El municipalismo ha tenido una legislatura agitada con los
vaivenes de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
local: a los varapalos del Consejo de Estado siguió el rulo parlamentario del
partido gubernamental, que no se detuvo ni ante los disensos de sus propios
representantes y que desembocó en el Tribunal Constitucional donde
instituciones y grupos políticos depositaron el último recurso, pasando por la
incertidumbre y el desconcierto a cuenta de la reasignación competencial que
generó, a su vez, un vacío considerable causante de no pocas inhibiciones y de
la mismísima confusión funcionarial.
Y el
municipalismo de las islas, en concreto, ha tenido que afrontar también el
proceso de elaboración de una nueva Ley de Municipios promovido por la
consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno canario que viene a
actualizar la normativa estatal y autonómica con la que ha venido funcionando
desde la década de los noventa. Si se tiene en cuenta que el proceso se inició
el pasado mes de marzo, con la entrega del primer borrador, y que los alcaldes
y ediles se han marchado de vacaciones después de lograr, a través de la FECAM,
un acuerdo de máximos con el ejecutivo sobre los contenidos de la Ley de
Municipios de Canarias cuya tramitación parlamentaria se iniciará el próximo
otoño, se diría que han aprovechado el tiempo, han sido consecuentes con las
declaraciones de principios que hicieron en su día, acompasando la voluntad del
Gobierno, y se han esmerado con tal de contar en el futuro con una norma
autonómica que, por fin, va a regular el funcionamiento y el régimen
competencial de los ayuntamientos y a garantizar el cumplimiento de la
suficiencia financiera.
Hay que congratularse
de la madurez acreditada por los munícipes para afrontar el proceso con una
clara voluntad constructiva. Lo demostraron con la búsqueda de alternativas -auspiciada
por la citada consejería- a las dudas que surgieron con las prestaciones de los
servicios sociales o la ejecución de las actividades extraescolares. Solo es
posible posicionarse con solidez ante las incertidumbres dimanantes de las
circunstancias y de los tiempos que corren con acuerdos y consensos amplios que
sustancien respuestas pragmáticas y operativas que estén a la altura de las
exigencias de la ciudadanía. Interpretaron bien que la obra de reorganización y
modernización administrativa les afectaba de lleno y por tanto debían hacer
valer su experiencia para completar la descentralización, por ejemplo, o para
esclarecer la asignación competencial interadministrativa y así evitar
duplicidades, uno los tópicos enquistados (incluso en los ámbitos menos
políticos) y que ahora se podrá superar.
La
aplicación y desarrollo de los fundamentos de transparencia y participación, de
los que ya se poseen avances vertebradores fraguados también en la presente
legislatura autonómica, son otros campos donde los munícipes podrán contrastar
que el futuro de la gestión local entra en una dimensión distinta que requiere
de visiones más amplias y de criterios más generosos, apoyada aquélla, por
cierto, en el adecuado empleo de las redes sociales.
Nueva era,
pues, para el municipalismo. Que sea provechosa.
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