¿QUÉ NOTICIAS CONSUMEN LOS JÒVENES?

 

El Instituto Reuters ha publicado recientemente un nuevo informe cuyos contenidos analizan las actitudes y comportamientos de los jóvenes frente a las noticias. Una destacada conclusión: las redes sociales se imponen con claridad como fuente principal de noticias entre los jóvenes de 18 a 24 años.

Claro que interesan las preferencias de los jóvenes. Hasta los laboratorios de pensamiento y gabinetes de estudios de las estructuras políticas más elementales hacen sus investigaciones para averiguar tendencias y cuáles son las preferencias de grupos de edades no solo pensando en citas electorales más o menos próximas, de ahí que este estudio interese dadas la vertiginosa evolución que caracteriza a los medios de comunicación, el cada vez más llamativo desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y las circunstancias sociopolíticas que inciden en la sociedad de nuestros días.

“Uno de los desafíos más urgente que afronta la industria informativa”, es el cambio de comportamiento de las audiencias jóvenes llegó a afirmar el director editorial Instituto Reuters, Eduardo Suárez, en el momento de publicitar el estudio. Suárez señaló que “esta nueva investigación explica cómo este grupo entiende las noticias, cómo las consume y cómo han evolucionado sus actitudes hacia ellas en la última década”.

El informe “muestra cómo los jóvenes han abandonado los sitios web de noticias en favor de plataformas visuales como TikTok e Instagram, y cómo tienen una concepción diferente de lo que deben ser las noticias, con preferencia por la autenticidad, la experimentación y el toque personal”.

Un breve repaso a las principales conclusiones del informe.

= Los jóvenes de 18 a 24 años son ahora claramente “social-first” (una estrategia de marketing que coloca a las redes sociales en el centro de la planificación, diseño y ejecución de contenido, priorizando la conexión auténtica con la audiencia y la optimización para cada plataforma), en lugar de “online-first” cuando se trata de noticias. Hace diez años, en 2015, la principal forma de acceder a las noticias era a través de sitios web y aplicaciones de medios de comunicación. Hoy, su fuente principal son las redes sociales.

 

= Los jóvenes de 18 a 24 años han adoptado las plataformas audiovisuales. Ahora dependen de TikTok, Instagram y YouTube para informarse, superando a Facebook, que era la plataforma dominante hace diez años.

= En las redes sociales y de vídeo, los jóvenes afirman prestar más atención a creadores de contenido individuales (51 %) que a medios de comunicación tradicionales (39 %), en contraste con los mayores de 55 años, que dicen prestar más atención a los medios.

= En términos más generales, los jóvenes tienen más tendencia que los grupos de mayor edad a preferir escuchar o ver noticias en línea, aunque la preferencia por la lectura sigue siendo por ahora mayoritaria en la mayoría de los mercados. También consumen más podcasts que las personas mayores, aunque los podcasts de noticias en concreto son menos determinantes para ellos que para los grupos de más edad.

= Los jóvenes consumen noticias con menos frecuencia que las personas mayores. Alrededor de dos tercios (64v%) de los jóvenes de 18 a 24 años consumen noticias a diario, frente al 87 % de las personas de 55 años o más. Esto se debe en parte a que el consumo de noticias a través de redes sociales es menos intencionado y más incidental.

= Los jóvenes también están menos interesados en las noticias. Solo un tercio (35 %) de los jóvenes de 18 a 24 años, frente al 52 % de los mayores de 55, afirma estar “muy” o “enormemente” interesado en las noticias en 2025. Los jóvenes se interesan menos por temas como la política y relativamente más por contenidos divertidos y de entretenimiento. Los hombres jóvenes muestran comparativamente más interés en ciencia y tecnología, y las mujeres jóvenes en noticias sobre salud mental.

= Alrededor de cuatro de cada diez jóvenes (42 %) afirman evitar las noticias “a veces” o “a menudo”, aunque esta cifra es similar a la de otros grupos de edad. Todos los grupos citan el carácter deprimente de las noticias como principal razón, pero los jóvenes tienen más tendencia a decir que las noticias no les parecen relevantes o que les resultan difíciles de entender.

= Las personas de 18 a 24 años se sienten más cómodas con la IA: utilizan los chatbots (programa informático que simula conversaciones humanas, ya sea por texto o voz, y puede automatizar tareas y respuestas mediante Inteligencia Artificial o reglas predefinidas) para informarse con más frecuencia y de formas más elaboradas que las personas mayores. Alrededor del 15 % los usa semanalmente para acceder a noticias, frente a solo el 3 % de los mayores de 55 años. También tienen actitudes más positivas hacia el periodismo asistido por IA y es más probable que afirmen usarla para navegar y simplificar noticias complejas.

= Los jóvenes de 18 a 24 años no piensan de manera fundamentalmente diferente sobre el funcionamiento de los medios de comunicación en comparación con los grupos de mayor edad, aunque sí existen diferencias de grado. En todos los grupos de edad, las opiniones sobre la cantidad y la equidad de la cobertura informativa tienden a ser positivas, aunque los jóvenes de 18 a 24 años son ligeramente más propensos a pensar que no se les cubre suficientemente ni con suficiente equidad.

= La mayoría de las personas de todas las generaciones son partidarias de una información imparcial, pero los jóvenes opinan con más frecuencia (32 %, frente al 19 % de los mayores de 55) que “no tiene sentido que los medios sean neutrales en ciertos temas”, como el cambio climático o el racismo.

= Como usuarios de noticias, los jóvenes tienen necesidades amplias pero en general similares a las de otros grupos, y las diferencias medias en la confianza en los medios por edad son también menores de lo que suele suponerse: nueve puntos porcentuales menos entre los jóvenes de 18 a 24 años (37 %) que entre los mayores de 55 en 2025.

 

Municipios turísticos, por fin

 

La aprobación la Ley de Municipios Turísticos por parte del Parlamento de Canarias días pasados, ampliamente consensuada -solo la ultraderecha se apuntó al abstencionismo- nos retrotrae a tareas de tiempos pasados (segunda legislatura autonómica y mandato municipal 1995-99), en que unos pocos especialistas y versados en el hecho turístico se esforzaron en el reconocimiento jurídico específico de este carácter para que los ayuntamientos, principalmente, vieran garantizada la financiación de sus presupuestos a la hora de afrontar el capítulo dedicado a la prestación de servicios que, en su caso, eran muy superiores, cuantitativamente hablando, a los ordinarios para un padrón de habitantes de pleno derecho bastante inferior. En aquella época, y también en años anteriores, se acuñó un concepto, población asistida, que luego dejó de gustar. Primero se pensó en un Estatuto del Municipio Turístico y luego se fueron sucediendo interminables debates tratando de concluir cuál era -en todas las islas- la plena condición turística que habría de apellidar o distinguir a un municipio turístico.

La norma, impulsada inicialmente por trece ayuntamientos y asumida después por el conjunto de las entidades locales a través de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), en efecto, crea por primera vez ese régimen jurídico específico para los municipios cuya actividad está marcada por el turismo y que prestan servicios públicos a una población muy superior a la empadronada.

La norma establece dos categorías: municipio turístico de excelencia de Canarias y municipio turístico de singularidad de Canarias. Para obtener la consideración de excelencia, la ley distingue que los ayuntamientos deberán acreditar dos de tres requisitos: que su población turística anual sea cinco veces superior a la empadronada, contar con al menos cuatro mil plazas de alojamiento turístico o disponer de plazas o unidades alojativas de cinco estrellas iguales o superiores al 10 % de la población empadronada. Además, la actividad turística deberá representar más del 15 % de la economía municipal, mediante informe del Consejo Económico y Social o de una de las dos universidades públicas canarias.

Para ser municipio turístico de singularidad, la ley exige acreditar al menos dos recursos de interés turístico singular y que la actividad turística suponga más del 5% de la economía local, aunque en las islas verdes y los municipios de reto demográfico bastará con un recurso singular. La declaración corresponderá al Gobierno de Canarias por decreto, a solicitud del ayuntamiento interesado, previo acuerdo plenario por mayoría absoluta, y tendrá vigencia indefinida, salvo pérdida de los requisitos, incumplimientos reiterados o renuncia expresa.

Los municipios turísticos, según el texto aprobado, tendrán derecho a usar esa denominación, incorporarse a programas autonómicos e insulares de promoción, participar en órganos consultivos turísticos y ser tenidos en cuenta en políticas de infraestructuras y servicios que incidan en el turismo. También asumirán obligaciones como adaptar sus ordenanzas, aprobar instrumentos de planificación turística municipal, mantener espacios públicos, proteger el patrimonio natural y cultural, reforzar servicios turísticos, impulsar la movilidad sostenible y favorecer la participación ciudadana. Entre los servicios específicos que deberán prestar figuran la vigilancia ambiental, el refuerzo de la limpieza en zonas de uso turístico, el control de ruidos, la vigilancia y socorrismo en playas, la información turística accesible y la actualización de portales web con información para visitantes.

No son pocas ni residuales las competencias reservadas a los municipios turísticos. Al revés, se convierten en una exigencia que obligará a replantear muchas cosas a alcaldes, concejales, organismos y consejos específicos.

En pocas palabras, se abre una nueva etapa de exigencias. Y hasta de retos. Dotacionales, inspección y fiscalización. Que sean conscientes quienes se han desentendido o solo les ha preocupado salir en la foto o asistir a una cuchipanda.

LOS MUNICIPIOS TURÍSTICOS YA TIENEN SU LEY

Hoy, pleno del Parlamento de Canarias con una importante ley sobre turismo. La agencia Efe ha distribuido la siguiente información.

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por 63 votos a favor y tres abstenciones, de Vox, la ley de municipios turísticos, la primera norma tramitada en la comunidad autónoma a iniciativa legislativa municipal y que viene a regular la figura de este tipo de ayuntamientos. Pese a la importancia de la norma, la consejera del ramo, Jéssica de León, ha estado ausente en el Parlamento, al encontrarse de vacaciones.

La ley, impulsada inicialmente por trece ayuntamientos y asumida después por el conjunto de los municipios canarios a través de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), crea por primera vez un régimen jurídico específico para los municipios cuya actividad está marcada por el turismo y que prestan servicios públicos a una población muy superior a la empadronada.

La norma establece dos categorías: municipio turístico de excelencia de Canarias y municipio turístico de singularidad de Canarias.

Para obtener la consideración de municipio turístico de excelencia, la ley establece que los ayuntamientos deberán acreditar dos de tres requisitos: que su población turística anual sea cinco veces superior a la empadronada, contar con al menos 4.000 plazas de alojamiento turístico o disponer de plazas alojativas de cinco estrellas iguales o superiores al 10% de la población empadronada.

Además, la actividad turística deberá representar más del 15% de la economía municipal, mediante informe del Consejo Económico y Social o de una de las dos universidades públicas canarias.

En el caso de las islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) y de los municipios de reto demográfico, bastará con que la población turística triplique la empadronada, que cuenten con 2.000 plazas alojativas o que dispongan de establecimientos de cuatro estrellas, incluso en municipios limítrofes.

Para ser municipio turístico de singularidad, la ley exige acreditar al menos dos recursos de interés turístico singular y que la actividad turística suponga más del 5% de la economía local, aunque en las islas verdes y los municipios de reto demográfico bastará con un recurso singular.

La declaración corresponderá al Gobierno de Canarias por decreto, a solicitud del ayuntamiento interesado, previo acuerdo plenario por mayoría absoluta, y tendrá vigencia indefinida, salvo pérdida de los requisitos, incumplimientos reiterados o renuncia expresa.

Qué implica para los ayuntamientos

Los municipios turísticos tendrán derecho a usar esa denominación, incorporarse a programas autonómicos e insulares de promoción, participar en órganos consultivos turísticos y ser tenidos en cuenta en políticas de infraestructuras y servicios que incidan en el turismo.

También asumirán obligaciones como adaptar sus ordenanzas, aprobar instrumentos de planificación turística municipal, mantener espacios públicos, proteger el patrimonio natural y cultural, reforzar servicios turísticos, impulsar la movilidad sostenible y favorecer la participación ciudadana.

Entre los servicios específicos que deberán prestar figuran la vigilancia ambiental, el refuerzo de la limpieza en zonas de uso turístico, el control de ruidos, la vigilancia y socorrismo en playas, la información turística accesible y la actualización de portales web con información para visitantes.

Votación de los grupos

De los grupos de la oposición, la diputada del PSOE Lucía Fuentes ha dicho que respaldan la ley por considerar que reconoce una reivindicación histórica de los municipios turísticos y ha destacado que el texto se ha mejorado durante la tramitación para incluir a los municipios de reto demográfico y evitar que localidades con valor patrimonial o natural quedaran fuera del reconocimiento.

Esther González, de Nueva Canarias también ha apoyado la norma, aunque ha defendido una enmienda -rechazada por los grupos que apoyan al Gobierno- para suspender temporalmente expedientes sancionadores ligados al régimen de unidad de explotación hasta que el Gobierno tramite la reforma anunciada de la ley de renovación turística, al entender que es incoherente seguir aplicando una regulación que el propio Ejecutivo considera necesario modificar.

Por Vox, Paula Jover ha justificado la abstención por la ausencia de ficha financiera, por rechazar referencias que considera ajenas al turismo en materia climática y de género, y por oponerse al régimen previsto para funcionarios de carrera que ocupen órganos directivos en municipios turísticos de excelencia.

De los grupos que apoyan al Gobierno, Mario Cabrera, de Coalición Canaria, ha apuntado que si bien la ley no resuelve por sí sola los retos de la vivienda, el territorio o la movilidad, ni crea un fondo económico específico, sí ofrece un punto de partida para reconocer una realidad que hasta ahora no tenía encaje jurídico, y puede ser la base para debatir el modelo turístico de las islas y cuestiones como el reparto de la riqueza o el número de camas.

Del PP, el diputado David Morales ha destacado que la norma va más allá de un sello distintivo, porque reconoce el sobreesfuerzo en servicios públicos que soportan los municipios turísticos y refuerza la idea de Canarias como una unidad de destino turístico.

Jesús Ramos, diputado de la Agrupación Socialista Gomera, ha celebrado que la ley tenga en cuenta a las islas verdes y a los municipios de reto demográfico, al entender que el turismo puede ser una oportunidad para fijar población y generar actividad económica en esos territorios.

El diputado de la Agrupación Herreña Independiente, Raúl Acosta, ha considerado que la aprobación de esta ley supone un hito para el municipalismo canario, porque los ayuntamientos dejan de ser “convidados de piedra” y se convierten en impulsores de soluciones legislativas para el conjunto del archipiélago.

La dignidad del periodismo

 Animada y sustanciosa conversación en la matinal del sábado en la radio autonómica canaria en torno al futuro Colegio Profesional de Periodistas, si prospera la Proposición de Ley que ya estudian los portavoces de los grupos parlamentarios. Es positivo que los estudiantes y los licenciados, los que ya han accedido a su primer empleo y los que libran sus primeros debates en torno al estado de la profesión o las condiciones de trabajo, sean conscientes de que cualquier solución pasa por su involucración activa porque el periodismo atraviesa un momento delicado. Solo con alternativas viables y factibles, reflejo de un compromiso activo y motivador, será posible superar el desapego, ese descanso de responsabilidad en terceros que se acepta comúnmente. No. Hay que asumirla de forma proactiva, con convicciones y decisión, sobre todo si se quiere superar esa crisis de credibilidad y confianza que se va extendiendo, aunque cueste admitirla. Allí hablamos, por ejemplo, del Código Deontológico que implica ofrecer información veraz y contrastada y análisis que ayuden a entender el contexto y la pluralidad de criterios.

El Código establece, entre otras cosas, que «el primer compromiso ético es el respeto a la verdad. Que solo la defensa del interés público justifica las intromisiones o indagaciones sobre la vida privada de una persona sin su previo consentimiento». Y que «el periodista reconocerá y respetará a las personas físicas y jurídicas su derecho a no proporcionar información, ni a responder a las preguntas que se les formulen, sin perjuicio del deber profesional de atender el derecho de los ciudadanos a la información».

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM), precisamente, acaba de reafirmar el que denomina compromiso con un periodismo digno que solo es útil para la sociedad si se hace desde el rigor profesional, como convinimos en la cita del pasado sábado, Es primordial, en efecto, que se hable de la dignidad del periodismo. Al respecto, teniendo en cuenta algunos episodios que se vienen repitiendo, señala la propia APM:

1. Reclamamos que quien se defina como periodista asuma el Código Deontológico del Periodismo vigente desde hace más de 30 años y en constante actualización.
2. Nunca aceptaremos como periodistas a quienes, apelando a una mal entendida libertad de expresión, provocan situaciones de tensión solo para acaparar el foco y generar contenidos de agitación que buscan viralidad en las redes, popularidad y beneficio económico. Además de favorecer intereses espurios que solo pretenden desestabilizar el sistema cuestionando la legitimidad de las instituciones y los valores de la democracia.
3. Afirmamos que es rotundamente falso que estos agitadores hagan las preguntas que no hacen otros periodistas. A diario los informadores plantean una y otra vez preguntas incómodas, con argumentos y, siempre, con respeto. La diferencia es que los periodistas no gritan, no imponen, no ofenden y, sobre todo, no buscan ser protagonistas, porque sabemos que nuestra función es ser intermediarios entre la fuente de información y el ciudadano.
4. Exigimos a los partidos políticos que no utilicen a los periodistas y a los medios para sus intereses electorales, ni pretendan definir quién merece o no la categoría de profesional de un oficio que no les pertenece.
5. Creemos necesario terminar ya con los cruces de descalificaciones en las redes entre periodistas y también hacia los políticos. Los insultos y las ofensas enturbian la conversación pública y nos alejan de nuestro propósito.
6. Proponemos un ejercicio de autocrítica constante, para corregir los excesos que pueda generar la intensidad de la información que fluye a diario y la necesidad de actualizar constantemente de contenido los medios.
7. Y, además, exigimos a los políticos y a quienes ejercen los poderes públicos que dejen de señalar, generalizar y cuestionar el papel de los periodistas y los medios, según sus particulares intereses electorales. Les pedimos que hagan lo suyo, política, y nosotros nos comprometemos a hacer lo nuestro, periodismo.

Materializar estos principios deontológicos es primordial para superar el delicado momento que atraviesa el periodismo. Son tiempos complejos los presentes y los que se avecinan, en un contexto de intencionalidad muy polarizado y con un horizonte electoral que provocará, en el próximo año, un aumento constante de la tensión.

Las respuestas del periodismo son, desde luego, importantes.

Narraciones o silencios

 

Suele ocurrir en las transmisiones televisivas del Campeonato Mundial de Fútbol. Desde aquel ya lejano de 1966, en Inglaterra, recordamos leer en la sección ‘Envido 7’ del periódico El Día, comentarios sobre la pronunciación de los nombres y apellidos de los jugadores, entrenadores y árbitros a cargo de los relatores. ‘Silar’ por Uwe Seeler, fue objeto, por ejemplo, hasta de una polémica entonces. Ahora, sesenta años después, el fenómeno ha reverdecido en medio de pausas de hidratación -al final otro negocio de los yankees y de la FIFA, por supuesto- y de incontables cortes publicitarios que ahuyentan la atención del telespectador.

Lo ha revuelto el periodista y crítico cinematográfico y televisivo Carlos Boyero, a quien no le gustan (confiesa en El País), las transmisiones de TVE de las confrontaciones mundialistas, a las que objeta hasta la narración de Juan Carlos Rivero. "Es lamentable tener que ver un espectáculo como el Mundial de fútbol despojándolo del sonido. Por estricta salud mental”, ha criticado Boyero, quien se queja de tanta caspa en los comentarios y la narración, haciendo bueno aquel poema que le dedicara Joaquín Sabina cuya primera estrofa decía: “Su oficio es escupirle al firmamento/ su vicio, vomitar en las medallas/ su gramática parda y su talento/ se crecen al fragor de las batallas”.

Por eso el debate va más allá de la diferencia entre fonética y fonología. El mismo Boyero no cree que la masa esté de acuerdo con la ausencia de ruido. El fútbol tiene su run-run peculiar, ese que cuando se apaga el (sonido) ambiente, porque una afición se resigna o no reacciona o porque la presumible ganadora se divierte con cánticos y politonos, hace que parezca un espectáculo languideciente y sin alma. Hasta que vuelve a sonar el himno nacional. Y vuelve a rugir la masa para estimular el quehacer de los relatores que, en algunos casos, puede ser una fuente voluble de caudal ilustrativo o, mala suerte, de gazapos intercalados.

Es cuestión de gustos, de adaptaciones y de exigencias. La comunicación oral, en el espectáculo deportivo, principalmente el futbolístico (que es el que más conocemos, sufrimos o disfrutamos), llena más, en cualquier caso, que las redes sociales.

No es esto, no es esto

 

Para quienes aún lo desconozcan, Vito Quiles es un activista político y creador de contenido digital. A lo largo de los últimos años, y especialmente durante esta legislatura, ha ido ganando notoriedad tras la viralización en redes sociales de sus entrevistas políticas a pie de calle (bueno, es una forma de identificar sus productos).  Posteriormente, se incorporó como reportero y corresponsal en el canal digital ‘Estado De Alarma’ (EDA TV), dirigido por Javier Negre, etapa en la que obtuvo la acreditación de prensa para acceder al Congreso de los Diputados.

Es una notoriedad peculiar, basada en comportamientos díscolos -frikis, dirían en su estilo lingüístico- provocadores o disruptivos que propician una forma de liberación de los impulsos agresivos con la finalidad de obtener un aliivio en las tensiones y para calmar las ansiedades. La conducta disruptiva es un comportamiento que se caracteriza por ser de mala educación, insolente… 

La conducta disruptiva se puede catalogar como un comportamiento negativo que provoca la desorganización de las actividades grupales y el irrespeto a personas o compañeros que se encuentran interesados en prestar atención a la actividad.

Más allá de esto, Quiles ha estado vinculado de manera activa a la política: ejerció como jefe de prensa del partido ‘Se Acabó la Fiesta’ liderado por Alvise Pérez. Asimismo, el pasado año impulsó movilizaciones universitarias bajo la marca ‘España Combativa’ con el objetivo de “defender la libertad de pensamiento”. En el ámbito institucional, su trayectoria no ha estado exenta de polémica: el Congreso de los Diputados revocó hace poco su acreditación tras acumular diversas quejas por el “incumplimiento de las normas internas de funcionamiento, decoro y seguridad de la Cámara Baja”.

El caso es que el periodista y presentador de su propio espacio televisivo, Jordi Évole, ha reflexionado recientemente sobre la situación del periodismo y el supuesto trabajo de Quiles dentro de la profesión. Como es sabido y aceptado, el periodismo actual atraviesa una de sus etapas más convulsas. Además de la precariedad laboral que afecta al sector (y de la que no se suele hablar mucho), se suma una tendencia hacia la polarización de las opiniones y los discursos políticos. En este contexto de cambio, figuras como la de este personaje suelen situarse en el centro del debate sobre el rumbo y los límites de la profesión. Évole se refirió a Quiles durante su intervención en el Festival de las Ideas y la Cultura (FIC) de elDiario.es celebrado en Rivas-Vaciamadrid. Al plantearse qué salvará la profesión en el futuro, el presentador de La Sexta TV recurrió a la ironía: “A mí me gustaría que la respuesta de aquí a veinte años fuese que al periodismo lo salvó Vito Quiles”. 

Según Évole, la labor de este activista político carece de rigor y se reduce a “ponerse en la puerta del Congreso y, salga quien salga, perseguirle con cualquier excusa, sin ningún tipo de alcance periodístico más que el que le da su ideología”. En este sentido, el periodista confía en que el tiempo termine por acabar con este tipo de periodismo: “Espero que de aquí a 20 años se haya desmontado ese mito y podamos decir: gracias a Vito Quiles hoy creo en el periodismo, porque aquello no era periodismo”.

Ocurre como aquel célebre episodio (no precisamente en el cinema

Opera de Madrid) en que José Ortega y Gasset, diputado a Cortes, lamentaba la deriva republicana hacia el radicalismo, cuando pronunció su célebre sentencia: “No es esto, no es esto”.   Que nos perdone Ortega por traerle hasta aquí pero es importante la distinción que pretendió, entre hacer política y aprovecharse. El útimo párrafo de su discurso cuya razón, como vaticinaba, desgraciadamente tuvo que ser el tiempo quien la desvelara:

 

Una cantidad inmensa de españoles que colaboraron con el advenimiento de la República con su acción, con su voto o con lo que es más eficaz que todo esto, con su esperanza, se dicen ahora entre desasosegados y descontentos: «¡No es esto, no es esto!»

La República es una cosa. El «radicalismo» es otra. Si no, al tiempo.

 

Évole, a seguir esperamdo. Pero, desde luego, lo de ese tal Quiles no es periodismo.

La tierra está cansada, muy cansada

 

En una de las primeras conversaciones que desde la madrugada del jueves mantenemos con el compañero Gustavo Armas, tratando de hacer un seguimiento de los terribles seísmos en Venezuela, coincidíamos en una apreciación de las imágenes: ¿dónde está el Ejército, donde la Guardia Nacional? Eran las primeras pruebas de la tragedia, los derrumbes, los escombros, los amasijos, la destrucción, las ruinas… Pero allí no veíamos a miembros de las Fuerzas Armadas apellidadas también Bolivarianas. Han tenido que pasar horas y días para que las emergencias y los rescates tuvieran activa participación militar, como otras tantas veces en situaciones de este tipo.

Alguna explicación habrá, desde luego, para esa ausencia que habrá sido suplida luego, esperemos que con creces, como exige la magnitud de la tragedia que llegó inopinadamente, de acuerdo, pero pareciera que con todo preparado para multiplicar los efectos de la devastación.

Los dos terremotos que sacudieron a Venezuela al atardecer de la festividad de San Juan no solo movieron la corteza terrestre. Sacudieron también la fragilidad de un país que lleva unos veintiséis años viendo derrumbarse, poco a poco, mucho antes de que cayera el primer edificio.  Un terremoto no distingue ideologías. No pregunta por partidos políticos. No vota. Pero sí encuentra lo que los seres humanos hemos construido… o destruido.

Algunos estudios señalan que Caracas parecía experimentar movimientos destructivos aproximadamente cada cincuenta o sesenta años —como el terremoto de 1967, que marcó a toda una generación— y terremotos verdaderamente catastróficos alrededor de cada dos siglos, como el devastador sismo del Jueves Santo de 1812.

Mientras se recuerda la historia y los estudios, una frase sencilla y al  mismo tiempo escalofriante envolvía el pensamiento de miles de venezolanos:

-Nos tocó esta vez.

Y para ello había que estar mejor preparados. Sólo basta comparar los registros de las repercusiones de temblores en otras zonas del mundo. No es que la sismología permita predecir fechas pero es una cuestión de prevención -en todos los órdenes- de civismo y hasta de cultura.  La naturaleza, cierto, no funciona como un reloj pero ya Bolívar revelaba su estimulante rebeldía cuando palpaba sobre los escombros las consecuencias del terremoto de 1812.

Y justamente por eso duele más.

Porque durante esos más de doscientos años, hubo que haber construido ciudades y edificaciones más resistentes, instituciones más sólidas, planes de emergencia mejor preparados y una cultura permanente de prevención.

En cambio, el terremoto encontró un país exhausto.

Durante décadas, Venezuela tuvo instituciones capaces de responder a emergencias con daños de evaluación casi imposible. O eso era lo que se publicaba. Gustavo Armas lo comentaba con admiración cuando entraba en la redacción y descansaba sus cámaras. Había protocolos, mantenimiento, planes de contingencia, hospitales que funcionaban, cuerpos de rescate dotados e infraestructura relativamente sólida. Hoy, después de más de un cuarto de siglo de deterioro sistemático, la naturaleza encontró un país mucho más vulnerable de lo que debía ser. Antes, golpes de Estado, dictaduras, frágiles democracias, libertades a veces mal protegidas, nacionalización del petróleo, hampa, alternancias en el poder y hasta una revolución a la que algunos osaron calificar bonita.

Pero hay algo aún más doloroso: el terremoto ocurrió en el peor momento imaginable.

No porque existan buenos momentos para una tragedia de esta magnitud, sino porque Venezuela ya vivía una emergencia humanitaria antes de que la tierra decidiera recordarnos su fuerza. La tierra cansada. Millones de venezolanos necesitaban ayuda humanitaria antes del primer temblor; ahora esa necesidad se multiplica.

Los hospitales llegan debilitados, por no decir en el piso, después de años sin inversión. Las ambulancias son insuficientes. Los servicios públicos apenas sobreviven. El suministro de agua ya era precario antes de que se rompieran las tuberías. La electricidad ya fallaba antes de que colapsaran nuevas líneas. Las carreteras ya estaban heridas antes de abrirse nuevas grietas.

Cuando todo funciona mal, cualquier emergencia se multiplica. Seguro.

Se necesitan secretarios

El ministerio de Transformación Digital y Función Pública convocó el pasado año unas mil plazas en toda España para cubrir las diferentes especialidades de la administración local. De ese número, treinta y nueve quedaban reservadas para Canarias, número que, en distintos ámbitos, administrativos y profesionales -también políticos, seguro- se considera insuficiente para atender todas las demandas que se van acumulando en los ochenta y ocho municipios de las islas, además de las que se registren en las respectivas administraciones insulares. Si no hay funcionarios o personal cualificado, ya saben, se dilatan los procedimientos, la tramitación y la toma de decisiones que es tanto como decir que se acumulan las demoras -especialmente en la esfera municipal- para quebrantos y descontentos que se van generalizando.

Secretario, interventor y tesorero o depositario deben seguir siendo -nuestro vínculo con la administración local empieza a ser ya muy lejano y de algunas innovaciones apenas sabemos lo elemental- las tres figuras principales en la estructura o edificio administrativo. En algunos centros, dadas la escasez o las limitaciones, una misma persona ejercía -siquiera provisionalmente, a la espera de proveer u ocupar la plaza- dos de estas funciones a la vez.

La figura del secretario de ayuntamientos, junto con los interventores y tesoreros, pueden entenderse como una especie de contrapoder, que nació en 1924 con el Estatuto Municipal, para hacer frente al caciquismo que había entonces en el país, así como los episodios frecuentes de corrupción que se producían.  Un propósito que generó, de alguna forma, estas figuras que no han cambiado las prioridades e intentan salvaguardar la transparencia en los ejercicios públicos.

Hace unos meses, Marta Prieto, periodista de Radio Club Tenerife, se ocupaba de los problemas que se suscitan en las secretarías de ayuntamientos y obtenía el testimonio de Jordi García, secretario en el de Tacoronte (Tenerife), quien explicaba su trabajo de la siguiente manera: "Asesoramos jurídicamente al equipo de gobierno, como a los concejales del consistorio, con el fin último de que todo lo que se tramite o acuerde por los órganos de gobierno estén ajustados siempre en el plano de la legalidad". O sea, garantizar el cumplimiento de la legalidad en todas las decisiones políticas.  Además, García añadió que otra de las acciones fundamentales que deben de desempeñar los secretarios de ayuntamientos es dar fe pública. Por lo que, cualquier tipo de acuerdo, resolución o decreto que se adopte por parte de las figuras políticas tiene que estar certificado con la firma del secretario local: "Es una garantía de que el acuerdo ha cumplido con los límites legales establecidos".

El problema se agrava con el automático aumento de la carga laboral para los secretarios. Dijo García que “es verdad que en los últimos años se han puesto más esfuerzos en los procesos de estabilización del cuerpo de profesionales para intentar cubrir todas las vacantes que hay en el territorio nacional. Pero, si que es cierto que hay una escasez de habilitados y esto afecta al día a de los ayuntamientos debido a que nuestras funciones requieren de un alto grado de especialización al ser preceptivas y cuando no existe la figura del secretario como tal, suelen asumir este trabajo otros empleados públicos que no tienen la formación que precisa el puesto, entorpeciendo el proceso de decisiones".

O sea, que por mucha nueva tecnología, la burocracia seguirá creciendo. Pero la ley es la ley y hay que cumplirla. Que para eso estamos en un Estado de derecho. 

AUTORREGULACIÓN Y TRANSPARENCIA

 

La central sindical Comisiones Obreras (CC.OO.) convocó hace poco en Madrid unas jornadas sobre desinformación que clausuraban con una mesa redonda titulada Impacto y retos de los medios de comunicación ante la desinformación. Escritores, directores de medios, profesionales y expertos en bulos e intoxicación mediática intercambiaron criterios y opiniones sobre un problema que es primordial afrontar dado el encono que también afecta a los medios y a los periodistas, entre los que el clima se va haciendo difícilmente respirable.

En la mesa redonda se sentaron a debatir, además del periodista Pablo Elorduy, que hacía las veces de moderador, la directora de Público, Virginia Alonso; la directora de La Marea, Magda Bandera; el director de elDiario.es, Ignacio Escolar;  y el director editorial de infolibre.es, Jesús Maraña. Los cuatro abordaron algunas de las problemáticas más graves a las que se enfrenta el periodismo de nuestros días: las campañas masivas de desinformación, los bulos construidos y la proliferación de pseudomedios que amplifican o directamente crean noticias falsas. 

Repasemos, según la versión publicada en infolibre.es, varias apreciaciones de interés formuladas por los intervinientes.

Maraña, por ejemplo, pedía una mayor regulación y autorregulación del sector periodístico. “Cuidado con los que dicen que la mejor ley es la que no existe. Este es un mantra clásico del neoliberalismo que hay que negar, porque claro que hay cosas que se deben legislar”, decía Maraña, recordando a su vez el reciente Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación, con el que la Unión Europea quiere aumentar la transparencia de los medios y la equidad a la hora.

En una línea menos favorable a la regulación se colocó Virginia Alonso, la cual advirtió de los peligros de una legislación reguladora de los medios en manos de gobiernos conservadores o ultras. “Ahora, con un gobierno progresista, podemos decir que estamos en buenas manos, pero en el futuro esas mismas leyes pueden ser utilizadas para guillotinar. Por eso debemos tener mucho cuidado”, explicaba la directora de Público que reivindicó la autorregulación y proponía algunas medidas como la creación de un registro oficial de medios al que, para entrar, se exija el cumplimiento de una serie de requisitos o la exigencia a los periodistas de que se colegien y, cuando incumplan el código deontológico, sean sancionados.

Ante los temores de Alonso del uso espurio que pueden hacer ciertos políticos de la legislación de medios, Ignacio Escolar, también favorable a la regulación, ha respondido que esta debe estar “a prueba de Donald Trump”. “Ahora tenemos una ley de 1966 en vigor, de la época franquista. En el 78 se derogaron varios artículos, pero lo que sigue en vigor es peligroso y, aunque nadie se ha atrevido a usarla, deberíamos tener cuidado. La amenaza está precisamente en que no haya una regulación de prensa bien hecha”, ha recordado el director de elDiario.es

En la información que firma Pablo Mortera Franco (infolibre.es), se alude a una cuestión en la que coincidieron los ponentes y la que nos hemos ocupado en el blog en más de una ocasión:  la actual distribución de la publicidad institucional por parte de algunas corporaciones públicas, en especial ayuntamientos de distinto signo político que riegan con dinero público a medios y pseudomedios que, poco a poco, se van convirtiendo en altavoces o máquinas de propaganda política. Muchos se basan en ‘rankings’ de tráfico que, en opinión de los ponentes, muchas veces están viciados. “Ahora mismo entre el 40 % y 60 % de la audiencia de los medios digitales viene de Google Discover. Esto provoca que tengamos medios que no son de información porque buena parte de su tráfico viene de artículos que no tienen nada que ver con la información”, explicaba Escolar.

Por todo ello, Maraña recalcó en la mesa redonda la necesidad de que todos los medios acepten unas condiciones básicas: “Por ejemplo, hacer público el accionariado del medio, decir de dónde vienen sus ingresos o establecer unos compromisos de lo que supone el periodismo. No solo es transparencia, es también saber que, cuando uno se equivoca, está obligado a rectificar”, ha reivindicado el director editorial de infoLibre.es En una línea parecida, Escolar también estableció unos criterios que, a su juicio, deben cumplir los medios para ser considerados como tales: “Primero tienen que tener una redacción, y ya con eso quitas el 90% de estos pseudomedios, y luego se debería exigir una mínima transparencia, la adhesión a un código deontológico independiente y un mínimo de financiación que venga de los lectores”.

En fin, se trata de superar las penurias y las limitaciones que frenan el buen periodismo o los productos informativos con un mínimo de calidad (y credibilidad). La autorregulación y la transparencia son dos factores determinantes para combatir los vicios y los desvíos en la era de la desinformación. Es indispensable seguir bregando para su materialización. Saldremos ganando todos.

 

Y la democracia, sufriendo

 

Algo lejanos quedan ya los tiempos en que una organización política -puede que de otro carácter también- exigía que cualquier solicitud de ingreso viniera acompañada de la firma de dos o tres avalistas, una forma -principalmente durante la advenediza democracia- de fiscalizar mínimamente las incorporaciones de gente llegada de otras localidades y era cuasi perfecta desconocida en los ámbitos o círculos en donde iba a cohabitar. Poco que ver la identificación o desafección con aquel desaparecido Movimiento cuyo carácter constaba -puede decirse que para los restos- en los registros o archivos de aquel sustrato político preconstitucional.

Aquel “requisito” -y no queda más remedio que entrecomillar el término- se fue flexibilizando hasta prácticamente desaparecer. Se partía de un principio: afiliarse a una organización política era un acto volitivo de una persona mayor edad, se supone que consciente, identificada con los módulos de participación y con postulados programáticos, dispuesta a asumir reglamentos y resoluciones disciplinarias con mayor o menor formación política y con desigual bagaje ideológico. Los partidos necesitaban incrementar sus censos de afiliados. Algunos, a la vista de que la filiación era más bien un freno, crearon la figura del simpatizante, que era un modo de integrarse pero más blando o moderado: se trataba de captar pero sin presionar o exigir. La regulación intrapartidaria de la participación era variable y nunca quedó muy clara a efectos jurídicos. No es que los aparatos de dirección miraran para otro lado pero, ciertamente, se descuidaron, al menos en la organización socialista que es, para nosotros, la más conocida.

Importaba sumar, casi a cualquier precio. Claro, la política ha generado, por muy distintas causas, tal nivel de desafección y de comodidad individual elusiva de responsabilidades que propiciar medidas para intentar congregar a personas que reúnan los requisitos exigibles parecen mecanismos de disuasión.

Pero la gran verdad es que algo tendrán que hacer las direcciones de todos los niveles con tal de superar los evidentes riesgos que supone incorporar a filas a personas que han revelado comportamientos abstrusos e inaceptables, especialmente desde el ángulo ético y no digamos cuando incurren en comisiones delictivas. A las mismas -respetemos, por supuesto, la presunción de inocencia- les da igual actuar con tal de aprovecharse, se prevalen de posiciones relevantes en administraciones públicas para influir o aprovecharse, carecen de escrúpulos. Y por supuesto, no son conscientes del enorme daño que causan a la organización a la que un día accedieron se supone que con la intención de ser útiles e interactuar en beneficio de la colectividad. Habrán comprobado lo fácil que es la generalización injusta y lo pronto que prende un juicio de valor negativo para todos los que decidieron abrazar un ideal político por un comportamiento inapropiado de tres o cuatro los garbanzos negros, que dicen- que no responde a lo que debe aguardarse. Así, esa creencia cada vez más extendida, enriquecerse, aprovecharse en el ejercicio de las políticas públicas. Así, desmoralización, cansancio, rechazo, descrédito, desafección, repulsión…

Y la democracia, sufriendo.