Habrá
que estar pendiente de los resultados de la reunión que la patronal
turística de Tenerife, ASHOTEL, mantuvo días pasados con el
Delegado del Gobierno en Canarias para tratar sobre las prácticas,
supuestamente fraudulentas, de despachos de abogados británicos
interesados en la interposición de demandas a cargo de turistas que
hayan sufrido algún tipo de indisposición o quebranto de salud
durante su estancia vacacional en determinados establecimientos
hoteleros. Las demandas se formalizan contra las empresas utilizando
subterfugios legales en torno a su responsabilidad última ante
cualquier incidencia que afecte a los clientes.
ASHOTEL
ya ha formulado algún tipo de denuncia en el Cuerpo Nacional de
Policía, como consecuencia de haber detectado la presencia en las
proximidades del establecimiento de furgonetas que, adecuadamente
pintadas o formateadas, sirven de reclamo y primer punto de atención
a turistas y curiosos que exploran -en mesas complementarias- la
posibilidad de obtener algún tipo de beneficio económico en caso de
que prospere su demanda. El móvil de la tentación y del negocio: el
despacho de abogados solo cobra si gana la demanda, lo cual es
bastante probable pues es el turoperador el que abona el importe,
restándolo posteriormente al hotel de su facturación. Si el
circuito funciona sin alteraciones, la conclusión es evidente:
ganan todos, menos el hotelero. Clientes afectados y bufete jurídico
obtienen su indemnización y sus honorarios, en tanto que el
turoperador, que no se detiene a verificar los términos de la
denuncia, se desentiende de reclamaciones y complicaciones varias.
Nos
recuerda el caso de los métodos de venta utilizados hace años por
las organizaciones de ‘time-sharing’ (algo así como ‘tiempo
libre compartido’), con agentes jóvenes de ambos sexos en calles,
avenidas y plazas de entornos turísticos que, empleándose con
cierta agresividad dialéctica, llegaban a forzar la firma de los
clientes que habían captado, en muchos casos por educación,
cansancio o aburrimiento. Téngase en cuenta que los vendedores
cobraban según el número de precontratos suscritos. Las
consecuencias vendrían después. El empresariado local tardó en
darse cuenta de la negativa repercusión que aquellos métodos estaba
generando. Y las autoridades locales se veían impotentes para
atender lo que terminó convirtiéndose en un problema de orden
público.
Estas
prácticas de ahora parece que tienen antecedentes en otras zonas
turísticas del país, como Baleares y la costa levantina cuyas
federaciones empresariales turísticas ya han emprendido la vía
judicial para tratar de erradicar lo que entienden como fenómeno
pernicioso. No será fácil la solución si se tiene en cuenta que la
presión de las demandas aumentará cuantitativamente pues en las
redes sociales no solo invitan o animan a los usuarios sino que ya
circulan informaciones sobre los pasos a seguir para formalizar una
reclamación.
El
sector debe estar activo, sobre todo si se prueba que, además de
prácticas fraudulentas y no autorizadas, generan, a la larga,
perjuicios económicos de imposible reparación.
En
plena bonanza del sector, si esto se convierte en un fenómeno, el
daño de imagen, además, puede ser considerable.
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