Medición de audiencias digitales

 

Estamos en la fase primaria de una controversia sobre la medición de audiencias digitales. Una nueva medición que no mezcle el tráfico de los medios de comunicación con los consumos generados en redes sociales. El Club Abierto de Editores (CLABE) ya se ha posicionado y exige claridad en esa modalidad de medición. Además, el CLABE insiste en la necesidad de aplicar criterios claros tanto en la gobernanza como en los mecanismos de financiación. Todo ello responde a las exigencias del Reglamento Europeo de Libertad de Medios, conocido como EMFA, de obligado cumplimiento en toda la Unión Europea desde agosto del pasado año.

Esta asociación representa a 226 grupos editoriales de prensa y revistas y sitúa la transparencia como uno de sus principales objetivos estratégicos. La entidad considera que la medición de audiencias resulta para la viabilidad económica de los medios. Ese dato determina buena parte de la inversión publicitaria pública y privada. También influye en la percepción que la ciudadanía tiene de los medios de comunicación. Pero, primero, ya se sabe, la economía. O lo que es igual, si es negocio o no.

El grupo de trabajo del CLABE, especializado en este tipo de mediciones, audiencias digitales, presidido por su director general, Juan Zafra, ha elaborado un primer documento que lleva por título ‘La nueva medición de audiencias digitales no puede mezclar consumos editoriales y algoritmos sociales’. El texto ya circula entre medios asociados, representantes institucionales y agentes del sector publicitario.

La intención de este club de editores pasa por impulsar un debate constructivo sobre la optimización de la medición de audiencias y la inversión publicitaria. El documento subraya que el ecosistema mediático actual resulta cada vez más heterogéneo. En él conviven webs editoriales, aplicaciones, newsletters, podcasts, plataformas sociales, agregadores y distintos canales de distribución. Según explica la periodistas Judit Victoria Cherques, en el digital Laboratorio de Periodismo, el CLABE considera imprescindible establecer definiciones claras y reglas transparentes tanto para la recogida de datos como para su comunicación. La asociación advierte de que medir más no significa mezclar métricas sin diferenciación.

Según el texto, no equivale una audiencia obtenida en activos editoriales propios como webs, aplicaciones o newsletters bajo control directo del medio, con el consumo generado en plataformas externas gobernadas por algoritmos ajenos.

Además, la asociación alerta de que las redes sociales funcionan con dinámicas muy diferentes. Los consumos suelen ser fragmentados, fugaces y dependen de algoritmos muy volátiles. Incluso, las plataformas pueden alterar el alcance de los contenidos mediante decisiones tecnológicas o inversión económica.

Para el CLABE, hay riesgos para el periodismo y la publicidad. Eso es lo inquietante pues los sistemas algorítmicos tienden a premiar contenidos emocionales, agresivos o polarizadores, sin valorar necesariamente la calidad informativa.

Por tanto, mezclar esos consumos con las audiencias editoriales tradicionales puede distorsionar el mercado publicitario. También puede empujar a algunos medios hacia estrategias centradas en el rendimiento algorítmico y no en el valor periodístico. Es ahí donde entran las administraciones públicas, también los ayuntamientos, que necesitan métricas transparentes y comparables para distribuir la inversión publicitaria con criterios de pluralidad y responsabilidad informativa.

En este contexto, el Club Abierto de Editores cree que integrar en un mismo inventario audiencias editoriales y consumos procedentes de plataformas externas dificulta la trazabilidad y complica la evaluación institucional. El caso es que respalda que el nuevo sistema incorpore métricas sobre redes sociales y plataformas tecnológicas. Sin embargo, insiste en que esos datos deben aparecer diferenciados y desglosados plataforma por plataforma.

Asimismo, la entidad apuesta por consolidar la Audiencia Diaria como estándar del mercado. También plantea ajustar los cálculos para evitar alteraciones provocadas por picos o caídas excepcionales de tráfico. Entre las propuestas figura eliminar de la medición diaria los registros superiores al 200% de la media o inferiores al 50%.

Por otro lado, CLABE reclama que todos los medios presentes en los ‘ránkings’ reciban la misma metodología de medición. La asociación considera que incluir medios sin medición censal genera datos erróneos y perjudica la transparencia. Además, pide eliminar barreras económicas para que los medios locales y especializados puedan acceder también a sistemas de medición censal.

Conclusión: la medición de audiencias debe aportar claridad y confianza al mercado publicitario. La asociación defiende que diferenciar los consumos editoriales de los impactos generados por algoritmos sociales resulta esencial para no confundir las marcas periodísticas con simples inventarios publicitarios.

Nueva dimension de gobiernos locales

 

Han tratado en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en el marco de la Semana para la Administración Abierta, la jornada titulada ‘Gobiernos locales abiertos y transparentes por la ciudadanía’, promovida por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

En la convocatoria ha participado el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, quien ha subrayado la necesidad de contar con “gobiernos abiertos, comprensibles, confiables y transparentes”, en los que los ciudadanos sean corresponsables en la toma de decisiones que les afecten en su día a día.

Ahora que algunos partidos políticos ya alumbran escarceos sobre su oferta para los comicios municipales del próximo año, bueno es que se ocupen de estas cosas, sobre todo cuando insisten en reformas de su ámbito administrativo cuya mejora, a base de agilización o simplificación, siempre mencionan sin que hasta la fecha se haya plasmado,

“Cuando hablamos de administración abierta, hablamos de transparencia, de participación y de rendición de cuentas. Pero también de algo más profundo: la nueva forma en la que las instituciones se relacionan con la ciudadanía”, ha indicado Martínez-Sicluna, tras señalar que abrir la administración no es solo una obligación legal, sino una forma de entender el servicio público y de asumir que la información pertenece a la ciudadana y que la participación mejora las decisiones.

“La FEMP va a seguir impulsando este camino con determinación porque en ello nos va algo más que la calidad administrativa: nos va la calidad democrática y porque, en definitiva, abrir la administración es la mejor forma de respetar a la ciudadanía”, ha manifestado.

Como formulación teórica, está  bien. Otra cosa es la propia respuesta de los gobiernos locales supuestamente comprometidos con una gobernanza eficaz y operativa.

A lo largo de los últimos años, la denominada Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana ha impulsado numerosas iniciativas, como grupos de trabajo especializados en datos abiertos, integridad en la contratación, gobernanza participativa o evaluación de políticas públicas, además de transparencia y acceso a la información pública.

En este punto, Martínez-Sicluna se ha referido a la nueva publicación del grupo de trabajo: “Basado en hechos reales”, con veintiocho relatos sobre resoluciones creativas de derecho de acceso a la información pública.

Junto a ello, desde el Grupo de Gobernanza Participativa de la Red de Transparencia se trabaja en la mejora y actualización del nuevo Reglamento de participación ciudadana para fomentar el impulso de la gobernanza pública, donde los ciudadanos no sólo participen, sino que también sean parte activa en la toma de decisiones.

Asimismo, el secretario general de la FEMP ha destacado la importancia que tiene realizar una buena gestión de los datos y, de forma paralela, asegurar la correcta protección de estos. Por ello, la Red de Transparencia ha elaborado una guía para ayudar a los gobiernos locales en la adaptación y cumplimiento del Reglamento de Protección de datos.

Durante esta jornada, precisamente, se debatió sobre la participación ciudadana en el diseño de los pueblos y ciudades; las resoluciones de derecho de acceso a la información pública; y la protección de datos como estrategia para mejorar la confianza de la ciudadanía en los gobiernos abiertos.

Veremos si los munícipes, los actuales y los futuros, se identifican y dan pragmatismo a estos hechos.

Información veraz, no bulos

 

"La ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz, no a ser bombardeada con basura", ha reflexionado, en una larga entrevista emitida en youtube, el magistrado Joaquim Bosch, muy activo en debates y distintos medios de comunicación principalmente en asuntos de justicia y democracia. De ello se hace eco Israel Molina Gómez en el digital El HuffPost. La frase, en una época en la que arrecian bulos, sesgos y desinformación, resulta contundente.

Bosch abordó en su intervención el fenómeno de los pseudomedios, las granjas de bots y los algoritmos que amplifican contenidos falsos en redes sociales. Todo ello después de que le preguntaran si considera necesario endurecer la legislación frente a los bulos.

Bosch, al respecto, admitió que no tiene claro que el Código Penal sea la primera herramienta para afrontar este problema, pero sí cree que la desinformación se ha convertido ya en "una amenaza muy seria para el sistema democrático". En varias ocasiones hemos expresado una opinión similar. Los riesgos no han desaparecido. Al contrario, están latentes y algunos hechos, como la expulsión de algunos activistas del Congreso de los Diputados o la impunidad con la que han actuado en sus acosos a personajes y cargos públicos, ponen de relieve que sus métodos y formas de actuar son una verdadera amenaza para la convivencia democrática. El Partido Popular debería tomar buena nota de estos sucesos pues su inhibición o su desapego no siempre resultarán favorables.

Durante la conversación en youtube, el juez Bosch describe un ecosistema digital dominado por "falsedades" y "desinformación industrializada", impulsada por estructuras perfectamente organizadas. "Nos encontramos ante el reto de tener que actuar ante una mentira industrial difundida a través de granjas de bots que vienen a ser una red de dispositivos o programas automatizados que ejecutan tareas digitales de manera masiva y coordinada, con fines tanto legítimos como maliciosos y organizaciones muy bien engrasadas económicamente", sostuvo el magistrado.

Durante su intervención, Joaquim Bosch consideró que el problema se ha agravado enormemente con la aparición de las plataformas digitales y los algoritmos que multiplican el alcance de determinados mensajes.

"Hoy se generan auténticas bolas de nieve que vulneran los derechos de la ciudadanía y contra las que es muy difícil responder con los instrumentos jurídicos que tenemos", afirma.

De todo ello deben tomar buena nota los usuarios de redes y los consumidores de información, especialmente quienes se nutren de las propias redes para acceder a la información

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando el magistrado puso el foco directamente sobre influencers y pseudomedios que, según explica, tienen hoy una capacidad de difusión gigantesca.

"Hay influencers que tienen mucha más capacidad de difundir bulos y mentiras tóxicas que incluso algunos medios", advierte.

Por eso, Bosch reclamó una legislación "mucho más avanzada" tanto a nivel europeo como nacional, capaz de actuar sobre algoritmos, plataformas virtuales y sistemas de recomendación que, en su opinión, favorecen la manipulación y el engaño.

El magistrado también insiste en que la propia Constitución ya protege el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz. Y ahí dejó una de las frases que más repercusión está teniendo en redes:

"La Constitución indica claramente que la ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz. Y atención: no dice que tenga derecho a ser bombardeada con basura".

Tengamos en cuenta su apreciación.

Violencia de género, lacra

 

En lo que va de año, en España han sido registrados veinte asesinatos por violencia de género. Desde 2003, suman mil trescientos sesenta y uno. Esto quiere decir que esta modalidad sigue mostrando su cara más brutal en nuestro país. Estamos, pues, ante una violencia estructural que persiste pese a los avances legislativos. Los datos oficiales (Ministerio de Igualdad) son el reflejo de una realidad que interpela a las instituciones y a la sociedad misma. O lo que es igual, cada asesinato evidencia fallos en los mecanismos de prevención, detección y protección. Sin olvidar que este fenómeno afecta también a los menores que son víctimas directas o son utilizados como elemento de daño en el marco de la denominada violencia vicaria, una de las formas más extremas de la violencia machista, de la violencia criminal.

Amnistía Internacional (AI) define la violencia de género como cualquier acto de violencia dirigido contra las mujeres por el hecho de serlo o que las afecta de manera desproporcionada. Se trata de una manifestación de la discriminación y de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres.

Este tipo de violencia puede producirse en distintos ámbitos de la vida, tanto en el espacio privado como en el público, y adoptar múltiples formas. Incluye agresiones físicas, sexuales o psicológicas, amenazas, coacción, control económico, aislamiento, acoso u otras conductas que causan daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y limitan el ejercicio de sus derechos humanos.

Los organismos internacionales de derechos humanos han reconocido la violencia de género como una grave transgresión de tales derechos. Este fenómeno afecta al derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, a la libertad, a la seguridad y a la igualdad.

Desde esta perspectiva, según precisa AI, los Estados tienen la obligación de  prevenir la violencia contra las mujeres, proteger a las víctimas, investigar los hechos, sancionar a los responsables, garantizar reparación y adoptar medidas para que estas violencias no se repitan.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo; y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han condenado rotundamente un último episodio de esta naturaleza sucedido en Alicante. Ambas responsables coincidieron en reclamar la intensificación de todos los esfuerzos institucionales y sociales para evitar más asesinatos y mejorar la protección de las mujeres en situación de riesgo.

Recordemos que en España la violencia de género está definida jurídicamente por la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género que es reconocida como la ejercida contra las mujeres por quienes sean o hayan sido sus parejas o exparejas, incluso cuando no haya existido convivencia. Según esta normativa, la violencia de género comprende cualquier acto de violencia física o psicológica (incluida la violencia sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad) empleado en ese contexto de relación. El repunte de asesinatos en los primeros meses del año refuerza la preocupación de expertos y autoridades, que advierten de la persistencia de factores de riesgo como las denuncias previas o la reincidencia de los agresores. Entonces, si la violencia machista o criminal constituye, de suyo, una verdadera lacra, una manifestación de desigualdad estructural entre hombres y mujeres así como una grave vulneración de los derechos humanos, erradicarla es un objetivo prioritario y exige una respuesta integral, sostenida y coordinada entre instituciones y agentes sociales.

Reconocer este carácter estructural de la violencia de género es fundamental para abordarla de forma eficaz. Esto implica adoptar políticas públicas integrales que no solo respondan a los casos de violencia cuando se producen, sino que también actúen sobre sus causas profundas, transformen los patrones socioculturales y los estereotipos de género, y tengan en cuenta cómo otras formas de discriminación agravan la incertidumbre o los riesgos que sufren muchas mujeres.

En memoria de Gilberto Machado Méndez

Decimos hasta siempre a Gilberto Machado Méndez, farmacéutico del Puerto de la Cruz, fallecido hace unos días, a la edad de 94 años.

Su céntrico establecimiento que regentaba junto a su esposa, Mary Duque, hija de un popular sastre y entrenador de fútbol de Santa Cruz de la Palma (Tenisca y Puerto Cruz), e hijos, fue de los primeros en introducir la práctica de análisis clínicos en la ciudad turística.

Gilberto, además de dirigente futbolero (fue presidente del Club Deportivo Puerto Cruz), fue un apasionado colombófilo que dedicó muchas jornadas a los célebres viajes que volaban la ruta atlántica y al seguimiento, tanto de las sueltas como de las llegadas, en largas jornadas que compartía desde azoteas y palomares.

Apasionado, sí, en sus descripciones y discusiones sobre las hazañas de quienes disfrutaban -a veces con evidentes frustraciones- con esta práctica tan popular durante décadas no solo en la ciudad turística sino en otras muchas localidades del norte tinerfeño.

Eran los tiempos de las “bodas de palomas”, de los cruces de razas y especies y de las mensajeras, empleadas incluso como medio de información y comunicación para transmitir, por ejemplo, resultados de encuentros de fútbol o nacimientos de un nuevo vástago en las familias.

Gilberto Machado perteneció durante décadas al Grupo Colombófilo Norte de Tenerife. Siempre puntual a las citas de las sueltas y siempre presente en los largos actos de entrega de trofeos y distinciones al final de la temporada, cuando los palomeros se daban cita para hablar de píldoras de alimentación o de las marcas registradas por algún ejemplar en trayectos de larga distancia, principalmente con países de África ribereña.

Machado ahí era uno más. Cargaba las cestas para su transporte, preguntaba, inquiría, anotaba, dudaba y estimulaba a compañeros que entretenían la larga espera hasta las llegadas, transmitía por radio las noticias de las mismas y disfrutaba con las anotaciones de los registros correspondientes. Una buena persona, en definitiva, a la que gustaba repetir la frase “hay que limar asperezas” cuando una discusión subía de tono y alguien exageraba al contar su particular hazaña. Se volcó con sus hijos en la popular y vanguardista farmacia, donde los ciudadanos eran atendidos con el afecto que granjeaba confianza.

Bromista, dicharachero, lector curioso, democrático, aún tuvo tiempo para ser promotor del Partido Nacionalista Canario y de participar en alguna campaña, nacionalista… Será recordado.

  

Horas críticas

 

Horas críticas para el socialismo español. La imputación judicial de ayer al que fuera presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es un golpe a la línea de flotación política. Normal que buena parte de la sociedad quedara en estado de shock. Poca broma,  presidente. Los síntomas del shock incluyen malestar general, cansancio, mareo, cambios en el color y la tempretaura de la piel, que se vuelven más fríos y pálidos, según una elemental y  apresurada descripción médica. La imputación de los delitos que se le atribuyen y su naturaleza es un hecho delicado, ante el que hay que mantener, desde luego, la presunción de inocencia.

Pero el daño ya está hecho y todas las declaraciones a partir de ahora -las propias y las de la organización política a la que pertenece- van a remolque y, lo que es peor, no gozarán de credibilidad hasta que, blanco sobre negro, se demuestre que tal acusación, tal comisión delictiva, es falsa. Mucho y bien tendrá que obrar, jurídica y políticamente, para intentar equilibrar la situación. El objetivo entraña una dificultad mayúscula. Tarea de titanes.

Por ahora, las imágenes no pueden ser más desconsoladoras. Y si se escribe, traumatizantes, también vale. Siempre son llamativas pero esas de la irrupción de fuerzas y cuerpos de seguridad en oficinas y despachos, incluso en dependencias de empresas supuestamente afectadas o vinculadas, impactan a gran escala.

A la espera de que la justicia haga su trabajo, la política nacional, sus actores políticos, tienen que esforzarse en adoptar medidas para una madurez que no alcanzarán hasta que se produzcan cambios sustanciales en la mentalidad, en el comportamiento cívico y ético y en el modus operandi. Por supuesto, en el partido hay que funcionar de otra manera: la militancia, la gente rechaza no los liderazgos, sí el cesarismo, el irrespeto a los órganos, las tendenciosidades que socavan los fundamentos ideológicos, la progresiva pérdida de valores y la dependencia de factores externos que desnaturalizan y desprestigian. La militancia y la gente quiere sentirse útil y formar parte del equipo de una manera proactiva. Menos fotos, menos postureo, menos exhibicionismo, menos sandeces, menos liviandad y menos ligerezas; y más participación proactiva, más atención a inquietudes y sensibilidades mínimamente dotadas.

“Cuidad ese partido, Carlos, que es un bien de Estado”, le espetó Abril Martorell a Carlos Solchaga en un debate hace ya muchos años, cuando la corrupción y las irregularidades sistemáticas eran males de otros. Entonces, nunca se pensó que alcanzarían estas escalas.

El socialismo español seguía ayer tarde aturdido. Se contrastaba en las primeras reacciones. Los poderes fácticos, los de toda la vida, escarban y escarban sin cesar. Buscan el estado gangrenoso. Y ansían (sin exagerar) la liquidación.

Tan difícil es liberarse de aquéllos como regenerar el propio organismo.

Pero está obligado a intentarlo siquiera para aprender de errores y superar tribulaciones.

El proceso está en marcha. En horas críticas.

Turismo, cifra o motor

 ‘El turismo tiene nombre propio’ es el título de una iniciativa de comunicación promovida por el ministerio de Industria y Turismo y la organización empresarial, CEOE. Fuentes de ambas entidades han señalado que se trata del inicio de una nueva hoja de ruta para explicar, proyectar y construir el turismo en nuestro país.

Los datos son incuestionables, pero el momento actual nos exige mirar más allá, según el enfoque que aporta Inmaculada Benito, directora de Turismo, Cultura y Deporte de la CEOE. El turismo no es una actividad aislada: es un sistema económico interconectado que genera cohesión, innovación y oportunidades en cada rincón del territorio. Y explica el sentido de la campaña: el reto consiste ahora en evolucionar el modelo, porque para seguir liderando no basta con gestionar el volumen.

Dice que hay que liderar en valor a través de tres pilares:

·Impacto y competitividad: Priorizar la calidad y la sostenibilidad real.

·Transformación de destinos: Responder con agilidad a los retos globales.

·Conexión social: Escuchar y responder a las preocupaciones de la sociedad para fortalecer la convivencia.

En síntesis, se trata de poner rostro a nuestro sistema turístico.

“El turismo tiene nombre propio” es una narrativa viva. Es una serie de historias reales que humanizan un sistema que, a menudo, se simplifica en exceso. Para ello, contamos con Juan, Ana, María o Anabel, personas que trabajan dentro de la cadena de valor del turismo y que nos acercan a su realidad.

Hablamos de los profesionales que innovan, producen y conectan desde sectores tan diversos como la tecnología, la energía, el deporte o la cultura. Personas que hacen que el sistema funcione cada día y que el turismo español sea hoy más sólido y equilibrado. 

Inmaculada Benito habla también de una “política de país” porque, en definitiva, “el futuro del turismo no se construye solo con cifras, se construye con decisiones estratégicas y con la capacidad de explicar quiénes somos”. Este proyecto nace para:

1.Ordenar el relato sectorial.

2.Reivindicar el capital humano como nuestra mayor ventaja.

3.Proyectar una ambición clara de evolución.

El turismo es una actividad económica y es una política de país. Esta campaña trata de hacerlo evolucionar mejor.  Porque detrás de cada dato, hay una historia, y detrás de cada historia, una persona. Porque el turismo, de verdad, tiene nombre propio.

En Argentina, defienden el estatuto profesional del periodista

 El Congreso de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), reunido en París (Francia) en los primeros días del presente mes, aprobó por unanimidad una moción urgente presentada por la Federación Argentina de Trabajadores de la Prensa (Fatpren) que rechaza la derogación del Estatuto del Periodista Profesional de Argentina. El Congreso manifestó su repudio frente a los actos y declaraciones efectuados por el poder ejecutivo nacional en Argentina contra el periodismo y la libertad de expresión.

La tirantez entre el sector mediático y el ejecutivo argentino se palpa en algunas declaraciones públicas del presidente de la República Argentina y las agresiones o detenciones padecidas por trabajadores y profesionales de los medios de aquel país. 

Entre los considerandos de la iniciativa, se destaca que la derogación del Estatuto del Periodista afecta la libertad de expresión, el derecho a la información y el principio de no regresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Asimismo, se precisa que la derogación del Estatuto del Periodista se da en el marco de ataques permanentes desde el Poder Ejecutivo a los periodistas y trabajadores de prensa. Desde la expresión compartida por el presidente Milei “No odiamos lo suficiente a los periodistas” hasta detenciones y agresiones físicas a cronistas y reporteros gráficos en el marco de cada protesta social -con el caso de Pablo Grillo como máximo exponente-, pasando por denuncias penales, promovidas entre otros por el propio presidente de la Nación, contra periodistas y medios de comunicación. En los últimos días del mes de abril de 2026, se suma a esta situación la prohibición de ingresar a la casa de gobierno para los periodistas acreditados; una medida sin precedentes que afecta el acceso a la información pública y la publicidad de los actos de gobierno.

La voluntad de regular definitivamente la situación se manifiesta en la decisión de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa en su 52° Congreso Nacional Extraordinario, desarrollado el 18 de abril de 2026 en la ciudad de Villa Carlos Paz, cuando aprobó una moción tendiente a elaborar y presentar ante el Poder Legislativo un proyecto de nuevo Estatuto del Periodista Profesional con el objeto de reemplazar a la norma que quedará derogada a partir del 1° de enero de 2027.

En consecuencia, la Federación Internacional de Periodistas manifestó su repulsa a  los actos y declaraciones efectuados por el Poder Ejecutivo nacional en la República Argentina contra el periodismo y la libertad de expresión. 

En particular, el Congreso de la FIP rechazó la derogación del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), una norma con más de ochenta años de vigencia, que tutela el ejercicio de la profesión y protege a las personas que trabajan en la actividad de prensa.

Asimismo, el Congreso manifestó su preocupación frente a actos como la restricción al ingreso de los periodistas a la casa de gobierno que vulnera el acceso a la información pública y la publicidad de los actos de gobierno.

En este marco, el Congreso expresó su apoyo al proyecto de nuevo Estatuto del Periodista promovido por la  Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y a todas las acciones que esta entidad lleve adelante en defensa de los periodistas y de la libertad de expresión.

PLAYA SAN MARCOS: UNA SOLUCIÓN YA

 

Centenares de icodenses acudieron ayer hasta la sede de la presidencia del Gobierno en la capital tinerfeña reclamando soluciones para la playa de San Marcos, la misma que siempre atrajo a miles de ciudadanos del norte tinerfeño y de turistas en cualquier época del año. San Marcos siempre despertó una expectativa, una sonrisa, algo más que una mirada evocadora.

Los icodenses luchan desde hace años por una playa digna, por un espacio de su litoral accesible y bien cuidado. Ahora, más o menos conscientes de que estamos en vísperas de un año electoral, lo reivindican, a la espera de tener una respuesta definitiva. A la espera de hechos, que no más promesas. Una lucha estéril, sin atención, diluida en debates, opiniones, alternativas teóricas, proyectos que no gustan y financiación, siempre pendiente. Los vecinos, después de un tortuoso y largo camino, con permiso de Lennon y Mc Cartney, no se han rendido pero ven pasar el tiempo deseando que alguien escuche sus reivindicaciones y en un futuro no muy lejano -miren que se pierde tiempo en la fase previa de preparativos, hasta que cristalice la actuación- puedan disfrutar de su San Marcos, de su playa y de sus paseos.

Los incodenses ayer dijeron basta ya de parálisis administrativa. O lo que es igual: no más demoras, no más promesas para ser incumplidas, no más engaños. La plataforma ciudadana que convoca, ‘SOS Playa San Marcos’, ideó y coreó el mensaje principal, muy ilustrativo: “No hay desastre natural, hay abandono institucional”. Sus ecos se entremezclaron con los descontentos que hicieron llegar al presidente del Gobierno autónomo “Clavijo, escucha, Icod está en la lucha”.

En efecto, la actuación en esta sugerente playa del litoral icodense es la crónica de una frustración que se prolonga más de una década. La portavoz de la citada plataforma, Beatriz Acosta Sáez, ha sido muy explícita: “San Marcos nos necesita a todos”. Recordemos que no es la primera vez que el municipio norteño se une por esta causa; la movilización en la capital tinerfeña sigue la estela de las multitudinarias “mareas azules” que ya salieron a la calle en los años 2014 y 2015. Más de una década de trabajo por ahora sin resultados visibles, desde aquel proyecto constructivo redactado por GESTUR y que teóricamente cuenta con el visto bueno de la Dirección General de Costas y el Mar del Gobierno de España pero del que, a estas alturas, con tantos dimes, diretes y silencios múltiples, ya nadie sabe si sigue siendo válido.

La voz de centenares de sufridos icodenses, de los que siguen inasequibles al desaliento, porque quieren una playa a la altura de la importancia de su municipio, se hizo escuchar en la presidencia del Gobierno. Sólo reclama reactivación y solución. YA

 

Frenar la incertidumbre

 

Voces experimentadas del sector turístico han insistido, como ya hemos escrito, en mensajes de prudencia con respecto a la incidencia de los conflictos bélicos y las fluctuaciones económicas. En efecto, Aerolíneas, agencias de viajes, turoperadores y empresarios insisten, casi en bloque, en trasladar una impresión de cautela y tranquilidad, máxime cuando está constatado que las ventas con vistas a la temporada de verano están por debajo de los niveles previstos a estas alturas porque no acaban de despejarse los ataques y contrataques tanto en Oriente Medio como en el estrecho de Ormuz. A qué negarlo: hay miedo a la guerra (las guerras) y al encarecimiento de todo si suben los precios de los combustibles. Alguien decía días pasados que lo peor está por venir.

Entonces, la cuestión es generar seguridad entre los viajeros. Ese es el objetivo número uno que se han fijado las empresas del mercado emisor español para tratar de combatir el clima de incertidumbre que está impidiendo, pese a la creciente agresividad comercial vía precios, el ansiado despegue de la demanda turística.

Así lo publica en preferente.com.    Porque Iberia, Vueling, Easyjet y Ryanair, entre otras compañías aéreas, han intentado frenar la crisis de confianza reinante asegurando que no prevén interrupciones de suministro de combustible durante el verano. Garantizan, además, que no aplicarán recargos a los billetes ya emitidos, en un intento de contener cualquier tensión adicional sobre la demanda.

En paralelo, agencias de viajes y turoperadores se están apoyando en dos palancas: la cancelación gratuita y la estabilidad de precios. El primero de los elementos se ha convertido en el principal argumento de venta de los grupos punteros del mercado emisor español, como son Viajes El Corte Inglés, World2Meet (W2M) y Ávoris, con políticas habituales de anulación sin coste hasta 30 días antes de la salida del viaje.

Según el citado medio especializado, el foco comercial del mercado emisor español se desplaza así desde los descuentos, que también se han intensificado en las últimas semanas, hacia la seguridad y la flexibilidad. Estas últimas han pasado a ocupar el centro del mensaje en plena campaña de captación de clientes.

El caso es que el verano se echa encima. La prudencia, ya se sabe, hay que saber administrarla.