Preguntas de profano. Veamos: ¿qué se podría hacer con 56.631
millones de euros? ¿Y cuántos presupuestos de cuántas instituciones españolas
suman 219.817 millones de euros? ¿Y qué se puede financiar con 52 millones de
euros? Porque estas son algunas magnitudes leídas durante estos días a la
espera de que se evite o se consume el ya célebre rescate. Todas preocupantes,
desde luego.
Una
aproximación a las respuestas concluye en que el dinero sigue huyendo
masivamente de la economía española. Ahora se explica que digan que no hay.
Cómo va a circular si el Banco de España registra que tan sólo en junio pasado,
el segundo peor dato del año, 56.631 millones de euros abandonaron el país. Ya
son doce meses consecutivos en los que han sido retirados capitales de España,
o lo que es igual, en lo que va de año, casi 220.000 mil millones de euros,
aproximadamente un 22% del Producto Interior Bruto (PIB), han salido de la
economía española. Y aún respira.
La tercera
de las cantidades señaladas, 52 millones de euros, es la que, según la Agencia
Tributaria, ha ingresado el ministerio de Hacienda como consecuencia de la tan
controvertida amnistía fiscal, o sea, las regularizaciones previstas de los bienes
y activos ocultados o defraudados al Fisco. De aquí a noviembre estaba previsto
recaudar unos 2.500 millones de euros, luego esos 52 apenas significan un 2%.
De continuar la tendencia, al final los ingresos por este capítulo alcanzarán
unos 150 millones de euros.
Si las
cifras dinerarias ponen de relieve la debilidad y la inestabilidad de la
economía española y de la balanza de pagos, así como las dificultades que tiene
la banca para compensar la fuga de inversiones en cartera, préstamos y
depósitos, los resultados cosechados hasta ahora con la amnistía fiscal bien
merecen una reflexión que incide en las dudas que ya advirtieron los expertos y
hasta los mismísimos técnicos del ministerio al señalar que la medida, en sí
misma, invitaba al fraude y constituía un agravio comparativo con los
contribuyentes que sí cumplen con sus compromisos fiscales.
Los
bajísimos ingresos obtenidos hasta el momento por este concepto confirman lo
que se preveía: una norma que que favorece claramente el blanqueo de dinero
negro en metálico, incluido el procedente de delitos y permite que no se
conozca el origen del dinero en efectivo ni el momento en que fue obtenido.
Pero se ve que esta “barra libre” no seduce ni persuade a los interesados. Los
defraudadores no se fían, sentenciaba hace poco un medio especializado. El
temor a represalias o a que se “conserven” adecuadamente datos de operaciones
frena la voluntad del defraudador, si es que alguna vez la tuvo.
Seguirán
haciéndolo. La desconfianza con las cosas del querer monetario y la propensión
de unos cuantos ciudadanos que han terminado especializándose en este tipo de
“negocios” recelan del proceso jurídico de regularización del fraude fiscal que
el Gobierno popular, tan generoso, les había “obsequiado”. Ni por esas. Si todo
sigue como hasta ahora, ingresar 150 millones de euros ante los 2.500 millones
que había previsto recaudar antes de que termine el año, equivale a un sonoro
fracaso. Otro más.
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