¿Se acuerdan de aquel
macrodecreto de medidas urgentes “para el crecimiento de la competitividad y la
eficiencia”, convertido en proyecto de Ley? ¿Recuerdan que también fue conocido
como “decreto ómnibus”, dada la diversidad de medidas que incluía y que afecta
a nueve ministerios diferentes?
Seguro que sí. Pues va a ser el arranque del nuevo curso
político. Que nadie se extrañe si algún diputado acude en bañador (bueno, en
atuendo vacacional) a la comisión de Economía del Congreso donde está previsto
tratar la iniciativa en la última semana de agosto. Una iniciativa que modifica
treinta leyes. Cuando el decreto fue convalidado el pasado mes de julio, se
escucharon, entre otras críticas, algunas expresiones significativas
procedentes de la oposición: corrupción de la democracia y barbaridad
legislativa, entre otras. El Gobierno, cómodamente instalado en la mayoría
parlamentaria, negó, en manifestación de la vicepresidenta: “Nosotros no
traemos recortes por decreto, traemos estímulos”.
Y con tales antecedentes, vuelven sus señorías, gobierno y
oposición, a sus escaños y a sus despachos, a los titulares gruesos y a la
crispación. Vientos de escándalo ya soplan sobre la tramitación de la medida. El
debate de las formas es archisabido y no hay previsibles novedades: decreto,
porque somos más, y tente tieso. Al ejecutivo no lo arruga ni el anuncio de un
nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional de, al menos, tres grupos
parlamentarios.
En cuanto al fondo, el Gobierno ha vuelto a quedarse solo
pero eso parece poco importar a estas alturas de la legislatura. Cada vez van
quedando menos fechas para aprobar asignaturas tales como el Plan de Garantía
Juvenil, orientado al fomento de la contratación laboral de jóvenes mediante
nuevas bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social; y la entrada de
capital privado en la Agencia Española de Navegación Aérea (AENA), tan
contestada en algunos sectores y en algunas comunidades autónomas. La cesión
del Registro Civil a los registradores mercantiles, favorecer la
internacionalización de las pyme y
las reducciones fiscales para los autónomos son otros ámbitos en los que el
Gobierno de Rajoy quiere extender su radio de acción. Estarán igual de atentos
los ayuntamientos pues el decreto prevé la refinanciación de su deuda. Y para
que nada falte, para que segmentos de población como los preferentistas
engañados y los desahuciados que no tuvieron otro recurso que la dación en pago
se sientan atendidos y que también tengan un hueco bajo el “manto protector”,
el macrodecreto de medidas urgentes, llore o chille la oposición, va. De todas
maneras, va.
Esto es lo que se avecina. Da igual, por cierto, el
crecimiento de la deuda pública que ya ha alcanzado los veintidós mil euros por
habitante. O lo que es igual: el billón de euros, a menos de dos puntos del
cien por cien del Producto Interior Bruto (PIB). No nos hagamos ilusiones: si
la Ley de Estabilidad Presupuestaria fijaba que dicha deuda debería quedar en
el 60% el próximo 2020, al ritmo de crecimiento que se lleva ya hay que ir
calculando que sería en 2030 cuando se alcance ese objetivo.
Para entonces, todos calvos.
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