“¡Porque hay que tener memoria histórica!”, reiteraban Rafael Abreu y Alfredo Mederos, en cualquiera de aquellas animosas asambleas o de aquellos intensos comités que servían para mantener el pulso de los órganos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuando tenía a gala debatir internamente los asuntos que interesaban y que formaban parte de la propia estrategia de la organización y de la correspondiente acción política.
Ellos, y tanto otros militantes, habían atesorado no pocos recuerdos que eran una fuente oral de primer nivel cuando era preciso recurrir a los antecedentes para, cuando menos, argumentar las posiciones que se actualizaban. Su relato –y su insistencia- merecían respeto y consideración, de modo que hoy, cuando el Gobierno promueve una norma, la Ley de Memoria Democrática, que “toma como referencia las luchas individuales y colectivas de los hombres y las mujeres de España por la conquista de los derechos, las libertades y la democracia”, según consta en la Exposición de Motivos del texto remitido a las Cortes y que ya cuenta con los informes favorables de los organismos que son preceptivos, entre ellos el del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), partidario de prohibir los actos públicos de enaltecimiento del franquismo y de la disolución de entidades como la Fundación Francisco Franco.
Pero la controversia está servida. Cabe augurar una tramitación entre rifirrafes, antagonismos exacerbados y titulares de prensa desaforados. El ejecutivo traslada ahora al Parlamento un proyecto legislativo que aspira a recoger las aportaciones que puedan hacer los distintos grupos parlamentarios, sobre todo, adscritos a la izquierda. Por su parte, la extrema derecha representada por Vox ya ha anunciado, sin siquiera conocer su contenido y sin esperar a su tramitación parlamentaria, que pretende recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional. Y lo que es más: el Partido Popular ya ha anunciado que si llega al poder, sustituirá la Ley que se somete a aprobación con otra a la que ya ha puesto denominación: Ley de Concordia. Entre tanto, las asociaciones memorialistas piensan que la nueva norma se queda escueta, de modo que tratarán de influir en las formaciones parlamentarias en aras de modificar algunos de sus términos a través de enmiendas en el Congreso y el Senado. Cada intento, ya se verá, un conflicto o una invitación a la intolerancia. Y probablemente, al desafuero. Si alguna vez los españoles han necesitado hacer un ejercicio de transigencia, de diálogo respetuoso y de entendimiento, estas es la oportunidad.
En teoría, la Ley de Memoria Democrática representa una oportunidad difícilmente mejorable para avanzar en el reconocimiento a la verdad, la justicia y reparación de los crímenes de la dictadura. Tanto desde la Exposición de Motivos como el texto articulado tienen un enfoque basado en los derechos humanos. Pero a la tramitación se debería acudir sin muchos prejuicios y con un talante apropiado para contrastar la generosidad y no el inmovilismo. De este, ya andamos sobrados. El proceso de elaboración de la Constitución de 1978, aquel espíritu de aglutinar afanes y esmerarse en una sociedad moderna y avanzada, es un antecedente que se debe tener en cuenta. Debemos convenir en que la memoria, histórica y democrática, es un asunto muy serio que requiere generosidad y visión de futuro. Más que reescribir la historia, se trata de echar doble llave a un período ominoso de la misma, de poner punto final a diferencias y discrepancias que, a estas alturas, siguen siendo motivo de encono y crispación.
En septiembre veremos con qué animo afrontan el tajo sus señorías.
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