Así
de rotunda se ha manifestado la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE) a la hora de rechazar la propuesta de
ley orgánica presentada por Vox para regular la verificación de las
noticias falsas. La proposición había sido admitida a trámite por
la Mesa del Congreso de los Diputados y estaba enfocada a la
regulación de noticias falsas en redes sociales, sitios web y medios
de comunicación impresos, digitales y audiovisuales, con el efecto
añadido de prohibir “toda verificación de opiniones” en redes
sociales, medios de comunicación e internet.
La
formación ultraderechista estima que la verificación ha sido
confiada a medios “con sedicente pretensión de naturalidad
ideológica, pero en verdad, directa o indirectamente, dependientes
de gobiernos y/o autoridades”. Añade que apoyan a ciertos partidos
políticos en tanto son hostiles con otros. En el texto de la
iniciativa, se señala, además, que solo la Justicia “podrá
adoptar decisiones sobre la verificación de noticias falsas”, y
que las empresas u organizaciones que hagan la verificación sean
“civilmente responsables” cuando vulneren los derechos a expresar
opiniones y a comunicar o recibir libremente información veraz.
Pues
bien, la FAPE ha sido muy clara al rechazar que la verificación de
la falsedad de una noticia no pueda efectuarse por los titulares de
los medios (directamente o a través de terceros) que directa o
indirectamente dependan de gobiernos, autoridades o sean
políticamente “partidistas o partidarios”, salvo que “confiesen”
dicha dependencia o adscripción “partidista o partidaria”.
Advierte la asociación profesional que agrupa a más de diecinueve
mil asociados que el partido promotor olvida
que la Constitución garantiza la libertad ideológica en su artículo
16.1 y que el artículo 16.2 establece que nadie podrá ser obligado
a declarar (o “confesar”) sobre su ideología, religión o
creencias.
La
FAPE desmonta el planteamiento que hace la representación
ultraderechista sobre la prohibición de la verificación de
opiniones: no es más que prohibir que otro pueda responder a lo que
uno opine, en el ejercicio de la libertad de expresión, por lo que
coarta la libertad de crítica, al menos en redes sociales, blogs,
sitios web en general, prensa impresa y digital y medios de
comunicación audiovisual. Y es que las opiniones, como juicios de
valor de las personas son criticables. Pero no verificables. En
realidad, la proposición de ley pretende eliminar la crítica de las
opiniones y la verificación de las informaciones. En cuanto a la
responsabilidad civil o penal, ya está perfectamente recogida en las
leyes (Código civil, Código Penal, Ley Orgánica del Derecho al
Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen y
otras normas).
La
FAPE también está en manifiesto desacuerdo con otro de los
preceptos del grupo parlamentario que intenta regular por ley la
verificación de las noticias falsas. En efecto, su pretensión es
que solo la autoridad judicial competente pueda adoptar decisiones
sobre la verificación de noticias falsas, lo que sugiere que, para
poder entrar a analizar si una noticia es falsa o veraz, hay que
acudir a los tribunales. Esto supondría que serían los jueces
quienes decidieran qué es noticia y qué no lo es, tarea que
corresponde a los periodistas y medios en el marco de la libertad de
prensa y del derecho de información de la ciudadanía.
Subraya
la FAPE que “los medios cuando dan información (hechos
noticiables, de interés público), están obligados, de acuerdo a
las normas deontológicas de la profesión, a verificarla
previamente, sea cual sea el canal a través del que la reciban, lo
que conlleva que deban evitar el dar “noticias falsas”.
Y
aclara que en España, cuatro organizaciones (AFP, EFE Verifica,
Maldita.es y Newtral) forman parte del programa de verificación de
contenidos en Facebook
e Instagram.
Todas ellas están certificadas por la Red Internacional de
Verificación de Datos, creada por el Poynter Institute
estadounidense. Esta
Red pone como condición para el ingreso la adhesión a cinco
compromisos: con el no partidismo y la equidad; con la transparencia
de las fuentes; con la transparencia de la financiación y la
organización; con la transparencia de la metodología y con las
correcciones abiertas y honestas.
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