En las vísperas del cumpleaños
constitucional, quienes encabezan las candidaturas al Congreso de los Diputados
por la provincia de Santa Cruz de Tenerife coincidieron sobre una cuestión muy
concreta en el debate promovido por COPE Canarias: incorporar (también dicen
anclar) el fuero canario, el Régimen Económico Fiscal (REF) en la Constitución.
Hay una voluntad política expresada: ahora falta que ese clamor revisionista de
la Cartamagna -al que se resiste el partido gubernamental- cristalice, como
pretenden, en la próxima legislatura, a partir del indispensable consenso
sociopolítico.
Fue una coincidencia apetitosa, si se quiere, no muy
novedosa pues en el pasado ya hubo peticiones similares en discursos de
dirigentes y responsables de institucionales autonómicas. Pero que se refresque
y se someta al vértigo de los debates, o lo que es igual, sea incluida en las
respectivas ofertas programáticas, resulta interesante para estimular su
definitiva viabilidad.
Y es que, al celebrarse el treinta y siete aniversario de la
Ley Fundamental en plena campaña electoral, aparte de las solemnidades y las
celebraciones, aparte de las declaraciones sobre los valores constitucionales
que han favorecido la consolidación de la convivencia democrática, la cuestión
misma de la reforma ha cobrado una considerable relevancia. Los afanes de
algunos actores políticos, las investigaciones y los planteamientos de
estudiosos y expertos así como las tendencias que van configurándose en el mapa
sociopolítico del país determinan la necesidad de tomarse muy en serio este
asunto si de verdad se quiere hablar con propiedad de nueva política y establecer las reglas del juego para afrontar el
porvenir sabiendo qué se tiene y qué se quiere. El futuro vuelve a depender de
nosotros mismos, siempre y cuando la representación salida de las urnas el
próximo 20 de diciembre sea capaz de dialogar, transar y ponerse de acuerdo.
Porque son muchas cosas sobre el tapete, dichas sin
prelación subjetiva, para analizar y cambiar: el modelo territorial vertebrador,
con el serio problema de Catalunya sin resolver; el sistema electoral; el
funcionamiento de las Cámaras legislativas (atención a la controversia que
suscita el Senado, con algunas opciones políticas predicando su eliminación);
la primacía del hombre sobre la mujer en la línea de sucesión monárquica;
ciertos nuevos derechos de las personas… y el REF canario, como se ha dicho.
Si se acepta que es absolutamente consecuente que las nuevas
generaciones quieran afrontar las nuevas realidades con sentido de perspectiva
y con voluntad de superar la etapa de desafección política y de revitalizar las
instituciones, para que la sociedad española progrese, la reforma de la
Constitución no admite muchas demoras. Ayer
mismo, en el aniversario, el presidente del Congreso, Jesús Posada, invocaba el
espíritu del 78 que hoy debería inspirar la actuación de quienes les sea
encomendada la tarea de revisar el texto constitucional. Y así como entonces,
primó el diálogo para enterrar viejos atavismos y sellar heridas, en otras
palabras, para dar un salto a la modernidad, ahora se trata de reeditar un
debate que no es patrimonio de unos pocos y por tanto debe superar toda
tentación excluyente o restrictiva. Peor: inmovilista.
Se trata de mejorar y cualificar el texto. En esa labor,
desde luego, todos tienen algo que decir. El debate tiene ya antecedentes y
experiencias solventes desde el ángulo político. Hasta una reciente provechosa
coincidencia de los aspirantes tinerfeños a sentarse en las Cortes.
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