La deuda pública por habitante
en España ascendió el año pasado a 23.322, 44 euros, un 4,8% más con respecto a
2014, según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), conocidos
recientemente.
Esto significa que en 2015 la
deuda pública ha crecido un 5% en tasa interanual, mientras que en porcentaje
sobre el PIB moderó su crecimiento y aumentó un 1% respecto a 2014. Si se
analiza el periodo comprendido entre 2008 y 2015, la
deuda pública se ha incrementado
un 145% y la tasa respecto al PIB ha pasado del 39,4% al 98,6%.
Es interesante la referencia a
la deuda pública de las comunidades autónomas,
que ascendió en 2015 a 261.268 millones de euros, un 24% del total de la
deuda pública en España que representa un crecimiento del 10,3% respecto a la
cifra de 2014, cuando la deuda suponía el 23% del total estatal.
Según el informe del FMI, ninguna comunidad autónoma ha
reducido su tasa de deuda pública respecto al PIB y las que más
se endeudaron en 2015 fueron Extremadura, con un incremento del 11,4%, seguida
de Aragón (10,9%), Castilla y León (8,3%), Cataluña (7,95%) y Madrid (7,94%).
Por el contrario, Galicia (+0,54%), Navarra (+0,55%), Castilla-La Mancha
(+0,57%), País Vasco (+2,13%) e Islas Baleares (+3%) son las que más controlaron
su endeudamiento. Canarias, por cierto, con un 15%, aparece con uno de los
porcentajes de menor deuda pública respecto a su Producto Interior Bruto (PIB).
Los datos ponen de manifiesto
que estamos ante un hecho preocupante de nada fácil solución. Con un Gobierno
en funciones, con la incertidumbre del próximo resultado electoral, con los
anuncios hechos desde Bruselas para adoptar medidas que contengan el déficit
público, con las comunidades haciendo equilibrios a partir de gobiernos que
quieren ¿pero pueden? reducir impuestos y de incentivar sectores económicos
productivos, las soluciones no son sencillas.
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