No es para afirmar que
ya todo es inteligencia artificial… pero bueno, sigue introduciéndose y
ampliando el radio de acción. Ya es, cuando menos, un elemento con un campo de acción
cada vez mayor en el futuro del periodismo, la comunicación y la gestión de la
información. En medios, agencias y empresas se utiliza ya para redactar
borradores, editar textos, ordenar datos, generar ideas o producir contenidos.
Sin embargo, cuando trasladamos esta conversación a los gabinetes de
comunicación de las administraciones públicas, la pregunta cambia de forma
sustancial.
No se trata solo de
saber si estas herramientas permiten trabajar más rápido ni producir más
contenidos. En comunicación pública, la cuestión central es cómo utilizar la
inteligencia artificial sin perder de vista que el objetivo último de cualquier
administración es el servicio público.
A partir de una
investigación publicada en la Revista Española de Sociología, Rosa
Masegosa-Sánchez, Raquel Quevedo-Redondo y Salomé Berrocal-Gonzalo analizan
cómo la inteligencia artificial empieza a incorporarse a los gabinetes de
comunicación de las administraciones públicas y por qué su uso exige una lógica
propia, guiada por el servicio público, la transparencia y la responsabilidad
institucional.
Esa es, precisamente, la
principal diferencia respecto a otros entornos comunicativos. Una empresa puede
incorporar la IA buscando competitividad, posicionamiento o eficiencia. Una
administración pública, en cambio, comunica para informar a la ciudadanía,
facilitar el acceso a derechos, explicar decisiones, rendir cuentas y
fortalecer la confianza institucional. Por eso, la automatización del mensaje
público exige una cautela específica. Los investigadores advierten de que el
escenario aún es incipiente. Existe interés por las herramientas pero su uso no
está plenamente integrado en las rutinas profesionales ni cuenta, por lo
general, con criterios internos suficientemente definidos.
La inteligencia
artificial (IA), según se publica en Laboratorio de Periodismo, de la Fundación
Luca de Tena, puede ser útil en muchas tareas de apoyo, pero también puede
generar errores, reproducir sesgos, inventar datos, descontextualizar
información o producir textos formalmente correctos pero inadecuados desde el
punto de vista institucional.
Para los investigadores
citados, ahí reside uno de los grandes retos. Y apuntan, de forma ilustrativa,
la diferencias. En la comunicación pública, no todo lo que la tecnología
permite hacer es necesariamente conveniente. Un mensaje institucional no es un
contenido cualquiera, sino que compromete la voz de una administración, afecta
a la confianza ciudadana y debe responder a principios de veracidad,
neutralidad, claridad, responsabilidad y protección de derechos.
“Por eso -escriben los
investigadores- creemos que la
conversación sobre IA en los gabinetes públicos no puede limitarse al
aprendizaje instrumental de herramientas. Hace falta formación, pero una
formación que combine competencias técnicas con criterios éticos y
comunicativos. Los profesionales necesitan saber cómo usar estas aplicaciones,
pero también cuándo no usarlas, cómo verificar sus resultados, cómo proteger
datos sensibles y cómo mantener siempre el control humano sobre los mensajes”.
Luego hablan de la
ausencia de protocolos como un reto. Muchas organizaciones han empezado a
experimentar con inteligencia artificial antes de definir claramente para qué
puede utilizarse, con qué límites y bajo qué responsabilidades. Esto genera
dudas muy prácticas. La preguntas subsiguientes empiezan a ser familiares: ¿puede usarse IA para redactar una nota de
prensa?, ¿debe indicarse si un texto ha sido generado o editado con IA?, ¿qué
ocurre con los datos personales?, ¿puede emplearse en comunicación de crisis?,
¿quién asume la responsabilidad final del contenido?
A partir de la investigación
citada, los autores proponen una primera aproximación a un protocolo de uso
responsable de la inteligencia artificial en comunicación institucional
pública. Es una propuesta todavía incipiente, abierta y adaptable, pero creemos
que puede servir como punto de partida.
Ese protocolo debería
apoyarse, al menos, en siete principios. El primero es la transparencia:
informar cuando la IA haya intervenido de forma relevante en contenidos
dirigidos al público. El segundo, la supervisión humana: ningún contenido
institucional debería difundirse sin revisión profesional. El tercero, la
responsabilidad: la autoría y la rendición de cuentas no pueden delegarse en un
sistema automatizado. El cuarto, la protección de datos: no deben introducirse
informaciones personales o sensibles en herramientas sin garantías. El quinto,
la inclusión: es necesario revisar sesgos, estereotipos o exclusiones. El
sexto, la accesibilidad: la IA puede ayudar a hacer los mensajes más claros,
comprensibles y adaptados. Y el séptimo, las limitaciones funcionales: su uso
debe restringirse en contextos especialmente sensibles, como crisis, discursos
institucionales o procesos deliberativos.
En definitiva, en
comunicación pública, la tecnología debe estar al servicio de la ciudadanía, no
al revés. Y esa es la diferencia esencial con cualquier otro tipo de uso
organizacional. Que la IA no puede medirse solo por su eficiencia, sino por su
contribución a una comunicación más clara, responsable, transparente y útil
para la sociedad.