HUELGA EN LA JUSTICIA ¿EVITABLE?

El asunto es delicado y se puede complicar, ya veremos hasta qué extremos. Jueces y fiscales de toda España inician hoy las movilizaciones que podrían desembocar, el próximo mes de mayo, en una huelga en el sector. Quieren despolitizar la justicia, a ver si con ello mejora la imagen que de ella se tiene en amplios sectores sociales. Las asociaciones profesionales -hasta ahora conduciéndose por la senda de la unanimidad- han sido contundentes en sus consideraciones previas, de manera que, en un comunicado conjunto, han criticado que el Gobierno no haya modificado las bases para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de modo que sean elegidos por los propios jueces. No se quedan ahí: el inmovilismo detectado en la política de nombramientos judiciales, al no tener en cuenta criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia, es también objeto de severa crítica, tal es así que, en caso de prolongarse esta situación, irán a la huelga el próximo mes de mayo.

Por eso, las movilizaciones que hoy se inician en los juzgados y en las sedes judiciales del país servirán para ir tomando el pulso, siquiera desde el ámbito interno. Luego habrá una concentración en la capital del Reino, a la que seguirán paros parciales de una hora los jueves de cada semana. En caso de que no sean atendidas las peticiones de los estamentos judiciales, habrá huelga el próximo 22 de mayo.

Algunos testimonios de los promotores de esta decisión son reveladores y convergentes: ha pasado el tiempo, no hay soluciones ni avances y se han cansado de las palabras, por lo que es inevitable pasar a la acción. Tendrán que seguir explicándolo pues a mucha gente le será difícil aceptar hacerse a la idea de ver a servidores y responsables públicos de alto rango y de muy seria función en actitud huelguista, bien es verdad que ejerciendo un derecho constitucional. El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Emilio Fernández, ha llegado a decir que “mantenemos el calendario de movilizaciones por el desinterés del Gobierno con nuestras reivindicaciones que son justas y medidas”.

Es positivo que jueces y fiscales tomen la iniciativa pues son conscientes de que hay que esmerarse para lograr de verdad la independencia del poder judicial, al cabo de varias décadas de convivencia democrática. Hay quienes niegan la existencia de un problema de independencia, aunque aceptan que se da una “percepción social de politización” que no está en consonancia con la teórica y aceptada independencia con la que ejercen su función constitucional los miembros del poder judicial.

Se trata, entonces, de evitar y eliminar las tentaciones de injerencias del poder político en el judicial. Fiscales y jueces quieren impedir los intentos de control, sobre todo, en refeormas legales y nombramientos. Será difícil si los partidos políticos y grupos parlamentarios no están por la labor, si no son generosos y sensibles con estas circunstancias concurrentes. Los grandes objetivos: mejorar el funcionamiento de la administración de justicia en todos los órdenes, ganar autonomía funcional y orgánica, recuperar la credibilidad y transmitir de mejor manera los valores que se presuponen al poder judicial.

Y algo también relevante: que las instituciones y los ciudadanos no se vean perjudicados.