El Consejo de Estado de Grecia, una especie de Tribunal
Supremo Administrativo, ordenó días pasados el restablecimiento de la señal de
la radiotelevisión pública de aquel país, ERT, a negro por una decisión
unilateral del primer ministro, Andonis Samarás. Los trabajadores estaban
dispuestos a resistir hasta donde pudieran -estaban emitiendo vía internet y
habían presentado un recurso contra la desaparición de la cadena- mientras se
abría una crisis de gobierno y se iban acumulando reacciones de organizaciones
profesionales claramente contrarias al cierre. Fue llamativo que el único
partido conforme con la medida era el ultraderechista o neonazi, Amanecer
Dorado. España no fue ajena, por cierto, y la presidenta de la Federación de
las Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Elsa González, expresó el apoyo
a los trabajadores y se sumó a las protestas que había manifestado la
organización internacional en la que se integra.
Mientras se
sucedían los acontecimientos, algunos, en círculos más próximos, aprovechaban
para identificarse con la medida de cierre y sugerían que en nuestra tierra o
en nuestro país debía hacerse, poco más o menos, lo mismo. Con escaso
fundamento, sus elementales explicaciones desembocaban en el estuario
demagógico: consecuencias de ahorro en el sector público, destino alternativo
de los recursos destinados para tal fin y favorecimiento de la iniciativa
privada. Ni la más mínima consideración, por supuesto, del carácter del
servicio público y del desempleo automáticamente engrosado (en el caso de los
griegos, tres mil personas). Además de demagogia, ignorancia. Pero bueno… Otra
cosa es que se reabriese el debate sobre el modelo de radiotelevisión pública y
ahí ya la controversia se desate, hasta con paradójicas curiosidades: mientras
la pérdida de credibilidad y liderazgo de los informativos de la
radiotelevisión pública española se acentúa, el hecho sólo parece preocupar a
los profesionales que salieron el pasado fin de semana a las calles de Madrid
en demanda de estabilidad en el empleo, de preservar el carácter público en
todos los sentidos y de afrontar el futuro con seguridad. Las circunstancias
que concurren condicionan ese debate pero tenerlo, hay que tenerlo. Y
concluirlo de la forma más positiva para los intereses generales.
Volviendo a
Grecia, otra organización profesional, la Federación Europea de Periodistas
(EFJ), dejó bien clara su postura que facilita una adecuada comprensión del
problema y sus repercusiones: la decisión del Gobierno heleno era un monumento
al absurdo. Por consiguiente, un duro golpe a la democracia, al pluralismo de
los medios de comunicación y al periodismo, cada vez más duro de ejercer en los
tiempos que corren. La pérdida del derecho a una información honesta, sensata e
imparcial que tienen los ciudadanos griegos fue otro de los factores señalados
por la EFJ.
Los medios
de aquel país respondieron con un generoso sentido de la solidaridad
responsable. Algunos, incluso de titularidad privada, llegaron a dejar de emitir o publicarse. Se
sucedieron las movilizaciones y los paros. El resultado es que el primer
ministro Samarás tuvo que rectificar. La determinación del Consejo de Estado
valió para salvar a la radiotelevisión pública de Grecia. A la espera de la
creación de una nueva corporación y con un notorio reajuste de personal, su
señal seguirá en el aire que, a la espera de otras decisiones, es lo que más
importa.
Si en medio
de la crisis, el sacrificio impuesto por los poderes económico-financieros
internacionales conlleva la pérdida de medios públicos de comunicación, es para
echarse a temblar. Bendita reacción griega: el precedente, acompañado de
resignación, estaba haciendo temblar los cimientos. No le faltaba claque.
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