Papel de los periodistas en un juicio histórico

 

La sala segunda del Tribunal Supremo (TS) condenó a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Pero todavía no se conoce la sentencia. Es tan solo una de las múltiples rarezas que envuelven un hecho insólito rodeado de circunstancias que tienen un distinto significado tanto en el orden técnico-jurídico como en el contexto político.

A la espera de conocer el contenido de la resolución del alto tribunal, reparemos en el papel que desempeñó el periodismo en este singular y complejo proceso que aún dará mucho que hablar. Como se sabe, varios periodistas declararon durante el juicio. Preservaron la cláusula del secreto profesional. No ha bastado el testimonio en sede judicial de aquellos que aseguraron que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no fue la fuente primigenia de la información confidencial del pacto de Alberto González Amador, defraudador confeso, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que estaba intentando llegar a un acuerdo con Hacienda a través de su abogado.

Durante la vista, el testimonio más contundente fue el del periodista de ‘El Diario.es’ José Precedo, que relató que él había tenido acceso al correo electrónico el 6 de marzo de 2024, seis días antes de que lo recibiera el Fiscal General. El periodista dio a entender que disponía de un “pantallazo en papel” de ese correo, pero agregó que su fuente no le había autorizado a publicarlo. Miguel Ángel Campos (Cadena Ser) defendió también que “en ningún momento fue el fiscal general quien me facilitó el correo”. Sobre el fondo del asunto, García Ortiz defendió que no había hecho llegar el contenido del mensaje que se filtró a la prensa. No ha sido suficiente que varios periodistas implicados en la divulgación de la información corroborasen que el fiscal general no fuese la fuente. Con su condena, el Supremo sitúa al Gobierno en una posición institucional aun más delicada, en cuanto Pedro Sánchez mantuvo al fiscal en el cargo pese a las reiteradas peticiones de cese por parte de la derecha. Siendo harina del mismo costal, ya se verá cómo evoluciona.

La defensa de García Ortiz sostuvo durante el juicio que la actuación de la Guardia Civil vulneró sus derechos fundamentales por desproporción e indeterminación, y lanzó acusaciones sobre una acción prospectiva que dio lugar a un hecho insólito como la entrada en la Fiscalía de miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en un dispositivo que pareció más propio de las redadas contra el narcotráfico.

Sobre el fondo del asunto, García Ortiz defendió que no había hecho llegar el contenido del mensaje que se filtró a la prensa. No ha sido suficiente que varios periodistas implicados en la divulgación de la información corroborasen que el fiscal general no fuese la fuente. Con su condena, el Supremo sitúa al Gobierno en una posición institucional aun más delicada, en cuanto el presidente  Pedro Sánchez mantuvo al fiscal en el cargo pese a las reiteradas peticiones de cese por parte de la derecha.

Rafa Latorre, en el diario ‘El Mundo’, opina que la víctima no es el periodismo. Latorre, muy duro (hasta cruel) con el condenado, escribe: “Hay algo peor que los periodistas reclamen para sí una presunción de veracidad y es que ese blindaje sea, encima, selectivo. En el juicio también prestó declaración Esteban Urreiztieta, y contestó a las preguntas con una entereza, sobriedad y precisión encomiables, después de haber sido sometido a un descrédito injusto por parte de quienes hoy sollozan porque no se asume su testimonio como prueba de descargo. Qué decir de una Ketty Garat cuya pretensión de proteger a la fuente en una información veraz, la empresaria Carmen Pano, se presentó de inmediato como la prueba de su mendacidad. La era de los manifiestos contra el golpismo mediático arroja decenas de ejemplos”.

En definitiva, enfoques distintos para un caso que seguirá dando que hablar y en el que se entremezclan razones y sinrazones. La justicia, en cualquier caso, sigue obligada a actuar con rigor e imparcialidad. Seguro que aquí hay factores condicionantes. Por eso, hay mucha gente que duda.