El pasado mes de febrero, la Comisión Europea (CE) advertía
del “uso generalizado” de los contratos temporales en el mercado laboral
español y de sus consecuencias negativas en el sistema económico productivo de
nuestro país. El informe ponía el dedo en la llaga de la precariedad en el
empleo, circunstancia que se viene destacando por las centrales sindicales y
otros actores sociales cada vez que las estadísticas reflejan crecimientos que
el Gobierno traduce con más aires triunfalistas de lo debido.
Lo peor de los contratos temporales, como se ha dicho en
otras ocasiones, es que a duras penas sirven como soporte o trampolín de
trayectorias laborales estables y, además, están asociados a malas condiciones
de trabajo. Este último concepto incide en los riesgos de aumento de la pobreza
y exclusión social. En este sentido, se estima que el uso excesivo de la
contratación temporal es aún más preocupante en cuanto que sobresalen, en las
modalidades utilizadas, las de corta o muy corta duración.
No es de extrañar entonces que el riesgo de pobreza en
nuestro país, a pesar de la reducción experimentada en los últimos años, siga
siendo alto e incluso crezca, no solo entre los menores de edad, sino entre las
personas que sí disponen de un puesto de trabajo. El informe de la CE señala la
cobertura limitada de beneficios sociales -aunque hace una excepción con las
pensiones- y apunta que “la falta de coordinación” entre empleo y prestaciones
sociales “deja a muchos desempleados sin apoyo a sus esfuerzos por entrar de
nuevo en el mercado laboral”.
A estos factores hay que sumar los del subempleo, un concepto
que globaliza a aquellos trabajadores a tiempo parcial que desean trabajar más
horas. Los más recientes datos de Eurostat
ponen de relieve que España es el segundo país de la Unión Europeo con
mayor volumen en esa materia: 1,41 millones de trabajadores y el 7,7% de la
población ocupada cifran ese subempleo, solo superado por Chipre. Es cierto que
el subempleo ha disminuido en los últimos años. Llegó a ser del 9,1% en 2013. Y
un año después, casi uno de cada diez empleados quería trabajar más horas de lo
que en la práctica hacía. No deja de ser curiosa esta circunstancia que debería
ser tenida en cuenta por los empleadores, sobre todo cuando está acreditado que
el empleo a tiempo parcial ha sido de las pocas opciones de ocupación que ha
crecido durante toda la crisis.
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