El
pueblo tinerfeño se merece una explicación, claro que sí,
inclusiva de cómo tiene que comportarse, en plan didáctico y tal,
para poner freno a la que es una auténtica calamidad pública:
cincuenta y siete millones de litros de agua sin depurar se vierten
al mar diariamente. Pero las administraciones competentes y las
compañías especializadas, las que cuidan -un suponer- de ciclos
integrales del agua, de tratamientos y depuración de residuales, de
redes de saneamiento, tienen que participar activamente, primero con
auditorías públicas, sometidas a control y exámenes transparentes,
y luego con actualización y mejora de tecnología y recursos para
contrastar si es posible esa cantinela de optimizar los rendimientos.
Que para eso cobran.
El
pueblo tinerfeño se merece una explicación de lo que está pasando,
de las consecuencias y de lo que hay que hacer en el futuro para
frenar el agravamiento de esta situación. Si el problema de la
movilidad o de las carreteras es importante, el de los vertidos
directos al mar, con un efecto contaminante demoledor, no lo es
menos. ¿Qué ocurre? Que el primero, tantos coches, tantos atascos,
es visible; y el otro, subsuelo, submarinismo, no. Pero ya hay playas
que se cierran -aunque la aparición de microalgas se deba más bien
al cambio climático- y proliferen las campañas de limpieza de
fondos marinos para sentirnos todos avergonzados. Le estamos haciendo
un daño al mar, a la naturaleza, inconmensurable. No puede ocurrir
que se siga hablando de sol y playa o que se presuma de inigualables
zonas de litoral cuando sistemáticamente los vertidos se convierten
en una agresión. Silenciosa e invisible (cada vez menos) pero
nociva, muy nociva.
Cargos
públicos de la formación 'Podemos Sí se Puede' dieron a conocer
recientemente unos registros sonrojantes. Están avalados por la
viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y la
Universidad de La Laguna. A los cincuenta y siete millones de litros
enviados sin depurar, hay que añadir, según un censo disponible,
que en Tenerife hay ciento setenta puntos donde se vierten al mar
aguas residuales, de los que ciento veinte carecen de autorización
para hacerlo. Esto implica que en la isla solo se vierten algo más
de dos millones de litros de agua correctamente procesada mientras
que el noventa y seis por ciento del total incumple la directiva
europea que rige en este ámbito. Muy preocupante.
Hasta
el punto de concluir que algo hay que hacer. Pero ya. La desidia en
esta asignatura, por parte de todos los organismos y los actores
sociales, es cada vez más contraproducente. Porque equivale a un
aumento de la contaminación que significará un duro golpe a las
condiciones de vida de los habitantes y a las de disfrute de millones
de visitantes. Un bien tan preciado merece otro comportamiento de
responsables institucionales. La situación ha desbordado la
capacidad de respuesta. Pasa el tiempo y no se ve reacción alguna.
Al contrario, nuevas leyes para explotar más el suelo. O sea, más
servicios. Pensemos, simplemente, en eso: en que la capacidad de
carga no es infinita.
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