Encima, la desinformación reporta beneficios. Acabáramos. Un fenómeno tan pernicioso produce ganancias. En verdad, venimos asistiendo a hechos que ponen de relieve la comunicación inveraz: es incomprensible, ha inoculado con tal fuerza ese otro virus que los poderosos tentáculos de quienes emiten información falsa o engañosa solo ganan terreno y ennegrecen el panorama cada vez más. A la vez que contribuyen a ganar dinero. ¿Es lícito?, primera pregunta. Y no hablamos de cantidades menores o exiguas: la avalancha de bulos y paparruchas supone, según fuentes de la Unión Europea (UE), más de sesenta millones al año.
Da igual que la infodemia en torno al Covid-19 hay acreditado que la desinformación “también puede suponer un daño público sustancial si se convierte en viral”, tal como se recoge en una reciente propuesta de la UE orientada a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y el código de buenas prácticas contra la desinformación. Es evidente que, a pesar de la pugna librada hasta ahora en un intento de revisar y prevenir, existe una necesidad acuciante de intensificar los esfuerzos en ese doble objetivo.
La batalla no cesa, pero sí muta. La propagación de noticias falsas y su influencia en la sociedad se mantiene como una de las grandes preocupaciones de las autoridades europeas, un asunto prioritario especialmente ante la cercanía de procesos electorales o en una situación de emergencia sanitaria como la que sigue viviendo el mundo. Al documento inicial de la UE de 2018 se han adherido las compañías denominadas ‘gigantes’ de la información, así como representantes de firmas publicitarias, a las que se probablemente se sumarán servicios de mensajería como WhatsApp.
Apuntemos que en la primera versión del código de buenas prácticas se hacía una mención expresa a la voluntad de contrarrestar la injerencia de terceros países para, por ejemplo, influir en elecciones. La nueva propuesta de los órganos de la Unión Europea hace hincapié en aspectos como la información sanitaria fidedigna o las noticias falsas como fuente de beneficios. Es lo que se define como la “monetización” de los bulos. El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, fue claro en la presentación: la desinformación, aseguró, “no puede continuar siendo una fuente de ingresos”. Así, el comisario urgió a frenar la “infodemia” y la información falsa “que pone en peligro la vida de la gente”.
Esto nos lleva, por enésima vez, a la trascendencia de la verificación de contenidos. Los ingresos procedentes de la publicidad en línea siguen contribuyendo de forma “significativa” a la monetización de los sitios web de desinformación. El informe señala que hay evidencias de publicidad de grandes marcas colocada involuntariamente junto a contenidos de desinformación. El dato es aterrador: el Índice Global de Desinformación estima que alrededor de setenta y seis millones de dólares (sesenta y dos millones y medio de euros) al año en ingresos por publicidad en la Unión Europea van hacia sitios de noticias falsas.
Con el fin de reducir “los incentivos económicos para la desinformación”, la propuesta de la Comisión pide ampliar a más empresas publicitarias la adhesión al código (hasta ahora solo se cuenta con las grandes corporaciones). Y aunque los responsables europeos reconocen que las plataformas que se han adherido al código no lo han cumplido al 100%, sí lo consideran una buena base de partida.
En particular, reclama que las grandes marcas se unan a los compromisos, sobre todo aquellas que realizan un gasto sustancial en publicidad en línea. Con el apoyo de herramientas de verificación de contenidos, los propietarios de marcas y otros anunciantes “deberían comprometerse a hacer todo lo posible para evitar la colocación de sus anuncios cerca de contenidos de desinformación”. Igualmente, se pide la participación de otros actores de la publicidad en línea (por ejemplo, los intercambios de anuncios, los proveedores de tecnología publicitaria y las agencias de comunicación) y otros que prestan servicios que pueden utilizarse para monetizar la desinformación (servicios de pago electrónico, plataformas de comercio electrónico, sistemas de ‘crowdfunding’ o sistemas de recaudación de fondos).
A su vez, las agencias que participan en la colocación de anuncios, incluidas las empresas de tecnología publicitaria, deberían identificar los criterios que utilizan para situar los anuncios y adoptar medidas que permitan verificar el lugar de la publicidad, con el objetivo de evitar situarlos junto a contenidos de desinformación o en sitios conocidos por la publicación repetida de noticias falsas. Asimismo, las plataformas deben comprometerse a reforzar los procesos de revisión de contenidos para la monetización y revisar los procesos de participación en los ingresos por publicidad en sus servicios.
Lo que está claro entonces es que la desinformación no puede ser fuente de ingresos, de ahí que haya que perseverar en medidas como las descritas que, se supone, serán concretas y ampliadas con tal de asumir un compromiso firme para erradicar el fenómeno.
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