Conectamos con Antonio Papell en varias ocasiones desde la Redacción
de Diario de Avisos, cuando surgía alguna dificultad técnica -eran aún tiempos
de teletipos y fax- en la recepción de su artículo enviado desde la agencia
Colpisa. Leopoldo Fernández, director, se empeñaba -a veces, a deshoras, pero
era su deber- en su inserción y había que buscar huecos y ajustar extensión
para lograrlo.
Papell fue siempre un periodista y escritor muy juicioso, además de
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Aún hoy se prodiga en apariciones
televisivas en las que siempre destila una opinión bien argumentada y muy
respetable. Fue editorialista y jefe de colaboraciones en Diario 16. Como la
que hemos leído recientemente en el digital “Huffpost” a propósito de una
declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las intenciones
de poner fin a la impunidad en las redes sociales y “a limitar su impacto sobre
la juventud, particularmente sensible a unas conductas incívicas e inmorales
que encuentran en las redes su cauce, su cultivo y su expansión”, escribe
Papell.
Se podrá preguntar cualquiera ¿quién le pone puertas al campo? dada la
controversia y la dificultad para llevar a cabo tal iniciativa. Pero el primer
ministro australiano, Anthony Albanese, ya lo está intentando con una medida
taxativa: impedir que lo0s menores de dieciséis años mantengan cuentas
activas. Meta, por ejemplo, ha eliminado
casi quinientas cincuenta mil cuentas en sus redes en las escasas semanas que
han transcurrido desde la entra en vigor de la norma. Y el presidente de la
República de Francia, ha mostrado también gran interés en avanzar por el mismo
camino, de modo que la Asamblea Nacional ya ha aprobado un proyecto de ley para
para prohibir a redes sociales a menores de quince años y hasta para restringir
la promoción de productos que puedan dañar su salud física o mental. El Reino
Unido no quiere quedarse atrás y ya están evaluando regulaciones similares,
involucrando a los padres. Antonio Papell parte de la premisa siguiente: en
efecto, las redes sociales son un hervidero maloliente de desinformación,
incitación al odio, invectivas personales intolerables, amenazas y chantajes,
pornografía de todas clases, etcétera. Y puede decirse perfectamente que estas
figuras que constituyen en la mayoría de los casos claros ilícitos penales
serían perseguidas de oficio si no estuvieran inscritas en el mundo digital. La razón de la indignante impunidad, con su lógico efecto
contagio y contaminante, señala Papell, es el anonimato que predomina en las
redes. Y este es el asunto vertebral que habría que corregir si de verdad se
quiere que se aprovechen todas las potencialidades de las nuevas tecnologías,
que son patrimonio de toda la comunidad humana, y que se expulse de ellas a los
delincuentes que las utilizan para delinquir. Para el veterano comentarista, "la única solución realista -y verdaderamente decente- al problema
planteado sería establecer la inexorable obligación de que todos los usuarios
de las redes estén fidedignamente identificados".
Se trataría de emplear, por ejemplo, unas credenciales inviolables establecidas
para este fin. Por este
procedimiento, las redes quedarían sometidas al estado de derecho, al imperio
de la ley. Un sometimiento que no tiene nada de esclavizante ni de
antidemocrático sino al contrario. Los anónimos siempre fueron perturbadores en
cualquier esquema de convivencia. Antonio Papel concluye que
“en absoluto se merma la libertad de expresión de la ciudadanía si tan solo se
permite transitar por las redes a quienes estén dispuestos a poner en su propia
boca sus propias palabras”.
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