UN ODS CLARO PARA EL PUERTO

 

Un asunto tan sustancioso como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), del que nos hemos ocupado aquí varias veces desde que fue dado a conocer en el Parlamento de Canarias durante la legislatura anterior, tiene que ser impulsado metodológicamente por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, uno de los pocos canarios que parece habérselo tomado en serio. Empezando por sí mismo, por la propia corporación que debe involucrarse sin reservas ni suspicacias políticas para que aprecie la dimensión institucional y se note ante la ciudadanía que esto afecta a todos y que la respuesta que se espera tiene mucho de global, sobre todo tras la superación de la emergencia sanitaria. Es un asunto serio, muy serio: la demanda un tratamiento riguroso para que la gestión no tenga otras prioridades menos relevantes debería ser correspondida con una acción comprometida y ejecutiva a fin de que la población conozca el alcance de la iniciativa y se aplique en su materialización.

Semanas atrás, el Área de Cultura presentó el informe titulado “Siete Claves”, en el que se sientan las bases metodológicas de un modelo de ciudad que promueve la cultura como elemento básico en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Según fuentes del consistorio, el documento recoge las conclusiones de un taller pionero a nivel mundial, que se llevó a cabo el pasado mes de abril en colaboración con la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), en las que se concretan la siete acciones clave para desarrollar las políticas culturales que contribuyan a hacer del municipio un lugar más sostenible, inclusivo, participativo y justo. El informe, elaborado conjuntamente por representantes municipales, instituciones, empresas y ciudadanía, será la hoja de ruta de un ecosistema cultural creado para lograr una ciudad más sostenible. Nada que objetar.

Viajero circular; Visión común; Cultura viva; Conectividad cultural; Cultura verde y Comunica cultura son los títulos de las seis acciones específicas que vinculan el papel de la cultura en el municipio tinerfeño como vehículo para los procesos de cambio tanto para la ciudad como para nativos y visitantes. La séptima propuesta se dejó abierta. El alcalde y responsable de Cultura, Marco González, señaló que “‘Las Siete Claves en Puerto de la Cruz’ serán la hoja de ruta de un ecosistema cultural y creativo que permitirá aunar esfuerzos para lograr una comunidad más sostenible y participativa”.

La localidad portuense, en colaboración con distintos colectivos ciudadanos y con el respaldo de otras entidades como el departamento de Innovación y Talento Digital de Turismo de Tenerife, está inmersa en un proceso de reflexión –esto es lo importante- sobre el papel de la cultura como un medio para alcanzar un proyecto común de futuro en todos los ámbitos de la sociedad.

Este proceso permitirá la revisión y actualización de sus políticas culturales, articulando para ello nuevas formas de gestión y el diseño de una planificación estratégica ajustada a las corrientes de pensamiento actuales que coloquen a la cultura como eje transversal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En este contexto, y bajo la dirección de la CGLU, se avanzó en la identificación de las siete claves del municipio a través de un trabajo compartido de análisis, debate y definición de las acciones a desarrollar. Una treintena de personas provenientes de los sectores de la cultura y del patrimonio, así como de los ámbitos social, económico y turístico, y medioambiental y urbanístico, tanto de titularidad pública como privada, se reunió con la intención de perfilar tanto los conceptos identitarios como los ámbitos de trabajo.

Desde la alcaldía, se informó de que los participantes en el proceso determinaron los desafíos más significativos a los que se enfrenta la ciudad para a continuación examinar desde el prisma de los ODS, las acciones en materia de cultura que se están desarrollando. Finalmente, hicieron previsiones sobre los criterios de actuación en el ámbito local, de modo que las diferentes disciplinas y canales de expresión creativas y artísticas puedan coadyuvar a la ciudadanía a comprender y afrontar los retos de futuro. El documento está expuesto al público y se puede consultar en  www.culturapuertodelacruz.com, así como en el espacio dedicado a Puerto de la Cruz en el sitio web de la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).

Insistimos: solo un trabajo bien concebido y proyectado, participativo, estimulante del acercamiento de los agentes sociales, con método para que resulte provechoso, favorecerá que el objetivo escogido esté al alcance, con ganas y pragmatismo.

MEMORIA DEMOCRÁTICA

 

“¡Porque hay que tener memoria histórica!”, reiteraban Rafael Abreu y Alfredo Mederos, en cualquiera de aquellas animosas asambleas o de aquellos intensos comités que servían para mantener el pulso de los órganos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuando tenía a gala debatir internamente los asuntos que interesaban y que formaban parte de la propia estrategia de la organización y de la correspondiente acción política.

Ellos, y tanto otros militantes, habían atesorado no pocos recuerdos que eran una fuente oral de primer nivel cuando era preciso recurrir a los antecedentes para, cuando menos, argumentar las posiciones que se actualizaban. Su relato –y su insistencia- merecían respeto y consideración, de modo que hoy, cuando el Gobierno promueve una norma, la Ley de Memoria Democrática, que “toma como referencia las luchas individuales y colectivas de los hombres y las mujeres de España por la conquista de los derechos, las libertades y la democracia”, según consta en la Exposición de Motivos del texto remitido a las Cortes y que ya cuenta con los informes favorables de los organismos que son preceptivos, entre ellos el del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), partidario de prohibir los actos públicos de enaltecimiento del franquismo y de la disolución de entidades como la Fundación Francisco Franco.

Pero la controversia está servida. Cabe augurar una tramitación entre rifirrafes, antagonismos exacerbados y titulares de prensa desaforados. El ejecutivo traslada ahora al Parlamento un proyecto legislativo que aspira a recoger las aportaciones que puedan hacer los distintos grupos parlamentarios, sobre todo, adscritos a la izquierda. Por su parte, la extrema derecha representada por Vox ya ha anunciado, sin siquiera conocer su contenido y sin esperar a su tramitación parlamentaria, que pretende recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional. Y lo que es más: el Partido Popular ya ha anunciado que si llega al poder, sustituirá la Ley que se somete a aprobación con otra a la que ya ha puesto denominación: Ley de Concordia. Entre tanto, las asociaciones memorialistas piensan que la nueva norma se queda escueta, de modo que tratarán de influir en las formaciones parlamentarias en aras de modificar algunos de sus términos a través de enmiendas en el Congreso y el Senado. Cada intento, ya se verá, un conflicto o una invitación a la intolerancia. Y probablemente, al desafuero. Si alguna vez los españoles han necesitado hacer un ejercicio de transigencia, de diálogo respetuoso y de entendimiento, estas es la oportunidad.

En teoría, la Ley de Memoria Democrática representa una oportunidad difícilmente mejorable para avanzar en el reconocimiento a la verdad, la justicia y reparación de los crímenes de la dictadura. Tanto desde la Exposición de Motivos como el texto articulado tienen un enfoque basado en los derechos humanos. Pero a la tramitación se debería acudir sin muchos prejuicios y con un talante apropiado para contrastar la generosidad y no el inmovilismo. De este, ya andamos sobrados. El proceso de elaboración de la Constitución de 1978, aquel espíritu de aglutinar afanes y esmerarse en una sociedad moderna y avanzada, es un antecedente que se debe tener en cuenta. Debemos convenir en que la memoria, histórica y democrática, es un asunto muy serio que requiere generosidad y visión de futuro. Más que reescribir la historia, se trata de echar doble llave a un período ominoso de la misma, de poner punto final a diferencias y discrepancias que, a estas alturas, siguen siendo motivo de encono y crispación.

En septiembre veremos con qué animo afrontan el tajo sus señorías.

UNA VOZ SINDICAL EN LA CRISIS TURÍSTICA

 

Los sindicatos, por fin, se dejan oír cuando las incertidumbres del turismo no se despejan del todo. Algo tienen que decir, desde luego, cuando los registros de la Seguridad Social al cierre del mes de mayo indican que el 51,5 % de los trabajadores en Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) está vinculado al turismo, en tanto que las agencias de viajes y operadores turísticos engloban en esta misma modalidad al 57,88 % de sus empleados, alrededor de veintiuna mil quinientas siete personas. Según la fuente de los citados datos, en transporte aéreo hay trece mil quinientas cincuenta personas, el 39,44 % de sus empleados totales y en servicios de alojamiento son noventa mil seiscientas ochenta y nueve, lo que supone el 38,33 % de la plantilla total. Los servicios de bebidas y comidas aún tienen a ciento cincuenta y tres mil seiscientos trabajadores en ERTE.

Partiendo de estos registros, se ha abierto del debate sobre el destino de los fondos Next Generation y la oportunidad que significa para la transformación del modelo turístico. Según la federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO), los recursos europeos deben llegar acompañados de un cambio estructural que propicie la generación de empleo estable y de calidad. La pandemia, no es ningún secreto, ha profundizado en la precariedad del sector. “Por eso –dicen en CC.OO- urge tomar medidas e implementar una “transición justa” en el modelo, tanto desde un punto de vista económicos, social y medioambiental, como también laboral.

A propósito, sostiene la Cámara de Comercio de España, en un reciente estudio técnico, que los fondos europeos podrían general noventa y tres mil nuevos empleos turísticos, si el sector recibiera un porcentaje de esos fondos equivalente a su peso en el producto interior bruto (PIB) nacional.

Fuentes de la federación de Servicios de Comisiones Obreras, señalan que es fundamental priorizar la creación de empleo de calidad bajo tres premisas: reforzar las inspecciones de trabajo, garantizar la seguridad y la salud y cerrar las brechas de género. A las que se añaden otras dos: promover la contratación fija discontinúa y reducir la temporalidad.

CC.OO. Servicios ha detallado una serie de cifras para argumentar su reivindicación:

• En el subsector de la hostelería,, en el primer trimestre de 2021 se produjo una reducción del 14% en las afiliaciones a la Seguridad Social: doscientas cuarenta y cuatro mil afiliaciones menos que en el primer trimestre de 2020.

• Hay un “evidente empeoramiento de la situación laboral de las mujeres” en la hostelería, sobre todo si se compara con la situación en general. En ese sentido, destacan un aumento de la parcialidad del empleo femenino que ha sido de un 35% en la hostelería frente a un 3% en la economía en general.

• Drástica reducción de las retribuciones en la hostelería frente al incremento general del 1,4%. La media del coste salarial ordinario es de 1.712 euros al mes, sin embargo en el subsector del alojamiento, éste se reduce a 647€ y en el de la restauración a 669€.

• Fuerte destrucción de empleo en el subsector de la restauración: el coste no salarial (indemnizaciones) en este subsector se ha incrementado un 47,5% frente al 10% de aumento en la economía en general.

“La intensidad de la suspensión de actividad y el periodo tan prolongado ha hecho que la herramienta de los ERTE haya tenido menor efectividad que en otras actividades”, explica el sindicato. Y es que en el sector no hay que olvidar que sigue habiendo mucha dependencia de las propinas, horas extra no remuneradas y salarios en ‘B’.

Para que el cambio de modelo se produzca, dice CC.OO. Servicios, “hay que reforzar la negociación colectiva (el 75% de los convenios del sector hostelería están bloqueados); impulsar la I+D+i+E+F para aumentar la productividad, la calidad y el valor añadido; así como potenciar la Marca España como destino seguro y eficiente y como modelo de calidad laboral social y laboralmente responsable”.

LA RAMBLA, MENOS PLEITOS

 

Otro caso de decisiones judiciales controvertidas. De condenas y subsiguientes absoluciones, tras la presentación de los correspondientes recursos. Turno para San Juan de la Rambla, donde la política se ha complicado a lo largo de los últimos años, cuando los pleitos se han ido sucediendo, fruto de los enconos personalistas y las discrepancias entre vecinos y familias. No basta con aquello de ‘pueblo chico, infierno grande’: se trata de entender que la judicialización de la política en lugares de estas características es poco favorable a la comunidad vecinal que no puede estar, permanentemente, al albur de lo que decidan los tribunales. Así, la convivencia política se va haciendo irrespirable. Nos hacemos cargo de cómo serán esas relaciones personales e interfamiliares entre quienes ejercen un cargo público en representación de una parte del pueblo. Ojalá lo ocurrido sirva de experiencia: no puede ocurrir que los ediles diriman sus diferencias, que es legítimo y positivo tenerlas, en sede judicial.

El caso es que la justicia ha fallado a favor de la anterior alcaldesa, Fidela Velázquez; y del concejal Cayetano Silva, a propósito de un acuerdo adoptado con un agricultor de la localidad relativo al abono por parte del consistorio del importe de un trabajo realizado. En opinión de Velázquez, “se trataba de saldar un compromiso histórico y heredado que, de no haberse pagado, sí suponía un delito real que propiciaba el enriquecimiento ilícito de la Administración”.

Se remontan los hechos a 2011 –diez años con un contencioso de estas características, imagínense pues- cuando el gobierno local entendió que el agricultor se quedaba, tras una operación de compraventa de terrenos, sin aportar al sustento familiar. Los ediles rambleros ahora reparados interpretan que la sentencia coincide con sus apreciaciones: entre la Administración y el agricultor existía una contrato que no había prescrito y que se había incumplido. Como consecuencia de ello –explican- el Ayuntamiento retenía una cantidad que pertenecía al citado agricultor, incurriendo, presuntamente, en un fraude que podría tener implicaciones penales.

Independientemente de la valoración de una mala praxis funcionarial –claro, los informes técnicos son determinantes en este tipo de pleitos-, cabe preguntarse, como en otros casos de condena/absolución, cómo se repara ahora el perjuicio ocasionado a los ediles, especialmente a Cayetano Silva, que tuvo la decencia de renunciar a su cargo de Director Insular de Emergencias en el Cabildo tinerfeño en el momento de conocerse la sentencia condenatoria. Quería ser consecuente para no perjudicar a su partido y a la institución y dio el paso, posiblemente sin la suficiente ponderación. Ahora, después de lo que es algo más que un gesto, a ver cómo es correspondido.

Lo cierto es que la justicia tiene estos lances y que en la política repercuten, ya ven, de qué manera. Estas cosas, por cierto, son la que deberían robustecer el principio de la presunción de inocencia hasta el final de todo el procedimiento. Y que los políticos en activo, principalmente en el ámbito local, han de ser prudentes para obrar y decidir de forma congruente, siempre ajustándose a derecho, que así se parte del artículo 1 de la vigente Constitución. La complejidad de la Administración es enorme pero mucho más la de las relaciones humanas y sociales. Ni revanchismo ni obrar contra normas deben ser cualidades esenciales.

UNA AEROLÍNEA DIFERENTE

 

Que en plena crisis económica y en plena emergencia sanitaria, esté operando ya la compañía aérea promovida por catorce empresarios integrados en la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife y el sector público, por medio de la inyección económica hecha por el Cabildo Insular, tiene su relevancia, a la espera, naturalmente, de los avances que se vayan apreciando en el funcionamiento y las prestaciones de la aerolínea.

Un airbus 319 unió Madrid-Barajas ‘Adolfo Suárez’ con Tenerife Sur ‘Reina Sofía’ el pasado viernes. Era la primera ruta del estreno de un programa que consigna siete destinos desde la isla a la península. ‘Lattitude Hub’ es el nombre de la aerolínea canaria que forma parte del grupo especializado ‘One Airways’, creado con la visión de aportar valor a la sociedad.

De modo que el proyecto empieza a cristalizar. Ya se contrastará su sostenibilidad. Tiene vocación de futuro, dicen en el seno de los emprendedores. Así, Miguel Villarroya, miembro del comité de dirección de la aerolínea, reveló que la iniciativa “nació desde el convencimiento de que, si no hay destino, no hay economía y si no hay economía, tampoco hay sociedad. Esta es la base de la unión del empresariado que formamos parte de ‘Lattitude Hub’, porque hemos sido capaces de pensar por encima de nuestras propias empresas para poner en marcha un proyecto común”.

Los entendidos señalan que nada será igual los sectores turístico y del transporte tras la pandemia. En cualquier análisis, con mayor o menos rigor sobre el futuro, hay que incluir el factor competitividad para afrontar una realidad cambiante y exigente. Villarroya ha dicho al respecto que uno de los principales valores de ‘Lattitude Hub’ es la capacidad de ir adecuando las operaciones a la situación de cada momento. “En un tiempo en que la única certeza es la incertidumbre, el tener la capacidad de adaptarse a cada circunstancia es lo que aporta a la compañía una ventaja competitiva”, señaló con ganas de reafirmar el propósito empresarial.

Los promotores aspiran a una aerolínea diferente. Quieren que ofrezca una experiencia integral única a diversos tipos de turista, según sus necesidades y gustos, con el valor añadido de todo el conocimiento que atesora el empresariado hotelero de la isla y que integra la aerolínea. Madrid, Vigo y Bilbao serán los primeros destinos del programa que pretenden ampliar para captar mercados.

Habrá que estar atentos al desarrollo de los planes de la compañía. Los participantes tendrán también que modificar su modus operandi. Es pasar de la gestión de hoteles y establecimientos turísticos similares a tomar decisiones en un ámbito del que no sabemos si estarán muy impuestos. Es otro campo de acción y son otros esquemas. Si se reconoce que son precisas las soluciones para recuperar y afianzar el negocio turístico, tendrán que esmerarse desde el primer minuto porque está en juego seguir diferenciando y haciendo atractivo el destino.

Y ahora que se dispone de transporte propio, más.

PEGASUS, PERIODISMO BAJO VIGILANCIA

 

Hace escasas fechas, en ocasión de su óbito, contamos el episodio en que el periodista y escritor Tico Medina se refirió a su primer viaje a Israel, mediados los años sesenta, cuando le trasladaban en un vehículo con los cristales tintados y los ojos vendados, hasta que llegó a su punto de destino donde le facilitaron una ficha personal para su verificación. Cuando comprobó –dijo- la exactitud del número de su calzado, ya no tuvo dudas de que El Mossad, agencia de inteligencia israelí, en aquellos años dirigida por Meir Amit, era de las más poderosas del mundo.

Eran años de espías y de guerra fría, de tensiones en Oriente y en otras partes del mundo, de enviados especiales relatando sus experiencias y de escenarios que parecían poder reventar en cualquier momento.

Ahora ha reventado un software espía denominado Pegasus, comercializado por la firma israelí NSO, según ha publicado un consorcio internacional de medios. Cerca de doscientos periodistas de veinte países diferentes han sido vigilados por clientes de la citada firma. La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) ha condenado el hecho, ha expresado su repulsa y ha anunciado la intención de llevar ante la justicia a los responsables de esta vigilancia masiva.

El secretario general de RSF, Christopher Deloire, ha expresado su malestar con el término ¡Espanto!. Y es que, en su opinión, las revelaciones sobre el uso de Pegasus producen repulsión y rechazo “en vista del alcance de la vigilancia y los ataques contra los periodistas”. Deloire niega que NSO contribuya a la seguridad global y la estabilidad como dicha firma proclama: “Al contrario, Pegasus es una herramienta ruin y repugnante, creada por mercenarios digitales y adorada por los depredadores de la libertad de prensa porque les sirve para organizar la represión de los periodistas”. En otras palabras, volvemos a los métodos de aquellos años –en realidad, ¿se fueron del todo?-, con la particularidad de la sofisticación tecnológica puesta al servicio, seguramente, de fines perversos y causas innobles. Ruindad y repugnancia, resume significativamente Deloire.

La trascendencia del asunto llega a extremos de proponer que los sistemas judiciales de los países democráticos lo aborden para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Desde RSF alientan a periodistas y medios para que promuevan y se unan en una respuesta legal adecuada a las revelaciones de este software de espionaje. Christopher Deloire es terminante al afirmar que «las revelaciones sobre Pegasus son una llamada al cambio: instamos a los gobiernos democráticos a que declaren de inmediato una moratoria sobre la venta de estas tecnologías de vigilancia hasta que no se hayan establecido garantías para evitar su uso en la represión de las libertades».

Entre los clientes de NSO se encuentran regímenes autoritarios como Arabia Saudita, Argelia, Marruecos o Bahréin, pero también democracias como México o la India. Esto afecta a todas las regiones del mundo, desde Hungría, Turquía y Azerbaiyán, en Europa, hasta Togo y Ruanda, en África.

En fin, periodismo vigilado. Malo para la libertad de expresión. Y para todo.

EL PERDÓN DE ADRIANA

 

Siempre depararon las citas olímpicas momentos, episodios y declaraciones de participantes, técnicos o dirigentes que engrosaron la historia misma del deporte. El último caso es el de la jovencísima (17 años) española, Adriana Cerezo, que obtiene una medalla de plata en taekwondo (49 kilogramos)… y pide perdón por haber perdido la final.

No parece que haya sido un alarde ingenuidad o un lapso fruto de alguna precipitación en plena digestión de su conquista. Cerezo, por su modo de expresión, revela que una chica joven, predispuesta, apta para ir asimilando los éxitos que cosecha, es capaz de enarbolar los valores del deporte que la van a distinguir a medida que avance en su trayectoria. No fue un pronto ni un arrebato ni un postureo, queremos decir, sino una manifestación sincera de sentimientos. Antes, había llorado, claro que sí, emocionada y vivaracha, consciente de que el deporte, especialmente en el plano individual, es ganar y perder. La taekwondista española tenía el triunfo a su alcance pero su rival, la número uno del mundo, la tailandesa Wongpattanakit, acertó con el último impacto cuando no había tiempo para más.

Pero Adriana Cerezo exhibió entonces el mejor talante de deportista: felicitó a su oponente, levantó su brazo o su mano, la acompañó y compartió gestos de complicidad. Por eso produjo una doble sensación: llorar y sonreír a la vez. Nunca antes una plata olímpica había sabido al oro de las conquistas memorables, sobre todo al de la madurez impropia de una deportistas de diecisiete años que se proyecta a escala mundial para una década prometedora. Su serenidad, su gestualidad, su encaje, en definitiva, su madurez, impropias de una olímpica tan joven, la han distinguido. Y mucho más, con el discurso posterior a su combate y a la ceremonia de entrega de medallas: dio las gracias a todos los españoles que la apoyaron y la llevaron en volandas… y les pidió perdón por haber perdido la final.

Cerezo no sobreactuó. Hizo algo que está reservado a los grandes, a los fuera de serie y que, en épocas como la presente, hay que agradecer sin reservas.

Grande Adriana.

DE ALTO RIESGO

 

Serio revés para el sector turístico la declaración del instituto alemán de virología ‘Robert Koch’: toda España, incluidos los archipiélago balear y canario, es zona de alto riesgo por el avance de la pandemia del coronavirus. Esto significa que los viajeros procedentes de nuestro país deberán guardar una cuarentena inmediata de diez días después de su llegada a Alemania. Estarán exentos, sin embargo, aquellos viajeros que tengan la pauta de vacunación completa, si bien el confinamiento podrá reducirse a cinco días si se presenta una PCR negativa reciente. Ayer jueves, el país registraba seiscientos cincuenta y nueve casos de incidencia acumulada.

Es otro revés para los intentos de reactivación del sector, afectado por múltiples imponderables. Se sobreentiende la importancia del turismo alemán, siempre bien considerado por su estabilidad, su fidelidad y su poder adquisitivo. En su cultura de vacaciones también entra el factor seguridad, de modo que esta declaración puede representar un freno a quienes pretendía, cuando menos, aprovechar parte de la temporada veraniega.

El caso es que la alerta internacional sobre la situación epidemiológica continúa incrementándose. Reino Unido había excluido a Canarias de su famosa “lista verde” de destinos turísticos a donde viajar este verano y ahora ha tomado la misma determinación con Isla Baleares, bien es verdad que todos los vacunados estarán exentos de mantener un período de cuarentena.

En cuanto a Alemania, ya señaló a España como zona de riesgo simple el pasado mes de junio, una categoría que no afectaba a los viajes de sus ciudadanos, pero debido al incremento exponencial de los contagios en nuestro país y en Portugal, esta decisión ha terminado ganando peso.

Una parte del país germano, como se sabe, se ha visto afectada días pasados por inundaciones que han causado severos daños humanos y materiales. La canciller Ángela Merkel comprobó ‘in situ’ el alcance de la tragedia. Ahora no ha tenido otra opción que manifestar su preocupación por la apertura al turismo de algunos países europeos, a pesar de la amenaza que presenta la variante delta en el incremento de contagios y la transmisión del propio virus.

En este sentido, criticó esta decisión de España de acoger a los ciudadanos británicos cuando esta variante ya representa el 90% de los contagios más recientes, señalando además que no se aplican "suficientes restricciones" de control. Merkel también llamó a la responsabilidad de su población debido al "exponencial" aumento de los positivos en su país.

En fin, que las cosas se complican para el sector turístico. Si se acepta que hay que convivir con el virus que no remite, no es menos cierto que ha de pasar un tiempo para adaptarse y acostumbrarse. De momento, los hechos no favorecen. Está claro.

COMUNICAR EN PANDEMIA

 

La calurosa tarde de ayer dejaba datos desconsoladores sobre los estragos que causa el virus en Canarias. Esto es terrible. Tenerife, en el nivel 4 de alerta sanitaria. Gran Canaria y La Palma pasan al 3. Más de novecientos contagios en el archipiélago en solo veinticuatro horas. La quinta oleada de contagios resquebraja el sistema de Atención Primaria en Canarias. ¿Para qué seguir? Esto es como un caballo desbocado que no frena siquiera el estimable ritmo de vacunación. Y ya veremos los efectos de tener que acceder a locales y establecimientos, provistos de certificaciones en el dispositivo móvil.

En fin, desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase, allá por marzo del pasado año, la pandemia por coronavirus, con sus cifras, sus curvas y sus olas –ya son cinco, caramba-, con las medidas de los poderes públicos, con la proliferación de apreciaciones científicas, con amplios sectores de población pasándose por el arco del triunfo tanto en hogares propios como en espacios públicos las recomendaciones de las autoridades, con imágenes de fosas comunes y de cadáveres pudriéndose o quemándose en las calles y ciudades, con sistemas económicos productivos en barrena, con el personal sanitario dando una lección de entereza, pericia y profesionalidad, con resoluciones judiciales y de altos tribunales verdaderamente controvertidas y con otras consecuencias como la reprobable guerra sucia de los fabricantes de las vacunas que han hecho saltar añicos no pocas estructuras y hábitos sociales, desde entonces la crisis galopa y hace impredecible su salida. Ni cómo ni cuándo.

La comunicación, así, se ha convertido en un auténtico reto. Cuando se disponga de un mayor sentido de perspectiva será posible contrastar con más claridad lo que ahora frenan las cautelas y condicionan las prisas. La profesora asociada en el Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad Carlos III, Evangelina Martich, destaca en la revista Telos (Fundación Telefónica) la tónica de “mantener a la población informada, sin alarmarla, pero sin bajar la guardia frente a los riesgos, promoviendo la implementación de cuidados a los que no estábamos acostumbrados como sociedad y que han llegado a ser fuertemente criticados por líderes y representantes políticos de diferentes regiones, alegando que se estaban restringiendo derechos y libertades fundamentales, poniendo en riesgo ni más ni menos que a la propia democracia”.

Cuando aparezcan los estudios científicos y se escriban los libros sobre este episodio de nuestra historia en el siglo o la sociedad de la comunicación, se recordará la tensión entre calma y alarma como una de sus características, además del imperativo de conseguir informar y comentar con el máximo rigor posible, con un lenguaje sencillo y accesible sobre algo complejo y en buena medida desconocido. Los escenarios, tristemente, contribuyeron a agrandar el espacio de los bulos y las falacias. Pero algunas enseñanzas habremos aprendido, tal como publica Artich en Telos: “La sencillez a la hora de informar es efectiva; mantener un cierto nivel de tensión entre la calma y la alerta es necesario; los espacios de silencio por parte de los gobiernos generan desinformación; si la desinformación avanza, perdemos todos y la salida a esta crisis debe ser global, intersectorial y solidaria”.

Lo que la pandemia nos dejó.

EL CAPOTE DE MAROTO

 

Pues menos mal que Javier Maroto ha echado un capote de esos que permiten salir del enredo. El senador por Castilla y León y portavoz del Partido Popular (PP) en el Senado ha condenado “sin ambages” la dictadura franquista, igual que la de Pinochet, la de Cuba o Venezuela, dos días después –en este caso nunca es tarde- de que en un acto del partido en Ávila , en presencia del presidente de éste, Pablo Casado, un ex ministro de los primeros gobiernos de UCD, Ignacio Camuñas, se columpiara afirmando que la Guerra Civil fue consecuencia del Gobierno de la II República y el por ello el alzamiento militar “no fue un golpe de Estado sino un fracaso de todos los españoles”.

Casado estaba allí pero dejó pasar la ocasión de posicionarse con claridad. Será que temía complicarlo aún más y prefirió callar aunque alguien se lo afeara, como estaba empezando a ocurrir. Maroto estaba al quite para aliviar, entre otras cosas, a quienes seguían enfrascados en la absurda y estéril polémica del modelo político cubano, de modo que empezaran a recular o a sacar argumentación de donde no hay para justificar su rigidez conceptualista o nominalista.

La explicación del senador popular venía a ser consecuente con una resolución que promovió y respaldó el PP en el Congreso de los Diputados en el año 2002 en la que se condena abiertamente la Guerra Civil. Pero llegó Camuñas, que anduvo un tiempo en Vox, si no estamos equivocados, seguramente contagiado de la fiebre enquistada en algunos sectores conservadores y ultra conservadores empecinados en que el conflicto hay que airearlo y no hay que andarse con dobleces, y extrajo del baúl de las sandeces otras de esas afirmaciones que revuelven el patio –ahora que estamos en verano, es fácil hacerlo- y ponen a prueba la capacidad del Estado Mayor para salir del trance. Decir que el alzamiento militar de 1936 no fue un golpe de Estado desborda ya, a estas alturas, la sinrazón.

Menos mal que llegó Maroto desvinculó a su partido de las opiniones del ex ministro Camuñas y mandó a parar. Casado optó por el silencio.

TRIBUNALES Y JUECES

 

En la tarde del 14 de julio pasado, cuando ya se había dado a conocer la decisión del Tribunal Constitucional (TC) en el sentido de estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad sobre la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno presentado por la formación ultraderechista Vox, también trascendió que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Ttribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en su sede de Santa Cruz de Tenerife, deniega el toque de queda argumentando que esta medida "no está debidamente justificada" y porque no se aprecia "ningún motivo en cuya virtud pueda defenderse que las conductas de riesgo resulten aún más peligrosas si se ejecutan en horario nocturno o las inocuas dejen de serlo porque el día dé paso a la noche".

Además de valorar ambas medidas, con las debidas cautelas y reservas, en la emisora Ycoden Daute Radio (FM. 91.4 y 92.8), dirigida por Narciso Ramos, estuvimos muy pendientes de las opiniones de la red social facebook, en la que los usuarios, en su mayor parte, expresaron su perplejidad por el contenido de las resoluciones de ambos tribunales.

Hacía muchísimo tiempo que no leíamos tantas discrepancias acumuladas. Se notaba el estupor por parte de quienes aparecían desconcertados con las decisiones. Recobró vigencia aquella frase del ranillero de los años sesenta cuando interrogado por el turista sin entender su idioma, solo acertaba a decir: “Mi no comprender”. En efecto, mientras las cifras de contagios y la presión en las unidades de cuidados intensivos de centros hospitalarios crecían, los usuarios se expresaban intentando superar los factores que entrañaban algunas contradicciones o incongruencias. Y todavía faltaban por conocer las determinaciones de los Tribunales Superiores de Catalunya, Valencia y Cantabria sobre el toque de queda entre las doce y media de la noche y las seis de la madrugada que, horas después, fluían en sentido contrario al de Canarias.

No es la primera vez que los tribunales de justicia se contradicen pero aquí seguro que se esperaba otra cosa. Siendo absolutamente respetables los criterios de los magistrados y el sentido de los votos registrados, es difícil sustraerse a la impresión de que estábamos ante resoluciones políticas y que algo –o mucho- no encajaba. El Constitucional, a la espera de conocer los términos de su resolución y evaluar con mejores fundamentos, había resuelto estimar parcialmente el recurso de la organización ultraderechista que, curiosamente, había votado a favor de la declaración del estado de alarma cuando se tramitó en el Congreso. “Mi no comprender”.

En cualquier caso, aquella tarde alguien debió trasladar a los miembros de los tribunales citados esta reacción de los usuarios de la red social mencionada, simplemente para hacerles ver que, como en otros casos de la vida, de la cotidianeidad, los magistrados son de carne y hueso y el fruto de su trabajo, a la hora de administrar justicia, es sometido al juicio crítico de los mortales. Deben ser conscientes de que también pueden ser objeto de controversia. Y de que son necesarias algunas explicaciones para poner en claro interpretaciones y las propias decisiones.

Ese alguien, si cumplió este cometido, ha hecho un favor a quienes administran justicia en ámbitos y en asuntos de gran trascendencia social, para que tomen el pulso de la calle, como se decía antes, y también a quienes han sido capaces de publicar una opinión o una apreciación, sin insultar y sin denostar. Cierto que la naturaleza de los hechos y las circunstancias son excepcionales, razones para pensar en la necesidad de uniformar doctrina, pese a que no sea el derecho una ciencia exacta, como se esgrime en situaciones como éstas.

Aquella tarde fue diferente para jueces, magistrados, responsables políticos y ciudadanía en general. Otro capítulo inédito en la historia de la pandemia que se sigue escribiendo, desde luego, con más de un sobresalto.

UNA VÍA PARA LA RECUPERACIÓN TURÍSTICA

 

Un servicio gratuito de apoyo a pequeñas y medianas empresas y también a autónomos en el desarrollo de la estrategia de digitalización que habrán de afrontar a lo largo de los dos próximos años.

Este es, básicamente, el contenido de la Oficina Acelera pyme, puesto en marcha por la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, que ha programado hasta mayo de 2023 actividades de fomento de la transformación digital, además de actuaciones de demanda tecnológica.

Las Oficinas Acelera pyme, impulsadas en toda España por Red.es, entidad adscrita alMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización, cuentan con un presupuesto de ocho millones de euros, de los cuales Red.es aportará seis con tres y las entidades beneficiarias, el resto. Las actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la UE, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 (POPE) bajo el lema ‘Una manera de hacer Europa’.

La consejera de Turismo, Comercio y Transportes del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, valoró la oportunidad de la iniciativa en el marco de las circunstancias que concurre en el sector, al que siguen preocupando las incertidumbres pese a los intentos de reactivación y recuperación que ya se aprecian en algunos destinos. "Todos tenemos como prioridad la necesaria y urgentísima normalización de la actividad turística, pero también hemos venido manteniendo que pese a los duros momentos debemos ser capaces de mirar más allá y trabajar con la mirada puesta en el nuevo ciclo turístico que se abre ante nosotros", dijo la consejera. Entre los grandes desafíos citó la digitalización de procesos y la experiencia de los clientes. Castilla celebró que Ashotel haya trabajado para poner en marcha una de las 27 oficinas que Red.es apoya en toda España y, además, que permite atraer fondos a las Islas. “Eso es empezar ganando”, señaló.

El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, reconoció que “se abre un gran reto en un momento clave”. Y es que este proyecto, en su opinión, debe servir como “interface entre empresas y digitalización”, una iniciativa para la que la organización patronal contará con un presupuesto de doscientos cincuenta mil euros con el fin de ayudar a las empresas, no solo en el ámbito turístico, en ese proceso de digitalización. Se trata de “acompañar a las empresas en este camino, porque esta pandemia nos ha hecho acelerar el ritmo de un objetivo que ya todos sabíamos: la digitalización”, añadió.

La innovación y la digitalización, pues, es la doble palanca con que el sector turístico en Tenerife cuenta para desarrollar ese proceso de recuperación y transformación tanto de empresas como de autónomos. Estamos ante un punto de inflexión. Y la respuesta debe ser cabal. O dicho de otra forma, hay que aprovechar la oportunidad si se quiere mantener niveles de competitividad. Ahora sí que no basta contar turistas, lo que se hacía hasta antes de la pandemia. Ahora son otras las exigencias para las que hay que dar respuestas adecuadas. El director del hotel ‘La casona del patio’, Enrique González, ha advertido que la tecnología por sí sola no tiene sentido. “Se pueden tener los mayores recursos para integrar una tecnología, pero sin una actitud proclive no se avanza”, dijo.

O sea, que hay que tener, sobre todo, actitud. En el sector saben de eso: lejos están los tiempos del voluntarismo que fue capaz de emprender y crear, bien es verdad que en un contexto diferente. Pero el de ahora es no menos complicado y está lleno de exigencias. Es la opción para los profesionales y titulados más jóvenes que deben acreditar sus conocimientos y su capacidad de gestión. De su actitud depende que las iniciativas empresariales prosperen y revelen su identidad.

LA DESINFORMACIÓN COMO FUENTE DE INGRESOS

 

Encima, la desinformación reporta beneficios. Acabáramos. Un fenómeno tan pernicioso produce ganancias. En verdad, venimos asistiendo a hechos que ponen de relieve la comunicación inveraz: es incomprensible, ha inoculado con tal fuerza ese otro virus que los poderosos tentáculos de quienes emiten información falsa o engañosa solo ganan terreno y ennegrecen el panorama cada vez más. A la vez que contribuyen a ganar dinero. ¿Es lícito?, primera pregunta. Y no hablamos de cantidades menores o exiguas: la avalancha de bulos y paparruchas supone, según fuentes de la Unión Europea (UE), más de sesenta millones al año.

Da igual que la infodemia en torno al Covid-19 hay acreditado que la desinformación “también puede suponer un daño público sustancial si se convierte en viral”, tal como se recoge en una reciente propuesta de la UE orientada a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y el código de buenas prácticas contra la desinformación. Es evidente que, a pesar de la pugna librada hasta ahora en un intento de revisar y prevenir, existe una necesidad acuciante de intensificar los esfuerzos en ese doble objetivo.

La batalla no cesa, pero sí muta. La propagación de noticias falsas y su influencia en la sociedad se mantiene como una de las grandes preocupaciones de las autoridades europeas, un asunto prioritario especialmente ante la cercanía de procesos electorales o en una situación de emergencia sanitaria como la que sigue viviendo el mundo. Al documento inicial de la UE de 2018 se han adherido las compañías denominadas ‘gigantes’ de la información, así como representantes de firmas publicitarias, a las que se probablemente se sumarán servicios de mensajería como WhatsApp.

Apuntemos que en la primera versión del código de buenas prácticas se hacía una mención expresa a la voluntad de contrarrestar la injerencia de terceros países para, por ejemplo, influir en elecciones. La nueva propuesta de los órganos de la Unión Europea hace hincapié en aspectos como la información sanitaria fidedigna o las noticias falsas como fuente de beneficios. Es lo que se define como la “monetización” de los bulos. El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, fue claro en la presentación: la desinformación, aseguró, “no puede continuar siendo una fuente de ingresos”. Así, el comisario urgió a frenar la “infodemia” y la información falsa “que pone en peligro la vida de la gente”.

Esto nos lleva, por enésima vez, a la trascendencia de la verificación de contenidos. Los ingresos procedentes de la publicidad en línea siguen contribuyendo de forma “significativa” a la monetización de los sitios web de desinformación. El informe señala que hay evidencias de publicidad de grandes marcas colocada involuntariamente junto a contenidos de desinformación. El dato es aterrador: el Índice Global de Desinformación estima que alrededor de setenta y seis millones de dólares (sesenta y dos millones y medio de euros) al año en ingresos por publicidad en la Unión Europea van hacia sitios de noticias falsas. 

Con el fin de reducir “los incentivos económicos para la desinformación”, la propuesta de la Comisión pide ampliar a más empresas publicitarias la adhesión al código (hasta ahora solo se cuenta con las grandes corporaciones). Y aunque los responsables europeos reconocen que las plataformas que se han adherido al código no lo han cumplido al 100%, sí lo consideran una buena base de partida. 

En particular, reclama que las grandes marcas se unan a los compromisos, sobre todo aquellas que realizan un gasto sustancial en publicidad en línea. Con el apoyo de herramientas de verificación de contenidos, los propietarios de marcas y otros anunciantes “deberían comprometerse a hacer todo lo posible para evitar la colocación de sus anuncios cerca de contenidos de desinformación”. Igualmente, se pide la participación de otros actores de la publicidad en línea (por ejemplo, los intercambios de anuncios, los proveedores de tecnología publicitaria y las agencias de comunicación) y otros que prestan servicios que pueden utilizarse para monetizar la desinformación (servicios de pago electrónico, plataformas de comercio electrónico, sistemas de ‘crowdfunding’ o sistemas de recaudación de fondos). 

A su vez, las agencias que participan en la colocación de anuncios, incluidas las empresas de tecnología publicitaria, deberían identificar los criterios que utilizan para situar los anuncios y adoptar medidas que permitan verificar el lugar de la publicidad, con el objetivo de evitar situarlos junto a contenidos de desinformación o en sitios conocidos por la publicación repetida de noticias falsas. Asimismo, las plataformas deben comprometerse a reforzar los procesos de revisión de contenidos para la monetización y revisar los procesos de participación en los ingresos por publicidad en sus servicios.

Lo que está claro entonces es que la desinformación no puede ser fuente de ingresos, de ahí que haya que perseverar en medidas como las descritas que, se supone, serán concretas y ampliadas con tal de asumir un compromiso firme para erradicar el fenómeno.

OFERTAS TELEFÓNICAS

 

Hasta cuatro llamadas de otras tantas compañías coincidieron en un mismo día para ofrecer sus servicios.

--¿Cuánto paga usted de promedio mensualmente-, primera pregunta.

Y a partir de ahí, un rosario memorizado de datos y ofertas para redondear en un cantidad “fija y para siempre”. La técnica suele ser la misma, con escasas variantes.

Será la época (antes del verano vacacional), será la expansión, serán las necesidades de captar clientela, será la voluntad de acreditar la competitividad, será que el sistema de trabajo o la eficacia de éste se mide por el número de ‘fichajes’, será que es inevitable la proyección de las marcas… será que es normal que todas las compañías tengan a su alcance el número de teléfono (fijo, también) de los mortales y desplieguen cada cierto tiempo, periódicamente, su capacidad comercial.

No basta con la negativa inicial:

--No, mire, es que ya tengo contrato con…

Al otro lado del teléfono se escucha una voz que persevera, que mejora la oferta, que sube número ilimitado de llamadas, que incluye fútbol, y cine… Hasta la exención de permanencias sale en la conversación. Siempre hay una respuesta para cualquier intento de desvío o de freno. De acuerdo, son técnicas comerciales verbales, a veces cargadas de una cierta agresividad, como si fuera necesario complementar la supuesta capacidad de persuasión. Y además, no declinan quienes ofertan, no se rinden a poco que se hagan algunas preguntas en busca del esclarecimiento de la oferta o de las garantías que cabe exigir de aquélla. Es verdad que alguno no aguanta y corta la conversación, sin más. Pero no crean, son los menos. Hay quienes siempre confían en el cansancio del potencial cliente para terminar con éxito.

El caso es que hay que aguantar esa “ofensiva”. La opción de memorizar el número –al menos las tres o cuatro últimas cifras- sirve para que, en caso de repetición de la llamada, no descolgar. También hay otra: atender y responder con mucha educación, agradeciendo la oferta y hasta la suficiencia con que ha sido pormenorizada pero que no la va a atender. Y colgar.

En fin, que el negocio de las telecomunicaciones tiene que seguir siendo próspero para unos y para otros. Es saludable la pluralidad de ofertas y si el potencial cliente tiene paciencia y es capaz de discernir para saber, con mayor o meno exactitud, lo que le conviene –o lo que puede gastar- pues igual la operación es acertada, siempre y cuando se cumplan, claro, lols contenidos y las prestaciones se hagan de manera regular. Alguna de las compañías, por cierto, ha incluido la atención personalizada, esto es, un número y una persona con nombre y apellidos, para evitar esas largas esperas que, en trance algún tipo de reclamación, se producen mientras el inagotable tono de llamada produce el natural desespero.

--Se me hizo eterno-, dijo días pasados la nieta a la que se encargó estar atenta a la respuesta del número facilitado. Habían pasado once minutos desde el primer pitido.

En fin, si están en ese trance, paciencia.

CORAJE, NATALIA

 

Hay que entender su lucha. Y por supuesto, no querer resignarse. Un accidente, una desgracia y todas las complicaciones posteriores. Cuando la entereza es una divisa y se acredita por sí sola, casi en solitario, ganándose el aprecio y la solidaridad de gentes de toda condición, identificadas con su dolor y su pérdida, se contrasta que la vida pega un vuelco, un enorme vuelco, hasta volverla a empezar, sin arrugarse, porque late –y seguirá latiendo- un sentimiento que no quiere lo que es imposible pero sí lo que pueda evitarse.

La lucha de Natalia González, madre coraje, madre de un joven militar ahogado en la costa portuense en octubre de 2019, en un accidente infortunado, fructificó con la firma de unas treinta mil personas que, mediante firmas de adhesión de una plataforma virtual, apoyan la reivindicación: dotar de un puesto de salvamento marítimo para el norte de Tenerife. La mayoría de las formaciones políticas está por la labor. Es un asunto de largo recorrido, sin duda, y el debate, desde el propósito hasta el emplazamiento, pasando por el presupuesto, será complicado. En cualquier caso, la reivindicación ya está lanzada y trasladada al Gobierno de Canarias: crear un puesto de salvamento marítimo permanente y profesional en el norte tinerfeño con el que atender emergencias y tratar de evitar pérdidas de vidas o daños en la integridad física de las personas.

Natalia sabe que no podrá recuperar la vida de su hijo pero le tributa esta dedicación indesmayable que es todo un ejemplo de amor y entrega. La tarde de aquel sábado cuando ocurrió el accidente compartimos su desazón, a sabiendas de que no servían de mucho las expresiones de afecto, de apoyo y, naturalmente, de esperanza. Allí había una madre inconsolable que no encontraba ni aceptaba las explicaciones que se amontonaban.

Pero esa misma madre fraguaba, en aquellas trágicas circunstancias, la lucha que a partir de entonces habría de emprender para encontrar una secuencia lógica de las cosas, para hallar respuestas a los numerosos porqués. Le había tocado a Alejandro, Ale, su hijo, y desde entonces se esfuerza para evitar que se repitan casos como el suyo.

Desde entonces, un largo recorrido, impregnado de lágrimas y de sinrazones, de interrogantes y de frustraciones, pero también de solidaridad humana, movida por los afanes de la madre que no se rinde. La solidaridad en forma de testimonios que transmiten consuelo y ánimo y que se han unido en una petición con la que cubrir un déficit dotacional.

Natalia González, inquieta, predispuesta, agitada, atribulada, pero también razonable, muy razonable, sigue pensando en Ale y no quiere que a otras personas le suceda lo mismo. La suya es una lucha respetable, impulsada si se quiere por un cúmulo de circunstancias negativas. Tan solo el número de firmas que ha logrado reunir ya es señal clara de que no está dispuesta a rendirse. Y es un primer paso encaminado a la consecución de algo que, sometido a la razonabilidad y a la viabilidad, es no menos respetable. Coraje.

POR LA TOLERANCIA

 

“Municipios por la Tolerancia”: se trata de un proyecto promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Fundación Pluralismo y Convivencia con el apoyo del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto. El objetivo es ayudar a los gobiernos municipales a gestionar la diversidad religiosa de una manera “democrática e inclusiva”, como una expresión de la riqueza cultural y el pluralismo de la sociedad. La iniciativa está dirigida a todos los Ayuntamientos que quieran visibilizar su compromiso con la aplicación de unos principios básicos contenidos en un documento denominado “Carta para la Gestión Municipal de la Diversidad Religiosa”, y proporciona a los municipios que la firman las herramientas y recursos necesarios para mejorar su gestión cotidiana de esta realidad. Los primeros ayuntamientos en adherirse han sido los de Bilbao, Burgos, Cartagena, Castellón, Fuenlabrada, Guadalajara, Málaga, Valladolid y Olivenza.

En unos tiempos convulsos y vertiginosos como los que vivimos y generan tantas apelaciones a la responsabilidad cívica, como las que hemos producido en casos que desatan el encono y la crispación, frecuentes en la vida pública, hay que ocuparse de proyectos como este que, en teoría, han de contribuir a pacificar, a cohesionar y a robustecer una convivencia que resulte primordial para cualificar el propio sistema democrático. En más de una oportunidad, hemos aludido al respeto y la tolerancia como valores esenciales para salir de aguas revueltas y de ambientes enrarecidos, cargados de recelos y de malos modos que hacen irrespirable cualquier marco de convivencia.

Y eso que la materia es delicada. La religión ha sido causa de no pocos conflictos y enfrentamientos, en muchos lugares aún pendientes de resolución definitiva. Sostiene el presidente de la FEMP, Abel Caballero, que la religión es “seguramente la convicción más profunda” de un ser humano que la profesa, y se une “a otros conceptos de enorme importancia” como la democracia, la libertad, la convivencia y la forma de generar espacios colectivos de coordinación es impulso y la forma de entenderse en los municipios y la ciudades.

Los municipios adheridos a la Carta para la gestión municipal de la diversidad religiosa asumen el compromiso de orientar su gestión al cumplimiento de una serie de principios y objetivos, entre ellos el reconocimiento de la diversidad religiosa en su término como una expresión de la riqueza cultural y el pluralismo de la sociedad; la garantía del ejercicio de la libertad de religión, así como la promoción de las condiciones para que la igualdad y la libertad de las personas y de los grupos en que se integran sean efectivas; y la eliminación de toda forma de discriminación injustificada basada en las creencias, así como el fomento de políticas, dirigidas a este fin. 

Otros aspectos contenidos en la Carta son el fomento del respeto, la comprensión y la tolerancia hacia la diversidad religiosa; el impulso de la coordinación y colaboración interadministrativas, estableciendo canales de diálogo y acuerdos con otros municipios u otras instancias administrativas; la adopción de mecanismos de consulta y participación de las comunidades religiosas para garantizar la integración de los grupos minoritarios y evitar situaciones conflictivas; así como la promoción de espacios de diálogo y conocimiento mutuo entre las iglesias, confesiones y comunidades religiosas del municipio. 

La diversidad religiosa y cultural no debe ser un problema. El rector de la Universidad de Deusto, José María Güibert, ha declarado que “queremos impulsar algo muy importante para nuestra convivencia. Buscamos gestionar de modo adecuado el hecho religioso, que remite al mensaje de paz y madurez espiritual de las personas”. Por eso, además de predicar por la tolerancia, hay que estar atentos a los retrocesos que se puedan producir.