Un
grupo de interés es un conjunto de personas organizadas en torno a un interés
común, con el fin de actuar conjuntamente en defensa del mismo. Se denomina
grupo de presión cuando ese grupo busca la manera de influir a la opinión
pública. Su actividad política es distintiva de otras categorías porque
procuran intervenir en la temática política desde el exterior, desde fuera, es
decir indirectamente. A menudo los grupos de interés son de conocimiento
público, como los sindicatos, las organizaciones patronales, las grandes
empresas, las asociaciones de profesionales, las ONG… La mayoría de las
sociedades modernas reconocen legitimidad a los grupos de interés y regulan las
modalidades de su capacidad de obrar, de modo que no afecten la forma en que se
encuentra regulada en cada país la toma de decisiones políticas. Una modalidad
característica de la canalización institucional de los grupos de interés son
los consejos económicos y sociales, que existen en varios países. Es
habitual que los grupos de interés realicen sobre los poderes públicos una
actividad particular denominada ‘lobby’, con el fin de tratar de incidir a su
favor en el proceso de toma de decisiones públicas.
Quede claro que un grupo de interés no es una
tertulia, aunque muchos grupos de interés y de presión nacen en ellas. Se
diferencia conceptualmente del grupo de poder o del grupo de presión en
que el grupo de interés busca la realización de sus
necesidades mediante sus actividades profesionales, es decir que una ONG
protectora del medio ambiente buscaría afiliar más socios y buscar más
animales, plantas, bosques… para proteger, a fin de que las autoridades vean su
necesidad de colaboración y una empresa se esforzaría en crecer en producción
para ser objeto de medidas de política económica. En cambio, un grupo
de poder busca forzar el proceso de decisiones del Estado en su favor
e intereses, utilizando mecanismos de poder. Un grupo de presión acudiría
directamente al parlamento a dialogar para satisfacer de ese modo sus
necesidades. No obstante, a pesar de las disimilitudes, el grupo de interés,
según el contexto histórico, social, cultural y político, podría mutar en grupo
de presión y a posterior en grupo de poder.
Lo que los diferencia de los partidos políticos,
insistimos, es que no pretenden ejercer el poder político
sino influir en el proceso de la toma de decisiones políticas
para conseguir los fines que en cada caso se proponen.
En España, con un vacío evidente en la materia, se están dando
los primeros pasos para la regulación legal y estricta del trabajo de
representación ante los funcionarios y personal público. En efecto, el Gobierno
presidido por Pedro Sánchez ha aprobado un Real Decreto-ley en el que se define
qué colectivos tienen la consideración
de ‘lobby’. Asimismo, el texto fija con claridad quiénes pueden recibir dichas
presiones profesionales. La medida cumple con compromisos clave en materia de
integridad democrática. Además, la iniciativa responde a las exigencias de los
organismos internacionales. De esta manera, el Gobierno crea un Registro
estatal de grupos de interés
Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función
Pública, departamento encargado de proponer la ley, ha destacado la importancia
del cambio. "El Gobierno de España cumple así su compromiso con la
transparencia, la regeneración institucional y la calidad democrática. Tres
piezas indispensables en el puzle de la confianza ciudadana", afirmó
López.
Por primera vez, las normas éticas afectan al personal
eventual y a los asesores de confianza. Por consiguiente, los cargos públicos
deberán publicar todas sus reuniones en un plazo máximo de un mes. La inscripción en esta plataforma oficial será gratuita,
electrónica y obigatoria para las entidades. El denominado Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno asumirá la supervisión de la herramienta digital. Asimismo,
la institución podrá tramitar expedientes y aplicar sanciones ante los
incumplimientos.
Las empresas y las organizaciones deberán aportar información
sobre sus fuentes de financiación. De igual modo, los
datos estarán accesibles para toda la ciudadanía a través del Portal de
la Transparencia. Esta plataforma se conectará con los
registros de las comunidades autónomas. Al mismo tiempo, el sistema compartirá
datos con la Unión Europea.
En definitiva, las autoridades registrarán la huella
normativa de c ada proyecto legislativo. Con este mecanismo, el público podrá
comprobar qué grupos de presión han participado en las leyes. El Registro estatal de grupos de interés refuerza
de esta manera los estándares de control público.
