Se avecina ese breve paréntesis que ha sobrevivivido en la dialéctica tópica desde los tiempos de José María García: un alto en el camino, que repetía casi todas las noches en su relato informativo. Entre los días tontos (pero menos) de Semana Santa y los apremios (pero preocupantes, sobre todo por las repercusiones) del presidente americano, Donald Trump, así como de los grupos parlamentarios de oposición en España que ansían saborear una nueva derrota del Gobierno en las Cortes, a ver cómo encajan los planes del jefe del ejecutivo, Pedro Sánchez, con respecto a los Presupuestos Generales del Estado. Deberá estar atento al flanco que se abre desde el municipalismo el cual, encabezado por la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo, se mueve en torno a un lema, “Hacer todo lo que haya que hacer”, para contar con las previsiones contables. Y es que ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells precisan de esas estimaciones para disponer de recursos y transferencias de capital que propicien aprobar cuentas y consignar cantidades o fichas financieras para materializar sus principales actuaciones. El tiempo, dentro de nada, desde que se cruce el ecuador, ya empezará a jugar en contra para todos.
García Pelayo se ha atrevido con una cuantificación. “Los ayuntamientos están perdiendo por esta situación 1.159 millones de euros”, ha dicho. Agregó que “cuando los ayuntamientos pedimos más financiación, lo estamos pidiendo para hacer mejores políticas. Se queja la presidenta de la FEMP, por cierto, de que ha remitido diez cartas al ministerio de Hacienda que no han obtenido respuesta. Y aprovecha el contexto reivindicativo para manifestar su contrariedad con la nota técnica remitida por el Ministerio de Hacienda a los alcaldes, en la que “nos prohíbe usar el dinero del superávit logrado el ejercicio anterior para las inversiones que se consideran financieramente sostenibles”, y nos obliga a destinarlo tan solo a amortización de deuda. En consecuencia, ha pedido al Ejecutivo que se elabore o adopte una legislación de urgencia para prever que la falta de presupuestos no obstaculice ni entorpezca aún más la situación financiera de los ayuntamientos y poder recibir la financiación.
La federación municipalista revela también su preocupación con la célebre subvención al transporte público. La principal dirigente de la FEMP ha asegurado que el ámbito local solicitará al Gobierno de España que no se reduzca la consignación actualmente vigente. “En estos momentos -detalla García Pelayo- el Estado financia el 30 % del coste del transporte público bonificado, y los ayuntamientos el 20 %. Sin embargo, el Ejecutivo ha anunciado su intención de reducir su aportación al 20 %, lo que dejaría un 10 % sin cobertura, salvo que lo asuman las entidades locales”.
La presidenta ha abogado por un transporte público de calidad, gratuito para los menores de catorce años y bonificado para los jóvenes y determinados sectores de la población que son vulnerables. Por lo tanto, ha concluido: “Que no nos tomen el pelo, que no nos engañen, porque no nos engañan a nosotros, engañan en definitiva a los ciudadanos”.
El tiempo no se detiene. Es el problema que deben afrontar todos, munícipes, consejeros y demás ralea de cargos públicos. Suspiran por una financiación que proporcione consistencia a numerosos proyectos. Las circunstancias, brevemente descritas en el primer párrafo, no son muy favorables. Hará falta algo más que buena voluntad para concertarla.