Estallan fuegos artificiales a
cuenta de la nota mejorada de la deuda soberana española hecha por la agencia
de calificación crediticia Moody’s. El Gobierno, tan necesitado de inyecciones
que revitalicen el cuerpo social, se ha apresurado a interpretar que los
criterios de la agencia confirman que la cosa va bien: un modelo de crecimiento
más sostenible. Bien es verdad que la elevada deuda pública y el alto índice de
desempleo son citados por Moody’s como flancos débiles.
Sobre el primero de esos flancos, sobre la deuda pública,
hay algunos aspectos que llaman la atención. Por ejemplo, que según datos del
Banco de España, es la mayor de toda su historia: supera los novecientos
sesenta y un mil millones de euros, es decir, casi alcanza el billón de euros.
Esa cuantía significa el 94% del Producto Interior Bruto (PIB), el mayor nivel
de deuda pública en nuestro país de los últimos cien años.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos,
que no dudó en aprovechar la convocatoria del G-20 en Sidney para hablar de las
mejoras en la economía nacional, admitió días antes, en Bruselas, que esperaban
un registro peor, “ligeramente por debajo de lo que habíamos proyectado en el
Libro amarillo”. Por lo tanto, no parece que sea cuestión de sacar pecho en
esta materia, sobre todo porque cuando Mariano Rajoy accedió a la presidencia
del Gobierno -hace ya más de dos años- el alcance de deuda pública que habría
de gestionar y que formaba parte de la tan denostada herencia era del 69% del
PIB, unos veinte puntos menos que la media europea.
Algunos expertos sostienen que el déficit y la deuda pública
se han disparado -según las astronómicas cantidades que se han barajado- para
tapar los desaguisados en el ámbito privado, bancario e inmobiliario,
principalmente. La deuda se ha incrementado veinticinco puntos del PIB a lo
largo de la presente legislatura que será recordada, entre otras cosas, por el
abuso de la mayoría parlamentaria.
Otros especialistas, los más críticos con el Banco Central
Europeo al considerar que funciona al dictado de los intereses alemanes,
señalan en sus análisis de la evolución de este problema aumentativo que todo
se debe a la exigencia del desmantelamiento del Estado de bienestar al que
hemos venido asistiendo como condición para adquirir deuda pública.
Y es aquí donde hay que entender bien el curso de ciertas
políticas y la aplicación de ciertas medidas: se trata de ir acabando con las
conquistas sociales a la vista de ciertas supeditaciones que, en el fondo, son
un problema artificial que tiene mucho de chantajismo. Que nadie se extrañe
cuando se habla de la desaparición de las clases medias: una vez más, son los
asalariados y los trabajadores quienes han pagado los vidrios rotos. A ver
quién les devuelve los derechos y las conquistas.
El caso es que será difícil enjugar tales volúmenes de deuda
-pública pero también privada- a pesar de que las cifras de balances del
sistema bancario indiquen lo contrario. Ya veremos lo que dicen los mercados.
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