Vecinos, activistas sociales y representantes a políticos y
de organizaciones cívicas de distintos municipios de la Comunidad de Madrid
promueven una denominada Red de Municipios por la Auditoría Ciudadana de la
Deuda. Quieren examinar a fondo las cuentas de los ayuntamientos, usar de forma
racional y operativa los recursos que estén a su alcance para fortalecer la
transparencia e involucrarse a fondo en la gestión administrativa y financiera
de las cuentas municipales. De paso, poner freno a la corrupción y aportar
alternativas a las crisis derivadas de los endeudamientos desmesurados que
padecen las instituciones locales.
Todo ello,
digámoslo en seguida, debe basarse en una participación activa, cabal,
sostenible y bien vertebrada desde unos esquemas siquiera elementales de
organización. Si los promotores lo logran -ármense de paciencia, es un proceso
que llevará tiempo- estarán dado un paso decisivo para cambiar las cosas, para
cambiar el papel de los ciudadanos con respecto a su centro de poder político
más próximo, hasta ahora caracterizado, en muchísimos casos, por la indolencia,
el pasotismo y un laissez faire que
pudieran ser interpretados hasta como cómplices de la realidad económica más
agobiante.
Empiezan a
quedar lejos en el tiempo aquellas experiencias inspiradas en los presupuestos
participativos de Porto Alegre, capital del estado Río Grande del Sur, en
Brasil, de casi millón y medio de habitantes. Fue una opción de democracia
deliberativa o de participación directa que algunos audaces municipalistas
españoles trataron de asimilar y llevar a la práctica, con resultados
desiguales. En varios municipios españoles de Andalucía, Catalunya, Galicia y
País Vasco introdujeron el modelo. Es particular el caso de una localidad
guipuzcoana, Idiazábal, donde se llegó a debatir la suerte de un campo de
fútbol para la que terminó predominando la decisión mayoritaria de los vecinos
del pueblo que lograron construirlo en el emplazamiento que decían.
Los mentores
de los municipios madrileños que configuran la citada Red quieren estimular de
alguna manera la sensibilidad de los vecinos por la cosa pública. Menos hablar
o quejarse y más conocer, integrarse e influir. Más actuar, sobre todo, desde
la óptica de administrados a los que deudores, los planes para reducirlos o
enjugarlos o las previsiones sobre su régimen impositivo.
Esta
iniciativa sí que merece engrosar el concepto de nueva política, que ya vemos en lo que se está quedando, apenas
gestos y reiteraciones aunque sea con otros colores protagónicos. Aguardemos
resultados, desde luego, pero afrontar de manera coordinada situaciones
relacionadas directamente con la externalización de servicios públicos,
procesos de privatización, régimen de concesiones administrativas -en el Puerto
de la Cruz deberían tomar nota-, fuentes de ingresos y financiación de
endeudamientos estructurales debe ser el primer paso de una larga caminata que
haga cambiar la realidad, especialmente desde el ángulo
ciudadano-participativo.
Auditoría
ciudadana de la deuda. ¿A que suena bien?
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