LES SIGUEN SUBIENDO LA FACTURA

El recibo de la luz ha vuelto a subir en mayo. Por noveno mes casi consecutivamente. El aumento en mayo ha sido de un 0,8 % para el usuario medio, lo que significa que la factura será un 18,2 % más elevada que hace un año.

La polémica está servida pero mucho nos tememos que el asunto no despierte mayores protestas. La Federación de Asociaciones de Consumidores (FACUA-Consumidores en Acción), no gubernamental, sin ánimo de lucro, dedicada desde su fundación, en 1981, a la defensa de los derechos de los consumidores, ha sido la primera en expresar su malestar y ha denunciado la que considera “despreocupación” por los intereses de los usuarios que, a su juicio, mantiene el Gobierno de España, cuya política energética -señala- se centra en proteger al sector.

El precio medio del kilowatio/hora (kWh) del pasado mayo fue de 14,31 céntimos, un 28,0 % más caro que el mismo mes de 2016. En el primer mes del presente año llegó a situarse en 18,75 céntimos. Con estas cifras, el considerado usuario medio (360 kWh de consumo y 4,4 kilowatios de potencia contratada) abona 71,58 euros frente a los 60,53 euros de mayo del año pasado.

No anda uno muy versado en esta materia pero llaman la atención esos incrementos en breves lapsos de tiempo. Aquí hay una brecha energética y no es de extrañar que algunas corporaciones hayan tenido que adoptar medidas excepcionales para evitar que los vecinos se queden sin suministro del servicio. Esa brecha que hay que reducirla y si es posible, cerrarla.

Se preguntará cómo y acudimos a la fuente de FACUA que es partidaria de que sea el Ejecutivo el que fije y aplique una tarifa asequible. Para ello es indispensable la intervención del sector. La organización advierte que, hoy por hoy, es el sector el que, de facto, tiene intervenido al Gobierno cuya política, como dijimos antes, parece más orientada a proteger los intereses de las compañías que los de los usuarios. Un problema añadido: el vigente sistema de fijación de precios en el mercado español de la generación de energía tiene características que fomentan la especulación y hasta los abusos. Se explica, por tanto, que se produzcan estas subidas en las que, por múltiples razones, no reparamos.

Además, hay un dato escalofriante: en 2016, las empresas del sector aumentaron sus beneficios en un 9 %, en números absolutos unos cinco mil cuatrocientos sesenta y tres millones de euros. FACUA ha lamentado “la actitud complaciente con el sector que viene adoptando el ministro de Energía”.

Entonces, que tome la iniciativa el sector si se quiere frenar el ritmo de los aumentos. En su día, cuando se inició el proceso de liberalización, los consumidores -aunque fuera sin demasiado alborozo, porque de estas cosas entiende poco y se informa menos- albergaron algunas esperanzas de facturación más equilibrada, más estable y menos costosa. Se hablaba de la competencia en el sector, favorecedora de precios y ofertas. Se ve que el negocio es demasiado voluminoso como para ceder y perder privilegios.

Que alguien dé un paso al frente, que se haga como en países miembros de la Unión Europea (UE) con las tarifas de los consumos de móviles a través de redes de telefonía, y que sea el Gobierno el que fije precios para los consumidores domésticos.

Que alguien dé otro paso: si no, las subidas seguirán produciéndose y los usuarios, tan perjudicados como indolentes. Siempre lo mismo.