El
secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP),
Agustín Yanel, considera que hechos tales como la querella del artista español
Julio Iglesias contra el director de ‘elDiario.es’, Ignacio Esolar; y la que ha
anunciado Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta
de la Comunidad de Madrid, contra el director editorial de ‘infolibre.es’,
Jesús Maraña, son un intento de amedrentar a los citados profesionales para que
no informen sobre ellos, o lo que es igual, no pretenden aclarar informaciones
que consideren erróneas o perjudiciales sino atemorizar o infundir cierto
miedo.
Lo
ha escrito Yanel en un artículo publicado en un digital de Casilla la Mancha,
titulado ‘Contra el periodismo y contra el derecho a la información’:
“Cuando un personaje
millonario, o poderoso por otros motivos, se querella contra unos periodistas
porque no le gusta algo que han publicado o han dicho, o porque lo consideran
inexacto y perjudicial para él, no lo hace para aclarar los hechos. No. Si
quisiera corregir lo erróneo de una información, les enviaría, les enviatría un
escrito de rectificación, acvogiéndos a la Ley Orgánica 2/1984, que regula ese
derecho. Pero si interpone una querella y solicita penas de cárcel para los
informadores, su objetivo está claro: amedrentar a esos profesionales para que
no informen sobre él”.
Ese es el camino
emprendido por el cantante y por el novio de la presidenta madrileña que se
querellará, según ha anunciado, contra Maraña, si no rectifica unas
afirmaciones que hizo en TVE. El director de ‘infolibre.es’, en su opinión,
aprecia una doble vara de medir por parte de la Justicia y la diferente
velocidad en la que son tramitados los asuntos en sede judicial, dependiendo de
quién sea la persona acusada.
A la vista de lo
argumentos de las partes y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
(TC) sobre la prevalencia del derecho a la información frente a otros, el
criterio principal es que cuando el periodista recaba información que es de
interés general con la diligencia profesional exigible, como parece ser que han
hecho en ‘elDiario.es’, se puede presumir -a la espera de la decisión de sus
señorías- ninguno de los dos casos concluirá favorablemente para sus promotores
en los juzgados.
Por eso, la FeSP ha
sostenido públicamente que las acciones legales afrontadas ranto por Julio
Iglesias como por González Amador representan un ataque al periodismo y al
derecho a la información. “Los periodistas deben rectificar cuando se equivocan
pero no se les puede pedir que dejen de informar sobre un asunto de interés
general”, consigna Agustín Yanel en su análisis.
A primera vista, se trata
de dos claros de las conocidas como ‘demandas esratégicas’ contra la
participación pública. Claro que la normativa de aplicación parece gustar poco,
como lo prueba que, por un lado, el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los
Medios debería estar incorporada a la legislación española desde el 7 de mayo
del presente año pero ni, por otro, tal Reglamento ni otra directiva
relacionada, también de rango comunitario, básicos para defender el derecho a
la información, se están valorando y teniendo en cuenta tal inhibición, por
llamarla de alguna manera, no es de extrañar que las previsiones explicitadas
sean pura ilusión.