¡Nos bañaremos en San Marcos!

 El Centro de Iniciativas y Turismo (CIT) de Icod de los Vinos entregó anoche, en el Parque del Drago, el 'Drago de Honor', distinción que concede cada año con motivo del Día Internacional del Turismo. En esta ocasión, le fue otorgado a la Plataforma Cívica 'SOS Salvar la Playa' (San  Marcos). Al acto asistieron el alcalde de la localidad, Javier Sierra; y el presidente del CIT, Antonio García Fleytas.

La organización nos confió la semblanza de la plataforma galardonada. Escribimos lo siguiente:

 “El peor enemigo de la democracia es la persistencia en el seno de la sociedad de los valores disolventes del egoísmo individual o de grupo, de los prejuicios y de los dogmatismos. El principio de la solidaridad social puede no estar explicitado en la Constitución ni en la plataforma de los partidos políticos, puede no figurar en los estatutos de los sindicatos y organizaciones empresarias, pero sin su presencia efectiva en las mentes y en los comportamientos de los ciudadanos no hay sistema democrático real. La solidaridad es la argamasa del edificio social y es el lubricante de los mecanismos de interrelación entre los hombres”.

 

Esto lo dijo el cuatrigésimo tercer presidente de la República Argentina, Raúl Alfonsín, que vivió entre 1927 y 2009. Reparemos en el concepto de solidaridad social, muy apropiado para el significado de este acto: lo define como la argamasa del edificio social y el lubricante de los mecanismos de interrelación entre los hombres. Y escruta su significado hasta considerar indispensable su presencia efectiva en las mentes, si es que los ciudadanos quieren contrastar el funcionamiento del sistema democrático real.

 

Los ciudadanos, los ciudadanos de Icod de los Vinos, vienen a comprobar esta tarde/noche, en el parque de su símbolo por antonomasia, la trascendencia que tiene la participación social, debidamente articulada y cohesionada. A uno de sus brazos, de esos que se afanan y trabajan por una causa noble como es salvar la playa, la inconfundible playa de San Marcos, le concede el Centro de Iniciativas y Turismo de la localidad, presidido por Antonio García Fleytas, el ‘Drago de Honor’, confeccionado, como ya ha indicado el presidente, por el artista Javier Huerta Gómez.

 

El reconocimiento incentiva los propósitos de la plataforma aun cuando no han sido completados. Como queda mucho por hacer, la concesión es, en sí misma, un reconocimiento a la labor bien hecha, al tesón con que se están aplicando quienes han sido conscientes de que un paraje natural tan atractivo no puede permanecer mucho más tiempo en situación de abandono.

El proyecto de recuperación que, de acuerdo con la filosofía de la plataforma, también es de salvación, necesita de impulsos y estímulos, de ahí que la elaboración del informe de declaración de impacto ambiental sea el siguiente paso para seguir hablando con fundamento, que es lo que quiere la Plataforma.

Estamos, pues, ante un movimiento ciudadano que exige soluciones al abandono y la paralización de las obras de mejora en la playa. Sus reivindicaciones principales abarcan la denuncia de años de demora y falta de acción en el plan de remodelación y rehabilitación de la zona costera hasta mejoras de accesibilidad para personas con movilidad reducida y servicios básicos adecuados, pasando por una alerta sobre el deterioro del entorno y lo indispensables que resultan informes técnicos independientes para proteger la costa.

Y como la transparencia es un principio esencial de la democracia, hay que ponderar el despliegue informativo que se está haciendo desde este colectivo, con aportaciones puntuales que favorecen el seguimiento de las actuaciones y el debido conocimiento de la ciudadanía, no solo de los usuarios de la playa, acaso los primeros interesados, sino de cuantos aman el medio natural, vivieron allí sueños y andanzas de infancia o juventud y anhelan para las generaciones futuras un espacio accesible y bien dotado.

Así, por ejemplo, supimos a principios del presente mes de una propuesta de aportación de arena volcánica, procedente de las cenizas de la última erupción en La Palma, y que deberá ser formalizada próximamente para conocer los contenidos técnicos de proyecto de reposición de arena.

En esa reunión, por cierto, se debatieron cuestiones de gran importancia, entre ellas, la compatibilidad entre esta propuesta y el actual Proyecto de Recuperación de la Playa, su carácter “experimental”, el presupuesto, los costes, la procedencia y características de la arena, así como la viabilidad de que este material pudiera utilizarse dentro de alguna de las fases del Proyecto de Recuperación.

Pero SOS Playa San Marcos considera fundamental que, antes de tomar cualquier decisión, quede perfectamente claro qué actuación se pretende ejecutar, cómo afecta al Proyecto de Recuperación ya existente y qué solución garantiza realmente la recuperación y consolidación de nuestra playa.

Como ya es cuestión de saber quién o qué órganos habrán de tomar las decisiones correspondientes, la Plataforma ha señalado que será el Ayuntamiento a través del pleno. Un denominado Consejo Municipal de Recuperación de la Playa, recuperado al cabo de seis años y reunido en los primeros días del presente mes, acordó trasladar al pleno todas las propuestas que cuenten con el respaldo del propio Consejo con el fin de propiciar su aprobación formal y, cuando sea necesario, acordar también acciones de apoyo y reivindicación.

La Plataforma alza su voz para exclamar ‘queremos arena, sí’; pero queremos que esa arena permanezca y garantice la recuperación de la playa. Pero hay que ser conscientes de las dificultades. Este va a ser un camino largo y tortuoso, como cantara Paul McCartrney, aquel ‘beatle’ que un día alguien demostrará que anduvo una vez por San Marcos, junto a George Harrison y Ringo Starr.

Por eso, con toda legitimidad, también se hace preguntas que merecen ser reproducidas sin querer romper la tónica de esta noche de plácemes. Por ejemplo: si se afirma que hay dos actuaciones compatibles, ¿por qué la Dirección General de la Costa y el Mar del Estado afirma oficialmente que son “recíprocamente excluyentes” y solicita a las administraciones canarias que identifiquen cuál de las dos pretenden promover?

Si ambas actuaciones son compatibles, ¿cómo se explica que la Dirección General de la Costa y el Mar del Estado haya señalado oficialmente que son recíprocamente excluyentes porque plantean diferentes soluciones técnicas?

Miembros del citado Consejo han solicitado que se facilite el informe técnico que acredita que la aportación experimental de cenizas volcánicas no modifica ni condiciona la solución técnica, la evaluación ambiental ni la ejecución posterior del Proyecto de Recuperación de San Marcos.

Son los mismos que manifiestan abiertamente que no quieren una actuación provisional sino una solución definitiva que lleva años en tramitación. Y que también se preguntan si está el Gobierno de Canarias en disposición de garantizar, negro sobre blanco, que la aportación de cenizas volcánicas no supondrá la modificación, sustitución o paralización del actual Proyecto de Recuperación de la Playa de San Marcos?

Hemos desglosado tan solo algunos aspectos que reflejan las complicaciones que aún hay que despejar pero que no deben empantanar las soluciones. San Marcos, estamos de acuerdo, ya no debe ser un experimento, una sucesión de teorías opinativas sino una actuación sólida bien proyectada, entre otras cosas porque es un grito de pueblo que debe seguir participando, fiscalizando y trasladando a la ciudadanía cada avance y cada decisión que se adopte.

Si la Plataforma avisa que la Playa no puede seguir esperando, es porque también ha palpado la demanda popular y porque es consciente de que las discrepancias poco ayudan cuando las posturas son taxativas. Hay que invertir uno de los eslóganes que caracterizó una concentración ante la sede de la presidencia del Gobierno en la capital tinerfeña: “No hay desastre natural; hay abandono institucional”. Hay que invertirlo con decisión y con valentía, porque en estas situaciones, si no hay coraje ni constancia, no hay nada que hacer.

Hoy, al pie del Drago, cuando es reconocida la proactiva y valiosa participación de personas y entidades icodenses en demanda de su playa de toda la vida, hay que rememorar al doctor Alfonsín, a su concepto de solidaridad social que ha de estar presente de forma efectiva “en las mentes y en los comportamientos de los ciudadanos pues sin ella no hay sistema democrático real”.

Hoy, cuando todos los días, males como el encono, la polarización, la desinformación y las amenazas tecnológicas van fraguando un auténtico desorden internacional, con las raíces y las ramas de ese Drago se explicita un tributo a quienes se resisten a una actitud pasiva o indolente ante un bien público que hay que cultivar entre todos y se contribuye a la conmemoración de un hecho turístico que nos aglutina y del que Icod de los Vinos quiere ser partícipe.

Enhorabuena a la Plataforma. Enhorabuena y ánimo, porque la tarea no está acabada y aún queda mucho hasta completarla para recitar, como Pedro García Cabrera, en su vuelta a la isla, que “los rasgos de sarmientos empapados de nostalgia” no impedirán que nos bañemos en San Marcos.

Así sea.

  

Fin del acoso y las agresiones

 Las organizaciones profesionales y sindicales firmantes del manifiesto “En defensa de la profesión periodística y del derecho a la información” reclaman a los poderes públicos que garanticen la seguridad de quienes trabajan en los medios de comunicación y exigen el cese de las estrategias de señalamiento personal contra periodistas. El documento expresa un compromiso compartido: “no vamos a normalizar las agresiones, las amenazas, el acoso ni el señalamiento de periodistas mientras ejercen su trabajo”.

La declaración considera intolerable que quienes ejercen el periodismo, fotoperiodismo, cámaras y otros equipos técnicos de los medios sufran insultos, persecuciones, amenazas o agresiones mientras cubren manifestaciones, concentraciones, conflictos sociales, emergencias o cualquier otro acontecimiento de interés público. Las organizaciones recuerdan que proteger su trabajo es también proteger el derecho de la ciudadanía a conocer lo que sucede y a recibir información.

El manifiesto sitúa la libertad de información como un derecho constitucional y humano de toda la ciudadanía y como una condición imprescindible para la democracia. Desde esa convicción, propone una respuesta común de la profesión frente a las conductas que intimidan a quienes informan o dificultan el ejercicio de su trabajo.

Condena inequívoca de las agresiones y fin del señalamiento personal

Las entidades firmantes reclaman a todas las fuerzas políticas y a todos los responsables institucionales, sin excepción, que condenen de manera inequívoca cualquier agresión contra los equipos de información y abandonen las estrategias de señalamiento personal.

El documento considera especialmente grave que desde algunos grupos políticos se convierta a periodistas concretos en adversarios personales o se utilicen términos como “terrorista” para referirse a profesionales que están haciendo su trabajo. Advierte de que estas conductas crean un clima que puede transformar la hostilidad en acoso y el acoso en violencia.

Las organizaciones recuerdan que el trabajo periodístico puede ser criticado, discutido y cuestionado y que, cuando se cometen errores, quienes lo ejercen deben responder por ellos. Al mismo tiempo, establecen un límite claro: “una cosa es la crítica y otra muy distinta la intimidación, la amenaza o la agresión”.

Mayor protección para periodistas y equipos técnicos

El manifiesto pide a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que garanticen el derecho de los profesionales de la información a desarrollar su trabajo con seguridad, especialmente en manifestaciones, disturbios y otras situaciones de tensión o riesgo.

Las organizaciones demandan una mayor vigilancia para ofrecer una protección adecuada a los profesionales de la información y a los equipos técnicos de radio y televisión que los acompañan. Subrayan que su identificación como integrantes de un equipo informativo los convierte, con frecuencia, en víctimas de acoso y hostigamiento, y reclaman que puedan desempeñar su labor sin quedar expuestos a esas conductas.

Asimismo, solicitan que las amenazas, coacciones y agresiones sean investigadas con diligencia y que sus responsables respondan ante la ley. “La impunidad de una agresión no afecta únicamente a quien la sufre”, advierte el documento, porque traslada al conjunto de la profesión el mensaje de que informar puede tener un precio.

Una respuesta compartida, con independencia del medio y de la organización

La declaración dirige un llamamiento al conjunto de la sociedad y recuerda que defender a los y las profesionales de la información no exige compartir sus opiniones ni estar de acuerdo con su trabajo. Significa proteger el derecho de la ciudadanía a recibir información y a contar con testigos allí donde se producen hechos relevantes.

El llamamiento se extiende de manera especial a la propia profesión: “La solidaridad no puede depender de la cabecera, la empresa, el sindicato, la asociación o la ideología del periodista agredido”.

Con este objetivo, el manifiesto propone construir un compromiso común entre asociaciones profesionales, sindicatos, colegios de periodistas, comités de empresa y organizaciones defensoras de la libertad de prensa para responder unidos ante cualquier agresión o señalamiento. La defensa del ejercicio profesional, con rigor, veracidad y profesionalidad, constituye el punto de encuentro de esta iniciativa en favor del periodismo y del derecho a la información.

Mejorar la dependencia

 

Opacada por otros asuntos más problemáticos y menos positivos, la noticia de la aprobación de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad -una refundación del sistema de cuidados con más servicios- no ha alcanzado aún el relieve social que entraña. Es lo de casi siempre en este país: conflictos, sesgo, encono, destrucción, contenciosos y pleitos acaparan la atención. Los hechos positivos, los acuerdos, la culminación de procesos favorecedores de la satisfacción de aspiraciones sociales interesan menos. Triste, pero cierto. Y para decirlo todo: la reforma blinda también la financiación del sistema de la dependencia, incorporando en la ley la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la inversión.

En julio pasado, el Congreso convalidó el real decreto-ley aprobado por el Gobierno para ampliar la financiación estatal de la dependencia, que supone el mayor incremento de la historia para el sistema, y que las Comunidades Autónomas vayan a recibir 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027. Precisamente, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, al aprobarse la reforma, ha lanzado un reto a los gobernantes de las instituciones autonómicas: reducir las listas de espera a la mitad este año y a que desaparezcan para 2028 Bustinduy ha recordado que gracias al real decreto de financiación convalidado en el Congreso en julio, las comunidades han recibido más de 517 millones de euros adicionales sólo en dos meses

En lo que respecta a la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, popularmente conocida como Ley de Dependencia, la reforma establece, entre otras cosas, la supresión del régimen de incompatibilidades; la ampliación y regulación de la asistencia personal como serrvicio del catálogo; la ampliación del servicio a domicilio;  el reconocimiento a nivel normativo de la figura del cuidador o cuidadora principal (complementado con el de los/las no profesionales); la teleasistencia como un derecho subjetivo; garantías de que la Administración General del Estado (AGE) abone las cotizaciones de los/las cuidadores no profesionale y reducción de seis a tres meses el plazo de resolución del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.

En cuanto a la Ley de discapacidad (Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social), la reforma no solo constituye un paso decisivo para desplegar el mandato del renovado artículo 49 de la Constitución Española, sino que, además, consolida los derechos para las personas con discapacidad, situando como pilares la inclusión, la accesibilidad universal, la vida independiente y la autonomía personal.

El acuerdo del Congreso es, sin duda, relevante.  Y merece atención en medio de esa jungla de crispación cuyo final no se vislumbra.

 

Actuaciones en aeropuertos insulares

 

Aunque el sector turístico insular no parece mostrar mucho entusiasmo, lo importante es que el Gobierno, por fin, ha aprobado el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el período 2027-2031 con una subida acumulada del 1,65 % de las tasas aeroportuarias, equivalente a un incremento medio anual del 0,33 %. La decisión sitúa el alza muy por debajo de la propuesta inicial de Aena, que planteaba un incremento mucho mayor, pero también lejos de la reducción de tarifas defendida por las aerolíneas y considerada viable por la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC), organismo regulador independiente encargado de preservar, garantizar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva y de una regulación eficiente en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios.

La CNMC está adscrita, a meros efectos presupuestarios, al ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, independiente del Gobierno, y está sometida al control parlamentario y judicial. Se financia través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Los principales medios de comunicación se han hecho eco del acuerdo gubernamental. El nuevo marco regulatorio movilizará cerca de 13.000 millones de euros durante los próximos cinco años para transformar la red de aeropuertos españoles. De esta cantidad, 9.991 millones corresponden a inversión regulada, directamente vinculada a la actividad aeroportuaria, mientras que cerca de 3.000 millones se destinarán a actuaciones no reguladas, principalmente relacionadas con actividades comerciales. El plan prevé que la red de Aena supere los 363 millones de pasajeros en 2031.

Según preferente.com, el Gobierno presenta el DORA III como un “salto inversor”, con especial atención a la modernización de terminales, seguridad, sostenibilidad, intermodalidad, sistemas de equipajes y mantenimiento. Entre las principales partidas figuran 2.851 millones para edificios terminales, 937 millones para el campo de vuelos, más de 1.650 millones para seguridad y más de 3.240 millones para conservación de la red. El Ejecutivo sostiene que este esfuerzo se financiará con los propios ingresos del sistema aeroportuario y defiende que la tarifa media quedará prácticamente congelada, con un aumento de unos tres céntimos por pasajero al año.

El DORA III llega, por tanto, como un punto intermedio entre las posiciones enfrentadas durante su elaboración: Aena obtiene un marco que acompaña un fuerte incremento inversor, pero muy por debajo del aumento tarifario que planteaba; las aerolíneas evitan una subida de mayor magnitud, aunque no consiguen la rebaja que reclamaban; y Ryanair, una de las aerolíneas más interesadas, pese a pedir también menores costes de acceso, es la que recibe con mayor satisfacción el resultado al considerar que se ha frenado la propuesta inicial del gestor aeroportuario.

Por lo que respecta al desglose del DORA III en los aeropuertos canarios, diariodeavisos.com detalla que prevé una inversión de 1.807 millones de euros en las infraestructuras aeroportuarias para que sean más seguras, sostenibles, modernas y competitivas. La inversión en el aeropuerto Tenerife Sur-Reina Sofía asciende a 553 millones de euros para la remodelación integral de la terminal, actuaciones en campo de vuelo y plataforma, y mejora de la seguridad e instalaciones.

El aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna alcanzará los 313 millones de euros, que se destinarán a ampliar el área de facturación y de la cantidad de los mostradores, los controles de seguridad en la zona más emblemática del edificio, el área de embarque y del número de puertas, la sala de recogida de equipajes y más cintas, y en la distribución funcional de aparcamientos. Igualmente, se actuará en los accesos al aeropuerto en coordinación con el proyecto de la TF-5.

 

La información también se refiere a las previsiones en el aeropuerto de La Palma cuyo presupuesto será de 89 millones de euros, que se dedicarán a actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal y en el aparcamiento, ademas de a diversas actuaciones en el campo de vuelo y la plataforma, como la ampliación de franja de pista, sistemas de información y comunicaciones. En el aeropuerto de La Gomera se invertirán 19 millones en la renovación de la climatización de la terminal, el aislamiento de cubiertas, o la adecuación de la plataforma de aviación general y en el vallado perimetral. En el aeropuerto de El Hierro se emplearán 14,8 millones de euros en una nueva posición de estacionamiento y mejoras de la seguridad.

Para encontrarse y perderse (con Pedro Rodríguez)

 

Tenía mucha razón el colonizador estadounidense, abogado y escritor Thomas Morton cuando afirmó que “el arte permite encontrarnos y perdernos al mismo tiempo”. Aunque en Icod de los Vinos es consecuente dada su plétora de rincones y espacios sugerentes que el artista Pedro Rodríguez plasma en una obra madura y muy bien compuesta hasta convertir la geografía urbana y rural en un paisaje único, la quintaesencia de una población canaria llena de encantos, a caballo entre los atractivos naturales y las líneas progresistas de sus avances sociales.

Así que llevados de sus trazos y pinceladas podemos adentrarnos en sus acuarelas que reflejan, sobre todo, una motivación paisajística de sensaciones cuya intensidad se modula a medida que avancemos, no importa el ritmo, en busca de coloridos y luces que se renuevan exponiendo algo más que encantos hallados en arquitecturas, fértil vegetación, sugerentes senderos, indómitos riscos y apacibles fincas de cultivo. Morton se encontraría a gusto, entrando y saliendo, recorriendo el paisaje icodense.

Porque Pedro Rodríguez, nacido en Venezuela y cultivado en ese paisaje, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna, proporciona este toque mágico que impulsa el ansiado equilibrio en la composición que, en el fondo, es una suerte de objetivo colocado en la diana de su interés artístico, ante el que exprime la técnica acuarelista que modula con firmeza y seguridad para acabar plasmando altivas montañas, nubes caprichosas, sembrados geométricos bien elaborados, desafiantes acantilados, ventanales, pórticos, postigos y otros elementos que debaten entre sombras y luces. Escenas, la vida misma del paisaje.

Y claro que sí: esta serie artística es una espléndida oportunidad para encontrarse y perderse, como una guía ilustrativa de la riqueza patrimonial de la iglesia de San Marcos, del parque Lorenzo Cáceres, del Drago milenario y su parque, del ex convento de San Francisco, de la plaza de la Pila, de las ermitas, de Boquín, de las casonas señoriales, de las costumbres y tradiciones que revelan, con sutileza y solidez a la vez, la identidad de un pueblo. Pedro Rodríguez, con una paleta cromática variada y polivalente, se recrea, desde luego, en unas estampas acuarelísticas inconfundibles.

Las de un Icod para encontrarse y perderse.

 

Un lance inolvidable, Mauro

 

No nos olvidamos de Mauro Pérez, futbolista pprofesional del Club Deportivo Tenerife, fallecido el pasado sábado a los 80 años. Jugaba preferentemente de centrocampista, aunque también aparecía de extremo derecha en el Arenas, Toscal, el juvenil del reresentativo, Nivaria y Canarias, dos equipos venezolanos en los que militó durante su estancia en el país sudamericano. Probó, sin fortuna,en el Real Madrid y jugó en el Recreativo de Huelva, Hércules y Celta de Vigo antes de lucir los colores albiazules repescado por el presidente José González Carrillo cuando el Tenerife militaba en Tercera División. Acumuló casi ciento cincuenta partidos y fue autor de treinta y cinco goles. Fue, junto a Juanito, Jorge, Cabrera, Molina y Manolo Ramos, un jugador determinante en el ascenso de categoría de 1971.

A Mauro le decían <el Patanga>. Era bravo, temperamental, a veces genial. Pundonoroso. Un poco anárquico en su desempeño. Le conocimos en aquellos años, cuando frecuentábamos hasta los entrenamientos en el maltrecho “Rodríguez López” y empezamos a transmitir en Radio Popular de Tenerife, junto a los involvidables César Fernández Trujillo y Álvaro Castañeda.

Precisamente, en una de esas transmisiones (Tenerife-Barakaldo, temporada 1973-74), se produjo el lance por el que Mauro será recordado toda la vida. José Miguel Galarza lo ha evocado con detalle en su semblanza del jugador. Aún recordamos la carcajada de César y la reacción destemplada de los espectadores cuando Esteban falló el célebre penalty.

Este es el relato de Galarza: “Recuerdo que atacábamos hacia la puerta de Herradura y que Cabrera me envió un pase en profundidad, algo bombeado, a la espalda de la defensa”, contó Mauro en el libro Centenario de una pasión, conmemorativo del primer siglo del CD Tenerife. “Yo entré en velocidad para ganarle medio metro al central, por lo que dejé picar el balón para controlarlo con el pecho […], luego intenté acomodármela con la mano para rematar, pero él me cargaba hombro con hombro […], así que seguí corriendo unos metros con el balón agarrado, como si fuera un jugador de rugby”.

Sigue: “Entonces, miré de reojo a la banda y vi que el juez de línea estaba descolocado; y el árbitro venía veinte metros atrás”, explicaba Mauro, a quien en ese momento le salió su vena de futbolista callejero.

Agrega Mauro: “Le puso el balón en las manos a Madariaga —“toma, cógelo”, le dijo— y, tras frenar en seco y separarse de su defensor, se giró hacia Fernández Quirós con los brazos en alto. “Árbitro, penalti”, reclamó. El colegiado, que llegaba exhausto a la carrera, observó una imagen que no admitía dudas y señaló el penalti.

“El central me dijo de todo, me quería matar”, recordaba el jugador, que no le confesó su pecado a Esteban, el lanzador de la pena máxima, que mandó el balón “a las nubes”.

Aún sentimos la carcajada de César. Y conservamos en la memoria la habilidad de aquel futbolista que luego entrenaría al legendario Juventud Concepción y a los sureños Unión Isora, San Lorenzo y Chío. En cierta ocasión, cuando nos reencontramos, en un I’Gara-Puerto Cruz en Cabo Blanco, nos dijo:

-Antes de que me lo preguntes, ¿te acuerdas cuando le puse el balón en las manos a aquel vasco y el árbitro concedió penalti?

Sí, fue un lance inolvidable. Hasta siempre Mauro.

 

Limitaciones de otrora, adelantos actuales

 

En las redacciones que uno habitó (La Tarde, Diario de Avisos, Radio Popular, Radio Club Tenerife), lo que había era máquinas de escribir, teletipos, télex y ya más tarde, en los ochenta y noventa del pasado siglo, telefax, que nos pareció a todos un invento asombroso para no tener que rehacer los textos. Eran redacciones muy cálidas desde el ángulo de relaciones humanas, en las que congeniaban mentalidades y convicciones ideológicas de distinto signo y en las que circulaban historietas, rumores y relatos -a veces personales, a veces de los vecinos y allegados- que imprimían un sello peculiar a la esencia misma del medio.

 Cuentan quienes aún tienen su centro de trabajo en las redacciones que no solo hay mayor dispersión sino que han ido perdiendo la calidez, en el fondo, un elemento consustancial que contribuía a la formación y al desarrollo profesional. Si ahora, como que ya hay en marcha todo un proceso de adaptación, llega la inteligencia artificial (IA), que cada quien imagine lo que pueda brotar en esos campos que en poco o nada se parecerán a aquéllos donde germinaban semillas periodísticas -a veces muy mal regadas- y donde se operaba con herramientas elementales pero, eso sí, muy eficaces a poco que se adquiriera la destreza imprescindible.

Hay, en diario.infoperiodistas.info, un texto muy interesante firmado por Judith Victoria Cherquis, que nos permite contrastar las limitaciones de entonces con los adelantos actuales, especialmente los referidos a la introducción de esa tecnología. Escribe la autora que las redacciones están dejando atrás la primera etapa de la inteligencia artificial, centrada en establecer qué se puede hacer y qué no, para entrar en una fase más compleja: decidir quién controla estas herramientas, quién responde por sus resultados y cómo se integra la IA en la propia arquitectura de los medios.

Cherquis toma como base el análisis publicado por el ‘Institute for the Study of Journalism’ y elaborado por Ramaa Sharma. Recoge entrevistas con veinte responsables de medios, expertos y académicos de trece países. Además, analiza cómo las organizaciones están adaptando sus flujos de trabajo y sus productos ante la expansión de la IA.

El informe identifica tres modelos principales de gobernanza. En algunas organizaciones, el uso de IA ha surgido de manera informal, sin políticas específicas. A veces ocurre por falta de recursos para establecer estructuras de supervisión. Otras han desarrollado principios y comités internos que mantienen al humano dentro del proceso de decisión. Y un tercer grupo ha creado estructuras formales con responsables y equipos específicos de inteligencia artificial. Entre estos últimos aparecen la BBC, la finlandesa YLE y la Televisión Checa.

La supervisión humana sigue siendo el principal mecanismo de seguridad para las redacciones. Sin embargo, el Reuters Institute advierte de que ese modelo empieza a generar problemas.

Parte de la responsabilidad está recayendo sobre los mandos intermedios, que ya soportan una elevada carga de trabajo. Annika Ruoranen, antigua responsable de IA responsable de YLE, señala que estos profesionales deben ocuparse de la calidad diaria de las informaciones. Además, deben asumir nuevas tareas relacionadas con la gobernanza de la inteligencia artificial. En Scroll, en India, esta presión ha provocado incluso que se establezcan límites sobre la cantidad de contenidos asistidos por IA que los trabajadores deben revisar.

El informe concluye que la IA también puede ayudar a detectar sesgos, aunque pueda resultar una tarea difícil de verificar cuando se examinan las noticias de una en una. La BBC, por ejemplo, utiliza este tipo de análisis para estudiar patrones de representación en miles de contenidos. Su responsable de IA señala que determinados sesgos solo pueden detectarse cuando se observa el comportamiento de una redacción a gran escala. La misma lógica puede aplicarse a los propios sistemas de IA. El objetivo ya no consiste únicamente en revisar una respuesta concreta, sino en identificar patrones que puedan repetirse en miles de contenidos.

Las agencias Efe y Associated Press (AP) ya han dado pasos hacia normas más precisas.  Por ejemplo, la primera ha establecido una guía de uso editorial que sitúa la supervisión humana y la responsabilidad periodística en el centro. La agencia exige que los contenidos elaborados con intervención sustancial de IA sean identificados ante sus clientes y establece límites específicos para las imágenes generadas artificialmente. Además, contempla herramientas autorizadas, formación de los equipos y un órgano interno de supervisión integrado por distintas áreas de la compañía y el Consejo de Redacción.

AP, por su parte, actualizó sus estándares este verano y amplió los usos permitidos de la IA para tareas como investigación inicial, resumen de documentos, transcripción, traducción o sugerencias de titulares. En todos los casos, los resultados deben ser revisados y editados por periodistas antes de su publicación. La agencia mantiene además la prohibición de utilizar IA generativa para crear, alterar o mejorar fotografías informativas.

La conclusión del estudio apunta a un cambio de escala: gobernar la inteligencia artificial ya no consiste solo en decidir qué puede hacer una herramienta. Consiste en diseñar los sistemas, los equipos y los procesos para que la responsabilidad periodística no desaparezca cuando la tecnología gane autonomía. Las redacciones de ahora tienen que ponerse las pilas. Hay mucho que aprender, hacer y aplicar.

Aunque hay muchas dudas sobre si, haciendo todo eso, será posible recuperar la calidez de antaño.

La útima ocurrencia de Donald Trump

 

Si la oferta hecha por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta semana, consistente en abonar cinco mil dólares a quienes votaban al Partido Republicano en la próxima convocatoria electoral, para conservar sus  mayorías en el Congreso, si eso se consuma o cristaliza, procede concluir una frase simple: Democracia, apaga y vámonos.

Vaya concepto de la democracia que tiene el señor presidente. Cierto que para él todo se compra y todo se vende; pero hombre, no, el sistema está concebido de otra manera y orientado a otras finalidades. Ya Sir Winston Churchill lo señalaba: “La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre. Con excepción de todos los demás”.

Ese ser excéntrico y que calificaríamos de cantinflesco si no fuera porque el gran cómico mejicano Mario Moreno es un personaje muy serio que fue un ejemplo de crítica social para el mundo de habla hispana, se permite mofarse de cuantos han abrazado la causa democrática en el pasado, en el presente y en el futuro. Es decir, que se pasa por el forro de sus caprichos los principios elementales por los que muchísimas personas en todo el mundo han dado sus vidas.

Y diciendo eso, cree que puede manejar a los ciudadanos como marionetas (Ya lo hace, pero bueno, él alegará que está legitimado por las urnas y quienes le ríen las gracias para no comprometerse seguirán cultivando una indolencia mayúscula merecedora de reprobación).

Les ahorramos todas las explicaciones sobre cómo funcionaría ese método del abono a los votantes y cómo comprobar la voluntad de éstos -si es que allí, en USA, el voto sigue siendo secreto- para hacer efectivo el montante de los cinco mil; pero si a otros gobernantes les da por plagiar la idea o se inventan un sucedáneo, se acabó lo que se daba. Sabemos que más de uno argumentará que, en otras latitudes, puede que no muy lejanas, no se ofrece dinero sino, a cambio, otras dádivas u opciones que compensarían (¿compensarían? el valor de un voto cuyo precio, así, quedaría establecido en la cuantía del oferente. Pero eso es indigno y quiebra cualquier ética elemental.

¿Se imaginan a los candidatos, a los partidos y a las coaliciones recaudando para pagar a los (mis) votantes? ¿Se imaginan las colas de acreedores? ¿Eso no es monetizar sin límite y desnaturalizar el proceso? Si ahora, en cualquier lado, se han alcanzado altos niveles de incredulidad y las opciones poco o nada democráticas -esas a las que los derechos sociales y el Estado del bienestar les suena a música terraplanista- viven fases de auge y entusiasmo, con campañas en las que el ‘leit moltiv’ sea pagar por votar, estaríamos ante algo cada vez más palpable: el nuevo desorden mundial.

Confiesen, por lo menos los creyentes, que esto se hunde.

Y no le rían las gracias al gringo.  

Un manifiesto para apelar a la unidad

 

Organizaciones profesionales, sindicales y colegiales han firmado y publicitado una manfiesto conjunto en defensa de la profesión periodística y del derecho a la información en el que reclaman el fin de las agresiones, las amenazas y el señalamiento a periodistas y equipos técnicos de los medios de comunicación. Entre ellas figura la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), a la que pertenece la Asociación de Tenerife (APT). La FAPE es la principal organización profesional de periodistas del país, integrada por cuarenta y nueve asociaciones federadas y 16 vinculadas, que en conjunto representan a más de diecisiete mil asociados.

También suscriben el documento la Agrupación de Periodistas de FeSMC-UGT, la Agrupación de Periodistas de CC-OO., la Asociación de Periodistas Parlamentarios, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Asociación Vasca de Periodistas - Colegio Vasco de Periodistas, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Colegio Navarro de Periodistas, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, el Colegio Profesional de Periodistas de Asturias, el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Red de Colegios Profesionales de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras España.

El documento explicita que "la libertad de información no es una concesión de los gobiernos, de los partidos políticos, de las instituciones ni de quienes ocupan temporalmente posiciones de poder. Es un derecho constitucional y humano de toda la ciudadanía", y advierte del deterioro del clima en el que muchos profesionales desarrollan su trabajo.

Las entidades firmantes consideran "intolerable" que periodistas, reporteros gráficos, cámaras y otros profesionales de los medios sean "insultados, perseguidos, amenazados o agredidos" mientras informan desde manifestaciones, conflictos sociales, emergencias o cualquier otro escenario de interés público.

Asimismo, el manifiesto considera muy grave el señalamiento público contra profesionales concretos y denuncia especialmente que "desde algunos grupos políticos se contribuya a señalar a periodistas concretos, se les convierta en adversarios personales o se utilicen términos como 'terrorista' para referirse a profesionales que están haciendo su trabajo".

El manifiesto advierte de que cuando un responsable político señala públicamente a un periodista, "está creando un clima que puede terminar convirtiendo la hostilidad en acoso y el acoso, en violencia", una deriva que las organizaciones firmantes rechazan de forma expresa.

El texto subraya que la profesión no reclama privilegios y reconoce que el trabajo periodístico puede ser criticado, discutido y cuestionado. Sin embargo, advierte que "Una cosa es la crítica y otra muy distinta la intimidación, la amenaza o la agresión".

Las organizaciones lanzan un mensaje contundente: "No vamos a normalizar las agresiones, las amenazas, el acoso ni el señalamiento de periodistas mientras ejercen su trabajo".

Entre sus principales reivindicaciones, las organizaciones solicitan a todas las fuerzas políticas y responsables institucionales que condenen "de manera inequívoca" cualquier agresión contra periodistas y abandonen las estrategias de señalamiento personal. Asimismo, piden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que garanticen el derecho de los profesionales de la información a desarrollar su trabajo con seguridad, especialmente en situaciones de tensión, manifestaciones, disturbios o escenarios donde exista riesgo para su integridad.

El texto reclama además que las amenazas, coacciones y agresiones sean investigadas con diligencia y recuerda que "la impunidad de una agresión no afecta únicamente a quien la sufre: envía a toda la profesión el mensaje de que informar puede tener un precio".

Finalmente, el manifiesto hace un llamamiento tanto a la sociedad como al conjunto del sector periodístico para responder unidos ante cualquier agresión o señalamiento. "La solidaridad no puede depender de la cabecera, la empresa, el sindicato, la asociación o la ideología del periodista agredido", afirman las organizaciones, que concluyen con una declaración de unidad: 

"Cuando atacan a uno de nosotros mientras informamos, con rigor, veracidad y profesionalidad, nos atacan a todos".

LAS LISTAS

 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) marcó ayer un punto de inflexión en la sucesión de las informaciones publicadas que han hecho referencia días pasados a un informe de la Oficina de Comunicación del ministerio del Interior que consigna nombres de periodistas y algunas particularidades personales alusivas a supuestas ideologías o tendencias políticas. Las célebres listas. Ay. Las que hemos conocido alguna vez. Puede que uno mismo aparezca.  Otra vez buenos y malos, este de aquí y aquél, de ellos. Colorados y azulones. Es un asunto delicado que cuando proceden de empresas o editores vinculados al derechío, en el pasado no ocurría nada. Aunque se supiera de su existencia. Y con lo que le gusta, por lo general, la revelación de un secreto o confidencia, no importa que se moviera en el territorio de la delación. Luego, echaban un poco de imaginación y de falsedad, tan dolosa como irresponsable, y hasta la próxima edición. O hasta el próximo listado, porque siempre los ha habido. Que ahora lo hagan socialistas, como que vista mal. Y hay que reprobarlo.

Lo cierto es que la AEPD  ha decidido iniciar una investigación de oficio para analizar, entre otros aspectos, la naturaleza, alcance, utilización y base jurídica de este tratamiento de datos personales, sin que el inicio de estas actuaciones prejuzgue la existencia de una infracción. La Agencia recuerda que todo tratamiento de datos personales debe cumplir con los requisitos del artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) -entre ellos el principio de limitación de la finalidad- y del artículo 6 -existencia de una base de licitud-. Ello sin perjuicio de que, además, cuando se trata de datos de categorías especiales, como datos de ideología u opiniones políticas, ha de existir una causa que levante la prohibición general de su tratamiento establecida en el artículo 9.1 del RGPD.

Es oportuna la aparición de la AEPD, que se ha sumado, por cierto, a las manifestaciones públicas de las asociaciones profesionales de periodistas -entre ellas, la tinerfeña, de las primeras, sin tener que presumir- al considerar que es necesario aclarar "la naturaleza, alcance, utilización y base jurídica de este tratamiento de datos personales" plasmados en este dossier con el membrete del Ministerio del Interior. Hasta cargos públicos tan relevantes como el mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López, discreparon del hecho, que, naturalmente, les habrá disgustado. No está el horno, desde luego, para echar más pimienta al pote.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), expresó su más enérgica condena ante la revelación confirmada, por parte del Ministerio del Interior, de la elaboración de un documento que clasifica ideológicamente a decenas de profesionales de la información por parte de su Oficina de Comunicación, entre finales de 2023 y 2024

En una sociedad democrática -dice la FAPE- ningún organismo del Estado tiene legitimidad para fichar, catalogar o perfilar ideológicamente a quienes ejercen el periodismo, por cuanto constituye un ataque directo a la libertad de prensa, reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española, al introducir un elemento de vigilancia y potencial represalia sobre el ejercicio profesional de la información. Esta práctica, incompatible con el Estado de derecho, puede tener consecuencias sobre el ejercicio del periodismo crítico, dado que los periodistas pueden verse condicionados en su labor profesional.

La FAPE ha hecho un llamamiento a las demás asociaciones profesionales del sector, a los colegios de periodistas, a los sindicatos y a la ciudadanía en general para que se sumen a la exigencia de transparencia y rendición de cuentas. La libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas, sino una garantía democrática de toda la sociedad: cuando se vigila a quienes informan, se controla indirectamente el derecho a recibir información veraz.