Tras
la controvertida investidura de Pedro Sánchez, se ha sabido que PSOE
y Unidas Podemos, sostén de la coalición progresista, han firmado
un protocolo para ir aplicando unos esquemas básicos de
funcionamiento. Es natural: se accede a un escenario político
completamente nuevo y hay que ir debidamente pertrechados para la
experiencia. El protocolo ha de ser un sólido soporte de trabajo:
para sustanciar la lealtad y para hacer la pedagogía política
necesaria e indispensable. La entente es consciente de que no le van
a perdonar una, luego ha de estar preparada para no incurrir en
precipitaciones ni errores y para saber afrontar con solvencia y
bases seguras aquellas situaciones que vayan surgiendo.
El
protocolo suscrito consigna dos mesas de coordinación. A una le
corresponderá hacer el seguimiento y la evaluación del
funcionamiento de gobierno de coalición, así como el grado de
desarrollo del acuerdo concertado entre los dos partidos, rubricado
el último día del pasado año bajo el título Coalición
Progresista Un nuevo acuerdo para España. Como
debe ser el fundamento principal del trabajo para el cumplimiernto de
los objetivos propuestos, ya deberían insistir desde las respectivas
organizaciones en una difusión adecuada del documento entre sus
propias bases y entre sus órganos y dirigentes. Miren por dónde,
quienes echaban de menos materiales informativos para reuniones
internas, ya tienen con los que debatir y explicar. Que se hagan una
idea de que esa tarea es básica para afrontar con fundamento y un
mínimo de rigor los envites en medios y redes sociales donde es
previsible que continúen las falacias, las deformaciones y, por
supuesto, los insultos y las descalificaciones. Y el temor a que el
Gobierno lo haga bien. No tendrán mejor fundamento, para dar una
respuesta de templanza, creíble y apropiada, que apoyarse en el
acuerdo firmado y deducir sus aplicaciones prácticas. Se trata de
ser los primeros en saber el por qué de las cosas.
La segunda mesa de
coordinación dedicará su tiempo a la coordinación parlamentaria.
En el protocolo se señala que “los ministros respetarán su ámbito
competencial propio y evitarán opinar o dar publicidad a proyectos
de otros ministerios antes de ser refrendados por el Consejo de
Ministros”. Se trata, sobre todo, de evitar zancadillas y
filtraciones, eso que en la jerga se denomina 'putaditas' que sirven
para malos tragos, fastidiar, menoscabar y abrir crisis que van
mermando la credibilidad de un cargo, de un departamento y del propio
ejecutivo. En ese sentido, el acuerdo compromete a los integrantes de
la coalición a mantener “la máxima discreción”, respecto de
las negociaciones y acuerdos que se mantengan en el seno del Gobierno
y en los órganos correspondientes.
Lo dicho, que se
esmeren desde el principio para exigir, cumplir y difundir. Si se
quiere lealtad y operatividad. Mucha pedagogía política.
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