CORRUPCIÓN, PEOR

Transparencia Internacional (TI) ha hecho público el informe sobre la percepción de la corrupción, de cuyos contenidos se desprende que España no sale bien parada. El catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, el profesor Manuel Villoria, ha sido tajante al opinar sobre los resultados: “Los expertos y los ciudadanos consideran que hay más corrupción a partir de la crisis económica. Los datos son tremendos y casi inesperados. Nunca habíamos tenido una posición tan mala. Hemos llegado al suelo. Más bajo no podemos caer. Es el momento de reaccionar”.

El índice de percepción de la corrupción es significativo, calculado en base a siete encuestas realizadas en nuestro país durante el pasado año. Ya en noviembre de 2016 sonó un timbre de alarma, al conocerse que el 80% de los encuestados respondía que el Gobierno no estaba dando lo que podía esperarse en la lucha contra la corrupción. Según los datos manejados, España era el país de la Unión Europea (UE) que registraba los más altos porcentajes de reprobación ciudadana hacia sus gobernantes. Por ello, obtiene la peor clasificación de su historia al aparecer con una nota de 58 (idéntica a la de 2015) para situarse en el lugar 41 de ciento setenta y seis países. Comparativamente, se ha alcanzado un récord histórico negativo.

Es cierta la dimensión universal de la corrupción en el sector público, como lo prueba el que, según el informe de TI, el 69% de los ciento setenta y seis países consignados en el índice de percepción alcanza una puntuación inferior a 50. Pero eso no debe complacer ni al ejecutivo ni a los ciudadanos, cuando comprueban que no hay forma de atajar o limitar esa lacra que tanta repulsión despierta y desacredita a quienes se dedican a la función pública.

Por supuesto, no son fáciles las soluciones. Ni siquiera las leyes y medidas aprobadas en un intento de frenar la corrupción, añadidas a las prevenciones y exigencias que, se supone, habrán adoptado los partidos políticos y las estructuras administrativas, lo han logrado. Se dirá que es una cuestión de comportamiento acostumbrado o impune, que no prima la ética o que faltan escrúpulos, pero lo cierto es que, pese a la sencilla frase, tolerancia cero frente a la corrupción, no se avanza en los niveles deseables. Los autores del estudio, por cierto, señalan taxativamente que las soluciones no están en propuestas políticas populistas o autoritarias, frecuentemente demandadas por sectores sociales. O sea, cuestión de cultura y de civismo. Hay que reaccionar, sí.