos democráticos perseveraron en la medida. Curioso: salvo error u omisión, el actual alcalde participó de los dos acuerdos. Bonificar y suprimir. Una ironía más del destino político.

            Está claro que los nuevos precios tienen mucho que ver con la concesión administrativa (privatización, para entendernos) que prepara el gobierno local ya sin disimulo. Lo descubrimos en su momento y logramos frenarlo. Se trata de preparar las condiciones para quienes aspiren a disponer de la joya de la Corona. Ojalá que no resulte un fracaso más que añadir a la desgraciada -por los resultados- política de privatizaciones que durante los últimos años se han sucedido.

            Pero ni por el Lago protestan los portuenses. En el pleno, los grupos de oposición hablaron de medidas injustas, impopulares y empobrecedoras. Pero poco más ha trascendido, cuando parece evidente que se trata de una baza política para rescatar a una ciudadanía anestesiada, para despertar las conciencias y luchar contra el acriticismo y el conformismo timorato que, salvo alguna excepción, se han instalado en casi todo lo que concierne a la política municipal.

            Quizás por esas mismas razones, una información no desmentida como es que la deuda del Ayuntamiento se ha incrementado en 47 millones de euros en diez años, pasando de 13 millones en 2003 a 60 en nuestros días, sea también objeto de pasotismo social. Como si no repercutiera en las propias opciones de la institución y de los ciudadanos que la sostienen.

   

CUANDO GALINDO QUISO DESENTERRAR EL HACHA

Fue integrante de aquel Puerto Cruz llamado “el pequeño Real Madrid”, el equipo que brilló en el fútbol regional después de lograr un controvertido ascenso a la Primera categoría. Cuentan que empezó jugando como delantero hasta que alguien -puede que Roberto Hernández Illada-descubrió sus cualidades como defensor, especialmente a la hora del cruce, y ya se consolidó en esa línea, bien lateral bien central. Era contundente, recio, con una personalidad en la cancha que se advertía apenas saltar a ella.

            Tomás Galindo Ríos sobresalió, en efecto, en el C.D. Puerto Cruz de los sesenta. Aunque también protagonizó un sonado traspaso a la U.D. Icodense, hasta el punto de que aquel fichaje fue considerado como el que rompió las reglas no escritas del fútbol regional, en el que se jugaba mucho por amor a los colores y se basaba, naturalmente, en valores de la cantera. Un empresario de la ciudad del Drago quebró esa línea e incorporó a Galindo y a otros jugadores, incluso procedentes de Gran Canaria, abriendo de hecho un mercado que hasta entonces no existía como tal.

            Galindo, junto a Tito en la portería y flanqueado por Alberto Hernández y Elfidio García para completar la defensa, destacó por su contundencia. Era expeditivo, elegante y muy seguro en el juego aéreo. Fue titular indiscutible con varios entrenadores pues era uno de los garantes defensivos, tanto en El Peñón como en otros campos.

            Se le atribuye una curiosa anécdota. Se jugaba en Los Cuartos un Orotava-Puerto Cruz de plena rivalidad. Con el marcador igualado y los ánimos muy caldeados, los portuenses se adelantaron en el marcador y el juego se endureció. Del Pino recibió una dura entrada, Venancio Martín salió a atenderle y cuentan que Galindo se acercó al banquillo y se dirigió al entrenador con una pregunta que escucharon incluso los espectadores más próximos:

            -¿Desentierro el hacha don Godoy?

            Godoy era el célebre entrenador de Las Palmas que revolucionó el fútbol local. Le recomendó:

            -¡Hombre, Galindo! Aguante un poco.

            Pero comoquiera que seguían las entradas duras entre los futbolistas y cuando se iba a lanzar un córner, el jugador se dirigió de nuevo al banquillo casi implorando:

            -¡Déjeme irrrr, don Godoy! Déjeme…

            Una vez retirado, siguió jugando en equipos de aficionados en los que, aún mermado de facultades, aportó su seriedad y su experiencia.

            Galindo falleció ayer en su ciudad natal. Hoy recibirá cristiana sepultura en el cementerio católico de San Carlos. Descanse en paz.

REDUCIR DESIGUALDADES

Integrar en un impuesto los ingresos por rentas del trabajo, del capital y la valoración del patrimonio, con el fin de gravar a cada contribuyente de acuerdo con su capacidad económica real para contribuir es una de las medidas que el PSOE quiere aplicar para reducir las desigualdades económicas.

Extraída de su pasada Conferencia Política, se incluye en una denominada Agenda contra la Desigualdad para reimpulsar políticas que ayuden, al menos teóricamente, a superar las brechas que se han venido abriendo en la sociedad española a lo largo de los últimos tiempos, derivadas de la crisis pero también de determinaciones de un ejecutivo conservador al que no ha importado profundizar en las mismas con tal de que los sectores que lo apoyan mantengan un estimable nivel de contento.

Esa integración de las rentas del trabajo, del capital y de la valoración patrimonial representa una aproximación al equilibrio y a la realidad: que pague quien más tiene. Naturalmente, la medida debe ser una de las que caracterice una reforma fiscal que propicie un aumento de la recaudación y garantice los recursos necesarios para mantener el Estado del bienestar.

Además, la reforma del Impuesto de Sociedades y la creación del Impuesto de Transacciones Financieras han de robustecer la lucha contra el fraude fiscal, algo en lo que se viene incidiendo dadas las cifras que se viene manejando y la dudosa eficacia de las medidas aplicadas hasta ahora para combatirlo.

Directamente conectada con la integración de la que hablamos al principio, figura también  la eliminación o la drástica reducción de deducciones fiscales que se han mostrado regresivas y poco productivas, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto de Sociedades.

El caso es que la desigualdad cada vez más contrastada en nuestra estructura social necesita ser superada con políticas claramente progresistas. De lo contrario, aumentarán las brechas y el empobrecimiento será mayor.

INFLEXIÓN DE LAS TELEVISIONES PÚBLICAS

Las circunstancias que concurren en Canal Nou, la televisión de la Comunidad Valenciana, han puesto al desnudo problemas, condicionantes, miserias y confesiones discutibles y extemporáneas de la profesión periodística pero también han reabierto el debate sobre el modelo de las televisiones públicas en el país. Las reacciones posteriores, desde un cierre decretado por el Gobierno de la Generalitat y el apoyo de un ministro a la medida, hasta la resistencia de los trabajadores y el clamor popular para que se mantenga abierto el canal hacen aún más complicadas la situación presente y las perspectivas de futuro.

Cuando el cierre de la televisión pública griega, el pasado mes de junio, anulado -recordemos- por el Consejo de Estado, una especie de Tribunal Supremo Administrativo, se constató por la Federación Europea de Periodistas (EFJ) que la decisión de ejecutivo heleno era un monumento al absurdo. Por consiguiente, escribimos entonces, se trataba de un duro golpe a la democracia, al pluralismo de los medios de comunicación y al periodismo, cada vez más duro de ejercer en los tiempos que corren.

Los acontecimientos fueron aprovechados por los detractores para apuntar que en nuestro país y en nuestra comunidad debía hacerse, poco más o menos, lo mismo. También dijimos entonces que estas explicaciones desembocaban en el estuario demagógico: consecuencias de ahorro en el sector público, destino alternativo de los recursos previstos para tal fin y favorecimiento de la iniciativa privada. Ni la más mínima consideración, por supuesto, del carácter del servicio público y del desempleo automáticamente engrosado. Curiosamente, el actual presidente de la Comunidad de Valencia, Alberto Fabra, hizo una infeliz declaración para valorar las consecuencias de la anulación del ERE por parte de la Justicia: tenía que haber pensado y obrar consecuentemente en su momento, es decir, impedir el cierre de colegios o centros sanitarios cuando aún podía su Gobierno seguir manejando a su antojo los hilos de la radiotelevisión pública levantina que, tal como se ha trascendido, era moneda corriente. Y sin escrúpulos.

Y entonces llegamos a la cuestión del modelo. Las televisiones autonómicas, y posteriormente las locales (aunque éstas, en  su mayor medida, de titularidad privada) nacieron con vocación de cobertura cercana, de enriquecimiento de la oferta audiovisual, de divulgación de los valores etnográficos, históricos y culturales, del cuidado de la difusión de lenguas distintas al castellano, de fomento de la industria audiovisual del entorno más próximo y hasta de propiciar -como es el caso de la Ley que regula la creación de la televisión canaria- un servicio educativo en determinadas franjas horarias. La experiencia indica que esos objetivos, en gran medida, pasaron a mejor vida. La conquista de índices de audiencia y la competitividad, no siempre bien entendida, desnaturalizaron aquellos propósitos.

Entonces hubo que ajustarse a las aristas del negocio y a las exigencias de los mercados, administrado todo ello con las injerencias políticas y sus derivadas. Las cuentas de resultados y la sucesión de algunos escándalos terminaron por menoscabar la credibilidad del medio. Y la crisis terminó de agudizar o extremar la situación: reducción de producción, restricciones de todo tipo y hasta el cierre del segundo canal, allí donde lo tenían.

Hasta que ha estallado Valencia. Y entonces habrá que replantearse algunas cosas pero incidiendo en la prestación de servicio público para sustanciar el modelo o los modelos que se afronten. Los actuales y futuros responsables de medios de comunicación de titularidad pública ya saben que se acabó el derroche, que hay que racionalizar los gastos y encontrar fuentes o vías de financiación alternativas. Tales medios deben volver a los orígenes de su concepción si quieren sobrevivir. Dicho de otro modo: admitamos que son necesarios, que pueden y deben ofrecer en su programación aquello que otros canales generalistas no harían o lo harían de forma incompleta. Los ejemplos de los siniestros o de las emergencias o de acontecimientos socioculturales servirían y se ajustarían al servicio público del que hablamos. Es ahí donde habría que poner el acento, entre otras cosas, para estar informados y para salvar el empleo presente. El paraguas de lo público ha de servir para eso, para dar cobertura, de forma sostenible, a los valores propios y la actualidad más cercana. Eso sí: con buena y transparente administración y sin tentaciones de instrumentalización a conveniencia.

Lo ocurrido en Valencia, a la espera de la evolución de las repercusiones, tiene que ser, desde luego, un punto de inflexión.

RELEVO

Francisco Linares sustituye a Isaac Valencia, el alcalde invicto, al frente del Ayuntamiento de La Orotava. Treinta años de hegemonía política y siete mayorías absolutas tienen un nuevo rostro. Era, si se quiere, la crónica de un relevo anunciado: solo alguna duda en el pasado, cuando Juan Donis tenía legítimas aspiraciones y parecía disputarle la sucesión, quedó definitivamente aparcada. El propio Donis, ejerciendo ya como portavoz de su grupo municipal, lo dejó caer en alusión a su compañero de filas: “Nacido para ser alcalde”. Linares se lo ha venido trabajando, principalmente a lo largo del presente mandato, cuando ha oficiado sin reservas, cuando ha sido alcalde en lugar del alcalde, si se nos permite la licencia.

            Pero, asegurada sin sobresaltos la continuidad en el escenario político, probablemente en el momento más adecuado, y dando por sentado que Linares volverá a ser candidato en 2015, no es menos cierto que se inicia un nuevo ciclo político en el que se pone a prueba la misma capacidad de los nacionalistas orotavenses, ahora que Isaac no está. Aun contando la solidez de la estructura local de Coalición Canaria y su implantación en barrios y núcleos de la Villa -otros partidos están a años luz de esa circunstancia-, la verdad es que en Valencia hubo una referencia personalista considerable a la hora de decidir quién encabezaba el gobierno municipal. Aceptando que el estilo -y a su modo, el carisma- del anterior alcalde forjó simpatías, confianza y hasta lealtades, ello se tradujo en respaldos electorales indiscutibles. El propio Isaac Valencia, en su intervención de apertura de la última feria de Pinolere, lo dijo sin tapujos, como si de un aviso para el futuro alcalde se tratare.

            Pero ya no está el alcalde invicto y puede que ciertas ataduras queden liberadas. Hay muchos antecedentes: gente que ya no se siente obligada, a la que no gusta el continuismo, gente que recela y aprovecha para producir un cambio y casos en los que hasta se pierde el miedo.

            En esas coordenadas empieza a librarse la incertidumbre del futuro inmediato. Bueno, en esas y en las que sean capaces de trazar los partidos que compitan con Coalición Canaria que, hasta ahora, han visto caer uno tras otro sus sucesivos candidatos y tienen en común la imposibilidad de haber arrebatado la mayoría absoluta. El conservadurismo villero también se inclinó desde 1983 por otorgar su confianza al nacionalismo devenido del ‘localinsularismo’ y las izquierdas van venido desangrándose sin visión de futuro ni generosidad política ni respiración asistida siquiera para una opción común experimental. Puede que en los análisis teóricos se tenga presente ese hecho: que sin Valencia, el escenario es distinto y que las oportunidades, aún sin abanico, se incrementan.

            Pero para eso, para pensar, por ejemplo, en una pérdida de la mayoría absoluta, hay que trabajar mucho y persuadir más. Conscientes, ante todo, de que los recursos del rival no son moco de pavo.

MEJORES CIFRAS

Entre el pesimismo enquistado y la desacostumbrada información sobre la situación laboral del municipio, los datos publicados en Diario de Avisos de hoy abren una ventana reparadora. Fuente: el Servicio Público de Empleo del ministerio de Empleo y Seguridad Social. Según sus registros, el Puerto de la Cruz se convierte en el municipio que, durante los primeros nueve meses del año, genera más contratos en el sector servicios, industria y construcción del norte de Tenerife, con una media de 1.531 nuevas contrataciones al mes. En términos totales, en el mismo período del presente año las contrataciones alcanzan la cifra de 13.780. A escala provincial, el Puerto se sitúa en un quinto puesto en lo que concierne a la creación de puestos de trabajo en los distintos sectores, pero muy especialmente en el ámbito turístico.

Dicho así, hay que congratularse. Si los índices de ocupación conocidos en su día se contrastan con el movimiento y la ambientación en calles y plazas, hay un repunte de la actividad económica y un aumento del consumo que son hechos positivos. Otra cosa será comprobar la calidad de ese empleo creado, si estamos en la tónica de la precarización habitual o por el contrario hay una tendencia a la estabilidad o la fijeza en función de rendimientos empresariales y de expectativas del negocio turístico a corto y medio plazo.

Según la firma ‘Turismo de Tenerife’, el número de visitantes alojado en la ciudad durante el pasado mes de septiembre se incrementó un 4,4% con respecto al mismo mes del año pasado. Buen dato, claro que sí, que viene a confirmar una cierta recuperación cuyas causas conviene analizar sin euforias ni apasionamientos. Es decir, si nos estamos beneficiando de la situación de inestabilidad social en ciertos destinos; si los registros de ocupación obedecen a excedentes del área sureña insular; si las acciones que se están llevando a cabo están siendo tan atractivas como para realmente captar nuevos segmentos de clientes.

Parece importante, en cualquier caso, que el sector privado despierte, que empiece a moverse sin estrecheces y que consolide su capacidad de iniciativa para hacer valer su peso en el conjunto de la productividad económica de la ciudad. Es el momento de que ese análisis comporte no solo el aprovechamiento de recursos sino las repercusiones en determinados mercados. Es también momento para reflexionar sobre los precios, para estudiar a fondo si otra política es posible, revalorizando así un producto que tiene mucho de aprovechable con su historia, su madurez y su experiencia, pero también con una voluntad de innovación y cualificación que ahora parece despuntar.

INCONGRUENCIAS DEMOSCÓPICAS

En fechas previas a la Conferencia Política del PSOE, se dan a conocer los resultados de la encuesta de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Nada es casual en política, ya se sabe. Pero bueno, lo cierto es que, independientemente de las interpretaciones, de las intenciones de voto y de las valoraciones de líderes, hay algunos registros que son significativos y que, en sí mismos, entrañan una contradicción y hasta una paradoja.

Porque no se comprende, por ejemplo, que si el 87% de los encuestados responde que los impuestos no se cobran con justicia, porque no paga el que más tiene; o que un 63% diga que hay mucho fraude fiscal en nuestro país y que el 67% considere que la Administración hace un esfuerzo escaso para combatirlo, luego exprese su confianza en quienes son los responsables de esos hechos.

Si el 58% de la población consultada por el CIS señala que la sociedad, en general, se beneficia poco de los impuestos que paga, y un 11% considera que no se beneficia nada, hay que abundar en la misma impresión. Porque en este mismo capítulo, el 67% cree que el Estado da menos de lo que los ciudadanos pagan con sus impuestos.

En esos conceptos, y en las consiguientes respuestas, se palpa el malestar de los ciudadanos o la percepción que tienen de la prestación de servicios, de la evolución de problemas y del funcionamiento de organismos o administraciones públicas.

Y uno parece advertir ciertas incongruencias. O será que cuesta identificar a los responsables de lo que no va bien. Y a la vista está que es mucho.

CONFERENCIA POLÍTICA

Hora decisiva esta semana para el socialismo español. La Conferencia Política llega en unos momentos de notable incertidumbre para el partido y para su secretario general que ha venido sufriendo lo indecible a lo largo de los últimos meses, desde fuera y desde dentro. Solo un político de la talla y de la experiencia de Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien el peso de su pertenencia a gobiernos pasados le resulta muy gravoso, podía resistir las tormentas desatadas en distintos frentes mientras él se esmeraba en implantar un modelo o un estilo de hacer oposición que debió ser mejor secundado desde las propias filas.

     Pero ahora toca cruzar el Rubicón de una Conferencia Política que se supone ha de marcar un antes y un después en la historia de la organización. Antes, dos piramidales reveses electorales y sus secuelas, con todas sus variables, incluidas las orgánicas, en el marco de un creciente proceso de desafección política, aunque es el PSOE el que parece cargar con los mayores rechazos, solo superados con políticas progresistas e identificables allí donde quedan sus reductos de poder, autonomías e instituciones locales. Después, con un propósito de consolidar un corpus ideológico capaz de sortear los límites acotados de un programa electoral, es decir, rearmar un andamiaje y diseñar un modelo que tenga vocación de perdurabilidad al menos durante una década.

     Un, un, un… es decir, todo o bastante indeterminado, más allá del apremio de las elecciones internas o primarias, con sus reglas y derivados. Pero es lo que toca y de ello han de ser conscientes quienes participen en la Conferencia y quienes serán los receptores de sus resoluciones, entre ellos, probablemente, los nuevos integrantes, o sea, los afiliados directos (teóricamente el que no participa en la vida de las agrupaciones de base) y los militantes 2.0, todo sea con tal de ampliar la base social del partido.

     Que sean conscientes, desde luego, de la que debe ser una hora histórica. Se trata, hablando de Rubicón, de un paso decisivo arrostrando un riesgo. En unos momentos en que la política precisa de nuevos esquemas, de otras formas de pensar y obrar, sobre todo cuando la ciudadanía no perdona ni los gestos, esta convocatoria debería ser ejemplo futuro de democracia, participación y transparencia. Si no, difícilmente el socialismo volverá a estar en la vanguardia política.

CARMEN MAURA, ACTRIZ PORQUE SÍ

“Por primera vez en mi vida, tengo la sensación de que es imposible que me muera de hambre, de que no tenga una persona con quien hablar o de que no tenga un sitio donde dormir. Es apasionante. La gente te habla de primeras, como de siempre”.

Son palabras de la actriz española Carmen Maura, extraídas de una entrevista publicada en Diario de Avisos en febrero de 1982. Son absolutamente coherentes con las que dijo en ocasión de recibir el premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián, entregad por Álex de la Iglesia quien la dirige en uno de los grandes títulos de la temporada cinematográfica, Las brujas de Zugarramurdi.

Carmen Maura dedicó el premio a sus padres y a sus dos hijos y confesó sentir una emoción especial: “Desde que llegué -dijo- he sentido el cariño de la gente que me ha felicitado con una alegría que me ha llegado al alma”. El premio Donostia, primero que recibe una mujer, se une a sus cuatro Goyas, un César, un Premio de interpretación en Cannes, dos premios del Cine Europeo y una Concha de plata, distinción del propio Festival de San Sebastián.

“Fue como un milagro -siguió explicando. En diez minutos, en un día tonto, dije voy a ser actriz”. Tenía, en esa fecha tonta, veinticinco años. Desde entonces, alternando con platós televisivos, fue amasando una carrera de actriz teatral y cinematográfica en la que se contrasta su nivel profesional.

Aquel que acreditó en el célebre programa televisivo de Fernando G. Tola, “Esta noche”, en los años ochenta. “Nena, tú vales mucho”, se convirtió en una frase tópica con la que se identificaba su desempeño de entonces.

Carmen Maura viajó entonces a Tenerife para presentar la gala de elección de la reina del Carnaval capitalino. Se alojó en el hotel Botánico. La entrevista tiene su anécdota: la había concertado Carmen García de Vinuesa, Cuca, que entonces oficiaba como directora de relaciones públicas del establecimiento. Cuando terminamos y casi nos despedíamos, la escritora, que había sido jefa de prensa de Manuel Fraga, sonrojada y balbuceante, dijo:

-Ay, Salvador, te íbamos a invitar a cenar pero ya sabes que en el comedor del hotel se exige chaqueta. Y como has venido tan veraniego…

Pues no cenamos sino que quedamos con unos frutos secos, unos sándwiches y unos pasteles en la cafetería del hotel. Y seguimos hablando de cine, televisión… y carnavales. La actriz que se lo propuso en un día tonto seguía haciéndose.

Ver AQUI la entrevista completa a Carmen Maura, publicada en Diario de Avisos el 21 de febrero de 1982 

A CUENTA DE LA HERENCIA

Suele recurrirse, en el debate político, a la herencia recibida, para justificar condicionantes, estancamientos o expectativas de gestión seriamente defraudadas. La culpa, de quien nos precede. Y ahí surgen contradicciones, ventajismos y debilidades argumentales. Suelen hacerse balances comparativos desacompasados o mal establecidos temporalmente que propician verdades a medias, inexactitudes y diagnósticos insostenibles.

            La salida de la recesión del país, con todas sus bendiciones oficialistas, ha sido un buen ejemplo: ese 0,1% positivo en un trimestre, después de un largo período de penurias cifradas negativamente -sacrificios y restricciones para terminar desmantelando el Estado del bienestar-  es un dato que el Gobierno, tan necesitado de demostrar que sus políticas son las que convienen y tan propenso a proclamar que este avance es gracias a nosotros, ha tratado de exprimir a su favor sembrando incluso la confusión que tan bien le viene en el río revuelto de una opinión pública desigual y desconcertada.

            Pero hay algunos matices que invitan a no lanzar cohetes porque, adecuadamente analizados, vienen a desembocar en el mismo delta que Mariano Rajoy y su gabinete se encontraron al acceder al poder tras las elecciones de 2011. Por ejemplo, haciendo caso al Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interior Bruto (PIB) del año 2011 registró un crecimiento del 0,7% que, tras un proceso posterior de revisiones y cambios de cálculo, se redujo a un definitivo 0,1%. El Banco de España, a finales de octubre pasado, señaló que, por primera vez desde que gobierna el Partido Popular, el PIB registró un trimestre en positivo, ese crecimiento del 0,1% al que estamos aludiendo. Si el PIB interanual, atendiendo a las mismas fuentes, se mantiene en un -1,2%, es evidente que se sigue estando lejos del porcentaje con el que el actual Gobierno inició su andadura.

            Por lo tanto, difícilmente se aceptan euforias en declaraciones y derivadas de ciertos titulares cuando, comparativamente hablando, cabe dilucidar si lo que era malo, si la sustancia de una herencia que algunos llamarían envenenada, es decir, un 0,1% de PIB en un año, ahora la misma cantidad, ceñida a un trimestre, se convierta en un éxito relevante hasta el punto de apuntar que la economía española no solo sale de su estancamiento sino que empieza a volar alto. La contradicción resulta flagrante y pone al desnudo los apremios gubernamentales aludidos.

            Haría bien el ejecutivo en mostrarse más cauto. Sobre todo, después de que, en su informe, el Banco de España haya señalado que los bajos niveles de renta, el todavía elevado endeudamiento privado y las perspectivas poco favorables del mercado laboral “no permiten prever una recuperación sensible del consumo a corto plazo”. Los datos, desde luego, reflejan que la economía no está mejor de cómo se la encontró y el déficit público es mayor del que se registraba en diciembre de 2011.

            Cautela y cuidado con descalificar la herencia. Procede.

LA PEÑITA, 70 AÑOS

En La Peñita, expresión común coloquial con la que se identifica a la iglesia y a la parroquia del mismo nombre, andan de conmemoración. 70 años se han cumplido de la declaración como parroquia de aquella pequeña ermita emplazada en el mismo corazón de uno de los sectores más llamativos y poblados de la ciudad. Probablemente, nadie mejor que el investigador e historiador portuense, Eduardo Zalba González, para glosar la efeméride. Lastimosamente, nos perdimos su intervención, que seguro estuvo pletórica de datos y referencias a la historia de este templo en el que hay registrados miles de matrimonios y bautismos.

    Pero La Peñita ha sido también un centro polivalente de dinamización social desde que finalizó su reedificación, allá por los años 70 del pasado siglo, obra en la que volcó notables energías el padre Francisco, uno de los párrocos. En la planta inferior de la iglesia, con acceso desde la calle del mismo nombre, quedó un amplio salón parroquial que ha sido utilizado para distintos menesteres, entre ellos el de tanatorio. Allí también hubo oficios mientras remataban los trabajos de la nueva iglesia. Y ensayaron grupos corales. E hicieron los preparativos de las alfombras del Corpus. Y hasta es probable que se haya hecho algún festival lírico-musical incluido en las fiestas del mes de septiembre. En La Peñita, además, leyó su pieza algún pregonero de la Semana Santa portuense.

    Para los portuenses siempre fue un lugar entrañable, no menos solemne, desde luego, que la Peña de Francia de donde, por tamaño, parecía derivar su nombre. La imagen de la Virgen viene saliendo en procesión por las calles del barrio, cada año, cuando el verano declina. Otro párroco, el padre Lucas, de grato recuerdo, se empeñó en que todas las celebraciones, tanto en el templo como en el exterior, tuvieran rigor y seriedad. Le concedía, por cierto, alto valor, a la hermandad del Calvario que sale, puntualmente, con su llamativa vestimenta y con un nutrido grupo de nazarenos o capuchinos, en cada Semana Santa.

    Los jóvenes se han ido sucediendo en el mantenimiento del coro y en la confección de las alfombras de flores y materiales naturales, un domingo después, por cierto, de las que aún se hacen en la jurisdicción de la Peña, si se nos permite la licencia. A propósito, la coral Reyes Bartlet, que ofrecerá un concierto extraordinario para la ocasión, está vinculada históricamente a este emplazamiento religioso del Puerto de la Cruz, donde días pasados fue bendecida una placa en memoria de los donantes de la imagen. Su texto dice: “Esta Iglesia se levantó sobre el solar que ocupó la ermita de Nuestra Señora de la Peña de Fuerteventura (conocida posteriormente como La Peñita), erigida en el segundo cuarto del siglo XVIII gracias a la generosidad de Gregorio Martín de Aguiar y su esposa María de Orta. La comunidad parroquial de Nuestra Señora de La Peñita perpetúa así la memoria de quienes se desvelaron por los más desfavorecidos de la población. Puerto de la Cruz, octubre 2013. Annus Fidei”.

    Pues ya son setenta años los que tiene La Peñita. Aún es recordada la pequeña ermita de la pequeña campana, pintada y fotografiada por artistas y numerosos portuenses. A ella se accedía desde la calle San Felipe, cuando todavía ésta era empedrada. Después vino la gran transformación, una obra hecha con sacrificios a la que los vecinos aportaron cuanto pudieron. Entrando, a la derecha, hay una lápida que recuerda la fecha de la bendición o consagración y el trabajo indesmayable del padre Francisco.

    Setenta años de La Peñita que se conmemoran con modestia y austeridad, como tiene que ser. Con actividades religiosas y culturales. Pero, sobre todo, con un espíritu colectivo que es digno de respeto en los tiempos que corren.