Los
casos de censuras en instituciones, tan abundantes en Canarias
durante los últimos años, son un semillero de habladurías,
conjeturas, componendas y suspicacias relacionadas con la compra de
voluntades, beneficios personalistas o partidistas. Es probable que
haya muchas certezas pero es difícil, por no decir imposible,
probarlas. Además, no se sabe cómo se las arreglan algunos pero
siempre encuentran subterfugios o recursos para salir airosos. De las
investigaciones mediáticas tampoco cabe colegir muchas certidumbres
pues quedan incompletas o se ven condicionadas por presiones y hasta
intereses de diversa consideración. Se nota, sobre todo, en los
tratamientos o líneas editoriales en el día después.
En
medio del fragor, de ese vaivén de especulaciones, posibilismos y
maniobras, de las negociaciones en la orientación que se quiera dar,
procede preguntarse hasta dónde repercute la corrupción política
-la extendida en el ambiente y la ya probada judicialmente- en la
propia sociedad y en los mismos resultados electorales. No es la
única causa pero el desencanto, el rechazo y la desafección de la
población hacia la política tienen en la corrupción un asidero
fácil. Siempre será difícil la respuesta, aunque se disponga de
algunos indicadores que nos aproximen, siquiera de forma genérica.
Ya se ha comprobado, por ejemplo, que al partido gubernamental no le
afectan, electoralmente, la plétora de casos de corrupción. El
comportamiento, por decirlo de alguna manera, es que se le tolera
más. Con otros partidos, afectados por los mismos o parecidos males,
en cambio, se le perdona menos, o se es más implacable a la hora de
exigir... y castigar en las urnas.
La
revista académica Crime, Law & Social Change ha
publicado un trabajo de investigación que, en su título, interroga
“¿Genera la corrupción política local efectos partidistas en las
votaciones?”. Va firmado por los profesores Juan Luis Jiménez, del
Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria; y Carmen García, del Instituto
Universitario de Florencia (Italia). Una de las conclusiones es que
las denuncias de corrupción municipal han crecido de forma
exponencial en España desde 1999, pero con diferente coste en las
urnas, ya que mientras el PSOE ha retrocedido un promedio del 2% en
los municipios donde ha sido señalado, el PP las ha superado con un
alza de parecido o igual porcentaje. Otra conclusión: la abstención
en las elecciones locales ha crecido 1,8 puntos porcentuales en los
municipios salpicados por investigaciones de corrupción.
Los
autores del trabajo ultimaron una base de datos que incluye todos los
casos de corrupción municipal investigados en España entre 1999 y
2011. Si en el mandato 1999-2003, se denunciaron siete casos, en el
ciclo final investigado (2007-11), se multiplicaron por veinticinco
hasta destapar ciento ochenta. Los resultados de la investigación,
después de constatar que PP y PSOE acapararon en torno a un ochenta
por ciento de esos casos, confirman dos hechos: uno, la abstención
aumenta en aquellos municipios que registran episodios de corrupción
política en 1,8 por ciento; y otro, el efecto sobre el voto al
partido afectado varía dependiendo de qué formación haya sido. Los
investigadores concluyen que estos resultados demuestran las
diferencias ideológicas en el trato y las respuestas de la
corrupción.
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