MENOS EXPLOTACIÓN

Pues parece que va en serio ese denominado Plan contra la explotación laboral que promueve la vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, cuyos objetivos son plausibles: el cumplimiento de las jornadas laborales previamente concertadas, regularización del régimen de la Seguridad Social, impedir la artificialidad y las irregularidades del empleo temporal y aplicar fijeza en la contratación eventual que sea susceptible de ello.

Muchas quejas, en efecto, se acumulan en distintos segmentos del mercado laboral, referidas a las condiciones de trabajo. No han sido estas mejores en el marco de nuevas contrataciones o empleos generados, no. El ‘precariato’ es moneda corriente en cualquier discurso sindicalista. Las circunstancias, salvo excepciones que seguro las habrá, no juegan a favor de los trabajadores, de su motivación y estabilidad. Al contrario, propician desgana e incertidumbre. Eso de no disponer de recursos para promocionar, realizarse, contribuir a la sostenibilidad del sistema de pensiones y aguardar la jubilación con unas mínimas garantías, ha sustanciado ideas condicionantes tanto desde el punto de vista anímico como ocupacional o profesional a la hora de evaluar el rendimiento.

Se trata, por tanto, de ir acabando con los supuestos de irregularidades o injusticias laborales. Aunque no falten detractores, el Plan -a la espera de sus resultados prácticos- es un avance hacia la dignificación de las condiciones de trabajo. Y eso es positivo para todos, para empresarios, emprendedores y empleados. Si se quiere poner fin a situaciones de fraude o rayanas en la explotación, si se quiere transparentar y cualificar el tejido empresarial -hasta hacer ejemplar su funcionamiento desde este punto de vista, desde su propia imagen- y si se pretende evitar la competencia desleal, el Plan era (es) necesario. En Canarias, con una economía productiva muy terciarizada, se arrastra un déficit muy considerable en ese sentido.

El Plan, consistente en la realización de unas inspecciones en empresas y centros de trabajo orientadas a la regularización de incumplimientos o de prestaciones no ajustadas, aspira a fomentar la legalidad. Se debería tener, por tanto, una actitud positiva y nada recelosa. Es posible que sea difícil en algunos casos, acaso demasiado acostumbrados a obrar en la impunidad. Tienen que convencerse los reticentes de que este Plan va a favor de todos: lo que es bueno para la producción, lo es también para todos sus agentes. Es tontería hablar de modernismo, de innovación y de competitividad si no se acaba con los vicios y si no se consolidan los estimulantes que favorezcan la dignificación laboral, en todos los sentidos.

Si en Canarias no se abona un sesenta por ciento de las horas extraordinarias, por citar un dato aportado por la vicepresidenta, y si el contrato temporal es sistemáticamente vulnerado, sin que pase nada, o solo para prolongar y constatar las faltas de cumplimiento, hay que actuar. Esa es la filosofía teórica del Plan: a favor de la legalidad. Salen todos ganando.