TAMAÑA OBSTINACIÓN

Hasta no hace mucho, el ‘otoño caliente’, por lo general, se identificaba con el nivel reivindicativo de las centrales sindicales, dispuestas a movilizar hasta donde se pudiera para equilibrar desfases salariales, liquidar cuentas pendientes en determinados sectores productivos, prepararse convenientemente para afrontar planes o determinaciones de los gobiernos que incidieran en el ámbito laboral y apretar todo lo que se pudiera en la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Según el nivel o la trascendencia social de las movilizaciones, se cumplía el adjetivo de la estación.

         Pero el lugar común de la expresión, entre la crisis sindicalista, el temor a ver reducido el nivel retributivo y hasta el miedo a perder el puesto de trabajo, ha ido palideciendo, incluso como recurso periodístico. O sea, ‘otoño caliente’ pero menos, casi un recuerdo nostálgico para quienes protagonizaron  luchas, procesos de negociación y medidas ejecutivas para calmar o pacificar el malestar de segmentos sociales.

         El caso es que el empecinamiento del partido gubernamental en tensar la cuerda, reposado en la ancha peana de la mayoría absoluta y apurando, ahora que esta se agota, el cáliz de medidas reformistas (no importa que no figurasen en ofertas programáticas: qué más da otro incumplimiento), le conduce a una situación en los próximos meses francamente difícil de lidiar. Es, como seguramente habrán adivinado, la modificación del sistema electoral para que ocupen las alcaldías los candidatos más votados.

         Rajoy, de donde partió la iniciativa que disfrazaba en un contexto de “regeneración democrática” -todo lo que se quiera, menos eso precisamente entraña esta medida- quiso pillar con el pie cambiado al principal partido de la oposición, ocupado hasta hace poco en menesteres internos que le impedían distinguir el bosque político general y el alcance de modificaciones como esta. Fuimos de los primeros en señalar que, independientemente de prosperar o no, era una medida con trampa, que mal deberían dar los sondeos de opinión del estado mayor de los populares en cuanto a expectativas de voto como para detectar de inmediato que se trataba de un asidero para salvar alcaldías. Es decir, interés político partidista.

         A medida que han pasado los meses y se han conocido más informaciones, además del ritmo y la modulación política de los promotores que no parecen dispuestos, por cierto, a dar marcha atrás, el marco del debate se ha ido estrechando y enredando. Casi todos convienen en que una medida de este calado, en realidad todo lo que tenga que ver con el sistema electoral, debe ser consensuado. Al mismísimo Rajoy parece importarle un bledo aquella declaración pública suya de que no ejecutaría lo que no llevaba en el programa electoral. Y otra perla suya, de febrero del pasado año: “Yo nunca modificaría la ley Electoral por mayoría. Creo que hay consensos básicos que hay que preservar”, manifestaba en eldiario.es

            Detectada la trampa, verificado el interés propio con el que se quiere tirar hacia adelante, se van concatenando y contrastando posiciones que incluso van más allá de enfoques e interpretaciones con los que blandir la oposición a la iniciativa. El flanco gubernamental quiere blindarse y juega con el factor tiempo a la espera de que se sumen a la causa aliados inesperados o que aún no lo tienen muy claro. Claro que el PP no contaba con que el personal tiene “ganas de marcha”, si se permite la expresión, de modo que las discrepancias y las formulaciones teóricas, así como las peticiones de comparecencias, mociones en las propias instituciones locales y declaraciones puntuales empiezan a dejar paso a los anuncios de movilizaciones por parte de organizaciones políticas progresistas que no se recatan ya a la hora de hablar de cacicada, imposición, involucionismo o golpe de mano a la democracia por lo que quieren hacer ver a la ciudadanía que esta no es una pugna política más sino que es preciso boicotear la intentona popular, incluso desde concentraciones y protestas en plazas y calles.

         Eso hace presumir el otoño caliente. La pretendida reforma no solo es inoportuna sino que no cuenta con el procedimiento político adecuado. Parece poco democrática. Está claro que si se materializa estaríamos ante una medida política precipitada, partidista y sin mínimas bases de consenso. El Partido Popular suma ya contantes y sonantes descontentos como para embarcarse en otro abuso de su mayoría parlamentaria. El suyo es un empecinamiento políticamente dañino. Muy sombrío tiene que ser el panorama para intentar forzar la situación sin anestesia, tratando de imponer a los demás las reglas que más convienen a los conservadores. Si ya su credibilidad está muy mermada, tal aferramiento, tamaña obstinación revela que la voluntad y el discurso de regeneración democrática son más que dudosos.