Cierta política y una gestión de los recursos públicos, al
banquillo o a prisión. Inevitablemente judicializadas, en todo caso.
Preponderancia, pues, de togas y puñetas en el vértice noticioso de un país
sacudido por las crisis que acentúan el rechazo a la política, arrastrando a
sus actores y mermando la credibilidad. Tremendo esfuerzo hay que hacer para
salir, para persuadir de que no todos son iguales y para acabar, en fin, con
tanto comportamiento doloso germen de corruptelas y de la corrupción misma.
Lo peor es
que el personal no salga de su desconcierto. Claro que llama la atención el
pugilato de dos magistrados por hacerse con el caso del ex tesorero del Partido
Popular, cuya calderilla parece ser no más que un anticipo de uno de los
asuntos más graves, dada su naturaleza, en la historia de la democracia
española. A medida que se van dando pasos, se agigantan las dudas de la
exclusión de Baltasar Garzón. Al desconcierto, por seguir en las mismas
coordenadas, se suma la afirmación del ex tesorero y ex senador, que también
fue cargo público el hombre: se acabó, no piensa declarar más ni hacer más
pruebas caligráficas. ¿Estaba así en el guión? Habráse visto.
La juez que
investiga los presuntos fraudes en la tramitación y aplicación de los
expedientes de regulación de empleo en Andalucía, después de otra operación
policial saldada con más descubrimientos y más detenciones, ha determinado el
ingreso en prisión de varias personas para proseguir y ultimar la instrucción.
Los socialistas tendrán que redoblar sus esfuerzos para que sus denuncias e
investigaciones, así como su probada colaboración con la justicia, y hasta la
iniciativa política de la investigación parlamentaria, sirvan -a la espera de centrar
y concretar las cantidades- para despejar las sombras y las dudas que cierto
derechío mediático se encarga de magnificar.
No acabaron
ahí las decisiones judiciales de la semana pasada en el terreno político.
Relevante es que la Sala Segunda del Tribunal Supremo se reúna próximamente a
puerta cerrada para revisar el veredicto popular que absolvió al ex presidente
de la Generalitat de Valencia y al ex secretario general del Partido Popular de
Valencia de un delito de cohecho pasivo impropio. Vuelven a temblar ciertos
cimientos mientras se comprueba que la sombra de los trajes es alargada.
Y no menos
relevante, en fin, es que el secretario general de Convergencia Democrática de
Catalunya y diputado de CIU al Parlament haya sido imputado por presunto delito
de tráfico de influencias en un asunto de concesiones de inspección de
vehículos -la ulterior delegación de funciones es una peculiar y acomodaticia
renuncia y olé-; en tanto que el inefable presidente de la Diputación de
Castellón, arrogancias aparte, tendrá que sentarse en el banquillo para ser
juzgado por tráfico de influencias, cohecho y delito fiscal, después de diez
años de instrucción, por cierto.
Al final, el
aforismo romano: “Dura lex, sed lex”. Dura ley, pero ley. También en política.
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