La controversia, que
arreciará en el próximo otoño, tiene difícil solución: el Partido Popular se
empeña en la elección directa de alcaldes, medida que podría aplicarse, de
acuerdo con su propósito, en las elecciones locales de mayo del próximo año; y
el Partido Socialista estima que una medida de ese calado requiere de un amplio
acuerdo en materia de normativa electoral. A las otras formaciones políticas,
conscientes de que hay mucho interés partidista en liza, tampoco les seduce
demasiado la iniciativa popular.
A todos, incluido el propio PP, pilló el anuncio de Rajoy
con el paso cambiado. Se refugió el presidente en la cacareada regeneración
democrática para contextualizar la iniciativa, derivada, seguro, de malas
expectativas electorales. Son conscientes los alcaldes -como lo fueron en su
día los colegas socialistas- de que llevarán los cachetones del castigo de la
ciudadanía a los engaños, los incumplimientos, los desvíos y los escándalos del
partido gubernamental. Al presidente, con este mismo planteamiento, no le
importó volver a incumplir: “Lo que no llevo en mi programa, no lo voy a
hacer”, vino a decir en su momento. Aquí, además de no figurar en la oferta
programática el que ocupe la alcaldía la candidatura más votada, tampoco se
consignaba en la vigente Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración local, pendiente por cierto, de una resolución del Tribunal
Constitucional después de recibir los varapalos del Consejo de Estado.
Pero las formalidades parecen importar poco a los populares
que tratan de recuperar apoyos ciudadanos a toda costa, incluso la de impulsar
fenómenos como el de Podemos con tal
de frenar la recuperación socialista, sembrar las dudas sobre la metodología de
Iglesias y los suyos y seguir fragmentando el voto de la izquierda.
El caso es que a ocho meses de los comicios autonómicos y
locales resulta discutible la oportunidad de la iniciativa, sobre la que se van
conociendo aspectos más concretos, a la espera de disponer de un borrador o
similar que contenga los hechos determinantes de una reforma de amplio calado.
Si el PP se empecinara, independientemente de que, a la larga, conquiste o no
los objetivos que se ha trazado, se perdería una ocasión de negociar, sin el apremio
de fechas ni la torticera in tención y con un ambiente más sosegado y menos
enconado, uno de los principios que, bien procesado, podría significar, cuando
menos, un fundamento esencial hasta para el mejor funcionamiento de la
Administración local y para recuperar el interés de los ciudadanos por la
política. Un acuerdo de máximos, desde luego, proporcionaría estabilidad.
Si el PSOE, en su
momento, ya abogó por una medida similar partiendo de la disposición de un
respaldo electoral del 40%; y hasta no desdeñó la fórmula de la segunda vuelta
para fortalecer el papel de los electores y resolver situaciones de equilibrio
e incertidumbre; y si otros partidos democráticos vienen hablando de introducir
mecanismos que, sin mermar la representatividad de la soberanía popular,
propicien y garanticen tanto la ejecutividad de los electos como los procesos
de control y fiscalización, es consecuente afrontar un marco amplio de
entendimiento político interpartidario en el que desarrollar los desafíos de la
nueva era local que se barrunta, entre los que cabe, precisamente, la
modificación -no a la baja, desde luego- de los criterios de proporcionalidad
para acceder desde las urnas a la instituciones.
Tras los escarceos, dimes y diretes, puntos de vista y
posiciones fijadas en cumbres políticas individuales, se acerca la hora de la
verdad. Habrá que decidir y eso significa tener visión de Estado, o sea, lo
contrario del interés partidista a corto plazo.
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