Resulta evidente que el Gobierno espera a que escampe para
materializar la aprobación de la reforma del régimen local. Ya ha dado unas
cuantas vueltas, incluso las más optimistas, aquéllas que -por lo visto, sin
mucho fundamento- hicieron concebir alguna entente con los socialistas que,
tras un más detallado conocimiento del texto, prefirieron desmarcarse augurando
pérdidas para el municipalismo y, por consiguiente, para los ciudadanos.
Lo ha puesto
de relieve Gaspar Zarrías, secretario de Política Municipal de la comisión
ejecutiva federal del PSOE, al significar que la reforma supondrá, en la
práctica, un desmantelamiento de muchos ayuntamientos y la pérdida, ni más ni
menos, de unos doscientos mil empleos públicos, que se dice pronto. Y para
satisfacción, un suponer, de Juan Rosell, presidente de los empresarios
españoles, empeñado como está el hombre en denostar el sector público y, en
concreto, la Administración.
La
reasignación de competencias, la gran cuestión de la reforma, tiene como telón
de fondo la privatización de los servicios públicos. El sustrato ideológico de
la medida es fácil de adivinar después de haberse agotado fuentes de
financiación que obligan a los poderes empresariales a buscar otras nuevas. Y
en ese telón se dibuja la prestación de los servicios sociosanitarios. Dicen
los socialistas que se opondrán -seguro que armarán mucho ruido porque la
naturaleza de la causa, tal como están las cosas, será interpretada
favorablemente por agentes sociales- y es probable que sean secundados por
alcaldes del Partido Popular que son conscientes de lo que eso significa. Sobre
ellos también recae el descontento, la protesta y la impotencia de los vecinos.
Una
incógnita, en ese sentido, el papel de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) que modula su ánimo reivindicativo en función de las
respuestas que va obteniendo del gobierno de turno. Pero su interlocución es
decisiva, especialmente a la hora de trazar las líneas rojas que traten de
defender los postulados municipalistas que son intocables.
Es en el
seno de la FEMP, por ejemplo, donde deben quedar claras la eliminación de
duplicidades, la evitación de solapamientos y la financiación de las haciendas
locales. Está en juego buena parte de la autonomía municipal, concepto
determinante para entender el peso social y político en el sistema democrático.
Sólo hay que repasar la trayectoria de estos treinta y cuatro años de
municipalismo democrático para entender lo costoso de muchas conquistas, la
inmensa mayoría invocando esos principios de autonomía que tantas amenazas
reciben desde distintos ámbitos.
Por lo que a
Canarias respecta, la Federación Canaria de Municipios (FECAM) va recelando
cada vez más de la pretendida reforma. Incide en el nudo competencial como
principal causa de su desconfianza. Para entender el carácter regresivo de la
propuesta que han manejado los munícipes canarios, baste tener en consideración
que no consigna el hecho diferencial canario y así es difícil acercar
posiciones. Que no se alcancen determinados estándares de calidad en la
prestación de los servicios por los ayuntamientos y, por tanto, sean asumidos
por los cabildos, puede suponer, de facto, una auténtica convulsión en la
esfera local pues los riesgos de desapoderamiento competencial y de pérdida de
autonomía son evidentes.
A la espera,
pues, de que escampe y el Gobierno valore la oportunidad de poner en marcha el
procedimiento para que la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local sea una realidad,
todo da a entender que estamos ante una batalla política en la que ojalá no
salgan perdiendo los ciudadanos.
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