DINEROS MUNICIPALES

Hoy puede ser un mal día para el municipalismo si al final no se alcanza un acuerdo con el Gobierno que favorezca el gasto de los ahorros y poder afrontar el impacto de la crisis sociosanitaria. Tal como están las cosas, la repercusión política es imprevisible -máxime teniendo en cuenta la conferencia de presidentes prevista para hoy- pero es evidente que al ejecutivo no le conviene que se abra un flanco en ese ámbito: la fácil previsión de un otoño caliente se acentuará si se desata un conflicto con unas cuantas derivaciones internas. Ayer mismo hablaban desde las filas socialistas de un ‘trágala’.

Es verdad que, tratándose de distribución de fondos o recursos, los elementos que se amontonan en la mesa no son fáciles de combinar y hacer viable el engranaje. La propuesta del ministerio de Hacienda no termina de contentar: consiste en retener el grueso de los ahorros para ser devuelto en diez años. A cambio, los ayuntamientos podrán gastar cinco mil millones de euros de sus remanentes acumulados durante la última década. El Gobierno ha ido mejorando sus ofrecimientos hasta el punto de garantizar fórmulas para que los alcaldes participen en el reparto de las ayudas europeas del fondo de recuperación y del que España, como se sabe, recibirá ciento cuarenta mil millones de euros. Pero la inconcreción de los porcentajes siembra las dudas entre los interesados. Otra oferta gubernamental: un fondo de transporte de doscientos setenta y cinco millones de euros para sufragar las pérdidas de las empresas municipales de servicios públicos urbanos. Alcaldes de distinto signo político, coinciden en señalar que les parece insuficiente, si bien las complicaciones tienen ya unos antecedentes que han propiciado las reivindicaciones municipalistas. Piden que se les permita utilizar los ahorros que registran en cada ejercicio. Eso significa la acumulación de unos remanentes cifrados en dieciocho mil millones de euros. La normativa vigente, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la propia Constitución, condiciona enormemente las aspiraciones de los munícipes.

Por todo ello, urge la negociación y aprobación de la Ley de Financiación de las Corporaciones Locales, compromiso que asume el Gobierno, aunque sin persuadir a la mismísima Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), que sospecha de una intención poco nada resolutiva: querer dar largas al asunto. Recelan los alcaldes que quieren determinar el destino final de los fondos, pensando especialmente en las actuaciones de movilidad sostenible. Ese plazo de devolución, diez años, les resulta eterno, además de condicionar y hacer enrevesados cada ejercicio presupuestario. No olvidemos, por otro lado, que parece cada vez más extendida la sensación de malestar entre los alcaldes, hasta el punto de haber generado una situación de agravio permanente con respecto al trato dispensado por el presidente del Gobierno y la ministra de Economía a las comunidades autónomas.

Y surge, claro, el conflicto político. El órgano que aglutina a los municipalistas, la Femp, viene basándose en una histórica unanimidad para ir desbloqueando asuntos y avanzando en la consecución de logros que dan prestancia a las administraciones locales, o lo que es igual, para situarlas a escala de la Unión Europea (UE). Todas las informaciones coinciden en señalar que el presidente y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, se ha esmerado en el largo proceso de conversaciones mantenido para alcanzar un acuerdo satisfactorio. No ha podido ser, por lo que esa unanimidad corre peligro. De hecho, fijar posición en el seno de la Federación ha tenido que ser aplazado. Las consecuencias: el bloqueo y un elevadísimo pago de intereses que los ayuntamientos se ven obligados a abonar a los bancos por mantener sus ahorros inmovilizados. Opciones: reunión extraordinaria para hoy de la ejecutiva de la Femp, donde no hay mayoría socialista. Las negociaciones de ayer tarde-noche habrán sido durísimas. El resultado, muy imprevisible. Pero todo da a entender que no habrá unanimidad.

IMPULSO AL EMPLEO

Noticias de empleo en plena crisis siempre son de agradecer. Se anuncia para el próximo 5 de agosto la firma de un convenio entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno de Canarias que materializará la transferencia a la Comunidad Autónoma de los fondos para 2020 del Plan Integral de Empleo para Canarias (PIEC). La aportación del ministerio se eleva a cuarenta y dos millones de euros.

El PIEC ha resultado decisivo en el pasado. Lo agradecieron mucho los ayuntamientos pues venía a inyectar recursos para la contratación de personal que habría de ejecutar determinadas actuaciones. En esta ocasión, con los efectos de la pandemia notándose en amplio sectores, el Plan es, sobre el papel, más útil y más necesario.

Según informó el ministerio después de la aprobación del Consejo de Ministros, los fondos consignados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) permitirán, “impulsar dinámicas de crecimiento económico y social ante la situación extraordinaria derivada de la pandemia” de la COVID-19. La transferencia a Canarias de esta partida permitirá poner en marcha políticas activas de empleo orientadas combatir el paro y a acompañar a las personas trabajadoras en el tránsito de la actual crisis, por lo que constituye un instrumento fundamental para ofrecer a las personas desempleadas de Canarias todas las garantías necesarias, avanzando en las acciones previstas en el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias.

El presidente de la Comunidad Autónoma aclaró en sede parlamentaria que la aprobación del plan “se adelanta este año respecto al anterior” y subrayó el papel “clave” del documento para “responder a la situación del empleo en nuestra tierra”. Añadió que “los 42 millones de euros del PIEC van a ser muy bien utilizados por el Gobierno autonómico para la puesta en marcha de planes que impulsen la generación de empleo en las islas”.

A la hora de desglosar esta convocatoria del PIEC, tengamos en cuenta que permitirá poner en marcha la nueva edición del Plan Extraordinario de Empleo Social (PEES), dotado con 20 millones de euros, y del Plan Extraordinario de Empleo COVID-19 (Pecovi), dotado con 10 millones de euros y destinado a la contratación de personas desempleadas como consecuencia de la pandemia. Ambas medidas fueron presentadas recientemente a la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

Por otro lado, los fondos del PIEC harán posible también la articulación del Plan Extraordinario de Transición Ecológica (PETE) con los cabildos insulares, dotado con 5 millones de euros, y un plan para la modernización de las oficinas de empleo del Servicio Canario de Empleo (SCE), dotado con 1 millón de euros. Las partidas se completan con un paquete de medidas para impulsar proyectos de empleo y apoyo a pymes y personas trabajadoras autónomas, por importe de 6 millones de euros.

Estas son las respuestas políticas que la población espera en tiempos de zozobra, las que ayudan a despejar los horizonte sombríos de la recuperación económica. La cooperación y coordinación interinstitucional son decisivas en situaciones como esta. De ahí que la aprobación del PIEC para 2020, fruto del diálogo permanente y de las negociaciones entabladas por el Gobierno de Canarias con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, así como del diálogo social a la hora de definir las políticas activas de empleo necesarias para plantar cara a la COVID-19, sea merecedora de ponderación.

INTERLOCUCIÓN FIRME Y OPERATIVA EN TIEMPOS DE ZOZOBRA

No va a ser fácil despejar las incertidumbres turísticas. La incipiente recuperación se ha visto frenada en cuestión de horas o de días y la desmoralización ha vuelto a cundir en el sector, al que le queda el desahogo contra los políticos como uno de los escasos recursos. Como si los políticos estuvieran interesados en que prosiguiera el caos y la industria se autodestruyera.

Claro que no es así. Pero también se entiende la desazón de los emprendedores, de los empresarios y de los profesionales que van acumulando reveses y se han estancado en el túnel porque no hay luz.

Lo ocurrido entre el sábado pasado y ayer pone de relieve, con noticias que eran adversidades y alimentaron la confusión, a partir de las recomendaciones de los gobiernos del Reino Unido y Alemania de no viajar a España –y el de Francia a Catalunya- dadas las incógnitas que despertaban los rebrotes de la COVID-19, la necesidad de moverse con prontitud y diligencia, procurando evitar la precipitación e incurrir en actitudes negativas extremas que en nada contribuyen a la búsqueda de soluciones que dependen de muchos factores y de algunas decisiones que no son fáciles de tomar en climas de presión, tensión y confusión. Ingleses y alemanes tienen cultura de vacaciones, hacen sus reservas con notable antelación. Luego hay que desbloquear los procedimientos y los trámites hasta su asiento en el avión y su llegada al hotel.

Habrá que ir fijando la interlocución. Se comprende que cada quien quiera las soluciones más favorables para su ámbito pero hasta ese es uno de los factores que complican las alternativas. Los sectores público y privado están condenados a entenderse porque las circunstancias así lo requieren y hay mucha gente que necesita orientación para saber hacia donde guía los pasos. Nadie se opone a la libre voluntad de asociarse para la defensa de intereses sectoriales y empresariales, para tratar de ganar peso en las coordenadas donde se libran disputas de intereses, para participar, en fin, en cualquier controversia, pero llega un momento en que es necesario sacrificar lo que sea, renunciar a lo que sea con tal de unificar criterios para defenderlos ante quien proceda y saberlos defender.

La iniciativa de constituir un grupo representativo que, programa en mano, viaje al Reino Unido, se entreviste y se reúna con distintos ámbitos institucionales –también con las compañías aéreas, no se olvide- para hacer ver que la realidad insular es distinta y que invita a establecer excepciones, es plausible pero requerirá una coordinación exquisita. Solo la unidad de acción será una palanca de persuasión y garantizará el éxito.

Por lo demás, no hay que dar muchas más vueltas: hasta que lleguen las vacunas, hay que extremar las medidas de cautela --¿es tan difícil homogeneizar la realización de los tests?- e insistir con las autoridades locales para la estricta aplicación de las medidas correspondientes, que mucho de irresponsabilidad y de negligencia en sectores de la población civil hemos visto desde que acabó el confinamiento.

No hay tiempo que perder. Pero hay que ser operativos. Sabiendo lo que se necesita y lo que se quiere. He ahí el secreto de esa interlocución firme y sólida, antes que entretenerse echando culpa a políticos.

MANUAL DE ORATORIA

Manuel Herrador Calatrava publica su primer libro, Manual de oratoria Sin secretos, si arte, sin prisas, sin magia… (Rubric), una obra prologada por José Carlos Alberto Pérez-Andreu que ve la luz con clara vocación de convertirse en una eficaz herramienta de consulta y estudio para cualquier profesional, al resultar fruto de una experiencia formativa de casi tres décadas de investigación y docencia en conceptos tales como la oratoria, la comunicación pública y la locución profesional audiovisual.

Un libro necesario, muy válido para enriquecer la formación profesional a partir del ejercicio práctico ante el micrófono, el atril o la tribuna. Escrito, además, tal como se indica en el subtítulo para meterse de lleno en una materia, “sin secretos, sin arte, sin prisas y sin magia”. Ya el título del primer capítulo invita a leer o descubrir pues escribe el autor que “No se precisan dones, sino conocimiento”.

Y así, a lo largo de otros veintitrés fragmentos y un sustancioso epílogo, va desglosando los secretos y los frutos que permitieron a Herrador, actual doctorando en Ciencias Sociales en la Universidad de La Laguna, recorrer “un excitante camino de experiencias comunicativas”.

No en vano han sido veinticinco años de una trayectoria profesional dedicada a la formación y al ejercicio activo de la comunicación periodística en general y de la oratoria y la locución audiovisual en particular. El autor intenta –y lo consigue- contagiar su pasión por la palabra, el sonido y el mensaje hablado. El autor se dirige al lector invitándole a desarrollar con aprovechamiento las recomendaciones y sugerencias que ha ido madurando al calor de su examen cotidiano ante una comparecencia pública, en la que todo importa: la gestualidad, la entonación, la memoria, la dicción, la inflexión y algo tan importante como la capacidad de improvisación, especialmente cuando haya que saltarse el guión.

Y es que Manuel Herrador Calatrava también dedica un capítulo al silencio, “la bella pieza que debemos manejar a discreción”, eso sí, sin abusar, “sin potenciarla más de lo que el momento y el concepto textual requiera”. El autor es tajante cuando señala al silencio “como de aplicación obligada a nuestras intervenciones públicas con absoluta seguridad de que su función expresivo y el efecto intuitivo que provoca en quien lo recibe es positivo e ineludible”.

En una época en la que hay que saber callar y los silencios entrañan un valor notorio, las orientaciones de Manual de oratoria son muy atrayentes. Pero también otras figuras y otros recursos, consustanciales con el desempeño del periodista, del comunicador, del locutor… y del político o profesional que ha de expresarse en público y ha de poner a prueba su credibilidad misma. Son tan importantes en ese sentido la muletillas o los tics verbales como los postulados o principios de lo que no debe decirse públicamente.

En definitiva, un libro que resulta indispensable para conocer los secretos de la capacidad de expresión de cada quien en el que se combinan desarrollos teóricos y ejercicios prácticos. La obra, por cierto, posibilita el acceso a ejemplos a través de enlaces de audio en Red.

Con ellos se lanza, por cierto, a buscar o propiciar la originalidad y, tal como dice en otro capítulo, la salsa del mensaje.

SIN QUIOSCOS NI PUNTOS DE VENTA

Algo lejos quedan ya los tiempos en que los repartidores de prensa distribuían cada mañana, muy temprano, a toda prisa, los paquetes con los ejemplares que dejaban en librerías, quioscos y puntos de venta. No digamos aquellos otros en que los porteadores y voceadores salían de los establecimientos o desde la propia sede de los periódicos gritando el nombre del rotativo o de la publicación, a menudo con un añadido que consistía en resumir con una o dos palabras la noticia del día o el impacto del día. “La maté y fui a comulgar”, recordamos un reclamo en Caracas, y a continuación el nombre del medio.

Todo eso forma parte ya de la historia de la prensa. El presente es muy distinto: han cambiado por completo las formas de la provisión de información y, por supuesto, los modos y hábitos de consumo. Quizá en algunas localidades o en determinados países se conserven aquellos métodos elementales o rudimentarios que, por otro lado, significaron en muchos casos auténticos medios de vida.

La pandemia ha asestado un duro golpe a lo que restaba de aquellos esquemas, refugiados si se quiere en quioscos emplazados en la vía pública cuyos titulares, arrendatarios o concesionarios hicieron y siguen haciendo considerables esfuerzos para subsistir. Leemos en elconfidencialdigital.com que el sector de los puntos de venta de prensa en Madrid ha sido uno de los grandes castigados por la COVID-19. En efecto, la Asociación de Vendedores Profesionales de Prensa de Madrid (AVPPM) ha informado de que más de la mitad de los trescientos setenta puntos de venta registrados en la capital, echaron el cierre por miedo a contagios. El confinamiento provocó que la gente no pudiese bajar a la calle y, por lo tanto, comprar ejemplares en los quioscos. Según el citado digital, muchos cerraron automáticamente sin opción a volver a abrir y otros han reabierto sus puertas al público de nuevo.

Se van amontonando los testimonios de desazón y desespero entre los quiosqueros y las personas directamente afectadas. Hay quienes dicen vender menos de cien unidades de diarios cuando antes superaban las quinientas. La emergencia sanitaria, según otros, indujo a la venta de diez o doce ejemplares en quioscos particulares. Algunos se han dado de plazo hasta septiembre: como la situación persista o se agrave –sobre todo teniendo en cuenta que las actividades derivadas de la comunicación impresa van a seguir menguando-, no tendrán otra opción que cerrar. Algunas vías, desde luego, se quedan sin quioscos.

Y es que desde 2010, los puntos de venta en la capital del Reino se han reducido en un cincuenta por ciento. Hace diez años, había unos ochocientos y en la actualidad, como se ha dicho, unos trescientos setenta.

¿Alternativas? No son fáciles, aunque algunas empresas ya han ensayado métodos como el la suscripción y el reparto directo a domicilio, o sea, llevar el periódico a casa. Cuestión de números, cada cual habrá hecho los suyos para comprobar si la fórmula es rentable, sobre todo pensando en captar la fidelidad. Es un método de supervivencia, de acuerdo, incluso para los propios quiosqueros afectados por esa tendencia a la baja. Es repartir a domicilio a los clientes habituales. Una vía de escape que, de no haber sido utilizada de manera constante, con seguridad hubiera precipitado el cierre de algunos. Pero el pesimismo sigue predominando: a pesar de las facilidades o de la comodidad, el número de clientes que deja de adquirir el periódico es cada vez mayor.

TIMBRES DE ALARMA

Estaban sonando los timbres de alarma desde el sábado por la tarde que, para no variar, alimentaron la alarma y la confusión en el sector turístico, al que da la impresión que le está gustando un drama, colocarse en un límite y no saber por donde tirar. El Gobierno de Francia prohibía expresamente a sus ciudadanos pasar a Catalunya y el del Reino Unido recomendaba no viajar a España, si bien luego excepcionaba a los archipiélagos balear y canario, dejando claro que quienes lo hicieran habrían de someterse luego a la cuarentena correspondiente.

En las primeras horas de la mañana de hoy, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, transmitía cierta tranquilidad con un mensaje en redes sociales: “Gran Bretaña ha excepcionado a Canarias y también a Baleares de la recomendación a sus ciudadanos de no viajar a España por el desarrollo de la COVID-19. Trabajamos con ministerios y gobierno británico para crear un corredor aéreo seguro con el Reino Unido”.

El presidente Torres, en efecto, ha solicitado a las ministras de Asuntos Exteriores y Turismo, Arantxa González Laya y Reyes Maroto, respectivamente, la creación de corredores aéreos seguros y directos entre Canarias y el Reino Unido.

El sitio digital cadenaser.com, también desde primera hora del domingo, informaba de que Canarias es una de las zonas de Europa con menor incidencia en la COVID-19, con 5,8 casos por cien mil habitantes, lo que lo convierte en uno de los destinos más seguros para pasar las vacaciones este verano.

Esta acción ha sido también coordinada con la presidenta de Baleares, Francina Armengol. A todas estas gestiones se suma que Ángel Víctor Torres mantiene abierta la comunicación con representantes del Reino Unido, una vez este país ha decretado una cuarentena para todos los viajeros que vuelvan de España.

Sin embargo, en la misma decisión, el Gobierno británico aclara que Canarias y Baleares quedan excluidas de la recomendación a sus ciudadanos de no viajar a España, es decir, que pueden seguir haciéndolo como tenían previsto. Se trata ahora de que, a la vuelta, estos ciudadanos no tengan que someterse a una cuarentena al llegar a su país, tras disfrutar de sus vacaciones en Canarias.

Simultáneamente, la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, también ha mantenido una primera conversación con el embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliot, para solicitarle más detalles sobre esta decisión y transmitir la necesidad de mantener una vía de ida y vuelta directa y segura.

En esta información de la SER, Castilla considera que, de aplicarse finalmente, esta medida sería perjudicial para Canarias por las repercusiones que para el sector turístico tiene en un momento en el que se estaba empezando a recuperar cierta conectividad con el Reino Unido, principal país emisor hacia las islas, al abrigo de los buenos datos epidemiólogos y la imagen de seguridad que se ha estado trasladando.

Como ya indicamos, durante toda la tarde-noche de ayer, distintos gabinetes del Gobierno de Canarias mantienen comunicaciones permanente abiertas con la Administración del Estado, la Embajada del Reino Unido y con el secretario de Estado de la Unión Europea para hacer valer la situación excepcional del archipiélago, donde la entrada por barco y avión está muy controlada, con baja prevalencia de la COVID-19.

Pareciera que los timbres de alarma han atenuado su sonido.

MÁS POBRES, MÁS EXCLUIDOS

La última “Encuesta de Condiciones de Vida” en España, correspondiente a los datos de renta de 2018, ofrece, según leemos, resultados paradójicos. Mejoran la mayoría de indicadores pero aumentan la pobreza y la exclusión en algunos de los sectores más desfavorecidos de la población. Sobre todo, crece la pobreza infantil, que se había reducido en 1,5 puntos porcentuales el pasado año, alcanzando el 27,4 % de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), la denominación abreviada que el Gobierno emplea para corresponder a los propósitos de lenguaje inclusivo. Este último porcentaje supera en un 35 % la tasa de población adulta entre 18 y 64 años.

La conclusión es que 9,7 millones de personas están en riesgo de pobreza en nuestro país. Y que se confirma la urgencia de adoptar medidas de forma inmediata para contener las consecuencias económicas de la pandemia. Porque se constata, igualmente, un aumento de la desigualdad: las estadísticas reflejan que el 20 % más rico de la población riene una renta neta unas seis veces superior a la del 20 % más pobre, alcanzando una nivel de desigualdad aún más amplio del que había hace dos años. Con estas cifras se pone de manifiesto que tienen plena justificación medidas como el Ingreso Mínimo Vital, situándolo por encima del umbral de pobreza.

La Encuesta revela, asimismo, dos cuestiones a las que hay que prestar atención. Por un lado, termina la 'Estrategia 2020' y los resultados obtenidos, muestran no solo que España falló en el cumplimiento de los objetivos comprometidos, sino que, además, los indicadores propuestos para evaluar la estrategia registran datos incluso superiores a los del inicio del período. En segundo lugar, los datos muestran una notable mejoría con respecto a los del año anterior y continúan la senda de mejora iniciada a partir del año 2014. Sin embargo, la crisis de la COVID-19, sin precedentes en la economía española, los ha hecho desvanecer y obliga a considerarlos como un mínimo que en los próximos años se incrementará notablemente.

Por último, la crisis sanitaria incide en la privación material severa, conceptuada como el indicador AROPE. La estadística oficial muestra que reanudó su proceso de reducción y, en  a actualidad alcanza al 4,7% de la población residente en España, lo que supone algo más de 2,2 millones de personas. A pesar de la apreciable reducción experimentada, la privación material severa aún es muy elevada y llega a unas 560.000 personas más que en el año 2008. Ante estos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la 'Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social' para España, demanda activar las medidas incluidas en la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza.

Los registros ponen en evidencia la necesidad de mejorar sensiblemente las políticas públicas no solo para combatir la pobreza sino para reducir la marginalidad o la exclusión social que se han acentuado durante la pandemia. La situación es grave, como se demuestra científicamente, luego es indispensable prestar atención y recursos a un preocupante estado de cosas que, con los actuales niveles de economía productiva, va a ser muy complicado superar.

HISTÓRICO, SÍ

Es probable que, desde los años ochenta, desde aquellos célebres debates sobre el modelo de integración de España y de Canarias en las Comunidades Europeas, no interesaran tanto las decisiones de los órganos de la actual Unión Europea (UE). Se repartía dinero y no era cuestión de cerrar las negociaciones con un fracaso que hubiera puesto en cuestión la utilidad misma de la estructura, a partir de las diferencias de los responsables de los estados miembro. Había que alcanzar un acuerdo, como fuese. En plena crisis post-pandemia, la salida –prácticamente para todos- dependía de la capacidad de admitir y renunciar a criterios, de ser comprensivos con las exigencias y de no tratar de resolver a base de intransigencias, basándose en presunciones de incumplimientos.

El Consejo Europeo ha dado una respuesta histórica cuando la incertidumbre de la papeleta se agigantaba. Por tanto, parece de perra chica esa simplificación sustanciada tras haber alcanzado el acuerdo, en clave de política nacional: una proyección del debate inabarcable Gobierno-oposición. Al final, el Partido Popular, que esperaba otros resultados probablemente, tuvo que plegar velas y ponerse al pairo hasta transmitir que su intervención fue decisiva para alcanzar eso, el mejor acuerdo imposible (que parecía). Su estrategia inicial, con recelos y reproches, como viene siendo tónica predominante, no pareció muy afortunada. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al frente del complicado proceso negociador por el lado español, ha salvado algo más que los muebles y ha subido enteros en esa cotización de liderazgo o de hombre de Estado que parecía se le resistiera.

Como ya deben saber, un gran Fondo de Recuperación de setecientos cincuenta mil millones de euros, denominado ‘Próxima Generación UE’, constituye la base del acuerdo. No es un ‘Plan Marshall’, pero casi. Ha de ser la base de la base de la recuperación, asentada en tres factores relevantes y que en teoría han de caracterizar la sociedad europea del futuro: la transición digital, la transición ecológica y la formación de estudiantes y trabajadores. Estos soportes son primordiales para los pretendidos objetivos de una economía competitiva, inclusiva y sostenible.

De esta cantidad global, equivalente al 4,6 % del Producto Interior Bruto (PIB) de 2019, trescientos sesenta mil millones de euros serán destinados a préstamos; y trescientos noventa mil millones a transferencias, que serán resueltas supeditadas al impacto de la pandemia. ¿Qué se trae España de las arduas negociaciones que dieron como resultante las cantidades antedichas? Pues ha logrado completar hasta ciento cuarenta mil millones de euros en los próximos seis años: más del 11 % del PIB nacional. Setenta y dos mil setecientos millones de euros figuran en el capítulo de transferencias. La ayuda a España significa, en números contantes, diez veces más que lo obtenido en los años noventa en el marco de los fondos de cohesión.

No es poco ni está mal, desde luego. Con razón, hubo una satisfacción generalizada. La reconstrucción de muchos países dependía (depende) de una distribución apropiada de los recursos. Era el do de pecho. Sobre el papel, la UE lo ha dado con altura de miras, lo cual le permite salir más sólida y mejor vertebrada. Los gobiernos de los países deben ahora corresponder y estar a la altura. Los gobernantes han hecho un ejercicio de equilibrios económicos para encarar un cambio histórico. Ahora tendrán que afrontar objetivos que refrenden la gran tarea de la modernización, clave para no perder ningún tren. Y miren que se está larvando la revolución digital, verde y de cohesión social y territorial.

Esta vez, procede: acuerdo histórico.

ATAQUE A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y EXPRESIÓN

Supone un claro ataque a la libertad de información y expresión, a la libertad de crítica y a la libertad ideológica.

Así de rotunda se ha manifestado la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) a la hora de rechazar la propuesta de ley orgánica presentada por Vox para regular la verificación de las noticias falsas. La proposición había sido admitida a trámite por la Mesa del Congreso de los Diputados y estaba enfocada a la regulación de noticias falsas en redes sociales, sitios web y medios de comunicación impresos, digitales y audiovisuales, con el efecto añadido de prohibir “toda verificación de opiniones” en redes sociales, medios de comunicación e internet.

La formación ultraderechista estima que la verificación ha sido confiada a medios “con sedicente pretensión de naturalidad ideológica, pero en verdad, directa o indirectamente, dependientes de gobiernos y/o autoridades”. Añade que apoyan a ciertos partidos políticos en tanto son hostiles con otros. En el texto de la iniciativa, se señala, además, que solo la Justicia “podrá adoptar decisiones sobre la verificación de noticias falsas”, y que las empresas u organizaciones que hagan la verificación sean “civilmente responsables” cuando vulneren los derechos a expresar opiniones y a comunicar o recibir libremente información veraz.

Pues bien, la FAPE ha sido muy clara al rechazar que la verificación de la falsedad de una noticia no pueda efectuarse por los titulares de los medios (directamente o a través de terceros) que directa o indirectamente dependan de gobiernos, autoridades o sean políticamente “partidistas o partidarios”, salvo que “confiesen” dicha dependencia o adscripción “partidista o partidaria”. Advierte la asociación profesional que agrupa a más de diecinueve mil asociados que el partido promotor olvida que la Constitución garantiza la libertad ideológica en su artículo 16.1 y que el artículo 16.2 establece que nadie podrá ser obligado a declarar (o “confesar”) sobre su ideología, religión o creencias.

La FAPE desmonta el planteamiento que hace la representación ultraderechista sobre la prohibición de la verificación de opiniones: no es más que prohibir que otro pueda responder a lo que uno opine, en el ejercicio de la libertad de expresión, por lo que coarta la libertad de crítica, al menos en redes sociales, blogs, sitios web en general, prensa impresa y digital y medios de comunicación audiovisual. Y es que las opiniones, como juicios de valor de las personas son criticables. Pero no verificables. En realidad, la proposición de ley pretende eliminar la crítica de las opiniones y la verificación de las informaciones. En cuanto a la responsabilidad civil o penal, ya está perfectamente recogida en las leyes (Código civil, Código Penal, Ley Orgánica del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen y otras normas).

La FAPE también está en manifiesto desacuerdo con otro de los preceptos del grupo parlamentario que intenta regular por ley la verificación de las noticias falsas. En efecto, su pretensión es que solo la autoridad judicial competente pueda adoptar decisiones sobre la verificación de noticias falsas, lo que sugiere que, para poder entrar a analizar si una noticia es falsa o veraz, hay que acudir a los tribunales. Esto supondría que serían los jueces quienes decidieran qué es noticia y qué no lo es, tarea que corresponde a los periodistas y medios en el marco de la libertad de prensa y del derecho de información de la ciudadanía.

Subraya la FAPE que “los medios cuando dan información (hechos noticiables, de interés público), están obligados, de acuerdo a las normas deontológicas de la profesión, a verificarla previamente, sea cual sea el canal a través del que la reciban, lo que conlleva que deban evitar el dar “noticias falsas”.

Y aclara que en España, cuatro organizaciones (AFP, EFE Verifica, Maldita.es y Newtral) forman parte del programa de verificación de contenidos en Facebook e Instagram. Todas ellas están certificadas por la Red Internacional de Verificación de Datos, creada por el Poynter Institute estadounidense. Esta Red pone como condición para el ingreso la adhesión a cinco compromisos: con el no partidismo y la equidad; con la transparencia de las fuentes; con la transparencia de la financiación y la organización; con la transparencia de la metodología y con las correcciones abiertas y honestas.

CATHARUM, TRIBUTO A ESPINOSA

La profesora Margarita Rodríguez Espinosa tuvo a su cargo anoche, en la sala Andrómeda del complejo turístico ‘Costa Martiánez’, la presentación del número 18 de Catharum, revista de Ciencias y Humanidades, que edita el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias (IEHC), íntegramente dedicado en esta ocasión a la figura de Agustín Espinosa (Puerto de la Cruz, 1897-Los Realejos, 1939), con motivo del ochenta aniversario de su fallecimiento y después de que el Gobierno de Canarias significara con su nombre en 2019 el Día de las Letras Canarias. La dirección de la edición es de Miguel Machado Bonde.

Catharum es un lujo que está a la altura de la personalidad y la obra de Espinosa. Un lujo que pone broche al conjunto de actividades conmemorativas, que no fueron pocas, por un lado; y sí muy granadas y enriquecedoras de tal manera que la contribución a la difusión de la obra del escritor ha sido notoria. Agustín Espinosa ha sido muy estudiado en el ámbito académico pero poco conocido fuera de él, prácticamente olvidado en su pueblo natal y por la sociedad canaria en general.

El editorial de esta publicación señala que el propósito “incluía la recuperación de la vida y la obra del escritor y de todas sus facetas: la del primer investigador del romancero canario; la del profesor, innovador y siempre recordado con admiración y afecto por sus alumnos; la del escritor vanguardista y surrealista genial e incansable colaborador en la prensa de su tiempo y la del defensor de los jóvenes artistas que iniciaban un arte nuevo, como él una nueva literatura”.

La intervención de Rodríguez Espinosa desglosó los contenidos de este nuevo número de Catharum, seis trabajos de autores relevantes, estudiosos del escritor cuya trayectoria vital y cuya obra desmenuzan con verdadero interés. De los seis hizo una síntesis atinada, explicativa de quien fue Espinosa, de su vocación literaria y de la singularidad de su obra. El profesor Pérez Corrales le considera “la figura fundamental de la cultura canaria en los años 2o y 30 del pasado siglo”.

Así, Alexis Ravelo escribe “Los crímenes de Espinosa”, pluralizando pues el título de su obra cumbre: “Un monumento a la palabra, un soberano ejercicio de libertad creativa, una exploración del pozo más profundo de la carne apara ascender a lo más alto de la imaginación”.

José Miguel Perera, en “Más allá del blanco y del negro”, sugiere el encuentro de dos personalidades portuenses coetáneas, tan distintas pero acaso no tan distantes: las del propio Espinosa y del presbítero Sebastián Padrón Acosta.

Paula Fernández Hernández, licenciada en Filología Hispánica por La Laguna y actual doctoranda en la Universidad de Florida (USA), firma “Lugares espinosianos en la literatura y el cine canarios contemporáneos”; y Celestino Celso Hernández condensa su investigación con “½ jugando a los datos, de Agustín Espinosa, para Jorge Oramas, trágica orfandad que continúa”, dedicada a una de las dos exposiciones de este pintor grancanario.

El contenido se completa con un estudio minucioso y reivindicativo “De las casas que habitó el escritor Agustín Espinosa. Nuevos datos y aportaciones”, del realejero Germán Rodríguez Cabrera; y otro de la personalidad del escritor en sus facetas de alumno y profesor (1910-1939), del que es autora Ana María García Pérez, catedrática de Geografía e Historia de enseñanza secundaria.

Los trabajos que componen las noventa y tres páginas de esta edición de Catharum están complementados por numerosas fotos, gráficas y reproducciones de portadas y facsímiles que hacen aún más atractivos los contenidos.

En definitiva, otro tributo a Agustín Espinosa, a la altura de su dimensión literaria. Era lógica, por tanto, la ovación que recibió Margarita Rodríguez Espinosa al término de su exposición.

LAS NOCHES, EN DUERMEVELA

La caída de ingresos en el sector turístico en nuestro país, al término del verano, puede superar los cuarenta mil millones de euros con respecto al año anterior. Se está viendo: descenso de las llegadas internacionales, turismo nacional aún muy cauteloso y clara incidencia de la crisis económica. Pintan bastos en el sector. Usando como referencia los datos de 2019, en los meses centrales de la temporada turística (junio-septiembre) llegaron a España 37,7 millones de turistas extranjeros, que dejaron 43.147 millones de euros, según las encuestas de entradas por fronteras y gasto turístico del Instituto Nacional de Estadística (INE). En esos cuatro meses de 2019 se registró casi el 47% de los ingresos por turismo extranjero de todo el año (92.278 millones), cifra que no se volverá a repetir en 2020.

El presidente de la organización empresarial Exceltur y Oficial ejecutivo en Jefe (Ceo) de Meliá, Gabriel Escarrer, estima que la ocupación en el sector hotelero se situará en el 30 %. Recordemos que los hoteles son el tipo de establecimientos elegido por la mayoría de los extranjeros que disfrutan de sus vacaciones en España. La campaña de verano representa, con carácter general, en torno al 60-70% de la facturación anual del sector. En la hipótesis, muy optimista, de que este año se venda algo menos de la mitad que el pasado, la factura podría situarse en torno a los 40.000 millones de euros si a los ingresos dejados de percibir de los extranjeros se suman los menores gastos de los nacionales.

Los datos de turismo de los nacionales que registra el INE (en este caso las cifras son trimestrales) indican que entre julio y septiembre del año pasado se registraron 61,16 millones de viajes, que indujeron un gasto de 19.297 millones de euros. De esta última cantidad, según informó la agencia EFE, 12.762 millones se gastaron en viajes en España y los 6.534 restantes, en desplazamientos al extranjero. Esta segunda partida quedará este año, con toda probabilidad, reducida a la mínima expresión y la primera se verá también mermada, porque aunque se primará el turismo nacional, el temor a los rebrotes del coronavirus y los efectos de la crisis económica se dejarán sentir en la propensión a viajar.

Las cifras de junio no se conocen todavía, pero quedarán en números testimoniales y lejos de los nueve mil seiscientos noventa y seis millones de ese mes del año pasado porque hasta el día 21 de ese mes las fronteras siguieron cerradas. Tampoco se alcanzarán ni de lejos los casi doce mil millones mensuales en julio y agosto ni los nueve mil setecientos millones de septiembre. Para los nacionales, la caída del gasto podría situarse en torno a los diez mil millones, porque encuestas elaboradas por diversas consultoras coinciden en que el descenso podría situarse en el 50 %. Un sondeo de EY-Parthenon constata que los españoles viajarán menos y, entre los que viajen, la mayoría gastará menos.

El período enero-septiembre puede sumar hasta setenta mil millones en pérdidas., según los cálculos hechos en medios turísticos. Exceltur va más lejos y estima que las pérdidas anuales superarán los ochenta y tres millones de euros. Habrá que aguardar a la evolución del cuarto trimestre, cuando los operadores creen que podría comenzar a reactivarse con más tirón el turismo internacional. Eso significa que se evaporarán en torno a un 60% de los ciento cuarenta mil trescientos millones que se consignaron el año pasado como ingresos del turismo tanto nacional como exterior: 48.066 millones de gasto de los nacionales y los 92.278 millones de los extranjeros que vienen a España.

Esto significa que hay que decir adiós a la continuidad de siete récords anuales consecutivos de llegadas de turistas extranjeros, lo que conocía como período de vacas gordas, y que se cerró en nuestro país en 2019 con 83,7 millones de entradas. Nadie en el sector se aventura a dar una cifra de cierre del año, pero a finales de mayo las llegadas seguían estabilizadas en 10,6 millones de cierre de marzo (en abril y mayo no hubo entradas por el cierre de fronteras), casi veinte millones menos que un año antes.

Canarias es la tercera comunidad (detrás de Catalunya y Baleares) más castigada por la caída del turismo extranjero. Las cifras de nuestra comunidad son llamativas y preocupantes: casi tres millones de turistas menos y tres mil seiscientos sesenta y tres millones de euros de menores ingresos.

Como se puede comprobar, hasta que se produzca la recuperación, para convertir las noches en duermevela.

PUBLICIDAD MEDIÁTICA, CONTENIDO CENTRAL

La profesión periodística vive una etapa especialmente delicada. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) promovió hace algún tiempo la creación de un Observatorio de la Crisis cuyo primer balance contiene datos preocupantes: unos cien medios cerrados desde el inicio de la crisis en 2008 y el despido de unos doce mil profesionales. Aguardemos las estadísticas de la pandemia, período en el que se han agravado algunas circunstancias, especialmente en el ámbito laboral. La aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la irrupción de la fórmula de teletrabajo y restricciones de diverso tipo han tenido una incidencia mediática que tiñe de incertidumbre el ejercicio del periodismo. Las empresas estudian la evolución del mercado publicitario que, en algunos casos, por cierto, ha ido menos mal de los esperado.

Otro ejemplo reciente de este momento crítico para los profesionales lo tenemos en la decisión adoptada por la agencia Europa Press, conocida el pasado viernes, consistente en el despido de dieciséis personas con el argumento de una reorganización administrativa. El comité de empresa y los delegados de personal han rechazado la medida, entre otras cosas por entender que la agencia, actualmente, no registra pérdidas económicas.

Desde luego, la crisis económica ha complicado la viabilidad de muchos proyectos y ha sustanciado un panorama de progresivos recortes como se refleja en la desaparición de ediciones en papel de varias cabeceras y en el cambio de un alto porcentaje de profesionales (70,6) que vieron modificadas sus condiciones de trabajo. De ellos, casi la mitad asegura (en un Informe anual de la Asociación de la Prensa de Madrid) tener menos tiempo para desempeñar correctamente su trabajo y que la inestabilidad de su puesto es constante. El déficit de la independencia económica está contrastado.

La dependencia de los ingresos publicitarios aflora otro problema que tiende a complicarse y a generar, incluso, problemas de tipo ético. La publicidad, en opinión del periodista Isidro Jiménez Gómez, autor de un interesantísimo informe publicado en El salmón contracorriente, “aquel viejo intervalo entre los contenidos de los medios de comunicación, ha pasado a ser un contenido central sobre el que, incluso en algunos casos, giran todos los demás”. Es tremendo leer que, a cambio de la financiación, la publicidad impone en ocasiones ataduras más directas: el citado Informe anual de la Asociación de la Prensa de Madrid, señala que detrás del 17% de los casos de periodistas que afirman haber recibido alguna presión para modificar el contenido o la orientación de alguna información, están las empresas anunciantes.

Sin embargo, el aspecto más peligroso del considerado por Jiménez Gómez “noviazgo” entre el periodismo y la publicidad, “tiene que ver justamente con su indistinguible combinación: el emplazamiento de producto en informativos, los publireportajes ocultos o el uso comercial de periodistas consagrados, son fuentes de financiación cada día más frecuentes, pero ponen en duda la independencia de la función periodística”. Ya hemos hablado en alguna ocasión de prácticas reprobables, también en medios audiovisuales: entrevistas clara y convenientemente tratadas, muy favorables a la difusión de un testimonio o mensaje interesado. Lo último en esa línea es el denominado “periodismo de marca”, que se materializa en medios informativos creados por empresas y que gestionan agencias especializadas. Los anunciantes utilizan la publicidad para estimular la venta de sus productos, lo cual supone ofrecer una visión interesada de la realidad, de la cual los medios de comunicación son en parte responsables.

Y es que al menos los medios mayoritarios han terminado entrando en las dinámicas de compras, fusiones y absorciones en las que se mueven el resto de las grandes empresas, así que la concentración del sector en unos cuantos grupos de comunicación ha sido creciente. Es otro de los aspectos que caracterizan también esta etapa y de los que seguiremos ocupándonos.

ANTONIO PADILLA, EL OBSERVADOR PERSEVERANTE

Hasta ayer al mediodía no supimos del fallecimiento de Antonio Padilla López-Ruiz, farmacéutico del Puerto de la Cruz, inspector-jefe de la Sanidad Municipal durante muchos años, hasta su jubilación. Y eso que Juan Cruz Ruiz, amigo común, escribió un sentido obituario en el que relata parte de su biografía y sus preferencias.

(Preocupa, en un pueblo donde las noticias de las pérdidas circulan con prontitud y rapidez, que nos hayamos enterado tan tarde. Se ve que los circuitos habituales han fallado y que la pandemia también haya acabado con usos y costumbres que han caracterizado el desenvolvimiento de una sociedad que siempre tuvo un pronto de transmisión de este tipo de información, de manera que no fue posible despedirse –como había que hacerlo- de Julia, su esposa, de sus hijos y demás familiares).

La primera cualidad de Antonio que habría que destacar era la de un observador atento que le permitía empatizar con cualquiera de sus interlocutores. Y conversar con mucha propiedad y con conocimiento de causa. Porque era, además, un hombre bien informado: tenía tiempo para procesar los boletines radiofónicos, las tertulias televisivas y las páginas de los diarios cuyo pluralismo de enfoques o tratamientos le permitía opinar con aplomo y seguridad. Cuando discrepaba o le llevaban la contraria, decía siempre las palabras justas para mantener la posición.

Así, se hicieron célebres las pausas matinales en el trabajo, alrededor del antiguo Chimisay, o del hotel del mismo nombre, solo o cortado, donde igual se comentaba el triunfo del Madrid en un partido de Copa de Europa que el debate televisivo en que el Josep Borrell apabullaba dialécticamente a sus adversarios. En ellas participaba también Rafael Abreu González que años después se convertiría en venerable centenario. Y hasta Agustín González, actual vicedirector de Diario de Avisos, a quien el azar obsequió con una colaborador de lujo, Luis Padilla, uno de los hijos, cuando hizo en el Ayuntamiento la desaparecida Prestación Social Sustitutoria (PSS), antes de dedicarse de lleno al ejercicio de la profesión.

Allí se hablaba de esas cosas y de los acontecimientos locales, fallecimientos de conocidos incluidos.

Padilla se ocupaba de las analíticas hidrológicas, en las playas y en la red de abastecimiento patra consumo público, de las campañas de vacunación, de los dispositivos para desinsectar, del seguimiento y de los controles y hasta del mantenimiento en aquellos lugares donde procedía. Allí tuvo al fiel Andrés Hernández García como diligente colaborador y promotor de iniciativas que propiciaron la concesión de las Banderas Azules y las Escobas de Oro. También tuvo un papel destacado en el proceso de tramitación del ciclo integral del agua.

Era un amante del arte y de la actividad cultural. Coincidimos en varias exposiciones, en el Puerto y en Santa Cruz. Y hasta creemos recordar que en la intervención de Mario Benedetti en el sur. Su casa, en La Vera, reúne una valiosa colección artística. Algunos domingos por la tarde coincidimos allí para seguir los partidos de fútbol que ofrecían por Canal+.

Antonio Padilla, Toñín o Tata, como coloquialmente era conocido, fue también un constante aficionado al deporte y apoyaba con su presencia en las canchas de Anaga o del Luther King, Náutico y Canarias.

En definitiva, un observador meticuloso, un intérprete de la realidad con vocación de estar permanentemente informado y un conversador ecuánime cuyas opiniones siempre eran tenidas en cuenta. Tuvo oportunidad de esparcirlas en ámbitos empresariales (consejos de administración) vinculados a la industria farmacéutica y turística.

Supimos de su fallecimiento días después. Claro que nos hubiera gustado acompañarle y a sus familiares. Su recuerdo y su quehacer siempre serán recordados.