Gibraltar para entretener, Olli Rehn (encima, apoyándose en
Bob Dylan) y el FMI para fastidiar a los trabajadores, fin de la cita como
canción del verano y el fútbol de competición que se asoma aun cuando todavía
algunos no sepan en qué categoría van a jugar, pasatiempos del estío. Pero está
discurriendo inadvertido uno que, bien mirado, nos devuelve a la pandereta
nunca perdida del todo, nos retrotrae a aquellos tiempos en que se llamaba
acusicas o acusetas a los escolares que llevaban cosas a la señorita o al
maestro; y chivatos o chulos de la Guardia Civil a quienes delataban ante el
cuerpo policial algún comportamiento ni siquiera delictivo pero que se
consideraba indecoroso o lesivo para ciertos intereses, cuando no, desafecto
para la causa.
Es el buzón
de la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Un buzón electrónico para denunciar
-dicen que de forma anónima: permitan dudarlo- conductas fraudulentas en el
ámbito laboral. O sea, que por inspiración ‘bañezca’, surge la figura del
policía laboral. O la del espía. Grande, ministra. O sea, que no hay mejor
método para luchar contra las irregularidades que traspasar la papeleta a los
ciudadanos, a los desempleados y a quienes no lo están también, para advertir
de posibles irregularidades o infracciones. Convertirles en delatores
potenciales de sus vecinos, amigos y hasta de familiares que sospechen de algún
aprovechamiento. Cabe dudar, desde luego, de los precedentes de esta iniciativa
en democracia y de las bases jurídicas que puedan sustentarla. Y más: que sea
un procedimiento apropiado para el desenvolvimiento de una sociedad avanzada.
Nos creíamos que con las máquinas y las tecnologías avanzadas bastaba. Se ve
que no cuando recurren a este método.
Tamaña
ocurrencia, desde luego, no parece seria y quizá por eso mismo no ha sido
esgrimido hasta ahora por las centrales sindicales como factor para calentar el
otoño que viene. Que sepamos, la legislación reguladora de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social es tajante a la hora de no da cobertura a la
tramitación de denuncias anónimas referidas a un presunto fraude o a algún
incumplimiento de normativa laboral. Los expertos laboralistas que han
expresado su opinión alertan del desastre que se avecina, con una colisión
evidente entre los propios inspectores -de cuya competencia y capacidad parece
que se duda, cuando lo lógico sería fortalecer sus medios- y los mismos
ciudadanos. Hasta el principio de la presunción de inocencia parece que entra
en riesgo con este sistema.
De todos
modos, que lo traten de poner en marcha quienes ofrecieron aquella explicación
del despido en diferido de un tesorero, no deja de ser paradójico, otro toque
de la pandereta esa que suena a rancia animación veraniega.
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