Alakrana y Haidar, vocablos que terminan haciéndose familiares, que se memorizan a fuerza de leerlos en titulares o de escuchárselos a locutores y presentadoras de espacios informativos audiovisuales. Pero, más que vocablos, son problemas de envergadura que brotan y crecen con soluciones que se van complicando a medida que avanzan los días y la multiplicidad de opiniones en el universo mediático es otro sumando de dificultades.
Problemas que se enquistan para un Gobierno que debe actuar con mucho respeto, conforme a las reglas del Derecho Internacional y que no puede resolver a su antojo ni por las tremendas como parece desprenderse de algunos testimonios, unos (en el caso del pesquero secuestrado) movidos por un trasnochado anhelo autoritario casi belicista y otros (en el de la activista saharaui) por una solidaridad con la causa, acentuada si se quiere por un victimismo añadido que despierta adhesiones y enreda aún más cualquier sendero de solución.
En pleno debate político tras la liberación del barco -ni siquiera en resultados gratificantes llueve a gusto de todos; y más: vaya ingratitud la de algún tripulante-, detengámonos en la situación de Haidar, entera responsabilidad del Gobierno de Marruecos que retiró su pasaporte y le impide entrar en El Aaiún. Haidar es una activista saharaui, ahora mismo la cara visible de un problema muy serio en el que está en juego la autodeterminación de un pueblo. Defiende sus ideas de forma pacífica. Aboga por el cumplimiento de los derechos humanos.
He aquí, entonces, que las soberanas decisiones del Gobierno marroquí suenan, cuando menos, a arbitrariedades. Y el Gobierno español que no quiere ni debe ser cómplice del autoritarismo con que se conduce Marruecos. Pero Haidar, en huelga de hambre en el aeropuerto español de Lanzarote, no quiere acogerse al Estatuto del Refugiado (opción concedida por ejecutivo español), una de las posibles salidas al contencioso, y la tuerca da una nueva vuelta. La activista, además, pone en juego su propia vida, un hecho que hace más inquietante la situación.
El legítimo posicionamiento de Haidar, con un esfuerzo personal considerable que entrará en la historia del pueblo saharaui, merece respeto. Se va conociendo su pasado, plagado de penalidades y tribulaciones. Es probable que marque un antes y un después en las relaciones entre las partes del contencioso entre Marruecos y la República Saharaui Democrática. Es de esperar que, en medio de la tensión creciente, alguien le haya explicado que el Gobierno español no tiene competencias sobre la decisión de terceros estados de admitir o rechazar la entrada en su territorio.
Como es de esperar que el Gobierno de España agote todos los recursos diplomáticos a su alcance para lograr que Marruecos revise sus decisiones de modo que sea posible el retorno de Haidar -acaso heroína sin querer- al Sahara Occidental. Ha de ser una acción firme y persuasiva. Porque el Gobierno de Marruecos también se la juega ante la opinión pública internacional: debe respetar la Convención de derechos políticos y civiles de Naciones Unidas.
Lo preocupante, en el centro del conflicto, ahora mismo, la vida de una mujer. Hay que salvarla.
Qué problema.
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