Casi un millón de euros sin ingresar -ahora, pendiente de
la resolución del pleito- y casi dos sin justificar debidamente. Hay que
preguntarse si ello aparejado algún tipo de responsabilidad, incluida la
política.
El gobierno local del Puerto de la Cruz (PP+CC) tiene ante
sí una difícil y cruda papeleta. Los dos casos no son ejemplos de buena
gestión, desde luego. Se trata, por un lado, de la resolución del contrato de
adjudicación de unos servicios en el complejo Costa Martiánez por
incumplimientos reiterados del adjudicatario. Tantos, que no ingresaron en las
arcas municipales casi un millón de euros. El asunto está ahora en los siempre
inciertos vericuetos judiciales, a saber cuál es la suerte final. Perjudicado, sin
rodeos: el municipio. Es un caso de desidia, de carencia de seguimiento, de
dejadez en la gestión. Alguien será responsable.
Y por otro, el Gobierno del Estado se sale del Consorcio
de Rehabilitación Turística -integrado por las cuatro administraciones-como
consecuencia de una facturación cercana a los dos millones de euros que no ha
sido adecuadamente justificada. Lo había advertido el ministro Soria cuando
hizo una visita a la ciudad al revés de míster Marshall: no traía nada ni
anunciaba buenas nuevas; al contrario: justifiquen en qué se ha invertido esta
cantidad. Desde el Ayuntamiento o desde el Consorcio enviaron la documentación
y las facturas correspondientes, pero no ha sido admitida, al menos por la
abogacía del Estado que, lógicamente, habrá advertido de los riesgos de
prevaricación. Alguien será responsable, aunque ya hayan empezado a desgranar
el rosario de lamentos, incomprensiones, discrepancias técnico-jurídicas y
demás disculpas, incluidas las de voluntad política y hasta la del retorno al
núcleo consorciado. A saber si le piden al Ayuntamiento que devuelva el dinero.
Y entonces, ¡acabóse!
Perjuicios, mala imagen, desprestigio y capacidad de
gestión en entredicho. Esa es la conclusión. A falta de las responsabilidades, claro.
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