Alcaldes de todo el país, de todas las organizaciones
políticas, menos del Partido Popular (PP) -habrá que imaginar esas consignas
circulando desde Génova, escritas o verbales: Nadie a esa concentración, ¿entendido?,
nadie- quisieron escenificarlo días pasados en Madrid: fue su ‘no’ rotundo, su
rechazo a la Ley de Modernización y Sostenibilidad Local, la reforma de la
administración local promovida por el Gobierno que está próxima a iniciar su
trámite parlamentario. Quieren ir tan deprisa -¡cómo se nota que se agota la
mayoría absolutista!- que el ejecutivo espera que entre en vigor el próximo 1
de enero. De confirmarse esta voluntad, está muy clara cuál es la suerte que
aguarda a las enmiendas que los grupos parlamentarios presenten en dicho
trámite. La petición de retirada de la nueva norma, explícitamente formulada
por los ediles, será desoída, con toda seguridad, por mucha advertencia que
haya de acudir al Tribunal Constitucional.
No estaban
los regidores populares pero muchos de ellos no han ocultado ni ocultan su
contrariedad con esta Ley que, como apuntan expertos analistas del ámbito
municipalista, no clarifica competencias ni evita duplicidades. Ya el Consejo
de Estado emitió en su día un informe muy crítico sobre tales particulares,
hasta el punto de ser interpretado como un varapalo a la filosofía del partido
gubernamental en esta materia. Pedía el Consejo una revisión en profundidad del
texto ya que, además de las razones expuestas, alegaba que no se justificaba el
ahorro que vaticinaba se iba a producir con los cambios de estructura. Y lo que
es peor: para el Consejo de Estado no se acredita que la prestación de
servicios por las Diputaciones provinciales vaya a materializarse con un coste menor del que ahora tiene siendo
prestado por los ayuntamientos. Pero les dio igual: no hicieron caso y han
seguido adelante.
El caso es
que el texto articulado parece estar lejos de objetivos tales como la
simplificación de la estructura de la administración local. Si encima no
resuelve los problemas de financiación que tienen los ayuntamientos, negras
perspectivas, porque de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, los
que sin fe ni pompa fueron calificados como los de la recuperación por sus
mentores -por cierto, ¿dónde ha estado el presidente del Gobierno en el debate
subsiguiente a su presentación en las Cortes?- no se desprende horizontes más
despejados para el municipalismo en su conjunto.
La
concentración de alcaldes en Madrid está cargada de simbolismo. Alcaldes
‘contra legem’, si se nos permite la licencia. Hubo
también nutrida representación canaria
que ha tenido en la unanimidad alcanzada sobre el particular en la Federación
Canaria de Municipios (FECAM) una significativa posición de repulsa. Es una
foto muy similar a la del rechazo días pasados a la Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE): hay una coincidencia muy amplia de grupos
políticos, de la comunidad educativa y de agentes sociales que están en
desacuerdo con la norma. Representantes corporativos de la práctica totalidad
de organizaciones políticas del territorio nacional dijeron ‘no’ a una Ley que
vulnera principios de la autonomía municipal, abre brechas de desigualdad entre
los ciudadanos y perjudica a éstos en cuanto que las fórmulas de gestión que
prevé acarrearán servicios más caros y menos eficientes. Peor aún: nadie ha
desmentido el cálculo de la pérdida de cien mil puestos de trabajo en la
administración local, en caso de consumarse las reformas del PP, especialmente
en el campo de los servicios sociales, donde las privatizaciones son un hecho.
Es un
rechazo notable que se expresará con la presentación de una enmienda a la
totalidad. A ver si la respaldan los demás grupos políticos. Aunque, tal como
han evolucionado las cosas, que nadie espere cambios sustanciales. Serían
‘milagrosos’.
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