El dato es escalofriante: cuarenta mil personas menos reciben
prestaciones de la Ley de la promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, popularmente
conocida, desde su publicación, en diciembre de 2006, como Ley de Dependencia.
El Gobierno de Mariano Rajoy la reformó en julio del pasado año y los
resultados no pueden ser más desalentadores: casi cuarenta y una mil personas
han sido expulsadas del sistema de dependencia y han dejado de recibir la
prestación a la que tenían derecho.
El
desasosiego de quienes se han acogido a la norma, de los técnicos y trabajadores sociales que están cerca de las
tribulaciones de las personas, de cargos autonómicos y de alcaldes y concejales
se ha elevado de forma tal en los últimos meses que se está produciendo un
fenómeno inquietante: huir de los afectados y de su entorno familiar para no
enfrentarse, para escapar de la vergüenza que significa tener que restar o dar
una respuesta negativa.
Esos son los
efectos de la norma revisada, de los recursos limitados, de la insensibilidad
gubernamental con los más necesitados. Y es que los requisitos de la reforma
del Gobierno en esta materia han generado que, actualmente, haya más de ochenta
y una mil personas menos con derecho a prestación de las que había en agosto
del pasado año. Son los datos del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad los que manejamos: a 31 de agosto del presente año, había veintiocho
mil quinientas noventa y cinco solicitudes menos.
Hay más,
para entender el alcance de este auténtico desmantelamiento del sistema de
dependencia. Dos mil cuatrocientos noventa y seis beneficiarios menos en
sistemas de teleasistencia, mil ochenta y ocho ayudas a domicilio menos,
doscientas cuarenta y dos plazas menos en centros de día, mil doscientas
cincuenta y ocho plazas menos en residencias y casi dos mil quinientas
prestaciones menos para cuidadores familiares. Ana Mato, ministra, no puede
estar tirando voladores, desde luego.
No, porque a
las cifras reveladoras de unos perjuicios muy extendidos, hay que unir la
pérdida de unos mil quinientos empleos. Y tampoco porque la reacción de sus
compañeros alcaldes con las previsiones que en materia de asuntos sociales
contiene la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
es bastante inquietante. Son conscientes de que estamos ante medidas muy
impopulares con unas repercusiones directas entre los más vulnerables y
desfavorecidos.
Algún iluso,
bien informado, estimaba días pasados en una emisión radiofónica nacional que
si los ministros y dirigentes de Partido Popular (PP) hablaban de presupuestos
de recuperación, es que era posible retomar o acceder a algunas de las
prestaciones suprimidas o denegadas. Que se desengañe y que sepa que no hay ni
recurso al pataleo: a la infausta decisión de paralizar, en diciembre de 2011,
la aplicación de la Ley para personas con dependencia moderada (más de
cuatrocientas mil), siguió la eliminación en
los Presupuestos Generales del Estado de 2012 y
2013 la partida en el concepto acordado pues de doscientos ochenta y tres
millones de euros de 2011 se pasó a cero en el siguiente.
La
paralización por espacio de dos años de la Ley de Dependencia ha venido a ser
la puntilla, una reforma más que empobrece y revela no ya incumplimientos sino
lesivas frustraciones para muchísima gente.
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