En el otoño que se avecina, tan caliente como siempre se ha
pronosticado, habrá que estar muy atentos, por varias razones, a la conferencia
política del PSOE. El impredecible curso que seguirá la crisis derivada del
asunto Bárcenas, el alcance que tengan las primeras resoluciones judiciales del
caso de los ERE andaluces, los preparativos de las elecciones al Parlamento
Europeo y la presión para remontar encuestas, en medio de un clima de desafección
política general, son frentes abiertos que requieren de una estrategia bien
coordinada y de una acción política pertinaz y eficiente para intentar
recuperar espacios políticos y apoyos sociales. Vale: los socialistas pretenden
generar esperanzas y vencer la resignación en la sociedad actual. Pero, tal
como están las cosas, se trata de un doble objetivo cuya consecución
posiblemente sea la más difícil empresa que ha de acometer desde su
legalización tras los largos años de clandestinidad.
Por si
fueran pocos y de intrincado fondo los escenarios en los que habrá de
desenvolverse, hay otro que empieza en la propia casa y pone a prueba su misma
madurez política: debatir y plasmar mecanismos de democracia interna que no
solo signifiquen un revulsivo y un salto a la hora de entender un nuevo y
modernizado funcionamiento de la organización sino que, en algún caso, se
traduzcan en leyes que sirvan para consolidar esquemas normativos que
refresquen y cualifiquen el propio sistema democrático, en el que es necesario,
por cierto, seguir creyendo, viendo los ataques que sufre, impregnados de
escepticismo y desnaturalización interesada.
Uno de esos
hitos -junto a la determinación de no incluir en listas electorales a imputados
que contribuirá a erradicar el tópico de que son las ejecutivas y comités, los
aparatos, en definitiva, quienes manejan a su antojo la elaboración de las
candidaturas- será la selección de candidatos mediante un proceso de elecciones
primarias o internas. Si se quiere que el principio de igualdad sea efectivo y
creíble -otra manera de estimular la participación política-, será esa
aperturista canalización democrática la que favorezca nuevas corrientes y
nuevos hábitos de los que tan necesitados están las organizaciones políticas. Y
eso debe servir no solo para el PSOE: que luego se intente plasmar en una ley,
de modo que todas aquellas sigan la misma directriz, sería muy saludable.
Cuando
algunos dirigentes socialistas hablan de “grito ciudadano”, su formación está
obligada a dar una respuesta cabal y consecuente, lo suficientemente sólida,
participativa y creíble como para aventurar que ese nuevo proyecto de país
puede ser realidad, mucho más importante que resignarse a una más que evidente
alternativa de poder.
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